Negociar con Betancur. Olvido y perdón. Consolidación insurgente
| Autor | Jaime Contreras |
| Páginas | 103-122 |
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CAPÍTULO 6.
NEGOCIAR CON BETANCUR. OLVIDO Y PERDÓN. CONSOLIDACIÓN INSURGENTE
Las elecciones de la primavera de 1982 trajeron la victoria de Belisario Betancur, líder del Partido Conservador; luego que la corriente política liberal acudiera a las urnas fragmentada entre una candidatura oficial, la de López Michelsen y una corriente disidente, que encabezaba el líder del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán. A pesar de que la administración anterior del Presidente Turbay, liberal también, se había caracterizado por un evidente rigor respecto de los grupos subversivos, las dos corrientes liberales se presentaron a las elecciones propugnando la necesidad de iniciar un proceso de paz que exigiría abrir un espacio abierto de diálogo. En este sentido los dos líderes liberales eran conscientes del incremento notorio de las acciones armadas de las guerrillas y del apoyo popular que algunos de estos grupos tenían, en especial el M-19, cuya aceptación “social” llegaba en algunas encuestas hasta el 85%, sobre todo en áreas urbanas. Ocurrió, sin embargo, que el candidato conservador, contra todo pronóstico, ganó las elecciones y, en su discurso de investidura, también sorprendió a todo el país, cuando anunció la intención de su gobierno de abrir un proceso de dialogo con los grupos subversivos, a los que, de entrada, ofrecía la posibilidad de acogerse a una amnistía.
La propuesta del presidente, luego de la sorpresa inicial, despertó el apoyo general por parte de casi todos los sectores sociales, convencidos de que la oferta presidencial, no solo era generosa, sino que, también, se trataba de una acción de estado de alto contenido político. A diferencia de la propuesta de amnistía que, un año antes, había formulado el gobierno de Turbay, ahora Betancur no exigía deponer las armas a quienes se acogiesen a ella, aunque dejaba vigente, y aun reforzaba, la legislación sobre el uso ilegal de las mismas. Naturalmente acogerse a la amnistía suponía aceptar, igualmente, una apuesta seria para iniciar un diálogo que habría de conducir a una apertura política en la que la subversión armada pudiese tener, una vez abandonada la lucha armada, un espacio institucional. De entrada, la oferta resultaba ser tentadora para quienes
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JAIME CONTRERAS
tuviesen procesos judiciales abiertos o estuviesen recluidos en la cárcel por delitos ya sentenciados. La amnistía fue aprobada por el Congreso el 12 de noviembre de 1982, apenas unos meses después de que las FARC hubieran concluido su Séptima Conferencia, en el Sumapaz.
No sería inexacto afirmar que, en la decisión del presidente Betancur, incidió el incremento de las acciones terroristas de los movimientos subversivos, no tanto por las realizadas por las FARC, como por las ejecutadas por el M-19, por entonces el grupo guerrillero más activo y el más “atractivo” por la espectacularidad de sus acciones y por su fuerte implantación en determinadas zonas urbanas. El “eme”, como era popularmente conocido, entendía que la actividad armada, en una sociedad de masas, multiplicaba su eficacia si venía respaldada por el poder de los medios de comunicación. Jaime Batemán, su líder, recordaba a este respecto que el mayor éxito que su organización extrajo de la toma de la embajada dominicana en Bogotá, en febrero de 1980, donde fueron secuestrados los embajadores de más de 15 países, que luego fueron trasportados a La Habana para su liberación posterior, fue la gran propaganda política conseguida por aquella acción terrorista, mucho más eficaz que cualquier otra actividad guerrillera; en efecto, desde entonces, el M-19 se convirtió en la “estrella” de los movimientos subversivos de las guerrillas iberoamericanas; y es seguro que en la intencionalidad de la política de Betancur estuvo el objetivo de posicionar al “eme” ante un marco de referencia determinante. Claro que este grupo no era únicamente el objetivo de la ley de amnistía; a él se podían acoger todo el complejo mapa de grupos insurgentes que, desde la izquierda revolucionaria, venían practicando la lucha armada, tales como el ELN, el EPL, el Ricardo Franco y…las FARC, por supuesto, que, por entonces no lideraban, ni mucho menos, el grupo de los grupos insurrectos. Y, por supuesto, en la decisión presidencial influyo, también igualmente, el rápido desarrollo del narco y la frontal oposición de sus capos al proyecto de extradición; era éste un verdadero desafío que, al gobierno, trataba de imponer el Cartel de Medellín, organización que era la matriz de grupos de militarización clandestina, como el MAS, los cuales ejercían, por su cuenta, la justicia privada y el uso arbitrario de la fuerza al margen de las instituciones.
La decisión de Betancur suponía un evidente riesgo para su propia presidencia, por cuanto muchos de los miembros de su propio partido no compartían, del todo, el proyecto de tener que negociar con los grupos subversivos, animados y exaltados, éstos, por la creencia de que era posible una revolución marxista-leninista en Iberoamérica, como lo probaba el reciente triunfo de la revolución sandinista de 1978 en Nicaragua. Por ello la opinión del presidente de buscar una salida negociada, aunque valiente, no fue bien entendida, tampoco, en algunos sectores de las élites políticas ubicadas en el espacio institucional bogotano. Para éstos, no todos, habituados a la larga cadena de amnistías e indultos que venían jalonando, desde antiguo, la historia del país, la propuesta del jefe del estado marcaba un “quiebre” en esa misma cadena porque, además de generosa, resultaba ser un tanto “ingenua” en términos políticos; la reticencia de estos grupos se explicaba por el otorgamiento de un perdón y de un olvido incondicional para todos los alzados sin distinción alguna;140como se decía, con cierta sorna, en algunos círculos políticos bogotanos, aquella amnistía solo era
140“Amnistía, indultos y perdones. Entre la insurrección comunera y las conversaciones de La Habana”. Cuadernos del Centro de Pensamiento. N.7. Nov. 2014. Universidad Sergio Arboleda, pp. 31-32.
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FARC-EP: INSURGENCIA, TERRORISMO Y NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA
explicable por el idealismo político del “presidente poeta”. Pero con mayor o menor idealismo, el jefe del ejecutivo perseveró en su oferta y llamó, confiado, a la participación y colaboración de los partidos para conseguir programar un paquete de reformas que ofrecer a los insurgentes. Hubo dudas y recelos por parte de unos, y apoyos incondicionales y sinceros por parte de otros, pero, finalmente, Betancur consiguió conformar una Comisión de Paz, con amplia representación parlamentaria, a la que se añadieron algunas personalidades militares de reconocido prestigio. Finalmente, aunque con dificultades y reticencias, la Comisión echó a andar manifestando su deseo de establecer contactos con las guerrillas. Pronto, por parte de éstas, llegaron respuestas nada satisfactorias; Batemán, el líder del M-19, en un acto desaforado de soberbia política, rechazó la oferta presidencial alegando que la amnistía ofrecida, por el presidente, no era tal, sino un triunfo de las masas en proceso de revolución. Betancur no había ofrecido nada, decía Jaime Batemán; era el pueblo en armas el autor de la amnistía y, en consecuencia, lo que procedía era decretar un armisticio, es decir una tregua de cese al fuego en la que “…paremos de echar tiros”.141Se trataba de una propuesta de máximos para la cual el gobierno aún no estaba “preparado”, por lo que, desde la Comisión de Paz, se insistió en la intransigencia del M-19, muy encastillado en sus posiciones, lo que, de hecho, provocó un cierto desánimo en aquellos sectores sociales que esperaban una actitud más pactista por parte de los del “eme”. Fue el momento en que Betancur, nada dispuesto a abandonar su propuesta, giró hacia las FARC a las que convirtió en protagonistas del proyecto principal de su gobierno. En este punto el presidente, arriesgando mucho, propuso a esta insurgencia que mutase hacia una organización pacífica que posibilitase la inserción progresiva de los alzados en armas a la sociedad civil. Fue una sorpendente invitación que, de repente, convirtió a esta guerrilla en la “protagonista” de la política gubernativa.
Las FARC aceptaron el reto y, en un comunicado de su Estado Mayor, desde el Huila, dijeron que se acogían a la amnistía y se congratulaban con la resolución presidencial, aunque añadían que, según lo acordado en su Séptima Conferencia, no se desmovilizarían ni entregarían las armas; eso sí, en un gesto para la galería, se presentaban ante el país como una “organización política” capaz de gestionar un programa político atractivo para muchos sectores de la comunidad cívica colombiana. Con tal propuesta las FARC buscaban polarizar la población y confundir a amplios sectores sociales que, esperanzados por la idea apriorística del próximo fin del conflicto, apenas llegaban a percibir la naturaleza y función de la justicia como marco principal del reequilibrio del sistema; y, en efecto, las FARC lanzaron a toda la población su propuesta que titulaba: Cese al Fuego, Tregua y Paz. Naturalmente ello no impedía que las acciones armadas continuasen y que los Frentes estuvieran activos; a fin de cuentas, reflexionaba el Secretariado, no es sino por nuestra “beligerancia y nuestra presencia en el plano nacional por lo que el Decreto de Amnistía” ha sido promulgado. Por ello la beligerancia armada debe continuar; por eso, y porque, además, ello posibilitaba también multiplicar la acción de masas e incrementar la publicidad. Porque, y otra vez Arenas lo señala con precisión, “guerrear no es definitivamente un problema de disparos y tiros es ante todo ganar la confianza y simpatía de la población que ve, tras la fuerza, las organizaciones que en todo momento le están planteando salidas
141Rafael Pardo Rueda. La historia de las guerras, desde la conquista hasta nuestros días. Ediciones
B. Colombia 2004, p. 471.
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