Tributos municipales. Tasas y precios públicos. Hecho imponible.
| Autor | Rafael Calvo Ortega (director) |
1) Ley 5/2002, de 4 abril 2002. Reguladora de Boletines Oficiales de las Provincias (BOE de 5-4-
02).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (…)
Esta regulación de los «Boletines Oficiales de la Provincia» ha dado lugar, desde hace largo tiempo, a diversos problemas derivados, fundamentalmente, de la falta de adecuación de esta normativa a la nueva configuración territorial del Estado, lo que ha llevado a la existencia de un consenso generalizado en torno a la necesidad de una reforma legal que clarifique definitivamente esta cuestión nuclear y, con ello, el régimen de gestión de este servicio. La disposición adicional quinta de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, dio una nueva redacción al artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, añadiéndose un nuevo párrafo a dicho artículo, donde se establece que «Las Diputaciones Provinciales seguirán editando y publicando el "Boletín Oficial de la Provincia", pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares». Con este precepto se resolvió el problema económico planteado a las Diputaciones a la hora de hacer frente a los gastos ocasionados por la prestación de este servicio, si bien seguía sin existir una regulación específica del régimen jurídico de estos boletines.
(…)
CAPÍTULO II
Régimen económico del «Boletín Oficial de la Provincia»
Artículo 11. Tasa de publicación.
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La publicación de los textos en el «Boletín Oficial de la Provincia» estará sujeta al previo pago de la tasa provincial, de acuerdo con lo que establezca la ordenanza reguladora aprobada por la correspondiente Diputación Provincial.
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Estarán exentos del pago de la tasa:
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La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción obligatoria.
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Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio.
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Se exceptúan de la exención a que se refiere el apartado anterior las siguientes publicaciones:
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Los anuncios publicados a instancia de particulares.
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Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislación específica.
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Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
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Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
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Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro tipo de derechos económicos.
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Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.
No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o que tenga contenido económico las citaciones para ser notificados por comparecencia en los procedimientos de recaudación de los diferentes tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado o representante por parte de la Administración tributaria o entidades y corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, ésta no haya sido posible.
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Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria. La respectiva ordenanza reguladora de la tasa podrá declarar la exención de todos o alguno de los supuestos exceptuados.
Artículo 12. Convenios de colaboración.
Las ordenanzas reguladoras de las tasas podrán prever la posibilidad de suscripción de convenios de colaboración interadministrativa mediante los cuales se arbitren sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas por publicación de textos, en cuyo caso no será de aplicación lo previsto en el artículo anterior. Con la misma finalidad, podrán suscribirse convenios para el pago de las tasas correspondientes a la publicación de anuncios particulares, en los términos que fijen las correspondientes ordenanzas. Artículo 13. Cooperación interadministrativa.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 55.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 4.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas prestarán, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que la Administración provincial pueda precisar para el mantenimiento y modernización del «Boletín Oficial de la Provincia». Disposición adicional primera. Integración de los «Boletines Oficiales de las Provincias».
1. Los Parlamentos de las Comunidades Autónomas podrán, a propuesta del Gobierno autonómico, y previa aceptación de la Diputación Provincial, acordar la integración del «Boletín Oficial de la Provincia» en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» respectiva, en cuyo caso se regulará por la normativa autonómica, siendo en todo caso de aplicación lo previsto en los artículos 1; 4; 5; 6, apartado 1; y 7, apartados 1, 4 y 5, de la presente Ley. Asimismo, la referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano encargado de la publicación del «Boletín Oficial» de la respectiva Comunidad Autónoma, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.
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En los casos en que se acuerde esta integración, el «Boletín Oficial» de cada una de las Provincias contará con una sección independiente identificada con su nombre o bien deberá señalarse claramente en el encabezamiento del «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» respectiva que éste incluye los correspondientes «Boletines Oficiales de las Provincias», a fin de garantizar la publicidad de sus contenidos.
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El acuerdo de integración tendrá una vigencia de diez años, transcurridos los cuales se entenderá automáticamente prorrogado cada diez años si no hay denuncia expresa del acuerdo por el Gobierno autonómico o la Diputación Provincial.
Disposición adicional segunda. Comunidades Autónomas uniprovinciales. Los «Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas» uniprovinciales se regirán por su legislación específica, siéndoles en todo caso de aplicación los artículos de la presente Ley citados en el número 1 de la disposición adicional primera.
La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del «Boletín Oficial» de la respectiva Comunidad Autónoma uniprovincial, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones. Disposición adicional tercera. Comunidad Foral de Navarra. La presente Ley será de aplicación en la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en la disposición adicional primera de la Constitución y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto , de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del «Boletín Oficial de la Comunidad Foral», correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de la citada publicación. Disposición adicional cuarta. Comunidad Autónoma de Canarias. Los «Boletines Oficiales de las Provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife» se regirán por su normativa específica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, respecto a las Mancomunidades Provinciales Interinsulares, siéndoles en todo caso de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional segunda respecto a las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
Disposición adicional quinta. Territorios Históricos.
La presente Ley será de aplicación a los «Boletines Oficiales de los Territorios Históricos del País Vasco» de acuerdo con las especificidades derivadas de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada a las Diputaciones Forales, correspondiendo a éstas establecer el régimen económico de las citadas publicaciones. Disposición adicional sexta. Ciudades de Ceuta y Melilla. La presente Ley será de aplicación a los «Boletines Oficiales de las Ciudades de Ceuta y Melilla», que deberán publicarse con una periodicidad mínima de dos veces por semana. La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del «Boletín Oficial de la Ciudad», correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.
Disposición transitoria primera. Adecuación de ordenanzas. Las Diputaciones Provinciales deberán adecuar sus ordenanzas a lo establecido en esta Ley en el plazo máximo de seis meses a partir del 1 de enero del ejercicio económico siguiente a su entrada en vigor. Disposición transitoria segunda. Entrada en vigor del artículo 5. El artículo 5 será de aplicación a los dos años de la entrada en vigor de la presente Ley. Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Reales Órdenes de 20 de abril de 1833 , 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837 , 9 de octubre de 1838 , 6 de abril de 1839 , 4 de abril de 1840 , 24 de mayo de 1846 , 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849 , 15 de julio de 1849 , 8 de octubre de 1856 , 1 de...
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