La regulación de los contratos de multipropiedad y la protección de los adquirentes en la Comunidad Europea

AutorJavier Lete Achirica
Cargo del AutorDoctor en Derecho
Páginas297-318

Page 297

I La primacía y la eficacia directa del Derecho Comunitario

Después de haber estudiado tanto el contenido de la Directiva de multipropiedad como el del BALAT, parece llegado el momento de tener en cuenta un problema que habitualmente se viene manifestando en la legislación española, si bien no es exclusivo de nuestro ordenamiento. Se trata del notable retraso en la transposición de las Directivas comunitarias de protección de los consumidores, que se ha producido hasta ahora en materia de crédito al consumo754, viajes combinados755 y cláusulas abusivas756. Esta situación plantea el interrogante de qué efectos pueden producir Directivas similares en el tiempo que media entre el fin de su plazo de transposición y el efectivo cumplimiento de su integración en los sistemas jurídicos de los Estado miembros. En este sentido, el artículo 12.1 de la Directiva de multipropiedad señala que «los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo esta-Page 298blecido en la presente Directiva a más tardar treinta meses después de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni iades Europeas. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión [...]». Tenier do en cuenta que dicha Directiva fue publicada en el DOCE el 29 de octubre de 1994, el plazo para transponerla por los Estados miembros expiró el 29 d esa fecha ninguno de ellos había incurrido abril de 1997, es decir, que hasta ún en incumplimiento. Lo que no es óbice, a mi juicio, para plantearse la cuestión del valor jurídico de las Directivas de protección de los consumidores no 1 ranspuestas o transpuestas defectuosamente, en este caso de la de multiprop iedad, dada la frecuencia con que el legislador español no ha cumplido sus comunitario derivado.

No obstante, antes de analizar la eficacia de las Directivas no transpuestas, conviene aludir, aunque sea brevement i, a las relaciones entre el Derecho comunitario y los ordenamientos internos d e los Estados miembros. Si bien es cierto que los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea no se pronunciaron explícitamente sobre el tema, no lo menos que el TJCE ha consagrado en la sentencia Costa/ENEL757 el principio de la primada o preeminencia del Derecho comunitario sobre los ordenamientos nacionales, que se fundamenta sobre la naturaleza y característica Europeas y de su ordenamiento; en el carácter obligatorio de las normas comunitarias de Derecho derivado, expresamente previsto en el artículo 189 TCE; en el compromiso de cooperación lea dos y del Derecho derivado, aceptado exp bro, que les obliga a abstenerse de toda medida susceptible de poner en peligro la realización de los objetivos de le aceptación por los Estados miembros de q íe los Tratados y el Derecho derivado se apliquen sin discriminación basadlares758. La primera y más importante consecuencia del principio de la primacía del Derecho comunitario radica en la ex :lusión o inaplicación de la norma interna incompatible, con independencia de lla y de su rango jerárquico759. Dicho principio ha sido ratificado en la rela-Page 299ción del Derecho comunitario con la ley posterior en la sentencia Simment-hal760, según la cual «el hecho de reconocer una eficacia jurídica cualquiera a actos legislativos nacionales que invadan el ámbito en el que se ejerce el poder legislativo de la Comunidad, o de cualquier otro modo incompatibles con las disposiciones del Derecho comunitario, equivaldría a negar, por tanto, el carácter efectivo de compromisos incondicional e irrevocablemente asumidos por los Estados miembros, en virtud del Tratado, y pondría así en duda las bases mismas de la Comunidad»761.

Pero la referencia a las relaciones del Derecho comunitario con los ordenamientos internos de los Estados miembros no sería completa sin exponer el significado del principio de la eficacia directa del Derecho comunitario. En virtud de este principio, consagrado en la sentencia Van Gend en Loos762, las normas comunitarias deben desplegar por sí mismas plenitud de efectos de manera uniforme en todos los Estados miembros a partir de su entrada en vigor y durante toda su vigencia. En consecuencia, crean derechos y obligaciones para todos aquéllos que puedan verse afectados por su ámbito de aplicación, pudiendo ser invocadas ante las autoridades públicas (administrativas y judiciales), las cuales tienen la obligación de salvaguardar esos derechos y obligaciones763. En la sentencia citada el TJCE declaró el efecto directo de un precepto del Tratado constitutivo de la CEE, suficientemente preciso y cuyo mandato era incondicional al no dejar márgenes de apreciación a las autoridades públicas o a las instituciones comunitarias, basándose en la circunstancia de que dicho Tratado no es un Tratado internacional en sentido clásico, que sólo produciría obligaciones entre los Estados contratantes764. Tal afirmaciónPage 300 se desprende del Preámbulo del Tratado de la CEE, que engloba a los pueblos de los Estados miembros en la construcción europea, y de la creación de órganos que institucionalizan derechos soberanos, cuyo ejercicio afecta tanto a los Estados miembros como a sus ciudadanos; de manera que «[...] el Derecho comunitario, independiente de la legislación de los Estados miembros, así como crea obligaciones para los particulares, está también destinado a engendrar derechos que entran en su patrimonio jurídico [...]»765. Por tanto, los preceptos de los Tratados comunitarios precisos e incondicionales, bien establezcan una obligación de no hacer, como en el caso resuelto por la sentencia Van Gend en Loos, bien se trate de una obligación de hacer, como en el supuesto de la sentencia Lüttické766, gozan de eficacia directa en las relaciones verticales (poderes públicos-particulares) y en las relaciones horizontales (entre particulares)767.

Ahora bien, el TJCE no se ha limitado al Derecho originario a la hora de velar por la efectividad del acervo comunitario, sino que ha ido paulatinamente ampliando su reconocimiento del principio de la eficacia directa a las diversas fuentes del Derecho derivado. En este sentido, la sentencia Gradm reconoció la invocabilidad de una Decisión relacionada con una Directiva y la sentencia SACE769 hizo lo propio respecto de las disposiciones de una Directiva, cuyo plazo de transposición ya había transcurrido, combinadas con otros preceptos de los Tratados comunitarios y de una Decisión. Finalmente, la sentencia Van Duyn770 ha sido la primera en reconocer la eficacia directa de una Directiva frente al Estado sin tener que invocar simultáneamente otra norma comunitaria, tesis desarrollada por el Tribunal de Justicia en sentencias posteriores771. Como punto final a esta breve introducción sobre el valor del Dere-Page 301cho comunitario en sus relaciones con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, puede afirmarse que la primacía es una característica absoluta y una condición existencial de las propias Comunidades Europeas, ya que se predica de toda norma comunitaria. En cambio, la eficacia directa es una característica relativa de dichas Comunidades, pues se trata de una noción restringida que hay que determinar caso por caso con arreglo a los límites que establece la jurisprudencia del TJCE: que la norma comunitaria sea «clara y precisa» o «suficientemente precisa», esto es, que funde una obligación concreta, desprovista de ambigüedades, y que su mandato sea incondicional, en el sentido de que no deje márgenes de apreciación discrecional a las autoridades públicas o las instituciones comunitarias772.

II El efecto directo horizontal de las Directivas comunitarias
II 1. Estado de la cuestión

Tras exponer los criterios sentados por el TJCE acerca del principio de la primacía del Derecho comunitario sobre los ordenamientos internos de los Estados miembros y, asimismo, del principio de su eficacia directa, resulta necesario abordar el problema del efecto directo horizontal de las Directivas no transpuestas por los Estados miembros en el plazo correspondiente, esto es, el de su posible aplicabilidad a las relaciones horizontales o entre particulares. Pues ya ha quedado claro que la invocabilidad por un particular de una Directiva frente al Estado, entendido éste como administración pública estatal, autonómica, provincial, local e institucional, no constituye hoy una cuestión discutible en el ámbito del Derecho comunitario. Todo lo contrario sucede con la eficacia directa de las Directivas que, como la de multipropiedad, tienen por objeto las relaciones entre empresarios y consumidores. Si bien la obligación de transponerlas incumbe a cada uno de los Estados miembros dePage 302 la Comunidad Europea, el incumplimiento de esa obligación plantea la duda de si el particular, en este caso consumidor, puede utilizar la Directiva no transpuesta en su ordenamiento para prevalerse de derechos que le atribuya en las relaciones jurídicas mantenidas con empresarios o profesionales siempre que sean suficientemente precisos e incondicionales. Hasta el momento, la jurisprudencia del TJCE insiste en negar el efecto directo horizontal de las Directivas comunitarias que tengan por objeto las relaciones entre particulares, postura que arranca claramente de la sentencia Marshall I773 cuando indica que «es menester subrayar que según el artículo 189 del Tratado el carácter obligatorio de una directiva...

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