Movilidad geográfica y traslado de instalaciones

AutorCarlos Marín Lama - Javier Sánchez Icart - Andrés Pérez Subirana - Daniel Miró i Morros - Fernando Méndez Diestro
Cargo del AutorAbogado. Profesor asociado de la Universidad de Barcelona - Magistrado Juez de lo Social - Abogado. Socio de Despatx Casares Advocats Associats. Profesor de Seguridad Social en ESADE - Abogado. BCN Consultors - Juez Sustituto de Jurisdicción Social
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Otras de las medidas de modificación contractual que pueden permitir a una empresa adaptarse a ciertas situaciones de diicultad, son aquellas que tienen que ver con las decisiones relativas al traslado, bien sea de concretos trabajadores, bien de la totalidad de la plantilla. Tales decisiones, en la medida en que pueden afectar a derechos de los trabajadores, están sometidas por la ley al cumplimiento de una serie de requisitos, no sólo de procedimiento, sino de justiicación de su procedencia. Desde un punto de vista técnico se distingue entre traslados y desplazamientos, los primeros son aquellos que tienen carácter deinitivo o cierta duración y que exigen un cambio de residencia del trabajador, los segundos tienen carácter temporal y se encuentran sometidos a menores exigencias, por su relevancia y mayor complejidad, a continuación nos referiremos fundamentalmente a los primeros.

En esta materia también hay que tener en cuenta las modificaciones recientemente introducidas por la reforma laboral, si bien, se reieren especíicamente al procedimiento que debe seguirse para adoptar medidas de movilidad de carácter colectivo. En este sentido, con la reforma se da una nueva redacción al artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores desapareciendo la referencia a la necesidad de que la medida de movilidad geográica pueda contribuir a la mejora de la empresa a través de una mejor utilización de los recursos humanos, recogiéndose con el nuevo redactado simplemente razones más genéricas como las relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, se exige por lo tanto la existencia de causa económica, técnica, organizativa o productiva que justiiquen la movilidad pero se abre de forma más general y generosas las situaciones en que se puede considerar que concurren dichas causas.

Por otro lado, la reforma ha eliminado la potestad de la autoridad laboral para suspender el traslado colectivo durante un plazo de 6 meses para conseguir alcanzar un acuerdo entre las partes, de modo que con ello la decisión empresarial será siempre e inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de la impugnación que pueda efectuarse ante la jurisdicción social.

Por último se da una redacción al artículo 40.5 del Estatuto de los Trabajadores, de modo que la prioridad de permanencia en caso de movilidad geográica no sólo afecta a los representantes legales de los trabajadores, sino que mediante convenio o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas...

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