El motín de 1766 y la constitución del estado
| Autor | Santos M. Coronas González |
| Páginas | 707-719 |
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Una de las consecuencias más importantes de los motines de la primavera de 1766, y en especial de los tumultos ocurridos los días 23, 24, 25 y 26 de marzo en la villa y corte de Madrid, fue la precisa declaración del viejo orden constitutivo de la Monarquía, profundamente alterado por los sediciosos tras su radical confrontación con la estructura de poder de la España del Antiguo Régimen.
Al margen de las cuestiones planteadas sobre la naturaleza del motín1, su carácter espontáneo y popular2 o, más bien inducido y organizado3, en línea con las tesisPage 708 del fiscal Campomanes 4, y aun de las modernas interpretaciones economicistas5, rebatidas en algún caso con llamativa rotundidad 6, cabe apuntar todavía el alcance que esta «revolución» tuvo en el orden político de la Monarquía, afectada como nunca antes desde la época de las Comunidades por unas actitudes revolucionarias capaces de imponer gracias y decisiones casi impensables en la etapa final del absolutismo borbónico. El antecedente próximo del motín de Madrid, catalizador de todos los demás producidos en la Península, se ha buscado con razón en una serie concatenada de causas económico-sociales, políticas, culturales y religiosas que tienen como denominador común el activo reformismo inicial del gobierno de Carlos III, personalizado en la figura de su primer ministro, el marqués de Esquilache, capaz de concitar desde su oscuro origen siciliano la enemiga del partido aristocrático español, el resquemor del clero y de la nobleza por sus proyectos desamortizadores, y aun el odio de las clases populares, la «gente civil» de las fuentes de la época, que le achacó la carestía de los alimentos7 y el empobrecimiento general en agudo contraste con el aumento de su propia fortuna.
En estas circunstancias, la inoportuna reiteración de las antiguas Órdenes y Bandos sobre prohibición de vestir el llamado traje español de capa larga y som-Page 709brero redondo 8, urgida ahora con severas sanciones económicas y aun con penas de privación de libertad y destierro (Bando de 10 de marzo de 1766)9, acabó por provocar la conmoción general que avistaran ya los fiscales del Consejo, Campomanes y Sierra, en su matizada y prudente respuesta de 4 de marzo anterior10. En ella avisaban del riesgo cierto de acrecer la tensión social con el loable fin de evitar embozos y disfraces en la Corte y, al tiempo, el peligro de aumentar el lujo nacional y la importación de géneros extranjeros de que se componía en su mayor parte el nuevo traje militar que se pretendía imponer a la «gente civil y de alguna clase» (entendiendo por tales a los que vivían de sus rentas y haciendas o de sus salarios de empleados, incluidos sus criados, frente al permitido al «pueblo ínfimo y más pobre» que tan sólo tendría que usar el sombrero tricorniado o la montera). En este sentido, pidiendo que no se confundiera el abrigo con el embozo, que de suyo no disfrazaba, y el respeto debido a las tradiciones [«los pueblos no deben abandonar el vestuario que es de uso inmemorial en ellos»], los fiscales acertaban en dar la solución al problema del traje: bastaba con declarar ciertas prendas como traje permitido a las «clases vulgares» para desterrar su uso [«Basta esta (pena) en el pundonor de los españoles para desterrarle»]. Los fiscales, intentando conciliar la voluntad real con el sentir popular, aconsejaban además adoptar estas medidas «sin que la nación no conociera que se la obliga coactivamente a mudar su actual traje», insertándolas en un plan de reformas más generales11.
Desoyendo en parte estas prevenciones, el Bando de 10 de marzo terminó de indisponer los ánimos de los habitantes de Madrid, únicos a los que por entonces se conminó el uso del nuevo traje con penas y sanciones, propiciando los futuros desórdenes que llegaron a tomar el aire de una «revolución» para «libertar a la nación» de los manejos de Esquilache, convertido en símbolo del mal gobierno extranjerizante.Page 710
Si el ánimo de los promotores de la revolución en ciernes era matar a Esquilache con ocasión de su asistencia a los oficios de la Cuaresma, su propio temor a ser descubiertos les llevó, según la relación oficial de Aranda12, a acelerar la conmoción del motín, iniciado el domingo de Ramos (23 de marzo) con el saqueo de la casa de Esquilache (el cual pudo salvar su vida por hallarse en las afueras de Madrid), al que siguió la rotura de las nuevas farolas de alumbrado público 13, bautizadas popularmente con el nombre del odiado ministro.
Una vez iniciado el motín, se reforzó por la noche con los rumores sobre las represalias adoptadas por Esquilache, llegándose así a la mañana del lunes en el que, para atajar la creciente sublevación popular, los duques de Medinaceli y Arcos ofrecieron de parte del rey la rebaja del precio de los comestibles, una gracia que resultaba ya por entonces insuficiente ante el creciente móvil político-social de la acción popular, reflejado en la proposición escrita de los amotinados.
En efecto, ya con anterioridad, en las Constituciones y ordenanzas que se establecieron para un nuevo cuerpo que, en defensa de la Patria, ha erigido el amor español para quitar y sacudir la opresión con que intentan violar estos dominios, que aparecieron impresas el día 12 de marzo, se apuntaba una exigencia de honda raigambre política: «Primeramente se ha de observar, como punto inviolable, que ninguno de los superiores que se elijan en el servicio, o de nuevo se admitan, pueda recibir persona alguna que no sea español en lo honroso, desinteresado, fiel y obediente, las cuales cosas se han de jurar y prometer en honra de Dios...»14.
Esta exigencia se incluyó después en la petición escrita que el lunes 24 de marzo se presentó al rey en nombre del pueblo de Madrid y que incluía, junto al destierro de Esquilache y su familia, la extinción de la guardia valona, la españolidad de los ministros y la conservación del supuesto traje nacional (capa larga y sombrero redondo), así como la supresión de la Junta de Abastos y la rebaja del precio de los comestibles15.Page 711
Concedidas por el rey todas las peticiones solicitadas («gracias» en la expresión oficial) y autorizadas públicamente, al igual que el indulto, con su presencia en el balcón del Palacio Real, se cerró la primera secuencia del motín, con un paseo triunfal de los amotinados portando las palmas del día de Ramos «en aplauso y reconocimiento a la Majestad o en señal de triunfo adquirido»16.
Sin embargo, la marcha del rey y de su familia esa misma noche para el Sitio de Aranjuez [«prudentemente rezelosa la Majestad de nuevas e interminables solicitudes»], unido a la continuidad de Esquilache en el despacho del ministerio de Guerra, ya que no en el de Hacienda, suscitó en la población desconfianza en la palabra dada de indulto y el temor a duras represalias, lo que, finalmente, condujo a los nuevos «excesos» de armarse la población, ocupar las puertas de la villa con el fin de impedir el tránsito hacia Aranjuez y desarmar los cuarteles de Inválidos de Madrid.
Habiendo solicitado como última pretensión el regreso del rey a la villa, se llegó a la nueva Resolución confirmatoria del perdón real a los amotinados, leída por el gobernador del Consejo en la plaza mayor el miércoles, día 26 de marzo. Con ello, el motín popular, inerme en un principio, armado después, podía dar por conseguido su objetivo último de «libertar la nación» de ministros que consideraba contrarios a ella17.
En todo caso, como efecto perdurable del motín, siguieron circulando en los días siguientes papeles sediciosos dirigidos a renovar la «indiscreta indisposición de la plebe», a impulsos de una clase que había «preocupado las primeras acciones populares para complemento de sus ideas» 18, una acción que sólo retoñaría en la Corte, a juicio de Aranda, si continuaran en las provincias con algún éxito los motines emprendidos en Zaragoza, Valencia, Murcia, Cartagena, Valladolid, Salamanca...19 incitando con su ejemplo a otras ciudades.Page 712
Este cuadro oficial, a manera de un tríptico sobre la revolución de Madrid, desplegó los momentos sucesivos que serían luego tomados en consideración a la hora de adoptar medidas correctoras de semejantes sucesos. En los Puntos que quiere el rey para su honor y seguridad del pueblo20, redactados por el secretario de Gracia y Justicia, Roda, un mes después de los acontecimientos de Madrid, se señalaba que la villa, como tal, debía hacer la correspondiente demostración de fidelidad, respeto y obediencia, detestando los excesos del pueblo. En este sentido debía instar la abolición de las concesiones que el rey había hecho al pueblo «para que SM conforme a su arbitrio y agrado derogue y restituya a su antiguo estado las cosas, mandando de nuevo lo que le pareciese», y asimismo, que se hiciera la averiguación de los promotores del tumulto «para sincerar los cuerpos sanos que componen a Madrid», tomando precauciones para lo sucesivo, como los que se anunciaban de limpiar la capital de gente «vaga y advenediza», purgando a tal efecto los barrios de Lavapiés, Maravillas y Barquillo, constituyendo en ellos cuarteles, fábricas y almacenes y poniendo en práctica las leyes y ordenanzas establecidas de antiguo para la policía y buen gobierno de Madrid. En esta misma línea, debía averiguarse la autoría de los pasquines, sátiras, amenazas y papeles anónimos por ser delitos posteriores a la gracia concedida que «S. M. no los ha perdonado».
En consonancia con este apunte, el rey envió al nuevo presidente del Consejo de Castilla, el conde de Aranda, un Decreto el 21 de abril de 1766 por el que, aun ratificando el indulto concedido al pueblo de Madrid en los motines pasados desde el día 23 hasta el 26 de marzo, excluía expresamente de la gracia a los responsables («autores», «fautores» e «instigadores») de los papeles sediciosos que habían seguido circulando con...
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