DECRETO 18/2013, de 30 de mayo, por el que se modifica el Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.

SecciónII - Disposiciones Generales
EmisorConsejería de la Presidencia
Rango de LeyDecreto

La Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, creó, en su Título III, la «Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León» como un ente público de derecho privado de los previstos en el artículo 90 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, en virtud del Decreto 67/2011, de 15 de diciembre fue aprobado su Reglamento. Entre sus funciones -artículo 37.d) de la Ley 19/2010- se encuentra el favorecimiento de «la promoción exterior para incentivar inversiones».

Posteriormente, la disposición final primera de la Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas, ha modificado la denominación anterior del ente por el de «Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León», incluyendo expresamente la dicción «internacionalización», habida cuenta que responde así mejor a las funciones que habrá de desarrollar la Agencia de forma directa como medida de racionalización del sector público autonómico. Pues bien, se requiere ahora que este último impulso funcional sea, en análogo sentido, dotado de un desarrollo expreso en el Reglamento de la Agencia.

Por otra parte, el fomento del desarrollo económico en tanto competencia exclusiva asumida por la Comunidad de Castilla y León -artículo 70.1.18 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León-, ha venido siendo desempeñada en la práctica por la Junta de Castilla y León, ya sea directamente ya lo sea a través de distintos entes instrumentales.

El nuevo escenario presupuestario actual precisa de una reordenación de estos diferentes instrumentos públicos o participados de apoyo al tejido empresarial, con el objetivo de la búsqueda de una mayor eficiencia y efectividad del gasto, y, en suma, de la obtención de nuevas fórmulas de apoyo más actuales, más coordinadas y más demandadas por los agentes económicos. En este sentido, una de estas medidas ha de ser precisamente la asunción directa por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de las funciones que hasta ahora habían venido...

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