La memoria arrinconada en la Filosofía del Derecho española

AutorLacasta Zabalza, José Ignacio
CargoUniversidad de Zaragoza
Páginas111-136

Ver nota 1

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1. Tensiones acerca del inmediato pasado político Español

En los medios más conservadores de la intelectualidad y la política españolas, así como en los que oficialmente no lo son tanto, se ha desarrollado una dura oposición al recuerdo de lo actuado bajo el régimen de Franco2. Todo arranca de lejos, desde el proceso constituyente, cuando con motivo de la discusión sobre el Preámbulo del texto constitucional, fue Manuel Fraga iribarne quien asentó que no se podía hablar de la «historia» (noción dentro de la cual incluía todo el pasado). Y enrique Tierno Galván fue derrotado en su legítima y sensata pretensión de redactar algo acerca de los «padecimientos» del pueblo español en las anteriores etapas antes de retomar la libertad3. Todavía hay quien discute sobre si se ratificó un (en cliché periodístico) pacto de silencio4. Discusión redundante, porque lo que institucionalmente se mani-

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festó desde la redacción de la constitución era el silencio a secas, sin aditamentos. Chitón oficial que ni la propia constitución era capaz de mantener por su carácter absurdo y contradictorio en sí mismo. «Los territorios que en el pasado hubieren plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía, etc.», dice la disposición Transitoria segunda del texto constitucional en claro llamamiento al desarrollo autonómico y legal de la constitución de 1931. Desde 1978, el intelecto revisionista de la derecha española y los políticos que han manifestado añoranzas del franquismo al estilo de jaime Mayor oreja, han mantenido hacia el pasado el siguiente relato dominante, aquí descrito en esquema: a) la constitución de 1931 no existió, es innombrable o cuando se admite su presencia solamente se habla de sus defectos; b) fue la república la que causó con su desorden el 18 de julio de 1936; c) hubo una guerra civil (no se dice nunca quién la desató con su golpe de estado); d) todos los desmanes (inclusive las decenas de miles de asesinados durante el franquismo) tuvieron lugar en la guerra de 1936 y en el seno del tópico de «los unos y los otros»; e) de 1939 a 1977 no se habla porque eso es la «historia» de Fraga, algo desagradable, de mal tono e incluso contrario a la reconciliación nacional5.

Que el 18 de julio de 1936 no había ningún motivo legal que diera ni remoto pie a ninguna intervención golpista ha sido algo archidemostrado históricamente6. Pero, derechistas en general y la jerarquía

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de la iglesia católica española también han dedicado a la memoria legal su tenaz oposición7. El catedrático juan Velarde, arremetía contra la Ley de Memoria Histórica en una publicación eclesial que mantiene una hostilidad sostenida y nada oculta hacia esa misma norma; esa ley, para Velarde, actúa8:

con recuerdos parciales de unos sucesos políticos que forman parte de nuestro acervo común, y así hacer renacer las tensiones de antaño, que parecían esfumadas, con disposiciones sobre la llamada Memoria Histórica

.

Hay que ver lo que transmiten estas palabras: se había nada menos que esfumado el franquismo y el antifranquismo. Un hombre inteligente y no sabe que los antifranquistas vivimos y que la huella del franquismo aparece todas las semanas en los periódicos por medio de mapas de miles de asesinados, de los cuales muchos perdieron la vida terminada ya la guerra, en toda la piel de toro9. No se rompía el contrato de silencio o la amnesia, sino que se recordaba el hecho duro consistente en que había decenas de miles de cadáveres en las cunetas de toda españa. Ahí ya no valía nada lo de los «unos y los otros», pues tras la guerra los autores fueron «unos» y en régimen de monopolio. Ciertamente se entremezclan en ocasiones las fechas, pero, por ejemplo, de los 4.471 entierros de la fosa común de Málaga se puede concluir que duraron entre febrero de 1937 y mayo de 1957, es decir que hubo una política de exterminio selectivo durante dos décadas; política corroborada por los restos exhumados de 2.840 personas, la mayo-ría de las cuales tenía entre 20 y 40 años (y la forma de su muerte se repite: disparos en el pecho y tiro de gracia con arma corta)10. Naturalmente, a los familiares de todas esas personas cuyos restos reclamados no se encontraban, cuerpos de mujeres y hombres, hasta de niños y niñas, no les sirve de gran cosa que la represión franquista y la guerra civil hayan surgido en el cine, en la literatura, en la historia y hasta en la deleznable revisión de la historia. Argucia, que no argumento, utilizado para oponerse a la llamada memoria histórica y para sostener que nunca ha habido el dichoso silencio o la cegadora amnesia desde la promulgación del texto constitucional en diciembre de 1978. Lo que desean los familiares, como ya ha sucedido en argentina o chile, es sencillamente encontrar los cuerpos de los suyos y darles justo

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entierro11. Ya que, en españa, como concluye la máxima especialista en este asunto de las políticas de la memoria12:

Los nombres de la mayoría de los fusilados por los vencedores de la Guerra civil española no figuran en los listados de las iglesias ni de los cementerios. Los restos de muchos de ellos se encuentran en paradero desconocido. Sus historias, en muchos casos, apenas han comenzado a conocerse en los últimos años, mientras que una parte significativa de ellas aún permanece en el anonimato. Todo ello es lo que sus familiares aspiran a recuperar.

Por eso resulta políticamente frívolo, e inadmisible en un filósofo del derecho como García amado, que atribuya a una suerte de «pinza» ideológica al Gobierno de rodríguez Zapatero, vulgar figura periodística donde las haya, establecida entre las asociaciones de familiares de víctimas y los partidos políticos de izquierda junto a los nacionalistas, la fábrica parlamentaria de la Ley de Memoria Histórica13. Los encomiables motivos morales de las personas allegadas a los miles de exterminados no son iguales a los intereses políticos de la lid cotidiana en las cortes y además no han nacido ahora. Luego no se les puede reprochar, en otro alarde de superficialidad, que intenten reconstruir de modo fehaciente el óbito de los suyos junto a las fuerzas políticas que respaldan este objetivo («que no se use a los muertos, etc.», escribe sin fortuna el catedrático de León)14. Pues en lo que menos piensan quienes se atreven a dar ese paso es en participar en el juego político de todos los días. Su conciencia se moviliza en tan amplio plazo que suelen ser los nietos y nietas de las personas asesinadas quienes remueven esa situación, dado que los hijos e hijas permanecieron durante largo tiempo y en muchos casos atenazados por el miedo15.

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Piénsese que a Pinochet se le han adjudicado unos cuatro mil asesinados y desaparecidos y en españa, en una sola y pequeña provincia, se pueden contar por miles y miles sin que se pueda recurrir a la coartada de la guerra civil16. Por supuesto, hubo una represión feroz en el bando republicano, ensañamiento con miles de curas y monjas y barbaridades sin cuento17. Hay que reconocer también que la historiografía española tiene muy pocos estudios sobre los desmanes en el lado republicano18. Si bien nunca se puede establecer una simetría por la cantidad de víctimas ni, sobre todo, por la duración de las atrocidades en el tiempo; pues el fin de la guerra no significó en absoluto el término de los fusilamientos de los adversarios políticos del franquismo. De todo ello rindió, ya hace tiempo, equilibradas cuentas el historiador republicano y jurista rafael altamira19. Con todo, no ha habido

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reparación cabal de las víctimas del franquismo como lo revela que sus familiares todavía estén a la búsqueda de miles de cadáveres20.

Que se hayan dado medidas legales para restaurar tales o cuales aspectos sangrantes de la desigualdad con que el estado ha tratado a unos y otros, tiene escaso significado para lo que aquí se comenta; y puede resumirse en la siguiente opinión del historiador julián casanova21:

Más de 30 años después del final de la dictadura de Franco, el estado democrático, sus principales responsables e instituciones, no quiere gestionar este pasado de violencia y muerte, ni está interesado en tomar decisiones sobre políticas públicas de memoria y educación. Al parecer, hay historias que vale la pena conmemorar desde el presente, convertirlas en mitos nacionales, como la llamada Guerra de la independencia de 1808, y otras que resulta mejor olvidar.

Y la Ley de Memoria Histórica no ha resuelto ese problema de fondo, porque permanece anclada en la discusión de las equidistancias legales entre democracia y dictadura; equiparación imposible dado que obvia el carácter legítimo de la constitución de 1931 frente al ilegítimo y faccioso alzamiento en armas contra la misma que fue el 18 de julio de 1936. Fondo elemental de la cuestión que también se encuentra en los intentos de arrinconar la memoria en la Filosofía del derecho española y en la diferente actitud que sus profesores adoptaron en su día -y aún hoy adoptan- ante el texto constitucional de 1931. Así, según lo criba el iusfilósofo rafael escudero alday, la Ley de Memoria Histórica es insuficiente; quedan pendientes las políticas públicas que reconstruyeran un relato democrático de este pasado para toda la ciudadanía española y: a) no declara la ilegalidad o nulidad de las sentencias de los consejos de Guerra y de los tribunales franquis

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tas de represión ideológica y política, cosa que sí se ha hecho en ale-mania con respecto a los órganos nazis; b) no restablece la verdad de lo acontecido y persisten los obstáculos para indagar los crímenes del franquismo y su autoría, contra las normas del derecho internacional; c) pese a todo, se ha avanzado en la reparación de las víctimas a través indemnizaciones a personas y colectivos que sufrieron la...

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