Medio ambiente
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Esta sección de Derecho de Medio Ambiente ha sido coordinada por Carlos de Miguel Perales y en su elaboración han participado Daniel Vázquez García e Íñigo García-Atance Prieto, del grupo de Medio Ambiente del Departamento de Derecho Inmobiliario, Urbanismo y Medio Ambiente de Uría Menéndez (Madrid), y Claudio Monteiro y Miguel Franco e Abreu del Departamento de Derecho Público y Procesal de Uría Menéndez (Lisboa).
(Unión Europea)
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a residuos (DOUE L 114, de 27 de abril de 2006)
La Directiva 2006/12/CE deroga la anterior normativa comunitaria sobre la materia (Directiva 75/442/CEE, así como sus sucesivas modificaciones), con la finalidad principal de precisar y consolidar las normas relativas a la producción y gestión de los residuos generados en el ámbito de la Unión Europea.
La Directiva 2006/12/CE hace especial hincapié, por un lado, en la necesidad de los Estados miembros de adoptar medidas preventivas que minimicen la generación de residuos y, por otro, en la regulación de la medidas de valorización y eliminación de los mismos, debiéndose procurar el máximo aprovechamiento de los residuos, así como la minimización de su impacto final sobre el medio.
La Directiva 2006/12/CE dispone, además, la creación de una red integrada de instalaciones de eliminación, cuyo objetivo es lograr la autosuficiencia de la Unión Europea en su conjunto, y de cada Estado miembro individualmente, en materia de eliminación de residuos.
Reglamento 1013/2006/CE del Consejo, de 12 de julio de 2006, sobre traslado de residuos (DOUE L 190, de 12 de julio de 2006)
El Reglamento 1013/2006/CE tiene por objeto incorporar, sobre la base de la anterior normativa comunitaria en materia de traslado de residuos, las últimas decisiones adoptadas sobre el control de los movimientos de residuos y, en especial, las adoptadas en el marco del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y de su eliminación.
El Reglamento 1013/2006/CE redunda en la necesidad de coordinación de los sistemas nacionales de vigilancia y control de los traslados y de coherencia con el sistema comunitario. En este sentido, el Reglamento 1013/2006/CE regula de forma pormenorizada las obligaciones de cumplimentación de los documentos necesarios para efectuar los traslados de residuos.
Además de las condiciones generales para el traslado de los residuos, en función de su naturaleza y destino, el Reglamento 1013/2006/CE establece el régimen aplicable a su exportación, imponiendo importantes restricciones con el objeto de garantizar una adecuada protección del medio ambiente.
(España)
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (BOE de 29 de abril de 2006)
La Ley 9/2006 introduce en la legislación española la evaluación ambiental de planes y programas -también conocida como evaluación ambiental estratégica-, como un instrumento Page 175 de prevención que permite integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos, e incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
De conformidad con la Ley 9/2006, se entiende por planes y programas el conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una Administración Pública para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de un conjunto de proyectos.
La Ley 9/2006 implicará la obligatoriedad de someter a un proceso de evaluación ambiental estratégica a los planes y programas que elaboren y aprueben las distintas Administraciones Públicas. En este sentido, las Comunidades Autónomas, titulares de competencias como la ordenación del territorio y urbanismo, que implican una actividad planificadora, tendrán un papel especialmente relevante en el adecuado cumplimiento de esta norma.
Nótese, por ultimo, que la Ley 9/2006 introduce modificaciones relevantes en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE de 19 de julio de 2006)
El artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto.
Precisamente esta participación y su instrumentación a través de herramientas legales que la hagan realmente efectiva constituyen en la actualidad uno de los terrenos en los que con mayor intensidad ha progresado el Derecho medioambiental internacional y, por extensión, el Derecho comunitario y el de los Estados que integran la Unión Europea.
Con el fin de hacer efectivos estos tres pilares, la Ley 27/2006 instrumenta la incorporación de los compromisos adquiridos bajo el Convenio de Aarhus, del que España es parte, a nuestro Derecho interno. Así, el derecho de acceso a la información medioambiental se configura como un elemento esencial para permitir la intervención ciudadana en la decisiones en materia de medio ambiente con conocimiento de causa. Por su parte, la participación ciudadana en las decisiones se articula a través de la intervención en los procedimientos de autorización de determinadas actividades, la aprobación de planes y programas, y la elaboración de disposiciones de carácter general. Por último, el derecho de acceso a la justicia se materializa en una especial habilitación al público para entablar procedimientos administrativos y judiciales frente a actuaciones públicas o privadas que vulneren la legislación ambiental.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados (BOE de 3 de junio de 2003)
La utilización de aceites industriales o lubricantes en equipamientos tales como maquinaria industrial, los vehículos de automoción o los sistemas hidráulicos de transmisión, por citar algunos de los ejemplos más significativos, lleva aparejada la generación de aceites usados, y hace necesario establecer, por tanto, medidas para reducir al mínimo posible la producción de estos residuos peligrosos y fomentar que los que se generen se gestionen mediante las alternativas que garanticen un mayor grado de protección del medio ambiente y de la salud de las personas.
El Real Decreto 679/2006 establece, en primer lugar, las normas que deberán respetarse en la fabricación de los aceites industriales y, en tal sentido, exige que contengan en su composición la menor cantidad posible de sustancias peligrosas para reducir al máximo la incidencia ambiental de los aceites usados que se generen, al tiempo que impone a los fabricantes la obligación de elaborar planes empresariales de prevención.
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Además, el Real Decreto 679/2006 introduce medidas sobre la producción, posesión y gestión de aceites usados, partiendo de la premisa inicial de que productores y poseedores deben garantizar la entrega de los aceites usados a un gestor autorizado para su valorización o eliminación, a menos que procedan a gestionarlos por sí mismos.
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental (DOGV de 11 de mayo de 2006)
La Ley 2/2006 define, reestructura y clarifica el sistema autorizatorio ambiental vigente en la Comunidad Valenciana con el objeto de implantar un nuevo modelo de intervención administrativa ambiental aplicable a todo tipo de actividades que puedan afectar al medio ambiente...
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