Medidas cautelares en materia concursal
| Autor | Rafael Yanguela Criado |
| Cargo del Autor | Magistrado |
Las medidas cautelares en materia concursal encuentran su regulación en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC) , extendiéndose la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso a cualquier medida cautelar que afecte o pudiera afectar a los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera acordado, excepto las que se adopten en los procesos civiles sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores , así como de cualquiera de las adoptadas por los árbitros en el procedimiento arbitral .
El Juez del concurso puede acordar el alzamiento de las medidas cautelares decretadas por otros órganos judiciales o administrativos, habiéndose planteado numerosos conflictos competenciales entre el juez del concurso y otros órganos de distintos órdenes jurisdiccionales o administraciones públicas. En este sentido, debe diferenciarse el tratamiento según nos hallemos ante medidas cautelares acordadas con anterioridad o con posterioridad a la declaración de concurso, aunque el criterio pautado por la Sala Especial de Conflictos de Competencia en el Auto nº 2/2019, de 19 de febrero [j 1] y el Auto de 11 de octubre de 2019 [j 2] ha simplificado de manera notable esta cuestión.
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Tal vez el supuesto más problemático de todos es el constituido por la decisión de alzamiento de medidas cautelares que se hubiesen decretado por un órgano judicial o administrativo con anterioridad a la declaración de concurso, pues el Auto de la Sala especial de Conflictos de Competencia de 28 de abril de 2018 se pronunció sobre tal extremo acotando la competencia del juez del concurso para acordar el alzamiento de medidas cautelares decretadas por autoridades judiciales o administrativas únicamente si aquéllas eran posteriores a la declaración de concurso, haciendo una interpretación restrictiva de la extensión de la jurisdicción exclusiva y excluyente del Juez del concurso y con invocación del principio general de improrrogabilidad de la jurisdicción (ex artículo 9.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
Medidas cautelares adoptadas por los órganos de la jurisdicción penalTambién se ha producido un importante choque con los órganos de la jurisdicción penal en este ámbito y en referencia a las medidas cautelares de corte patrimonial adoptadas por estos, que ante un requerimiento de los Juzgados de lo mercantil (actualmente Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia) esgrimían como argumento esencial la improrrogabilidad de la jurisdicción penal y se escudaban bajo el paraguas del art. 44 LOPJ, a cuyo tenor:
El jorden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningún Juez o Tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional.
Las discrepancias habidas se han resuelto en los Autos 19 de febrero [j 3] y 11 de octubre de 2019 [j 4] dictados por la Sala Especial de Conflictos de Competencia en referencia a sendos conflictos positivos de competencia planteados por Juzgados de lo Mercantil a Juzgados de Instrucción. En la primera Se hacía mención a que los embargos trabados por el Juzgado de Instrucción interferían en...
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