Las medidas de apoyo al sector financiero español
| Autor | Javier Redonet Sánchez del Campo |
| Cargo | Abogado |
| Páginas | 20-29 |
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El mundo se enfrenta desde hace ya algunos meses a una severa crisis financiera de considerables dimensiones que, con origen en los Estados Unidos de América, no ha tardado en extender sus efectos, merced a la globalización que caracteriza a la economía actual, al resto de países, repercutiendo tanto en las empresas de la denominada «economía real» como en las familias.
No es objeto de este artículo exponer los factores desencadenantes de la crisis, que ya han sido analizados en profundidad por personas mucho más autorizadas (puede consultarse sin ir más lejos una lúcida descripción de sus causas y de aquellas áreas de la regulación financiera necesitadas de reformas de calado en el artículo recientemente publicado en esta misma tribuna por don Guillermo de la Dehesa1). Baste señalar a modo de apretado resumen que la expansiva política monetaria aplicada por la Reserva Federal estadounidense en los últimos años, manteniendo los tipos de interés en niveles muy reducidos durante un largo período de tiempo, provocó un exceso de liquidez en el mercado al tiempo que estrechó los márgenes de intermediación de las entidades financieras, impulsándolas a relajar sus políticas crediticias en busca de una mayor rentabilidad. De este modo se originó un elevado volumen de créditos hipotecarios de baja calidad (hipotecas «sub-prime») que, una vez titulizados e incorporados como garantía de emisiones de deuda de elevada calificación crediticia, se distribuyeron a través del sistema financiero dispersando el riesgo de forma global. El exceso de crédito también contribuyó a una sobre-valoración de los activos adquiridos en buena parte con financiación ajena. Además, proliferaron los instrumentos financieros derivados de creciente complejidad que han puesto de manifiesto la dificultad de su valoración y de la medición de los riesgos asociados a ellos. El inevitable proceso de ajuste del valor de los activos, unido a la subida de los tipos de interés, ha disparado la morosidad de las carteras crediticias y reducido el valor de los bienes aportados como garantía, obligando a las entidades financieras a registrar grandes provisiones para adecuar el valor de sus activos al mercado, debilitando sus balances y poniendo de manifiesto la inadecuación de sus niveles de capital respecto del volumen total de riesgos asumidos.
Interesan más al propósito de este artículo las consecuencias que la crisis está teniendo en las entidades financieras y en el funcionamiento del mercado de crédito. En este sentido, desde el verano de 2007 se ha venido produciendo una sucesión de acontecimientos difícilmente imaginables tan sólo meses antes. En primera instancia, las entidades comenzaron en el segundo semestre de 2007 a registrar grandes provisiones sobre sus activos crediticios en sus balances en un proceso que aún dura hoy día, mientras los bancos centrales de las principales economías del mundo, actuando coordinadamente, comenzaron a inyectar grandes cantidades de liquidez alPage 21 sistema. En septiembre de 2007, la entidad de créditos hipotecarios Northern Rock solicitó y obtuvo recursos extraordinarios del Banco de Inglaterra ante la imposibilidad de financiarse en el mercado inter-bancario. Entre los meses de enero y marzo de 2008 se produjeron los rescates del banco de inversión Bear Sterns (adquirido por JP Morgan Chase) y la nacionalización de Northern Rock, al tiempo que algunas de las mayores entidades financieras estadounidenses (Citigroup, Merrill Lynch) levantaron importantes cantidades de capital aportado por fondos soberanos de diversos países asiáticos para reforzar sus balances debilitados por las provisiones dotadas para reflejar la depreciación de sus activos. Más tarde, en la primavera del ejercicio 2008, diversos bancos británicos (Barclays, The Royal Bank of Scotland, Halifax Bank of Scotland) abordaron grandes ampliación de capital con derecho de suscripción preferente que, en algunos casos, experimentaron severos problemas en su colocación al mercado. El panorama iba a cambiar drásticamente en el mes de septiembre de 2008, cuando tras rechazar diversas oportunidades para ser adquirido por otras entidades y ante la negativa de la Reserva Federal estadounidense a rescatarle, Lehman Brothers se declaró en quiebra. Desde entonces, se ha producido tanto en Europa como en Estados Unidos una oleada de entradas masivas de las Administraciones públicas en el capital de entidades financieras (Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, Citigroup, The Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB-HBOS, Hypo Real Estate, IKB, Fortis, ING, Dexia), combinada con un proceso de concentración, auspiciado en muchos casos por las autoridades, en el que entidades con problemas han sido adquiridas por otras más solventes (compra de Merrill Lynch por Bank of America, venta de activos de Fortis a BNP Paribas, adquisición de Alliance & Leicester y Sovereign Bancorp, así como de los depósitos minoristas, la red de oficinas y los correspondientes empleados de Bradford & Bingley por Banco Santander, etc.).
Todas estas circunstancias han desembocado en una crisis generalizada de confianza (o, por mejor decir, de ausencia de confianza) y una extrema aversión al riesgo que han conducido a una extraordinaria restricción crediticia (el llamado «credit crunch»), que está afectando tanto a las propias entidades financieras como a las empresas no financieras y a las familias. Las primeras están experimentando muchas dificultades para poder financiarse en el mercado interbancario ante la desconfianza de unas sobre la solvencia de las otras, así como para obtener capital o financiación en los mercados de capitales para reforzar sus recursos propios y atender los vencimientos de su deuda. Las empresas no financieras y familias, por su parte, están sufriendo igualmente importantes restricciones en su acceso a la financiación bancaria, a los que se añaden los efectos de la crisis económica (con caídas del Producto Interior Bruto y del consumo y un drástico aumento del desempleo y de las empresas en situación concursal). Los problemas crediticios y de solvencia de las empresas y familias repercuten inmediatamente en las entidades de crédito, con aumentos de la morosidad que continúan deteriorando sus balances en una preocupante espiral.
Los gobiernos de los principales países del mundo, conscientes de la gravedad de la situación, que ha hecho tambalear los fundamentos del sistema bancario y de la regulación financiera, no han tardado en movilizarse para articular una actuación coordinada frente a la crisis. En el ámbito comunitario, las reuniones del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) y de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro de 7 y 12 de octubre de 2008 perfilaron las medidas más urgentes cuya adopción se recomendaba a los Estados miembros con este objetivo y que, en una iniciativa sin precedentes en la Unión Europea, fueron puestas en marcha simultáneamente por los Estados miembros en los días siguientes a la segunda de dichas cumbres. Por su parte, en la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del G-20 (más España y Holanda) celebrada el 15 de noviembre de 2008, además de establecerse un diagnóstico común sobre el origen y las causas de la crisis y subrayar las actuaciones más inmediatas adoptadas por los gobiernos para estabilizar el sistema financiero, se diseñó un plan de trabajo conjunto con el fin de abordar a corto y medio plazo un proceso más amplio de redefinición de la normativa del sector financiero en áreas como las normas contables, los requisitos de transparencia, gobierno corporativo, gestión de riesgos y recursos propios, así como las reglas de supervisión de las entidades financieras para prevenir nuevas situaciones de crisis, en cuya implementación el Fondo Monetario Internacional y el Foro para la Estabilidad Financiera están llamados a desempeñar un papel consultivo muy relevante.
Con todo, no pretendo referirme en este artículo a las iniciativas promovidas a nivel internacional para la revisión de las normas relativas a las materias antes citadas y otros aspectos, como la regulación de otras cuestiones como las agencias de calificación crediticia o los derivados de riesgo de crédito, sino tan sólo exponer las medidas más urgentesPage 22 adoptadas por el Gobierno español desde el mes de octubre de 2008 hasta la fecha con el fin de respaldar el sector financiero español, reactivando el mercado de crédito interbancario, fomentando la liquidez de las entidades financieras, facilitando su financiación a medio plazo y habilitando mecanismos para reforzar la estructura de capital de las entidades bancarias en caso necesario, todo ello con el objetivo de reestablecer la confianza y el buen funcionamiento del mercado de crédito.
Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno respecto al sistema financiero fue la elevación del importe máximo garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos y el Fondo de Garantía de Inversiones desde veinte mil euros hasta cien mil euros por titular y entidad, con el fin de fortalecer la confianza de los depositantes e inversores en las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión españolas. Esta medida se instrumentó mediante el Real Decreto 1642/2008, de 10 de octubre, por el que se fijaron los nuevos importes garantizados establecidos en los Reales Decretos 2806/1996, de 20 de diciembre, del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, y 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de...
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