La medida cautelar de precinto de una caja de seguridad en entidades bancarias y la constitucionalidad de la medida (STS 549/2024, 4 de Abril de 2024)

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La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2024 (recurso 4663/2023) determina si es constitucionalmente posible, desde la perspectiva de los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18, apartados 1 y 2, de la Constitución, que la Administración Tributaria proceda al precinto de una caja de seguridad sin la correspondiente autorización judicial o sin el consentimiento de su titular.

Introducción

El artículo 146.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece, en el marco de regulación de actuaciones y procedimiento de inspección tributaria, que:

En el procedimiento de inspección se podrán adoptar medidas cautelares debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición.

Las medidas podrán consistir, en su caso, en el precinto, depósito o incautación de las mercancías o productos sometidos a gravamen, así como de libros, registros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información de que se trate.

Hechos

El 5 de octubre de 2022 se inició procedimiento de inspección en relación a los ejercicios 2018 y 2019 de doña L.

En el marco de ese procedimiento de inspección, por el Delegado Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valencia, de 9 de enero de 2023, se acordó la autorización administrativa de la medida cautelar consistente en el precinto de una caja de seguridad en entidad bancaria, precinto que fue practicado el 12 de enero de 2023 y notificado a la interesada el 13 de enero de 2023.

La medida de precinto de la caja de seguridad fue ratificada por la Inspectora Regional Adjunta en fecha 27 de enero de 2023.

Recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona

Por la interesada se interpuso recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales de la persona contra el Acuerdo de la Inspectora Regional Adjunta, de fecha 27 de enero de 2023.

El recurso se fundamentaba en que la medida...

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