Del margen nacional a la uniformidad europea: el impacto del nuevo pacto de migración y asilo en la normativa española
| Páginas | 1-6 |
| Fecha | 01 Octubre 2025 |
| Autor | Jose Mª Pey González (Abogado del Iltre. Colegio de Bizkaia, Vocal de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE por el Consejo Vasco de la Abogacía.) |
Con la aprobación en 2024 del Pacto Europeo de Migración y Asilo, la Unión Europea ha dado un giro radical en su política de gestión de flujos migratorios y de protección internacional. Atrás queda el modelo basado en directivas, que otorgaba a los Estados miembros un margen considerable para la transposición y aplicación interna. El nuevo marco legislativo pivota sobre un conjunto de reglamentos directamente aplicables, que buscan imponer una mayor uniformidad en todos los aspectos del ciclo migratorio: desde la acogida y el procedimiento de asilo, hasta el retorno, la solidaridad entre Estados y la gestión de situaciones de crisis.
Para España, este cambio supone una auténtica sacudida normativa. La Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo, la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros(LOEx) y sus reglamentos de desarrollo tendrán que ser profundamente reformados. La flexibilidad nacional desaparece en gran medida y se impone un marco supranacional que redefine competencias, plazos y procedimientos. Este artículo analiza, de forma sistemática y con especial atención al caso español, cómo cada uno de los instrumentos jurídicos que configuran el Pacto incide en la normativa interna, así como los retos prácticos que este nuevo paradigma plantea.
La Directiva 2024/1346 armoniza las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional. Se fijan derechos mínimos uniformes en toda la Unión, desde el acceso a información y asistencia jurídica hasta la posibilidad de trabajar tras un periodo máximo determinado. En el caso español, esto obligará a revisar tanto la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo como el Real Decreto 220/2022, que regula el sistema de acogida. España, que ha venido aplicando un modelo de programas escalonados y dependientes de plazas disponibles, deberá adaptarlo a un régimen menos discrecional y con garantías reforzadas de igualdad.
El Reglamento 2024/1347 sustituye la Directiva 2011/95 y establece criterios uniformes para el reconocimiento del estatuto de refugiado y de la protección subsidiaria. La novedad más relevante es la equiparación plena de ambos en términos de derechos y beneficios. La Ley reguladora del derecho de asilo, tendrá que adaptarse. Además, el nuevo reglamento amplía los motivos de persecución reconocibles, incluyendo de forma explícita los relacionados con género, orientación sexual o discapacidad.
Con el Reglamento 2024/1348 se impone un procedimiento común de asilo. La solicitud ya no se configura como un acto discrecionalmente regulado por cada Estado, sino como un proceso dividido en tres fases claramente delimitadas: manifestación de voluntad, registro y formalización. Los plazos son estrictos y las garantías están reforzadas: entrevistas obligatorias, derecho a intérprete, asistencia letrada gratuita y especial protección de colectivos vulnerables. En España, esto exige una reforma de los artículos 16 a 29 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo, que actualmente prevén márgenes más amplios para inadmisión, tramitación urgente o archivo de solicitudes.
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