Lineamientos para la determinación del alcance de la irretroactividad de la ley penal

AutorChristian Bello Gordillo
Cargo del AutorDoctor en Derecho por la Universidad de Sevilla (Cum Laude)
Páginas245-268
CAPÍTULO VI
245
Lineamientos para la
determinación del alcance de la
irretroactividad de la ley penal
I. Cuestión previa
Si bien la justicación material del principio de irretroactividad de la ley
penal perjudicial, cifrada en la limitación objetiva de la potestad punitiva como
expresión de seguridad jurídica, nos da la pauta acerca de la extensión y límite
de la prohibición de retroactividad en la actualidad, no es lo sucientemente
precisa y autónoma como para –por sí sola– denir el ámbito –especíco– de
aplicación de esta exigencia derivada del principio de legalidad penal. Por ello,
Frígols i Brines771 sostiene que existe un décit en la relación entre el funda-
mento propuesto y la deducción del ámbito de aplicación que de él debe derivar,
en tanto que los contornos de la prohibición de retroactividad no se hallan
totalmente delimitados sobre la base de la limitación del ius puniendi estatal.
En efecto, los alcances de la prohibición de retroactividad no sólo depen-
den de su fundamento. Existen otras consideraciones jurídicas de suma relevan-
cia que contribuyen a denir con mayor rigor el ámbito de lo protegido por este
principio penal-constitucional. Así, factores como el modelo de Estado o los nes
de la pena, pueden llevarnos a conclusiones distintas dependiendo de la pers-
pectiva que se tome. Del mismo modo, consideraciones que la irrelevancia de la
ubicación sistemática de la norma penal o el entendimiento del Derecho penal
como sistema integral coadyuvan en la tarea de delimitar el ámbito de aplica-
ción de la prohibición de retroactividad en el Derecho penal contemporáneo.
771 Frígols i Brines 2004: 295.
LA LEY PENAL EN EL TIEMPO
FUNDAMENTOS, ALCANCES Y LÍMITES
Christian Bello Gordillo
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A continuación, se ofrecerá no un método, sino lineamientos a tomar en
consideración para dilucidar la correcta aplicación de la ley penal en el tiempo
y el grado de extensión de la prohibición de retroactividad más allá de la con-
ducta punible y la pena.
II. La incidencia del modelo de Estado
El derecho de castigar se puede fundar en distintas concepciones po-
líticas772. El Estado, en tanto ejerce esa potestad punitiva, se halla legitimado
dentro del modelo político sobre el que se ha edicado constitucionalmente.
En ese sentido, la aplicación del Derecho penal, como instrumento más repre-
sentativo del ius puniendi, siempre estará condicionada a la forma de Estado
imperante773. Así, dependiendo de la concepción política de éste último, la po-
testad punitiva del mismo puede verse limitada en distinta forma.
En efecto, si por ejemplo se está frente a un Estado absoluto, en el que
prime una concentración total del poder y un uso ilimitado de él, muy poco o
nada podrá hacer el principio de irretroactividad para frenar un uso arbitrario
del ius puniendi estatal. En cambio, si se está frente a un Estado de derecho o
democrático de derecho, el ejercicio del ius puniendi estará efectivamente limi-
tado por la exigencia de lex praevia; puesto que, la idea de Estado de Derecho
impone el postulado de un sometimiento de la potestad punitiva al derecho, lo
que da lugar a los límites derivados del principio de legalidad774, entre ellos, el
de irretroactividad de normas penales desfavorables.
España ha optado por un régimen social y democrático de Derecho775.
La idea de Estado de Derecho, como ya se ha expuesto, exige una autolimi-
772 Vid. Mir Puig 1998: 74.
773 En esta línea, Bustos Ramírez 2004: 171 señala: «La pena, su sentido, funciones y
nalidad no puede entenderse si al mismo tiempo no se analiza dentro de un sistema
socio-económico y la forma de Estado imperante».
774 Mir Puig 1998: 74. También, Zugaldía Espinar 2004: 234.
775 El art. 1.1 de la CE dispone: «España se constituye en un Estado social y democrático
de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

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