Límites en los despidos por la invasión de Ucrania y por el alza de la energía

AutorvLex

El Real Decreto-ley 6/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania establece que “en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente real decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022”.

Esta norma, publicada el pasado 30 de marzo y que entra en vigor el 31 de marzo, deja muy claro, en su artículo 44, que “el incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida”.

Por otra parte, las compañías beneficiarias de apoyo público por causas relacionadas con la invasión de Ucrania no podrán realizar despidos. Es decir, las empresas “que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos”. En este caso, a diferencia del anterior, no se establece límite temporal.

Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania

Estas medidas se engloban dentro del Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania para mitigar los efectos de la guerra, apoyar a los colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados, garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad.

De este modo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

El Plan prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO.

Los ocho objetivos concretos para repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo iniciada ya en 2021 son bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes ayudando en particular a los colectivos más vulnerables; apoyar a los sectores y a las empresas más afectados y particularmente a pymes y a autónomos; reforzar la estabilidad de precios; garantizar los suministros; proteger la estabilidad financiera; acelerar el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.

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