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Gerardo Pisarello (Ed.), Aniza García Morales, Amaya Olivas Díaz. Bomarzo, Albacete, 2009, 92 pp.
La expresión "derechos sociales" desarrolla una paradoja, como ha señalado Carlos Miguel Herrera en un reciente libro de la colección Que sais-je , PUF, 2009. Es una noción que florece en la retórica del lenguaje de la política y de la sociología, pero es acogida con circunspección por los juristas, que los perciben como derechos programáticos, subordinados a la situación financiera y económica del gasto social. Sin embargo, garantizar los derechos sociales es un elemento básico a la hora de construir un Estado Social que cumpla realmente sus propósitos. En efecto, "la satisfacción de ciertos derechos desde el derecho a la vivienda, o a condiciones de trabajo decentes al derecho a una educación, a una atención sanitaria o a un ambiente adecuados, constituye una condición material básica para llevar adelante una vida digna", pero sin embargo es frecuente considerar estos derechos como situaciones débil e insuficientemente protegidas. Y ello en razón de que se conciben más como expresión de políticas sectoriales regidas por la oportunidad o la discrecionalidad en el tratamiento de las mismas por los poderes públicos, de manera que se les niega a estos derechos sociales el acceso a la tutela judicial efectiva en iguales condiciones que los derechos patrimoniales o los derechos civiles clásicos, en una suerte de justiciabilidad débil. En la actualidad española se encuentran multitud de ejemplos de esta consideración. Baste citar el llamado "tercer pilar" de la protección social, la situación de dependencia, reconocida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Los derechos derivados de la asistencia a las personas dependientes son reconocidos con claridad en dicha ley pero son varias las administraciones públicas que los ignoran y no cumplen con el mandato legal sobre consideraciones unilaterales respecto a una prioridad del gasto que coloca a las prestaciones derivadas de la situación de dependencia en el último lugar, sin que sean satisfechas. El RDL 8/2010, que impone el recorte del gasto público, ha convalidado esta práctica limitando por motivos económicos la percepción de la prestación a partir de una fecha muy posterior al nacimiento del derecho de los ciudadanos e impidiendo así el devengo de las prestaciones económicas ya originadas.
El libro editado por Gerardo Pisarello es por tanto un instrumento muy útil para combatir estas situaciones de arbitrariedad que culminan en la vulnerabilidad de los derechos de sectores de la población en una situación de desigualdad, subordinada. Estructurado en tres partes, en la primera Aniza García, investigadora en el Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos, plantea de forma sintética el problema teórico de la exigibilidad de los derechos sociales en relación con las diferentes modalidades de garantías, las jurisdiccionales y las administrativas, pero también
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las puramente políticas, y lo hace no sólo en el contexto jurídico español y europeo, sino trayendo muy correctamente a colación las normas internacionales y las experiencias que se están desarrollando en algunos países latinoamericanos, de evidente interés y relevancia. El segundo trabajo es obra de Gerardo Pisarello, que a su posición académica de profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Barcelona, une la de miembro del Observatorio de Derechos Sociales de Cataluña (DESC), que es coeditor del libro y un gran especialista en este tema, debiendo recordarse su monografía Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, en Trotta, Madrid, 2007. En este capítulo Pisarello examina específicamente el problema de la justiciabilidad de los derechos sociales en el sistema constitucional español, criticando las posiciones tradicionalmente hostiles de la jurisprudencia y de una parte de la doctrina, defendiendo frente a ello...
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