Sobre la libertad del Tribunal Constitucional para delimitar el objeto de la Cuestión de Inconstitucionalidad

AutorJuan Manuel López Ulla
Páginas151-170

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Han sido varias las resoluciones en las que el Tribunal Constitucional, atendiendo al carácter concreto de la CI, ha delimitado la disposición cuestionada, la utilizada como parámetro de control, o bien ambas:

STC núm. 54/1983, FJ. 1: subraya que a la vista de la fundamentación del auto de planteamiento y de las actuaciones remitidas al Alto Tribunal, de los distintos supuestos contemplados en los preceptos impugnados el TC tan sólo estudiará aquél que es relevante para el caso que tiene planteado el órgano judicial:

"Aunque del tenor literal del auto podría entenderse que la petición se refiere al conjunto de dichos artículos, lo cierto es que la norma relevante para la decisión del caso es sólo la relativa a los alimentos. Por lo que este Tribunal ha de ceñirse a examinar y resolver ese supuesto de acuerdo con el artículo 35.1 de la LOTC, sin que pueda entrar en los demás contemplados en los citados artículos, en el bien entendido que esta limitación no prejuzga en modo alguno la decisión que pudiera adoptarse si se suscitasen otros casos relativos a esos supuestos excluidos del presente proceso" (en el mismo sentido el FJ. 6).

STC núm. 75/1983, FJ. 1: el TC hace un resumen y delimita el objeto de la CI, cuyo auto de planteamiento había cuestionado el art. 28.2, b) de un Decreto legis-lativo:

"No es, sin embargo, la totalidad de dicho precepto lo que este Tribunal debe enjuiciar, sino tan sólo el condicionamiento que pone para la provisión de las plazas de Interventor de fondos, porque el fallo del Tribunal que plantea la cuestión sólo depende de la validez de la norma cuestionada en este extremo concreto y no en los relativos a la provisión de las plazas de Secretario (...), por lo que a aquel contenido ha de limitarse forzosamente el objeto de la sentencia,Page 152 porque, como ya precisó la Resolución de este Tribunal número 17/1981, de 1 de junio de 1981 (BOE, núm. 143, de 6 de junio), esta «no es una acción concedida para impugnar de modo directo y con carácter abstracto la validez de la ley», y quedaría desvirtuada en su naturaleza si a través de ella se pidieran o se hicieran «pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en que la cuestión se suscita» y que en el presente caso tiene como quaestio iuris constitucionalmente relevante la del requisito de la edad (...), todo ello en el bien entendido que esta limitación no prejuzga la decisión que pudiera adoptarse si se suscitan otros casos relativos a los demás supuestos que quedan excluidos de afectación en el proceso presente".

STC núm. 37/1986: el TC demuestra que la irrelevancia del precepto impugnado tiene su causa en una errónea interpretación que del mismo ha realizado el órgano judicial, FJ. 1:

"El Magistrado de Trabajo promueve la cuestión respecto del art. 49.7 del ET, si bien por razones ajenas a lo que este precepto dice, lo que, como veremos, termina por conducir a la conclusión de que no ha lugar a pronunciarse sobre él".

STC núm. 94/1986, FJ. 3: de los dos apartados del art. 100 cuestionados por el órgano judicial, el TC sólo examina el primero porque el segundo no es aplicable:

"(...) incurre el órgano judicial promovente de la cuestión en una impugnación abstracta e indirecta de la norma, para lo que no está legitimado, faltando la formulación del control concreto y el justificado juicio de relevancia (...). Queda así concretado el tema a precisar si (...)"...

STC núm. 19/1987: uno de los tres preceptos impugnados por la CI es el art. 13 de la Ley 2471983, que tiene tres apartados distintos. El TC señala, en el FJ. 3, que aunque el órgano judicial aparentemente cuestiona la totalidad del precepto, "no todas sus determinaciones quedan afectada por la fundamentación expuesta en el auto de remisión, como con razón señala en sus alegaciones el FGE", por lo que el examen del TC queda limitado al párrafo primero de este artículo.

En cuanto al parámetro de control, el FJ. 3 de la Sentecia precisa que:

"Aunque en el auto en el que se propone la cuestión, las normas constitucionales relativas a la igualdad se citan todas ellas conjuntamente, no esPage 153 impertinente señalar que no todas tienen el mismo carácter y el mismo alcance. Así, el artículo 1.1 menciona la igualdad junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. En cambio, el artículo 14, como es bien sabido, en un capítulo dedicado a los derechos y libertades, consagra la llamada igualdad ante la ley y la interdicción de discriminaciones por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social, mientras que en el artículo 31.1 el principio de igualdad, junto con el de progresividad y el de capacidad económica, es considerado como criterio inspirador del sistema tributario. Estos preceptos, el artículo 14 y el 31, como algunos otros que podrían citarse (v.gr. el art. 9.2) son reflejo del valor superior consagrado en el art. 1, pero no tienen todos ellos el mismo alcance, ni poseen la misma eficacia. Esta razón aconseja examinar separadamente si existe una violación específica del derecho a la igualdad entre la ley consagrado en el artículo 14, como violación autónoma, respecto de la relativa a si existe o no violación del principio de igualdad inspirador del sistema tributario indisociablemente enlazado con el principio de legalidad que en la materia rige".

STC núm. 116/1987, FJ. 6: constituye otro ejemplo sobre la capacidad del TC para delimitar el objeto de la CI: se señala que, "con independencia de que el objeto del proceso constitucional, una vez admitida la cuestión, viene en principio determinado por el Tribunal proponente, sólo un análisis de todos los problemas de fondo que la CI plantea permitirá (...)" delimitar la CI en los términos establecidos por el auto de planteamiento. Por lo que se refiere al parámetro constitucional de control, el TC coincide con el FGE en señalar que, "si bien la cuestión se plantea formalmente en relación con los arts. 1.1,9, y 14 de la Constitución, y sin perjuicio de que como regla general los valores superiores del ordenamiento y los principios constitucionales pueden bastar para promover recursos o plantear CCI, la presente cuestión debe quedar reducida a la alegada infracción del art. 14":

"(Toda la argumentación de la Sala) gira en torno a la tesis de la discriminación que de la ley resulta para los militares de la República (...), por lo que debe entenderse que las referencias a los arts. 1.1 y 9 sólo se hacen en la medida en que el primero promueve la igualdad como un valor superior del ordenamiento jurídico, en tanto que el segundo declara, en su apartado 2, que corresponde a los Poderes Públicos la promoción de las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. La cuestión planteada por la Sala proponente se agota, por tanto, en la determinación de si el criterio temporal adoptado por la Ley (...) se compadece o no con lePage 154 principio de igualdad y el derecho fundamental a la no discriminación que enuncia y garantiza el art. 14 de la Constitución".

STC núm. 134/1987, Antecedente 4: con respecto a la segunda CI planteada por el Tribunal Central de Trabajo (núm. 561/1985), el FGE señala que, aunque el órgano judicial haya invocado una pluralidad de disposiciones constitucionales, su estudio se va a centrar en la posible conculcación de los artículos 41,50 y 134 de la Norma Fundamental, ya que considera que el resto de los preceptos citados tan sólo se utilizan para apoyar y reafirmar la violación de aquellos.

STC núm. 196/1987, FJ. 4: señala que el planteamiento del que parte la Sala promotora es erróneo debido a una mala interpretación de los preceptos consti-tuciona-les utilizados como parámetro de control:

"Los términos en que se expresa dicho Auto, haciendo invocación indife-renciada de los arts. 17.3 y 24.2 de la Constitución ponen de manifiesto una concepción unitaria del derecho a la asistencia letrada en virtud de la cual el contenido esencial del derecho sería idéntico para ambos supuestos normativos (...). Este planteamiento es erróneo y debe (...) ser objeto de la debida corrección".

Por ello señala que el art. 24.2 de la CE debe quedar excluido de la CI:

"Cualquier otro derecho fundamental distinto que sea ajeno al ámbito protector del art. 17.3 de la Constitución, incluido el de defensa y asistencia letrada garantizado por el art. 24.2 de la propia Constitución, queda, por ello, al margen del contenido objetivo de este proceso constitucional (...). (...) la introducción del mencionado artículo 24.2 de la presente cuestión se revela indebidamente realizada en el auto de planteamiento de la misma en cuanto excede de la naturaleza de control concreto que tiene tal clase de proceso constitucional, pues la inconstitucionalidad que puede tener el art. 527 a) de la LECr. con el contenido esencial del derecho de defensa y asistencia letrada reconocido en dicho artículo 24.2 de la Constitución, con el cual no guarda relación, carece de influencia en el proceso judicial (...). Sin embargo esta consideración no impide que, en orden a evitar todo confusionismo, resulta conveniente hacer unas precisiones sobre ese doble reconocimiento que nuestra Constitución acoge en relación con el derecho de asistencia letrada".

STC núm. 19/1988: el órgano judicial estimó en su auto que había que considerar vulnerados los arts. 14; 1.1; 17; 33; y 9.2 CE. El TC, en el FJ. 3, señala que su juicio ha de ir referido a los arts. 17.1; 14; y 9.2, que son los principales.

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STC núm. 145/1988, FJ. 5: aunque los dos autos de planteamiento se refieren al art. 2 de la ley cuestionada, el TC señala que la duda se concentra, sobre todo, en el segundo de sus párrafos.

STC núm. 89/1989, FJ. 3: el TC señala que el órgano judicial parte de un supuesto que...

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