La Ley de Reforma Agraria de Andalucía

AutorD. Julián Peinado Ruano
Cargo del AutorNotario de Málaga

LA LEY DE REFORMA AGRARIA DE ANDALUCÍA

Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado el día 13 de diciembre de 1984

Por D. Julián Peinado Ruano

Notario de Málaga

LA AGRICULTURA ESPAÑOLA

I.-INTRODUCCIÓN

España, hasta tiempos muy recientes, mediados de la presente centuria, era considerada, y con razón, como país de economía preferentemente agraria.

Esta afirmación se constataba por el simple examen de los elementos indicadores: porcentaje de la población activa agrícola, participación del sector agro-alimentario en la formación del producto interior bruto y contribución de los productos del agro en el comercio exterior, entre otros.

Sin embargo, el peso de la agricultura en la economía nacional pudiera llevarnos a sobrevalorar el grado de desarrollo de nuestra economía agraria. La realidad -por muy lamentable que nos parezca- es que la agricultura no ha tenido un grado de desarrollo adecuado a esa tipicación de país agrícola.

Los rendimientos agrícolas -salvo en modernos y remuneradores cultivos- son muy bajos comparados con las agriculturas intensivas del occidente europeo. Si elegimos como muestra el cultivo cereal, muy representativo del agro español, nos encontramos con los siguientes datos comparativos:

Rendimientos medios (QmxHa 1975)

España R.F.A. R.U. Dinamarca Italia Francia

Trigo .................. 16,1 44,0 43,8 51,2 - 38,8

Cebada ............... 20,5 39,7 35,9 38,0 - 33,6

Maíz .................. - 37,4 41,0 - - 55,3

No nos detenemos, por obvio, en la deducción de las consecuencias de orden económico y socio-político de la baja rentabilidad agraria: nivel de vida del campesinado, capacidad adquisitiva, influencia en el mercado interior y en la industrialización, consumo interior, etc.

Partimos de una afirmación. Atraso agrícola español -en parte en vías de transformación- y nos centraremos en el análisis de las causas motivadoras del mismo.

II.-CAUSAS DEL ATRASO AGRÍCOLA

De las actividades económicas, la agricultura, en general, es la que presenta mayor grado de supeditación al medio físico natural.

Ciertamente, la naturaleza no ha sido pródiga. Frente a los autores de las laudes hispanas hemos de constatar, no sin deje de amargura, que nuestro medio físico no es muy favorable.

La abundancia del roquedo del relieve español, la altitud media elevada -es el país de mayor altitud media de Europa, después de Suiza-, la rudeza del clima en la España interior y sobre todo la escasez de precipitaciones son factores naturales que limitan, en alto grado, las posibilidades de desarrollo agrícola.

Sin abundar en datos exhaustivos, basta simplemente meditar sobre el hecho de la falta de precipitaciones. De los 50.000.000 de Ha. que constituyen el territorio nacional, unos 23 millones pueden ser objeto de cultivo, pero de esa cifra, unos 18 millones corresponden al secano, donde únicamente se pueden cultivar anualmente un 50 por 100 para dedicar el resto a barbechera. Existe, pues, una limitación real de las posibilidades de aprovechamiento debido a factores naturales poco favorables.

Pero existen otros factores o causas que han influido más aún. Nos referimos a las causas o factores humanos.

En este sentido nos encontramos con el atraso cultural -atraso en el grado de profesionalización- de nuestros campesinos, circunstancia de la que hemos de inculpar a la sociedad, culpable de lo que podemos denominar marginación; la falta de medios de financiación para las explotaciones agrarias que incide en el bajo índice de mecanización y de empleo de abonos; la oposición, dicotomía histórica, o falta de relación entre los intereses de agricultura y ganadería, cuando debían haber sido economías complementarias; frecuente oposición entre los intereses agrícolas y los industriales; deficientes canales de comercialización que inciden sobremanera en la regulación de los precios de los productos del campo y rebajan considerablemente la renta agraria; estructuras del régimen de propiedad y tenencia de la tierra poco favorables. Y así podríamos ir prodigando la serie de esa multiplicidad de causas, que cabría aglutinar en una expresión: «falta de una política agraria adecuada».

Es esta variadísima serie causal la que ha de ser objeto de estudio, de revisión; la que ha de constituir el centro de atención de la problemática que afecta a este sector de la producción; solamente conociendo dónde están los males se puede arbitrar los remedios o soluciones.

III.-EL ORIGEN DE LAS CAUSAS

Las causas que hemos apuntado, a título meramente enunciativo, aunque actuales, son de origen histórico. Expresaríamos mejor esta realidad afirmando, calificándolas, como de «persistencia de un fenómeno histórico» y que hubiéramos deseado ver sobrepasado.

Hasta finales del siglo xvín, la agricultura española no presentaba grandes diferencias -aparte la variedad de cultivos impuesta por las modalidades climáticas- con otros países europeos.

Sin embargo, al producirse el fenómeno de la revolución agrícola, paralela casi a la revolución industrial y a la explosión demográfica, España ofrece una mayor resistencia al cambio socio-económico, queda rezagada frente a países como Inglaterra o Francia, en parte por la gran influencia de la sociedad estamental o persistencia al mantenimiento del Antiguo Régimen.

Es cierto que, en el siglo xvni español, los hombres de la ilustración percibieron gran parte de los problemas que afectaban a la agricultura. No olvidemos personajes como Olavide que lleva a efecto la colonización interior -Nuevas poblaciones de Andalucía-. Que Jovellanos, en su Informe sobre la Ley Agraria (1795), expone casi los mismos problemas de tipo estructural que los que hemos dejado expuestos en la serie enumerativa de las causas del atraso agrícola español. Que en los informes de los Intendentes (Sevilla, Jaén, Córdoba, Granada) se contienen un cúmulo de noticias relativas al estado real del campesinado, a la demanda de tierras a consecuencia del aumento poblacional, a la generalización, uso y abuso de subarriendos, a los conflictos agroganaderos (Extremadura) por los privilegios de la Mesta; a la presión fiscal que tenían que soportar los propietarios de ciertas zonas de Andalucía, como denuncia ante el Consejo de Castilla el Corregidor de Antequera. Existía plena conciencia de la situación, pero, lamentablemente, no se arbitraron los remedios en la medida de lo conveniente.

Hemos de reconocer, no obstante, en ellos el indudable mérito de haber puesto de relieve el problema que existía subyacente durante centurias.

IV.-LA REFORMA AGRARIA DURANTE EL SIGLO XIX

No se puede hablar, en un sentido amplio, de una politica agraria en el siglo XIX español. Pero resulta indudable que, desde comienzos de siglo, se va a prestar atención a los problemas de la agricultura en sentido estricto; que el interés hacia esta actividad va a sobreponerse sobre los intereses de la ganadería.

Sin embargo, el predominio de los intereses políticos sobre los socioeconómicos hizo que no se pudiese obtener el fruto que cabía haber esperado. En este sentido, tiene plena validez la afirmación de Costa, la «gran ocasión perdida», al referirse a los escasos resultados de la política de desamortización.

La repercusión en nuestro país de las consecuencias derivadas del proceso revolucionario francés es el punto de partida. La Guerra de la Independencia, tan estudiada desde el punto de vista militar, es el hito inicial del proceso de modernización o cambio.

Y no podría ser de otra manera. El fenómeno se inició con el intento de modificación de las estructuras heredadas del Antiguo Régimen, fundamentalmente las que afectaban al régimen de propiedad y tenencia de la tierra que, en gran parte, están comprendidas en el proceso desamortizador.

Bajo el Antiguo Régimen, las propiedades nobiliarias, eclesiales, y bienes concejiles concentraban la mayor parte de la superficie cultivable ; situación que se arrastraba fundamentalmente desde el siglo XII. Eran las denominadas «manos muertas» y sobre cuyo origen no hemos de ocuparnos.

Moreau de Jones nos facilita el dato estadístico que podemos contrastar con los resultados, entre otros y a modo de ejemplo, del denominado Catastro de Ensenada. Persistía una estructura feudal.

1.323 familias nobles poseían 16.940.000 Ha. 32.279 establecimientos eclesiásticos, 1.380.000 Ha. 390.034 hidalgos, 9.160.000 Ha.

Apenas iniciada la Guerra de la Independencia se acometen las primeras medidas renovadoras. Por un lado, en la España que obedece a José Bonaparte se lleva a efecto, años 1808 y 1809, la supresión de algunas órdenes religiosas y la conversión de sus propiedades en bienes nacionales. Por el otro, la España que lucha contra la invasión, las Cortes de Cádiz, años 1811 y 1814, lleva a efecto la abolición de los señoríos jurisdiccionales y de la institución de los mayorazgos.

Es cierto que ambas medidas, las de José I y las de las Cortes de Cádiz, tuvieron escasa influencia debido a la derogación subsiguiente de la restauración de absolutismo con el retorno (1814) del VII de los Fernandos. Pero si no tuvieron trascendencia práctica, sí ejercieron influencia testimonial y, sobre todo, empeño futuro para los seguidores de los doceañistas, primeros representantes del liberalismo español. El restablecimiento de la legislación gaditana durante el Trienio constitucional (1820-1823) tampoco tuvo efectividad por la nueva reacción absolutista fernandina, que se prolongó hasta su deceso, y que derogó toda la legislación del Trienio.

Al avanzar la centuria, como el fenómeno subsistía, se acometen las medidas desamortizadoras.

Mendizábal (1836-1837) con las denominadas desamortización civil (señoríos, bienes municipales y nacionales) y eclesiástica (bienes de la Iglesia).

Madoz (1855) la denominada desamortización general, que alcanzó a los bienes nacionales no afectados por la anterior.

Todo ello con intervalos de interrupciones motivadas por la llegada al poder de los conservadores, pues reiteramos que fueron los liberales...

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