Ley 6/1999, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2000

Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el 2000, integrados por:

1. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma, que incluye al Parlamento Regional, Consejo Consultivo y a su Administración General.

2. El Presupuesto del Ente de Derecho Público Consejo Económico y Social.

3. El Presupuesto de la Entidad de Derecho Público sujeto al derecho privado, Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.

4. Los Presupuestos de las Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria de la Comunidad Autónoma en su capital:

- Sociedad Anónima de Informática de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (SAICAR).

- Valdezcaray, S. A.

- Instituto Riojano de la Vivienda, S.A. (I.R.V.I.S.A.)

- Prorioja, S.A.

1. Para la ejecución de los Programas de Gastos integrados en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma recogidos en el apartado a) del artículo anterior se aprueban créditos para atender el cumplimiento de sus obligaciones por un importe de 70.083.958.500 pesetas.

2. Se aprueba el Presupuesto del Consejo Económico y Social por un importe de 53.500.000 pesetas y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

3. Se aprueba el Presupuesto del Ente Público Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por un importe de 5.826.317.000 pesetas y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

4. Se aprueban los Presupuestos de las Sociedades Mercantiles a las que se refiere el artículo 1.d), donde se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las mismas.

Los créditos aprobados en los apartados 1, 2 y 3 del artículo anterior, que asciende a 75.963.775.500 pesetas se financiarán:

1. Con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio que se detallan en el Estado de Ingresos, estimados en un importe de 62.972.791.500,- pesetas.

2. Con las transferencias internas entre los distintos Entes, que ascienden a 5.310.506.000 pesetas.

3. Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se regulan en el artículo 46 de la presente Ley.

Los créditos incluidos en los Capítulos I al IX de los programas de gastos de los presupuestos de los entes referidos en los apartados a), b) y c) del artículo 1 de esta Ley, se integran en Grupos de Funciones, en atención a las actividades a realizar, y según desglose que se detalla:

(En miles de pesetas)

Servicios de carácter general 3.044.890

Protección Civil 644.694

Protección y Promoción Social 11.662.596

Producción de Bienes Públicos de carácter social 36.822.192

Producción de Bienes Públicos de carácter económico 10.265.957

Regulación Económica de carácter general 1.668.535

Regulación Económica de sectores productivos 3.927.633

Deuda Pública 2.616.773

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de La Rioja ascienden a noventa millones de pesetas (90.000.000 ptas., 540,10 Euros).

1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en esta Ley y, supletoriamente, a lo dispuesto en la normativa estatal.

2. Todo acuerdo de modificación deberá indicar expresamente la sección, servicio, centro presupuestario, organismo autónomo o empresa pública a que se refiere, así como el programa, capítulo, artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.

   La propuesta de modificación deberá expresar, mediante memoria razonada, las circunstancias que la justifican y la incidencia de la misma en la consecución de los objetivos del gasto.

3. Las modificaciones presupuestarias que afecten al Capítulo I del estado de gastos de la Administración General, exigirán informe previo de la Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas.

4. Las limitaciones señaladas en el artículo 8 de esta Ley, se entenderán referidas a nivel de concepto para aquellos casos en que la vinculación establecida lo sea a nivel de artículo.

1. Los créditos aprobados en el Estado de Gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tendrán carácter limitativo y vinculante, según su clasificación orgánica, funcional y económica, a nivel de centro o servicio según el nivel de desagregación, programa de gasto y concepto presupuestario respectivamente. No obstante, los créditos destinados a gastos de personal, gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones reales, tendrán carácter vinculante a nivel de artículo.

2. En todo caso, tendrán carácter vinculante, con la desagregación con que aparecen en el Estado de Gastos, los créditos declarados ampliables y los destinados a atenciones protocolarias y representativas, los de funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios, del concepto 229, los Fondos Europeos de Orientación y Garantía Agraria, Sección Garantía y las subvenciones y transferencias nominativas.

3. Estas vinculaciones no serán aplicables para las Empresas Públicas sometidas al régimen presupuestario, las cuales se regirán por lo establecido en su propia Ley de creación.

1. Las transferencias de créditos de cualquier naturaleza estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

   1. No afectarán a los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

   2. No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias de crédito, salvo cuando afecten a créditos de personal, incorporaciones de crédito como consecuencia de remanentes ni las correspondientes a subvenciones nominativas, ni a los créditos ampliables.

   3. No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

2. Las limitaciones establecidas en el punto anterior no serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas o por el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma.

1. Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos los ingresos derivados de las siguientes operaciones:

   1. Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Comunidad Autónoma de La Rioja gastos que por su naturaleza estén comprendidos dentro de los fines y objetivos de la misma.

      Constituirá compromiso firme de aportación el acto por el que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, se obligue con la Comunidad Autónoma de La Rioja a financiar, total o parcialmente, un gasto determinado, pura o condicionadamente, de forma que, cumplidas en este último caso las condiciones asumidas, genere un derecho económico exigible por la Comunidad Autónoma de La Rioja.

   2. Enajenación de bienes de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos autónomos.

   3. Prestaciones de servicios.

   4. Reembolso de préstamos.

2. Para proceder a la generación de crédito serán requisitos indispensables:

   1. En los supuestos establecidos en los apartados a) y b) del punto 1, el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación.

   2. En los supuestos establecidos en los apartados c) y d), la efectiva recaudación de los derechos.

3. Cuando se trate de generar crédito con ingresos procedentes de anticipos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección Garantía, cuya solicitud esté prevista por el Organismo Pagador, no será necesaria la acreditación del cumplimiento de los requisitos recogidos en el apartado 2 de este artículo.

4. Las aportaciones o compromisos firmes de aportación para financiar gastos que por su naturaleza estén comprendidos dentro de los fines de la Entidad de Derecho Público Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, se generarán en las asignaciones presupuestarias de ésta, de acuerdo con la naturaleza de las aportaciones.

5. La generación de créditos por enajenación de bienes inmuebles o activos financieros, únicamente podrán realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de capital destinados a reponer o incrementar el valor del inmovilizado.

   Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes corrientes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio.

1. Se consideran créditos ampliables hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo y previa determinación de los recursos que los han de financiar, los créditos que se detallan a continuación:

   1. Las cuotas a la seguridad social y el complemento familiar.

   2. La aportación de la Comunidad Autónoma al régimen de previsión social de los funcionarios públicos.

   3. Los trienios y sexenios derivados del cómputo de tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.

   4. Los créditos cuya cuantía se module por la recaudación obtenida proveniente de tasas, exacciones parafiscales, precios u otros ingresos que doten conceptos integrados en el estado de gastos del presupuesto.

2. Cuando los créditos ampliables se financien con minoraciones del presupuesto vigente, la modificación presupuestaria correspondiente tendrá la consideración de transferencia de crédito.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.1 apartado b), los créditos ampliables podrán minorarse únicamente para financiar otros créditos de la misma consideración. Dichos expedientes se tramitarán como transferencias de crédito.

1. Los créditos incorporados según lo prevenido en el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, sólo podrán ser utilizados dentro del ejercicio presupuestario en que la incorporación se acuerde y para la misma naturaleza que motivó la aprobación.

2. No obstante, la exigencia de utilización dentro del ejercicio presupuestario, no afectará a los remanentes de crédito cuando los recursos procedan de créditos para operaciones de capital.

3. Así mismo, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados, deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

   No obstante, la obligatoriedad señalada en el apartado anterior, quedará condicionada a la existencia de recursos suficientes para la financiación de la incorporación, que habrán de proceder necesariamente de la desviación de financiación positiva producida en ejercicios anteriores como consecuencia del reconocimiento de derechos correspondientes a los ingresos afectados.

4. De los créditos incorporados según lo previsto en este artículo, el Ente Público Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja podrá hacer uso de aquellos saldos de crédito que se generen como consecuencia de las liberalizaciones de crédito que se produzcan durante el proceso de gestión presupuestaria.

La competencia para efectuar las modificaciones presupuestarias previstas en los artículos anteriores implica la facultad de creación de los conceptos o subconceptos pertinentes.

1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que, para cada ejercicio, autoricen los respectivos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

2. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen, siempre que se encuentren en alguno de los casos que a continuación se enumeran:

   1. Inversiones y transferencias de capital.

   2. Transferencias corrientes, derivadas de normas con rango de Ley.

   3. Las transferencias corrientes no comprendidas en la letra anterior que, en materia educativa, o relacionadas directamente con el curso escolar, tengan por objeto la financiación de gastos que hayan de extenderse a cursos académicos completos no coincidentes con el ejercicio económico anual, así como las ayudas a la investigación.

   4. Los contratos de obra, de suministro, de consultoría y asistencia de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales de la Administración, que no puedan ser estipulados por el plazo de un año o resulte antieconómica su contratación por dicho término.

      e)

      Cargas financieras derivadas del endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma.

   6. Arrendamientos de bienes inmuebles.

3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a), b), c) y d) del número dos del presente artículo no será superior a cuatro. Asimismo, el gasto que, en tales casos, se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que se impute la operación, definido a nivel de vinculación, los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio, el 60%; y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50%.

4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, para los programas y proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de las anualidades se determine.

   A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se encuentren incluidos proyectos de las características señaladas anteriormente, los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre dichos créditos, una vez deducida la anualidad correspondiente a dichos proyectos.

5. El Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Economía, podrá modificar los porcentajes señalados en el apartado 3 de este artículo, y los importes que se fijen conforme a lo dispuesto en el apartado 4, así como modificar el número de anualidades en casos especialmente justificados, a petición de la correspondiente Consejería y previos los informes que se estimen oportunos.

   Este procedimiento será, igualmente, de aplicación en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en el artículo 100.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, bien se pacte el abono total de su precio de una sola vez o se fraccione en distintas anualidades que no podrán ser superiores a diez desde la fecha fijada para la conclusión de las obras.

6. El Gobierno, a instancia del Consejero correspondiente, podrá autorizar la adquisición de compromisos de gastos de carácter plurianual, especificando la aplicación presupuestaria a la que se imputará el gasto y el importe de cada anualidad, sin que le sea de aplicación lo establecido en el punto 3 de este artículo, en los siguientes supuestos:

   1. Cuando se trate de suscribir convenios o contratos-programa referidos a proyectos cuyo período de ejecución sea superior a un ejercicio presupuestario, y no exista crédito inicial en el presupuesto del ejercicio en que se suscriba.

   2. Cuando se trate de conceder subvenciones de capital que se refieran al fomento de actuaciones cuyo período de ejecución sea superior a un ejercicio presupuestario, con independencia de la existencia de crédito inicial en el ejercicio en que se conceda.

7. En estos casos, los compromisos de gastos que adquiera el órgano competente una vez obtenida la autorización a la que se refiere el punto anterior, deberán anualizarse conforme al programa de ejecución de la inversión subvencionable, salvo en los contratos-programa cuyos fines se extiendan a un plazo superior, cuya anualidades responderán al plan financiero que se recoja en el mismo.

8. Previo a los compromisos de gastos que se deriven de los casos establecidos en el apartado 6 de este artículo, será preceptivo informe de la Dirección General de Economía y Presupuestos, el cual versará sobre las repercusiones presupuestarias y financieras que se deriven para años posteriores.

9. Los compromisos a que se refieren los apartados anteriores del presente artículo deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización.

Corresponde al Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Economía y a iniciativa de las Consejerías afectadas:

1. Autorizar transferencias de créditos entre programas incluidos en distinta función, correspondientes a Servicios u Organismos Autónomos de una misma o diferentes Consejerías, con excepción de los créditos que afecten a gastos de personal, gastos en bienes corrientes y servicios y transferencias corrientes, así como aquellos que se deriven de reorganizaciones administrativas cuya autorización requiera el acuerdo del Gobierno.

2. Con carácter excepcional, incorporar los remanentes a que hace referencia el artículo 11, apartado dos, con independencia del ejercicio del que procedan.

3. Resolver los expedientes de modificación presupuestaria en los supuestos recogidos en el artículo 15, punto 1, apartado b), cuando exista discrepancia con el informe de la Intervención General.

1. Corresponde a la Consejería de Hacienda y Economía, además de las competencias genéricas atribuidas a los titulares de las Consejerías:

   1. Resolver los expedientes de modificaciones presupuestarias, en los supuestos en que éstos estén atribuidos a los titulares de las Consejerías y exista discrepancia de la Consejería respectiva con el informe de la Intervención.

   2. Autorizar, previo informe favorable de la Intervención, las siguientes modificaciones presupuestarias:

   1) Transferencias de créditos en los supuestos de exclusión de la competencia del Gobierno y de los titulares de las Consejerías previstas en el apartado a) del artículo 14 y en el punto uno, apartado a) del artículo 16 de esta Ley respectivamente.

   2) Las incorporaciones de créditos enumerados en el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y artículo 11, apartado tres de esta Ley de Presupuestos.

   3) Las generaciones y ampliaciones de crédito incluidas en los artículos 9 y 10 respectivamente de esta Ley de Presupuestos, con excepción de las competencias atribuidas a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el artículo 16.1.c).

   4) Las habilitaciones de créditos por mayores ingresos o, por traspaso de competencias, funciones y servicios transferidos por el Estado a los que hace referencia la Disposición Adicional Quinta de esta Ley.

   5) Las modificaciones técnicas al presupuesto de ingresos o gastos.

2. La Consejería de Hacienda y Economía dará cuenta al Gobierno de las modificaciones presupuestarias autorizadas al amparo de lo dispuesto en este artículo y en el siguiente.

1. Los titulares de las Consejerías podrán autorizar, previo informe favorable de la Intervención, las siguientes modificaciones presupuestarias:

   1. Transferencias entre créditos de uno o varios programas incluidos en la misma o distinta función correspondientes a uno o varios Servicios u Organismos Autónomos de la misma Consejería, siempre que no afecten a créditos de personal, operaciones de capital, subvenciones nominativas, ni supongan desviaciones en la consecución de los objetivos del programa respectivo.

   2. Reposición de créditos por reintegro de pagos indebidos.

   3. Independientemente de lo dispuesto en el artículo 8, se faculta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, dadas las especiales características que revisten las Medidas de Acompañamiento de la P.A.C., a llevar a cabo las transferencias de crédito dentro del Concepto 771 del Programa 5311 de la Sección 05, Servicio 02, Centro 01.

   Así mismo, se faculta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a las generaciones de crédito que se deriven de los Fondos Europeos de Orientación y Garantía Agraria, Sección Garantía.

2. En caso de discrepancia del informe de la Intervención con la propuesta de modificación presupuestaria, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 punto uno, apartado a) de esta Ley.

3. Autorizadas las modificaciones presupuestarias, se remitirán a la Consejería de Hacienda y Economía para instrumentar su ejecución.

1. La aprobación de gastos corresponderá, en todo caso, al Titular de la Consejería o al Presidente del Organismo Autónomo.

2. El titular de la Consejería o Presidente del Organismo Autónomo necesitará autorización previa del Gobierno en los siguientes supuestos:

1. Cuando el presupuesto o gasto a aprobar en bienes corrientes y servicios e inversiones reales sea superior a 250 millones de pesetas (1.502.530,26 euros).

2. Cuando el gasto a aprobar en transferencias corrientes y de capital sea superior a 100 millones de pesetas (601.012,10 euros).

3. Los expedientes de carácter plurianual cuando se modifiquen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto a los que se refiere el artículo 13 de esta Ley.

Compete al Titular de la Consejería o al Presidente del Organismo Autónomo, comprometer y liquidar los gastos propios de los servicios a su cargo, así como interesar del Consejero de Hacienda y Economía la ordenación de los pagos correspondientes.

La concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los créditos de los capítulos de transferencias consignados en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja se someterán a lo previsto en las disposiciones reglamentarias dictadas por la Comunidad Autónoma y, con carácter supletorio, a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, según redacción dada por los artículos 16 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991 y 17 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992.

1. Tendrán la consideración de subvenciones de asignación nominativa los créditos destinados a realizar aportaciones sin contraprestación directa para la Administración por parte de los beneficiarios destinadas a financiar actividades u operaciones singularizadas.

2. La efectividad de los créditos a los que se refiere el apartado anterior quedará sujeta al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las bases reguladoras de la subvención.

1. Tendrán la consideración de transferencias de asignación nominativa los créditos destinados a realizar aportaciones sin contraprestación directa para la Administración por parte de los beneficiarios destinadas a financiar actividades u operaciones singularizadas. El beneficiario figurará nominativamente en los créditos del Presupuesto. A estos efectos se consideran subvenciones de asignación nominativa las recogidas en el anexo IV de esta Ley.

2. Los citados créditos se librarán por doceavas partes iguales al principio de cada mes natural, salvo que por norma de carácter específico o mediante la firma del Convenio se determine otra forma de libramiento.

3. Dichas asignaciones estarán sujetas a Control Financiero con el alcance que reglamentariamente se determine.

1. De acuerdo con lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 49 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2000, es el fijado en el anexo III de esta Ley.

   Con carácter provisional y hasta tanto no se regule reglamentariamente la composición y forma de financiación de los ciclos formativos, de grado medio y de grado superior, a partir del 1 de enero del 2000, éstos se financiarán con arreglo a los módulos económicos fijados en el anexo III de esta Ley.

   Dado el carácter experimental de la implantación en centros concertados de los Programas de Garantía Social, a partir del 1 de enero del 2000, éstos se financiarán con arreglo a los módulos económicos fijados en el anexo III de esta Ley.

   Las previsiones sobre retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2000, sin perjuicio de la fecha en que se firme el Convenio Colectivo de la Enseñanza Privada, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efectos desde el 1 de enero del año 2000.

   La cuantía señalada para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, mediante pago delegado, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran los "Gastos Variables" se efectuará de acuerdo a lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos. La cuantía correspondiente a "Otros Gastos" y, en su caso, personal complementario, se abonará mensualmente a los centros concertados, debiendo éstos justificar su aplicación al finalizar cada curso escolar.

2. A los centros que hayan implantado el primero y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se les dotará de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere la disposición adicional tercera , 3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación general del Sistema educativo. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones por cada 25 unidades concertadas de Educación Secundaria obligatoria. Por tanto los centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citado profesional, en función del número de unidades de Enseñanza Secundaria Obligatoria que tengan concertadas.

3. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a continuación:

   Formación Profesional de Segundo Grado, Ciclos Formativos de grado Superior, 3.180 pesetas alumno/mes durante 10 meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2000.

   La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de "Otros Gastos". La cantidad abonada por la Administración podrá ser inferior a la resultante de minorar en 636.000 pesetas el importe correspondiente al componente de "Otros Gastos" de los módulos económicos fijados en el anexo III de esta Ley.

4. Se faculta a la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes para fijar las relaciones profesor/unidades concertadas adecuadas para impartir el plan de estudios vigentes en cada nivel objeto del concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas semanales, no pudiendo la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes asumir los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia, como los complementos de cargos directivos o la antigüedad, que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo III de esta Ley. En tanto no se publique la citada norma, la ratio profesor/unidad es la fijada, con carácter general, por la Administración Estatal.

5. La relación profesor/unidad de los centros concertados podrá ser incrementada en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayan venido adoptando hasta el momento de entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en la nómina de pago delegado.

   Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en los centros concertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

6. A los centros concertados de Educación Especial se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes, con discapacidad motórica, que tengan serias dificultades en el desplazamiento y requieran un transporte adecuado. El importe anual de la ayuda será de 175.000 pesetas por alumno.

   La cantidad correspondiente se abonará mensualmente a los centros concertados de Educación Especial, en función del número de alumnos con características reflejadas en el párrafo anterior, escolarizados en los mismos a inicios del curso escolar, y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

7. Desde el inicio del curso escolar 2000/2001, el actual régimen de subvenciones para el segundo ciclo de Educación Infantil se podrá sustituir por el de concierto educativo singular previsto en la reglamentación específica sobre conciertos educativos, siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado uno de este mismo artículo.

1. Los créditos para gastos financiados con recursos afectados, se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por esta Ley de Presupuestos, o por las modificaciones aprobadas conforme a la misma.

2. Se autoriza a la Intervención de la Comunidad Autónoma de La Rioja a realizar las oportunas retenciones contables de crédito en dichas partidas, con el fin de adecuar la ejecución de las mismas a la cuantía de los recursos efectivamente concedidos.

3. La liberación de las retenciones efectuadas se realizará en el momento en que se conozca el importe de los compromisos adquiridos por la Administración de la Comunidad Autónoma, al amparo de la regulación específica aplicable a los fondos comunitarios.

4. La ejecución de pagos en los expedientes de gastos imputados a los créditos generados por ingresos procedentes de anticipos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección Garantía, en los términos previstos en el artículo 9.3 de esta Ley, quedará condicionada a la acreditación previa del reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación de los ingresos que motivaron la generación.

La disposición de los créditos que figuran en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para subvencionar los Planes de Obras, se efectuarán a través de las respectivas normativas generales dictadas o que se dicten en su caso.

1. Los centros docentes públicos de niveles no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja dispondrán de autonomía en su gestión económica en los términos que reglamentariamente se establezcan.

2. En tanto no se dicte la normativa reglamentaria prevista en el párrafo anterior, el procedimiento presupuestario de gestión de los créditos de gasto y de los ingresos de los centros a que el presente artículo se refiere, continuará siendo el regulado en la normativa estatal.

1. La Universidad de La Rioja gozará de autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

   Con tal fin, deberá disponer de los recursos suficientes para el desempeño de las funciones que tenga atribuidas.

2. La Universidad de La Rioja aplicará en su gestión económico presupuestaria el Real Decreto Legislativo 1091 / 1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria o, en su caso, la propia Ley de Hacienda que pudiera dictar la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de lo establecido en sus propios Estatutos o de las adaptaciones que se pudieran dictar en atención a su peculiar naturaleza.

1. La financiación de los gastos corrientes de la Universidad de La Rioja, que figuren debidamente nominadas en el Capítulo IV de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para cada año, se librarán por doceavas partes iguales a principios de cada mes natural.

2. No obstante, los libramientos correspondientes al crédito total que figura dispuesto a tal fin en el estado de gastos según lo establecido en el apartado 1 de este artículo, podrán modificarse por acuerdo del Gobierno, a propuesta conjunta de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes y de Hacienda y Economía, cuando sea necesario por disponibilidades de Tesorería de la Universidad debidamente justificada, o de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En ambos casos, los libramientos que se autoricen no podrán ser superiores o inferiores respectivamente al importe correspondiente a una cuarta parte del total.

1. La financiación de las inversiones de la Universidad de La Rioja se realizará con cargo a los créditos consignados para esta finalidad en el Presupuesto de cada año de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Las obligaciones que se deriven del apartado anterior podrán cumplirse mediante la inversión directa de la Administración, o mediante transferencia de capital a favor de la Universidad.

3. Las transferencias de capital que se libren a favor de la Universidad, y que se deriven del programa de inversiones, se realizará contra certificaciones de obra presentadas, o justificación del programa de gasto correspondiente.

1. Antes del 30 de septiembre de cada año se remitirá por la Universidad de La Rioja a las Consejerías de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, y Hacienda y Economía, la cuenta general correspondiente al año anterior, así como la relación de puestos de trabajo, tanto de personal docente como no docente debidamente clasificada.

2. La cuenta general correspondiente se integrará como anexo en la de la Comunidad Autónoma y será remitido tanto al Parlamento como al Tribunal de Cuentas.

3. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto y en sus Estatutos respecto al control interno de los gastos e inversiones de la Universidad, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, podrá acordar la realización, previa audiencia del Rector, de auditorías sobre la gestión económica y financiera de la Universidad dentro del Plan Anual que para cada ejercicio apruebe el Consejero de Hacienda y Economía.

1. La financiación de los gastos de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, que figuren debidamente nominados en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para cada año, se librarán de acuerdo con lo establecido en su Ley de creación.

2. Las aportaciones o compromisos firmes de aportación que por su naturaleza estén dentro de los fines de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y corresponda generar en sus asignaciones presupuestarias en aplicación del artículo 9.4 de esta Ley, se librarán de una sola vez en el trimestre siguiente, sin que le sea de aplicación lo establecido en el punto anterior. En el caso de que las generaciones se produzcan en el último trimestre del año, se procederá al libramiento antes de finalizar el 31 de diciembre de cada año.

1. Con efectos de 1 de enero del año 2000, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público no podrán experimentar unincremento global superior al 2 por 100 con respecto a las de 1999, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

   Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que los desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables, en caso contrario, las cláusulas que se opongan al mismo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

3. A los efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja:

   1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja y los organismos autónomos de ella dependientes.

   2. Las empresas mercantiles, en cuyo capital sea mayoría la participación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Con efectos de 1 de enero del año 2000, las cuantías de los conceptos integrantes de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja no sometido a legislación laboral serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

1. Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas al puesto de trabajo desempeñado, experimentarán un crecimiento del 2 por 100 respecto a las establecidas en el ejercicio de 1999, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación de estas últimas cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

2. El conjunto de las restantes retribuciones complementarias tendrá, asimismo, un crecimiento del 2 por 100 respecto de las establecidas para el ejercicio de 1999, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo, y del resultado individual de su aplicación.

3. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta Ley, sin que les sea de aplicación el aumento del 2 por 100 previsto en la misma.

Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extra salariales y los gastos de acción social, devengados durante 1999 por el personal afectado, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por la Consejería de Hacienda y Economía para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:

1. Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

2. Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.

3. Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

4. Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Con efectos de 1 de enero del año 2000, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja no podrá experimentar un crecimiento global superior al 2 por 100 respecto de la establecida para el ejercicio de 1999, comprendido en dicho porcentaje el de todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada ente u organismo mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para 1999, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal mantendrán la misma estructura y cuantías que se establezcan con carácter general para el personal no laboral de la Comunidad Autónoma.

Las empresas mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, no podrán pactar con su personal de alta dirección ninguna cláusula que implique indemnizaciones de cualquier tipo, por extinción de su relación laboral, cualquiera que sea la causa que la motive, distinta a la prevista en la legislación laboral para dichos supuestos.

Tampoco podrán otorgar a dicho personal pólizas de seguros, inclusiones en fondos de pensiones ni cualquier otro tipo de privilegios o ventajas que constituya un tratamiento discriminatorio en comparación con el resto de los empleados públicos.

1. Las retribuciones de los Altos Cargos para el año 2000, excluidos los de categoría de Secretario General Técnico, Director General o nivel asimilado, se fijan en las siguientes categorías referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias:

   Presidente 9.000.000 ptas.

   Vicepresidente 8.400.000 ptas.

   Consejeros 8.200.000 ptas.

2. Las retribuciones de Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales o Altos Cargos de nivel asimilado a éstos, se fijan en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

   Sueldo 1.896.300 ptas.

   Complemento de Destino 2.090.496 ptas.

   Complemento Específico 2.997.154 ptas.

   Los Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales o Altos Cargos de nivel asimilado tendrán derecho a dos pagas extraordinarias, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y, en su caso, trienios, y se devengarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de esta Ley.

3. Las retribuciones establecidas en los apartados anteriores de este artículo, con efectos de 1 de enero del año 2000, experimentarán el incremento establecido en el artículo 32.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de esta Ley las retribuciones a percibir en el año 2000 por los funcionarios al servicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja serán las siguientes:

1. El sueldo y trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo conlas siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

   GRUPO SUELDO TRIENIO

   A 1.934.232 74.292

   B 1.641.636 59.436

   C 1.223.724 44.604

   D 1.000.608 29.796

   E 913.476 22.344

2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se devengarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante todos o parte de los seis meses inmediatos anteriores a los de junio o diciembre el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

3. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

   NIVEL

   30 1.698.444

   29 1.523.484

   28 1.459.404

   27 1.395.312

   26 1.224.120

   25 1.086.060

   24 1.021.980

   23 957.936

   22 893.832

   21 829.860

   20 770.880

   19 731.484

   18 692.112

   17 652.728

   16 613.416

   15 574.020

   14 534.672

   13 495.288

   12 455.892

   11 416.568

   10 377.196

   9 357.540

   8 337.788

   7 318.156

   6 298.452

   5 278.760

   4 249.276

   3 219.792

   2 190.260

   1 160.800

4. El complemento específico que, en su caso, esté fijado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía experimentará un incremento del 2 por 100 respecto a la aprobada para el ejercicio de 1999, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 32.a) de esta Ley.

5. El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias, y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado del mismo.

   La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa.

   En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

6. Las gratificaciones por servicios extraordinarios, dentro de los créditos asignados a tal fin.

   Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.

7. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985.

   Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 1999, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

   Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

   A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de retribuciones de carácter general que se establece en esta Ley sólo se computará en el 50 por 100 de su importe, entendiendo que tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemento de destino y el específico.

   En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, percibirán las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo en el que esté incluido el cuerpo en que ocupen vacante, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que están vinculadas a la condición de funcionario de carrera.

Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se acomodarán a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.

El régimen retributivo del personal eventual de confianza o asesoramiento especial será análogo al de los funcionarios, pero no devengarán trienios, salvo en el caso de que dicho personal sea funcionario.

Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo de clasificación, incluidos trienios, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

1. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma no podrá percibir participación alguna de los tributos, comisiones y otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la misma o a cualquier ente público de ella dependiente, como contraprestación de algún servicio, ni participación o premio en multas impuestas, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.

2. Con efecto de 1 de enero del año 2000, los altos cargos y funcionarios a que se refieren las Leyes 1/1985, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 12/1995, del Estado, respectivamente, dejarán de percibir cualquier tipo de retribuciones de órganos colegiados de la administración y de empresas con capital o control públicos.

En el caso de los funcionarios se entenderá la prohibición de percepción económica por aquella actividad desarrollada dentro de la jornada laboral.

1. Durante el año 2000 será preciso informe favorable de las Consejerías de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas y Hacienda y Economía para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de sus empresas públicas.

2. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2000, deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda y Economía la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos pactos.

   La citada autorización deberá contemplar, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias existentes.

3. A los efectos de los apartados anteriores se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal laboral, las siguientes actuaciones:

   1. Firma de convenios colectivos por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus empresas públicas, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

   2. Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.

4. El informe a que se refiere el punto 1 del presente artículo versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2000

   como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento.

5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable.

6. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2000 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

1. Las Consejerías podrán formalizar durante el año 2000, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que concurran los siguientes requisitos:

   1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del Estado, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

   2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

   3. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.

2. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y con respeto a lo dispuesto en las Leyes sobre Incompatibilidades. En los contratos se hará constar, cuando proceda, la obra o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Las Consejerías habrán de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los contratos de los que pudieran derivarse derechos de permanencia para el personal contratado, actuaciones que, en su caso, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 140 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

3. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos que para éstos se prevé en el artículo 61 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria o en esta Ley de Presupuestos Generales.

1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública se aprueban las plantillas de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja que figuran en el anexo I.

2. Durante el año 2000 las convocatorias de plazas para ingreso del nuevo personal se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren absolutamente prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En todo caso, el número de plazas de nuevo ingreso deberá ser inferior al 25% de la tasa de reposición de efectivos. No obstante lo anterior, se podrán convocar aquellos puestos o plazas que, estando presupuestariamente dotados e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo o plantillas, se encuentren desempeñados interina o temporalmente.

3. El Gobierno podrá acordar modificaciones, reducciones o ampliaciones en las plantillas de personal, siempre que ello no suponga un incremento en el capítulo I del estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

   En caso de acordar reducciones de plantillas los funcionarios interinos que estuvieran ocupando las plazas suprimidas cesarán automáticamente en el desempeño de las mismas.

   De los expedientes de modificación, reducción y ampliación de plantillas se dará traslado al Parlamento Regional.

4. En todo caso la incorporación del personal transferido como consecuencia del traspaso de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja producirá automáticamente la ampliación correspondiente de las plantillas del personal. No obstante, el Gobierno podrá acordar reajustes de plantillas y redistribución de efectivos con motivo de tales traspasos, con los efectos previstos en el apartado 3 del presente artículo.

5. En los expedientes de modificación, reducción o ampliación de las plantillas de personal, la Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas acompañará a su propuesta la correspondiente memoria justificativa. Dichos expedientes deberán, asimismo, ser informados por la Consejería de Hacienda y Economía respecto a las repercusiones presupuestarias de la medida. Una vez aprobadas las modificaciones de las plantillas, la Consejería de Hacienda y Economía procederá a la realización de las modificaciones presupuestarias correspondientes a propuesta de la Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas.

6. La tramitación de expedientes para la contratación de personal laboral con carácter temporal, incluso la que haya de financiarse con cargo a créditos de inversiones, requerirá autorización previa de la Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas.

1. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo.

2. Corresponde al Gobierno, a propuesta de la Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas, previo informe de la Consejería de Hacienda y Economía la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo y sus modificaciones.

3. La aprobación de modificaciones en las estructuras orgánicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja llevará implícita la modificación de las relaciones de puestos de trabajo, siendo preceptivo el previo informe a que se refiere el apartado anterior.

La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción proporcional de haberes.

Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida por treinta y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día.

Las retribuciones de los funcionarios de cuerpos sanitarios locales durante el año 2000 serán las que resultan de aplicar el incremento del 2 por 100 sobre las correspondientes al año 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.4 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en relación con su Disposición Final Segunda, se autorizan los costes de personal funcionario docente y no docente y contratado docente de la Universidad de La Rioja para el año 2000, por los importes detallados en el Anexo II de esta Ley.

1. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Economía:

   1. Emita Deuda Pública o concierte operaciones de crédito hasta un importe máximo de 7.680.478.000 pesetas, destinados a financiar las operaciones de Capital incluidas en las correspondientes dotaciones del Estado de Gastos.

   2. Proceda, al amparo de lo dispuesto en las respectivas normas de emisión o contratación, al reembolso anticipado de emisiones de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma o de créditos formalizados o a la revisión de alguna de sus condiciones, cuando la situación del mercado u otras circunstancias así lo aconsejen.

   3. Concierte operaciones voluntarias de canje, conversión, prórroga o intercambio financiero, relativas a operaciones de crédito existentes con anterioridad o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

2. Se autoriza a la Consejería de Hacienda y Economía para habilitar, en su caso, en la Sección Presupuestaria "Deuda Pública", los créditos necesarios para hacer frente a las operaciones señaladas en el punto anterior.

3. Se faculta a la Consejería de Hacienda y Economía para concertar operaciones financieras que por su propia naturaleza no incrementen el volumen de endeudamiento, destinadas a asegurar o disminuir el riesgo o el coste de la deuda a largo plazo, tales como seguros, permutas, opciones, contratos sobre futuros, y cualquier otra operación de cobertura de tipos de cambio o interés.

Se autoriza a la Consejería de Hacienda y Economía para concertar operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, con el fin de cubrir necesidades transitorias de Tesorería.

1. La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá autorizar a la Agencia de Desarrollo Autonómico la concesión de avales a las empresas por importe máximo de 400 millones de pesetas, siempre que dicha agencia:

   1. Justifique la necesidad de avalar operaciones financieras para posibilitar la viabilidad de la empresa.

   2. La operación financiera avalada se destina a inversión productiva generadora de puestos de trabajo.

2. La Agencia de Desarrollo Económico vendrá obligada a mantener una dotación de, al menos, el 10% de riesgo vivo.

3. Los avales serán concedidos por el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Economía.

4. Las Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria en su capital, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, requerirán la autorización del Gobierno, para conceder avales o garantizar deudas a favor de terceros, y se minorará el importe máximo autorizado en el apartado 1.

   El importe de estas operaciones, no podrá superar la cifra de 50 millones de pesetas.

1. Se elevan para el año 2000 los tipos de cuantía fija de las tasas hasta la cantidad que resulte de aplicar el coeficiente 1,02 a las tarifas exigibles en 1999.

2. Se consideran como tipos fijos aquellos que no se determinen por un porcentaje de la base o ésta no se valore en unidades monetarias.

3. Las Tasas y otros ingresos correspondientes a servicios que se transfieran con posterioridad a 1 de enero del año 2000, y que no hayan sido regulados por la Comunidad Autónoma, se regirán por la normativa que les sea aplicable con carácter general.

Se establece un recargo del 15 por ciento de las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas.

De las modificaciones presupuestarias contempladas en los artículos 14, 15 y 16 se dará cuenta trimestralmente al Parlamento Regional.

Trimestralmente, el Gobierno o la Comisión Delegada de Adquisiciones e Inversiones enviarán al Parlamento Regional una relación de los expedientes tramitados en uso de la autorización citada en el artículo 17, con indicación expresa del destino, importe y adjudicatario.

El Gobierno dará cuenta al Parlamento en el plazo máximo de un mes tras su formalización, de las operaciones financieras realizadas al amparo del artículo 46.

De las autorizaciones recogidas en el artículo 48 de esta Ley deberá darse cuenta trimestralmente al Parlamento Regional.

La Consejería de Hacienda y Economía comunicará al Parlamento, en el plazo de un mes, todas las operaciones financieras efectuadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 47.

La Consejería de Hacienda y Economía remitirá cada tres meses al Parlamento a través de la Comisión de Presupuestos, avance de la liquidación sobre el grado de ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La Consejería de Hacienda y Economía informará a la Comisión de Presupuestos del Parlamento del uso efectuado de la autorización contenida en la Disposición Final Primera.