LEY 1/1985 de 25 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 1985.

Se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el ejercicio económico de 1985, en cuyo Estado de Gastos se consignan los créditos necesarios para atender el cumplimiento de sus obligaciones por un importe de cincuenta y cinco mil doscientos ocho millones ochocientas ochenta y ocho mil pesetas y en cuyo Estado de Ingresos se recogen las estimaciones de los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio por un importe de cincuenta y cinco mil doscientos ocho millones ochocientas ochenta y ocho mil pesetas.

1. Con los derechos económicos, a liquidar durante el ejercicio, procedentes de la gestión de sus ingresos propios.

2. Con la participación en los ingresos del Estado.

3. Con los rendimientos de los tributos cedidos.

4. Con las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial.

5. Con las asignaciones que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado.

6. Con el producto de las operaciones de crédito que se concierten.

2. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en mil novecientos cincuenta y dos millones de pesetas.

IREGIMEN GENERAL DE LOS CREDITOS Y SUS MODIFICACIONES

No podrán adquirirse compromisos por cuantía superior a las consignaciones, que se destinarán exclusivamente a satisfacer las obligaciones derivadas de la ejecución de los programas y del cumplimiento de los objetivos contenidos en la presente Ley, o a las modificaciones e incorporaciones aprobadas conforme a la misma, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y disposiciones generales con rango inferior a ley que infrinja la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

La asunción por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de competencias, funciones y servicios transferidos por el Estado, supondrá la incorporación, a los conceptos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que se estimen procedentes, de los créditos y dotaciones que se transfieran por el Estado, con habilitación, en su caso, de las partidas presupuestarias que resultaren precisas.

2. La incorporación de los créditos se producirá en la Sección que se corresponda con la Consejería a la que la Junta de Castilla y León hubiese asignado las competencias transferidas.

   Si éstas se hubieran distribuido entre varias Consejerías, la Junta de Castilla y León determinará los créditos que hayan de atribuirse a cada una de ellas.

3. La Junta de Castilla y León, dentro del mes siguiente a cada trimestre, remitirá a la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio de las Cortes, información de las transferencias producidas y detalle de las modificaciones presupuestarias a que hayan dado lugar.

4. Análogos trámites se seguirán cuando se incorporen otros créditos que afecten a fines o competencias de la Comunidad Autónoma.

5. La Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, incorporará, en su caso, los resultados de la liquidación de los Presupuestos del ejercicio 1984, con sujeción a lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

Las modificaciones de los créditos iniciales del Presupuesto se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente el programa, servicio y concepto económico afectados por la misma.

3. La correspondiente propuesta de modificación deberá expresar la incidencia, en su caso, en la consecución de los respectivos objetivos de gasto y las razones que la justifican.

1. Cualquier transferencia que afecte a partidas del Capítulo I (Gastos de Personal) requerirá el informe previo de la Dirección General de la función Pública.

2. Cualquier transferencia de crédito que afecte a operaciones de capital deberá realizarse con los requisitos y limitaciones establecidos en el artículo 13 de la presente Ley.

3. Los remanentes que se prevean durante la ejecución del Presupuesto en cualquier Capítulo, sólo podrán destinarse a financiar operaciones de capital sin más excepción que lo contemplado en el artículo 68,1. c) de la Ley General Presupuestaria.

4. Ninguna transferencia afectará a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos en el ejercicio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de esta Ley.

5. No podrán minorarse los créditos para gastos destinados a subvenciones nominativas ni los que hayan sido incrementados anteriormente con suplementos u otras transferencias de créditos.

6. No serán objeto de aumento los créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración.

Créditos ampliables.- Excepcionalmente, tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, previo al cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o que se establezcan, los créditos que, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad o incorporados por vía de transferencia o como consecuencia de la creación de un nuevo Servicio, se detallan a continuación:

1. Los créditos destinados al pago de las cuotas de la Seguridad Social, el complemento familiar y el subsidio familiar del personal adscrito al servicio de la Comunidad Autónoma con derecho a su percepción, en su caso, de acuerdo con los preceptos en vigor, así como aportación de la Comunidad Autónoma a los distintos regímenes de previsión social de los funcionarios públicos que presten servicios en la misma.

2. Los créditos destinados al abono de trienios derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.

3. Los créditos destinados al pago del personal laboral, en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de elevaciones salariales dispuestas durante el ejercicio o ejercicios anteriores por modificación del salario mínimo interprofesional o vengan impuestos con carácter general, por regulación estatal o por decisión judicial firme.

4. Los créditos para anticipos a funcionarios en la medida en que lo permitan los ingresos generados por los reintegros de los mismos.

5. Los créditos cuya cuantía se determine por la recaudación obtenida en las tasas, exacciones parafiscales o ingresos de otra naturaleza que doten conceptos integrados en los respectivos presupuestos. La dotación de estos créditos y su disponibilidad quedan supeditadas a la cifra que se obtenga por cada tipo de ingresos.

6. Los que puedan verse afectados por incidencias o por corrección por parte de la Administración del Estado de errores u omisiones contenidos en los respectivos acuerdos de transferencias.

7. Los que se destinen al pago de intereses, a la amortización del principal, y los gastos derivados de las operaciones de crédito.

8. Los destinados al pago de obligaciones derivadas de operaciones de crédito avaladas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

9. Los créditos de transferencias corrientes que tengan por objeto la concesión de ayudas periódicas a personas, siempre que los requisitos para la concesión de la ayuda estén fijados objetivamente por disposición normativa con rango de Ley o Decreto.

Crédito extraordinario y suplemento de crédito.- Cuando haya de realizarse con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en ellos crédito o sea insuficiente y no ampliable el consignado, el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio y dictamen de la Asesoría Jurídica General de la Comunidad, elevará a acuerdo de la Junta la remisión a las Cortes de un Proyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o de un suplemento de crédito, en el segundo, en el que se especifique el recurso que haya de financiar el incremento del gasto público.

IIDE LOS CREDITOS DE PERSONAL

En dicho caso, la Junta podrá realizar las correspondientes modificaciones presupuestarias. El mismo criterio se seguirá tanto para los funcionarios como para el personal contratado en régimen de derecho administrativo.

Los citados incrementos serán distribuidos mediante acuerdo de la Junta conforme a los criterios establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985, disposiciones que la desarrollen y demás de aplicación en materia de retribuciones

2. Para poder pactar nuevos convenios colectivos, revisiones salariales, o la adhesión o extensión, en todo o en parte, a otro convenios ya existentes y que afecten exclusivamente al personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León será necesario que la Consejería competente remita previamente a informe de la Consejería de Economía y Hacienda el proyecto de pacto, al que deberá acompañarse la cuantificación cifrada de la masa salarial del año 1984, en términos de homogeneidad, y la valoración de todos los aspectos económicos contemplados en dicho proyecto.

El informe que será evaluado en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de recepción del proyecto, versará únicamente sobre aquellos extremos de los que se deriven consecuencias en materia de gasto público, especialmente en lo que respecta a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento.

Dentro del mes siguiente a la terminación de cada trimestre la Junta de Castilla y León remitirá a la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio de las Cortes de Castilla y León una relación de los pactos laborales suscritos y de los informes emitidos.

4. DE LOS CREDITOS DE INVERSIONES

Cuando se trate de proyectos financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, la sustitución de los mismos se hará según lo establecido en la Ley del propio Fondo.

El Comite de Inversiones Públicas de la Junta de Castilla y León realizará el seguimiento de las inversiones programadas en el Presupuesto. Dentro del mes siguiente a la terminación de cada trimestre se remitirá a la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio de las Cortes de Castilla y León la información sobre el estado de ejecución de las inversiones programadas.

5. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

Dentro del mes siguiente a la terminación de cada trimestre, la Junta enviará a la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio de las Cortes relación de las autorizaciones concedidas al amparo del párrafo primero de este artículo.

La Junta de Castilla y León, a propuesta de las Consejerías interesadas y sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Contratos del Estado, podrá autorizar la contratación directa de todos aquellos proyectos de obras que se inicien durante el ejercicio de 1985, con cargo a los Presupuestos de la Consejería respectiva, cualquiera que sea el origen de los fondos, y cuyo presupuesto sea inferior a cincuenta millones de pesetas.

Dentro del mes siguiente a la terminación de cada trimestre, la Junta enviara a la Comisión de Economía Hacienda y Comercio de las Cortes una relación de los expedientes es tramitados en uso de la autorización citada, con indicación expresa del destino, importe, adjudicatario y plazo de ejecución.

VSOBRE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

Durante el ejercicio de 1985, los tipos de cuantía fija de las tasas que se devenguen por la prestación de servicios, serán los establecidos conforme el artículo 22.3 de la Ley 5/83, de 29 de junio, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria, actualizados mediante la aplicación del coeficiente 1,25.

A estos efectos, se consideran tasas de cuantía fija aquellas cuyo tipo impositivo no está fijado en un tanto por ciento de la base o ésta no se valore en unidades monetarias.

2. Las Consejerías que gestionen tasas, procederán a señalar las nuevas cuantías resultantes de la aplicación de esta Ley, debiendo remitir a la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo de 30 días, desde la entrada en vigor de la misma, una memoria, en la que se especifiquen aquéllas y el proceso de cálculo realizado. Las tarifas actualizadas serán publicadas en el "Boletín Oficial de Castilla y León".

3. Los precios de los servicios que se presten por la Administración Autonómica podrán ser acomodados por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería respectiva previo informe de la de Economía y Hacienda, en cuantía necesaria, en función de los respectivos costes de funcionamiento y de los niveles de prestación de dichos servicios. La Junta de Castilla y León podrá autorizar a los distintos Consejeros el ejercicio de la facultad de fijación del precio cuando se trate de actividades de campaña. En todo caso se requerirá informe de la Dirección General de Tributos y Política Financiera.

4. La Junta se compromete a remitir a las Cortes durante 1985, una Ley de Tasas de la Comunidad Autónoma.

VIDE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD PUBLICA

1. Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven, y

2. Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre del correspondiente ejercicio, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general, realizados dentro del mismo y con cargo a los respectivos créditos.

2. El Presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural correspondiente.

3. Todos los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a la liquidación del Presupuesto quedarán a cargo de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma según sus respectivas contracciones, continuando la llevanza de las cuentas independientes que correspondan a todos y cada uno de los conceptos afectados.

VIIDE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

De los avales

1. Avales sobre operaciones de crédito que las entidades financieras concedan a Entidades Locales, a pequeñas y medianas empresas, cooperativas, sociedades agrarias de transformación y sociedades anónimas laborales, hasta un importe máximo de seiscientos millones de pesetas en total y treinta millones de pesetas individualmente.

2. Segundos avales sobre operaciones garantizadas por las Sociedades de Garantía Recíproca de Castilla y León a favor de pequeñas y medianas empresas, hasta un importe máximo de doscientos millones de pesetas en total y de veinte millones de pesetas individualmente.

2. Las empresas beneficiarias habrán de estar radicadas y domiciliadas en Castilla y León y presentarán junto con la solicitud del aval, un estudio económico-financiero de la empresa y de la inversión a realizar.

3. Los créditos avalados deberán tener como finalidad la financiación de inversiones efectuadas dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Tales inversiones habrán de estar destinadas a financiar activos materiales fijos orientados prioritariamente a mejorar las condiciones de producción, incluida la eliminación de efectos negativos sobre el medio ambiente, a mejorar los niveles de empleo, a operaciones viables de reconversión y reestructuración, a racionalizar la utilización de recursos energéticos o el fomento de mercados exteriores.

4. Los avales serán autorizados por la Junta de Castilla y León a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y devengarán la comisión que para cada operación se determine y que tendrá aplicación presupuestaria.

5. Corresponden a la Consejería de Economía y Hacienda la inspección de las inversiones financieras con créditos avalados en orden a comprobar su aplicación y rentabilidad, así como la solvencia de los deudores. La entidad financiera, cuyo crédito resulte avalado, deberá notificar a la Consejería de Economía y Hacienda cualquier incumplimiento de la entidad avalada respecto de las obligaciones garantizadas, en el plazo máximo de un mes.

6. Dentro del mes siguiente a la terminación de cada trimestre, la Junta remitirá a la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio de las Cortes una relación de los avales autorizados y de las incidencias surgidas en su liquidación.

De las operaciones de crédito

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda emita Deuda Pública o concierte operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de dos mil ochocientos millones de pesetas, destinados a financiar la realización de gastos de inversión, de acuerdo con los informes del Comité de Inversiones Públicas de Castilla y León, en los términos previstos en el artículo 38 del Estatuto y el 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.