Ley del Patrimonio de Galicia (Ley 3/1985, de 12 de abril)

Los bienes y derechos demaniales de la Comunidad Autónoma de Galicia son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y, en consecuencia, no pueden ser objeto de gravamen, carga, afección, transacción o arbitraje.

1. La integración de los bienes y derechos demaniales se origina por su afectación expresa o tácita al uso general o a la prestación de los servicios públicos propios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. La afectación de bienes y derechos patrimoniales a los fines expresados en el párrafo anterior se realizará por cualquiera de losmedios siguientessiguientes medios:

   1. Resolución expresa del Consello de la Xunta, a propuesta de la Consellería de Economía y Hacienda.

   2. Utilización de hecho para el cumplimiento de aquellos fines de uso general o de servicio público durante el plazo de un año.

   3. Aprobación, por el Consello de la Xunta, de Planes, Programas, Proyectos o Resoluciones que conlleven, expresa o implícitamente, el destino específico de determinados bienes o derechos al cumplimiento directo de aquellas finalidades de uso general o de servicio público.

   4. Resolución del Parlamento de Galicia que se ejecutará en los términos que la misma establezca.

3. La adquisición de bienes y derechos por usucapión, de conformidad con las reglas de derecho privado, equivale a la afectación, sin necesidad de ningún acto formal, cuando los actos posesorios se vinculasen al cumplimiento de los fines determinantes de la integración demanial.

4. La adquisición de bienes y derechos mediante expropiación forzosa significa su afectación a los fines que fueron determinantes de la declaración de utilidad pública o de interés social sin necesidad de ningún otro acto expreso.

1. Cuando los bienes y derechos no fuesen necesarios para el cumplimiento de los fines determinantes de su afectación, cesará su naturaleza demanial y adquirirán la condición de patrimoniales, sin perjuicio, en su caso, del derecho de reversión en los términos de la legislación de expropiación forzosa, respecto de aquellos bienes adquiridos por este título.

2. La desafectación de los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma debe hacerse mediante acuerdo del Consello de la Xunta, previa instrucción de expediente por la Consellería de Economía y Hacienda a instancia de la Conselleria interesada y siempre que se acredite la desaparición de las causas justificativas de la afectación.

3. La desafectación exige norma con rango de ley o resolución del Parlamento, cuando los actos de afectación hubiesen revestido tales formalidades.

4. Las pertenencias o porciones sobrantes en operaciones de deslinde de bienes de dominio público se entienden desafectadas, adquiriendo naturaleza patrimonial, sin necesidad de ulterior requisito formal.

La desafectación y ulterior destino de los bienes transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma deberá hacerse de acuerdo con lo establecido por las leyes.

1. Los cambios de afectación por novación de la causa determinante de la integración demanial de los bienes y derechos originan la mutación de destino de los mismos.

2. La mutación demanial implica alteración de la adscripción orgánica de los bienes o derechos y modificación de competencia funcional y fines específicos a que aquéllos se vinculan, sin transferencia de titularidad ni cambio de su calificación jurídica.

3. Los bienes y derechos demaniales, sin mutación del destino determinado por su afectación principal, podrán ser objeto de una o más afectaciones secundarias, siempre que los diversos fines y competencias concurrentes no resulten incompatibles. La concurrencia de diversas afectaciones respecto de un mismo bien o derecho no altera la adscripción orgánica exigida por la afectación principal, sin perjuicio del ejercicio de sus competencias accesorias por las Consellerías titulares de un interés específico.

   Si surgieran discrepancias entre las Consellerías cotitulares en orden a la gestión, administración y conservación de bienes o derechos demaniales objeto de diversas afectaciones, decidirá el Consello de la Xunta, o, en su caso, el Parlamento, previa audiencia de los órganos interesados.

4. La mutación de destino de bienes y derechos demaniales o la imposición de afectaciones secundarias sobre los mismos requiere acuerdo del Consello de la Xunta, previa instrucción del expediente por la Consellería de Economía y Hacienda, a instancia de las Consellerías interesadas.

   La resolución motivada de tales aprobaciones expresará los fines a que se afecta el uso de los bienes, la Consellería a la que se adscribe y, en su caso, las facultades de otras Consellerías titulares de afectaciones accesorias.

5. Las mutaciones o ampliaciones del destino de los bienes y derechos demaniales exigen norma con rango de ley o resolución del Parlamento cuando los actos de afectación hayan revestido tales formalidades.

6. Las modificaciones del destino de los bienes y derechos transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley.

1. Se podrán adscribir bienes y derechos demaniales a Entidades públicas u Organismos Autónomos dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma cuando sean necesarios para el cumplimiento directo de los fines atribuidos a su competencia.

2. La adscripción transfiere facultades de uso, gestión y administración, vinculadas al ejercicio de una finalidad competencial concreta sin cambio en la titularidad o calificación jurídica de los bienes o derechos cedidos.

3. La Consellería de la que dependa la Entidad pública u Organismo Autónomo cesionario adoptará, como titular de la competencia y en ejercicio de funciones de tutela, las medidas que estime oportunas para la adecuada conservación de los bienes y su efectiva aplicación a los fines expresados en el acuerdo de adscripción.

4. Cuando los bienes y derechos adscritos dejen de ser necesarios para el cumplimiento directo de los fines determinantes de cesión revertirá su uso a la Consellería cedente.

5. El acuerdo aprobatorio de la reversión del uso de los bienes y derechos demaniales adscritos a Entidades públicas u Organismos Autónomos origina la desafectación, sin necesidad de ningún otro acto formal, cuando la Consellería cedente u otro organismo de la Administración de la Comunidad Autónoma, central o institucional, no asuman, simultáneamente, la gestión y ejercicio de las competencias expresadas en el acuerdo de adscripción.

   Los acuerdos de reversión surten eficacia de mutación demanial de los bienes y derechos, en los términos de los párrafos 1 y 2 del artículo anterior, cuando, con ocasión de los mismos, seimpusieraimpusieseuna nueva afectación.

6. Los acuerdos de adscripción y reversión de uso regulados por este artículo observarán las formalidades que establecen los párrafos 4 y 5 del artículo 12 de esta Ley, en sus respectivos casos.

La sucesión entre organismos públicos en los supuestos de creación, supresión o reforma de departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y Organismos y Entidades públicas dependientes de la misma en virtud de norma legal o reglamentaria, no supone novación de las causas determinantes de la integración demanial de los bienes y derechos, que continuarán afectos al ejercicio de las competencias y funciones objeto de traspaso o subrogación, sin necesidad de declaración expresa.

1. La utilización y aprovechamiento de bienes o derechos demaniales por personas o entidades determinadas se sujetarán a previa licencia, permiso o concesión administrativa, en los términos establecidos por el Título segundo de esta Ley.

2. Las licencias, permisos o concesiones a que se refiere el párrafo anterior ostentan la naturaleza de los títulos legitimadores de la utilización por los particulares de los bienes y derechos de dominio público.

1. La utilización de los bienes de dominio público por la propia Administración se regirá por la presente Ley y disposiciones que la desarrollen. Si estuviesen afectos a un servicio público, se ajustarán además a sus reglas específicas y a las instrucciones dictadas por las autoridades responsables de su funcionamiento.

2. Excepcionalmente, con fundamento en el fomento y planificación de la actividad económica de Galicia, y, en todo caso, con fines de estudio, investigación o explotación, la Comunidad Autónoma de Galicia podrá reservar, mediante Ley de Galicia, el uso exclusivo de bienes de uso público, o declarados de dominio público por normas con rango de ley, siempre que concurran los siguientes requisitos:

   1. Que la reserva no afecte a recursos previamente reservados por el Estado.

   2. La potestad de la reserva se ajustará a los términos de la legislación del Estado y a las bases de planificación económica general.

   3. No podrá establecerse en perjuicio de derechos adquiridos por los particulares en orden al uso de los bienes. Si su motivación consistiese en una deficiente o irracional explotación de un recurso determinado, la Ley que declare la reserva dispondrá la previa expropiación e indemnización de los afectados por la medida.

   4. Determinación del plazo de su duración, que en ningún caso será superior al máximo previsto para la concesión demanial del recurso de que se trate.

3. El uso privativo exclusivo que retiene la Administración, una vez establecidas las reservas a que se refiere el párrafo anterior, será objeto de explotación con arreglo a las normas que regulan la utilización de los bienes patrimoniales de la presente Ley.

4. En ningún caso se podrán establecer reservas demaniales por motivos fiscales o de orden o seguridad pública.

El uso general de los bienes de dominio público no está sujeto a la licencia, correspondiendo a todos los ciudadanos sin más limitaciones que las siguientes:

1. El impedimento del mismo derecho a los demás ciudadanos.

2. El respeto a la naturaleza del bien.

3. Las que imponga el ordenamiento jurídico por razón de su conservación, adscripción u orden público.

El uso común especial de los bienes demaniales realizado por personas o entidades determinadas de modo que no impida el de otros, deberá sujetarse al otorgamiento de previa licencia con el fin de garantizar la continuidad del uso común general si concurriesen en él las circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras semejantes.

El uso privativo por personas o entidades de los bienes de dominio público mediante la ocupación de una porción de los mismos, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados, requerirá el previo otorgamiento de un título adecuado a su naturaleza, de conformidad con las siguientes reglas:

1. El uso normal, conforme a las disposiciones o afectación de los bienes, que no implique la realización de obras permanentes o instalaciones fijas, requerirá tan sólo permiso de ocupación temporal.

2. Los usos consistentes en estacionamiento de materiales o instalaciones de carácter accesorio y no permanente exigirán también permiso de ocupación temporal.

3. Los usos anormales, no conformes con el destino de los bienes, y aquellos que requieran una ocupación permanente mediante obras e instalaciones de carácter fijo, se otorgarán mediante concesión administrativa.

1. Las licencias habilitantes de usos comunes especiales se otorgarán directamente a los peticionarios salvo si, por cualquier circunstancia, se limitase el número de las mismas. En este caso se otorgarán por licitación y, si no fuese posible por tener que reunir todos los interesados las mismas condiciones, mediante sorteo.

2. No serán transmisibles las licencias que se refieran a las cualidades personales del sujeto y aquellas cuya normativa específica así lo determine. La transmisión cuando proceda requerirá acto expreso aprobatorio para su eficacia frente a la Administración otorgante.

1. Los permisos de ocupación temporal llevan implícita la cláusula de precariedad y podrán revocarse libremente en cualquier momento por la Administración sin que el interesado tenga derecho a ninguna indemnización.

2. Si hubiese varios solicitantes, se observarán siempre las reglas de publicidad y concurrencia, otorgándose los permisos previa licitación.

1. Las concesiones de disfrute o uso privativo de bienes de dominio público, serán de otorgamiento discrecional por la Administración, y tendrán el plazo de duración que determine su legislación específica. Si no existiese plazo determinado en ésta, su duración no podrá exceder de cincuenta años, sin perjuicio de su prórroga por mutuo acuerdo.

2. Las concesiones se otorgarán para una finalidad concreta, determinando el objeto y límites de las mismas, siendo exigible como contraprestación la cuantía de la taxa que resulte vigente en el momento de su devengo.

3. Las concesiones se otorgarán, a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, llevando implícita la facultad de rescate antes de su vencimiento, mediante indemnización, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.

1. Las concesiones se otorgarán por el procedimiento de competencias, su ejercicio será obligatorio para el interesado y llevarán anexas las facultades administrativas de inspección, vigilancia y resolución.

2. El régimen de otorgamiento de las concesiones se ajustará a la legislación sobre contratación administrativa para la gestión de servicios públicos.

Son causas de extinción de las concesiones:

1) El transcurso del plazo o de su prórroga.

2) El rescate.

3) La renuncia y el no ejercicio del derecho en los casos en que proceda.

4) La caducidad o resolución de la relación concesional.

5) La desaparición o agotamiento de la cosa.

6) La degradación del titulo concesional por desafectación del bien demanial.

7) Y cualquier otra causa admitida en derecho.

1. En los supuestos de degradación del título concesional, por desafectación del demanio que le sirve de fundamento, los titulares de autorizaciones, licencias o concesiones otorgadas legalmente continuarán en la posesión de sus derechos.

   No obstante, será declarada la caducidad de las concesiones cuyo plazohubierahubiesevencido o la de aquellas en las que la Administración sehubierahubiesereservado la facultad de libre rescate, sin perjuicio de que la Consellería de Economía y Hacienda pueda acordar la expropiación de estimar que el mantenimiento de la concesión habría de perjudicar el ulterior destino de los bienes o que los haría desmerecer notoriamente en caso de enajenación.

2. Los permisos de ocupación temporal se estimarán revocados «ipso iure», en virtud de la resolución que acuerda la desafectación de los bienes sobre los que recaigan.

1. En la enajenación de bienes desafectados, los titulares de derechos sobre ellos, resultantes de una concesión, tendrán la facultad de adquirirlos con preferencia a cualquier otra persona que no tenga a su favor un derecho de retracto legalmente establecido.

2. Los derechos de adquisición preferente regulados en el párrafo anterior, no tendrán lugar en los supuestos a que hacen referencia los artículos 30 y 31 de la presente Ley.

3. Las entidades que, conforme a los artículos 30 y 31, hubiesen recibido bienes sobre los que recaigan los derechos anteriormente establecidos en favor de beneficiarios de concesiones y autorizaciones, podrán liberarlos con cargo exclusivo a sus fondos propios en igualdad de términos con la Comunidad Autónoma, pudiendo instar en su caso, el ejercicio de potestad expropiatoria.

1. La competencia para el otorgamiento de las concesiones que por disposición legal no venga específicamente determinada corresponderá al Consello de la Xunta, a propuesta de la Consellería responsable de la gestión, conservación y administración de los bienes demaniales implicados.

2. Las licencias, autorizaciones y permisos de ocupación temporal se otorgarán por los órganos competentes de la Consellería titular de las facultades de gestión, conservación y administración del sector demanial de que se trate.

3. La Consellería competente por razón de la materia determinará, previo informe del organismo gestor del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, las condiciones generales que hayan de regir para toda clase de concesiones, autorizaciones o permisos sobre el dominio público, respetándose, en todo caso, las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Las condiciones generales, una vez aprobadas por el Consello de la Xunta, se publicarán en el «Diario Oficial de Galicia».

Corresponde al Consello de la Xunta, a propuesta de la Consellería de Economía y Hacienda, disponer el modo de explotación de acuerdo con el criterio de mayor rentabilidad de los bienes patrimoniales que no convenga enajenar en las condiciones usuales de la práctica civil o mercantil.

El oportuno expediente, que incoará la Dirección General competente en materia de gestión patrimonial, lo informarán previamente los Servicios Jurídicos y la Intervención General de la Xunta de Galicia.

La explotación podrá llevarse a cabo directamente por la propia Administración de la Comunidad Autónoma, por una entidad autónoma dependiente de la misma, o conferirse a particulares mediante contrato.

Si el Consello de la Xunta acordase que la explotación se llevase a cabo directamente o por medio de entidad autónoma fijará las condiciones de la misma, adoptándose por la Consellería competente en materia de gestión patrimonial las medidas conducentes a la entrega del bien al órgano o entidad a quien se confíe la explotación, y las de vigilancia del exacto cumplimiento de las condiciones impuestas.

1. Si el Consello de la Xunta dispusiese que la explotación se encomiende a particulares mediante contrato, aprobará las bases del concurso, que será convocado y resuelto por la consellería titular de la gestión patrimonial. La convocatoria se publicará en el «Diario Oficial de Galicia».

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, el Consello de la Xunta podrá acordar la adjudicación directa de la explotación de bienes patrimoniales cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, previa justificación razonada en el expediente.

Están facultadas para contratar la explotación de bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma las personas que, ostentando plena capacidad de obrar, la tuviesen de conformidad con la legislación general de contratos del Estado.

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería competente en materia de gestión patrimonial, ejercerá la vigilancia precisa sobre la empresa adjudicataria de la explotación en orden a garantizar la indemnidad del bien de que se trate y, en su caso, la íntegra percepción de las cantidades que haya de satisfacer el adjudicatario, así como, en general, el cumplimiento del contrato.

A petición del adjudicatario, podrá prorrogarse el contrato si el resultado satisfactorio de la explotación hiciera aconsejable esta medida.

La prórroga la acordará, en su caso, el Consello de la Xunta, a propuesta de la Consellería titular de la gestión patrimonial previo informe preceptivo de la Intervención General.

La subrogación de cualquier persona natural o jurídica en los derechos u obligaciones del adjudicatario requerirá acuerdo del Consello de la Xunta.

La persona subrogada deberá reunir los requisitos para contratar.

1. Los frutos, rentas o percepciones de cualquier clase o naturaleza producidos por la explotación, así como por la enajenación de los bienes patrimoniales, previa liquidación, cuando sea preciso, se ingresarán en la Tesorería, con aplicación a los pertinentes conceptos del presupuesto de ingresos.

2. No se admitirán otras excepciones a lo dispuesto en el párrafo anterior que las consignadas en una ley.

1. La Administración de la Xunta de Galicia podrá recuperar por sí misma, en cualquier momento, la posesión de sus bienes de dominio público.

2. Igualmente podrá recuperar la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos patrimoniales en el plazo de un año, contado a partir del día siguiente de producirse la usurpación. Transcurrido este tiempo, deberá acudir ante la jurisdicción ordinaria ejercitando las acciones correspondientes.

No se admitirán interdictos contra la Administración de la Xunta en esta materia, siempre que aquélla se haya ajustado al procedimiento legalmente establecido.

La Administración de la Comunidad tiene la facultad de investigar e inspeccionar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su dominio privado, a fin de determinar y probar, cuando no le conste, la propiedad de la Comunidad Autónoma sobre unos y otros.

1. La recuperación de la posesión se incoará de oficio o en virtud de denuncia verbal o escrita, que dará lugar a la instrucción del correspondiente expediente por la Dirección General del Patrimonio.

2. Comprobados los hechos que acrediten la usurpación, y siempre que no haya transcurrido un año desde aquélla, la Dirección General del Patrimonio hará que el usurpador cese en su actuación. En el supuesto de resistencia activa o pasiva, se actuará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

3. Sihubierahubiesetranscurrido más de un año, la Dirección General del Patrimonio instará el ejercicio de las acciones que procediesen en conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.2 de esta Ley.

4. En todo caso, si del hecho o hechos que acrediten la usurpación se suscitasen indicios racionales de delito o falta penal, se dará cuenta de los mismos a la autoridad judicial, sin perjuicio de adoptar las medidas a que se refieren los otros apartados de este artículo.

1. La Xunta de Galicia podrá proceder al deslinde de los bienes de su Patrimonio mediante procedimiento administrativo en el que se oiga a los afectados por éste. El deslinde se acordará de oficio o a instancia de los propietarios de las fincas colindantes o titulares de derechos reales sobre las mismas.

2. La resolución definitiva del deslinde no podrá efectuar declaraciones de dominio o decidir cuestiones de carácter civil, limitándose a definir un estado posesorio de hecho que se presume integrado con carácter «iuris tantum» en una titularidad preexistente.

1. Mientras esté en trámite el procedimiento administrativo de deslinde, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión ni se admitirán interdictos sobre el estado posesorio de las fincas de la Comunidad Autónoma objeto de aquél.

2. Del acto que inicie el procedimiento se dará traslado al Registro de la Propiedad a fin de que, si la finca estuviese inscrita, se practique anotación marginal al asiento de inscripción de la misma y, en su caso, de las fincas colindantes afectadas o, en defecto de inmatriculación, se extienda anotación de suspensión.

La Orden resolutoria del deslinde, que se notificará a todos los interesados y se publicará en el «Diario Oficial de Galicia», será ejecutiva. Dicha Orden podrá ser impugnada en vía contencioso-administrativa, sin perjuicio de las acciones que correspondan ante la jurisdicción ordinaria.

Firme la resolución aprobatoria del deslinde, se procederá a la demarcación con intervención de los interesados. A este efecto se señalará día para su práctica, que será notificada a los mismos y publicada en el «Diario Oficial de Galicia» con la suficiente antelación.

El deslinde administrativo será objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad. Para ello, en defecto de inmatriculación de la finca, se procederá a la previa inscripción del título adquisitivo de ésta.

Ningún Tribunal podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia ni contra las rentas, frutos o productos del mismo, debiendo estarse, a este respecto, a lo dispuesto en la Ley de Gestión Económica y Financiera Pública de Galicia.

1. La Consellería competente en materia de gestión patrimonial deberá llevar el Inventario General del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, que comprenderá:

   1. Los bienes inmuebles de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea su naturaleza, demanial o patrimonial, y la forma de su adquisición.

   2. Los derechos patrimoniales.

   3. Los bienes muebles de carácter histórico-artístico o de apreciable valor económico.

   4. Los títulos-valores.

   5. Los bienes y derechos atribuidos a Organismos Autónomos o Entidades Públicas, dependientes de la Comunidad Autónoma de Galicia, con la única excepción de los que se adquieran para garantizar la rentabilidad de las reservas legales que tengan que constituir o con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines patrimoniales.

   El Inventario de los bienes y derechos a que se contrae el párrafo anterior podrá elaborarse en relaciones separadas.

2. El Servicio de Inventario estará asistido por el de Contabilidad Patrimonial, que dependerá funcionalmente de la Intervención General de la Xunta.

1. Será obligatoria para la Comunidad Autónoma, la inscripción o anotación de los bienes y derechos de su pertenencia en el Registro de la Propiedad o en cualquier otro Registro de carácter público.

2. Se exceptúan no obstante de la inscripción o anotación registral los bienes demaniales de uso público y todos aquellos cuya condición demanial se manifieste de forma ostensible o aparente.

3. La Dirección General del Patrimonio será la encargada de promover la inscripción o anotaciones de los bienes en el Registro competente.

Toda persona, natural o jurídica, que tenga a su cargo la gestión de los bienes o derechos a que se refiere esta Ley, estará obligada a velar por su custodia, conservación, y, en su caso, explotación racional, debiendo responder ante la Administración de la Comunidad Autónoma de los daños y perjuicios sobrevenidos por su pérdida o deterioro cuando concurriese fraude o negligencia.

ARTÍCULO. 81.

Toda persona que por dolo o negligencia cause daño en bienes demaniales de la Comunidad Autónoma o realice sobre ellos actos de usurpación, será sancionada en vía administrativa con multa del tanto a duplo del perjuicio ocasionado, con independencia de la reparación del daño o de la restitución en su caso.

Cuando los hechos a que se refiere el artículo anterior pudiesen constituir delito o falta, la Xunta de Galicia lo pondrá en conocimiento de la jurisdicción penal, dejando en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que se acuerde el sobreseimiento de la causa o se dicte sentencia firme.