Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 4/1986, de 5 de Mayo)

El Patrimonio de la Comunidad Autonoma de Andalucia y de las Entidades de Derecho publico de ella dependientes esta constituido por todos aquellos Bienes y Derechos de que las mismas sean titulares.

Los Bienes y Derechos de la Comunidad Autonoma de Andalucia podran ser de dominio publico o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.

Son bienes de dominio publico los siguientes:

1. los Bienes y Derechos asi declarados por una norma estatal, una vez hayan sido transferidos como tales a la Comunidad Autonoma de Andalucia para el ejercicio de sus funciones.

2. aquellos Bienes y Derechos que sean transferidos a la Comunidad Autonoma y se afecten a un uso o servicio publico.

3. los Bienes y Derechos que la Comunidad Autonoma adquiera por cualquier titulo legitimo y se afecten a un uso o servicio publico.

4. aquellos a los que se atribuya esta condicion por una Ley de la Comunidad Autonoma.

Son bienes de dominio privado o patrimoniales todos aquellos Bienes y Derechos que pertenezcan a la Comunidad Autonoma y Entidades de Derecho publico de ella dependientes por cualquier titulo y no tengan la consideracion de bienes de dominio publico.

En el ámbito de aplicación de la presente Ley, tanto la Comunidad Autónoma de Andalucía como sus agencias podrán ser titulares de bienes y derechos de dominio público, ejerciendo las competencias que en esta Ley se atribuyen a los titulares de bienes y derechos^.

No perderan su condicion de bienes de dominio publico, aquellos cuya gestion se ceda por la Comunidad Autonoma a personas publicas o privadas.

Las obras ejecutadas por los concesionarios o bienes que estos destinen al cumplimiento de la concesion continuaran siendo de su propiedad hasta su entrega a la Administracion a causa de rescate, reversion, caducidad o por cualquier otro motivo.

Sin embargo, los concesionarios no podran disponer libremente de tales bienes, salvo cuando con ello no se incumpla ni se perjudique la relacion especial a que estan afectos.

El Parlamento de Andalucia tiene autonomia patrimonial y asume las mismas competencias y facultades que se atribuyen al Consejo de Gobierno y a las Consejerias en cada caso sobre los Bienes y Derechos que tenga adscritos, se le adscriban o adquiera. La titularidad de dichos Bienes y Derechos sera, en todo caso, de la comundidad Autonoma.

Los bienes de dominio privado pertenecientes a Entidades de Derecho publico dependientes de la Comunidad Autonoma de Andalucia quedaran regulados por sus leyes especiales, en su defecto por la presente Ley de Patrimonio y disposiciones que la desarrollen y complementen y, finalmente, por las normas generales de derecho privado.

Los Bienes y Derechos cuya titularidad corresponda a sujetos de derecho privado, pertenecientes o no a la Comunidad Autonoma de Andalucia o a sus organismos, se someteran a las normas de derecho privado.

Las facultades que en derecho se reconocen a los propietarios seran ejercidas por la persona que tenga la titularidad de los bienes o derechos.

Aquellas facultades y obligaciones que deriven de la gestion o uso de los bienes corresponden al Organo que los tenga adscritos o cedidos, salvo que por la Ley se haya dispuesto otra cosa.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior o de lo que en esta Ley se disponga, la Consejeria de Hacienda, por medio de La Direccion General de Patrimonio, sera competente para el ejercicio de las facultades que como titular de Bienes y Derechos Patrimoniales corresponden a la Comunidad Autonoma de Andalucia. Asimismo, asumira la representacion extrajudicial de los mismos.

El Consejero de Hacienda podra proponer al Consejo de Gobierno que, en determinados casos, dichas facultades sean delegadas a otras Consejerias y organismos de la Comunidad Autonoma de Andalucia.

Cuando se trate de bienes de dominio privado pertenecientes a Entidades de Derecho publico que dependan de la Comunidad Autonoma de Andalucia, las facultades mencionadas en los articulos anteriores seran ejercidas por quien les represente legalmente, salvo que normas especificas dispongan otra cosa.

La Direccion General de Patrimonio confeccionara un Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autonoma y de las Entidades de Derecho publico dependiente de la misma, relacionandolos separadamente en la forma en que reglamentariamente se establezca, atendiendo, al menos, a su naturaleza, condicion de dominio publico o privado, destino, adscripcion, forma de adsquisicion, contenido y valor. Asimismo, se incluiran aquellos bienes afectos a concesiones que esten sujetos a reversion.

En dicho inventario se tomara razon de cuantos actos se refieran al patrimonio.

La Direccion General de Patrimonio podra recabar de los distintos departamentos y organismos la colaboracion que considere necesaria para actualizar el Inventario General de Bienes y Derechos.

Asimismo, podra recabar la informacion precisa de los administrados en general.

El Inventario General sera publico. El sistema de acceso al mismo por los particulares se ajustara a lo que dispongan las normas de desarrollo del articulo 105 b) de la constitucion.

En la Consejeria de Hacienda existira una unidad de contabilidad patrimonial.

Los bienes de dominio publico son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley respecto de su uso, los bienes de dominio publico, mientras conserven tal caracter, no podran ser enajenados ni gravados en forma alguna.

Los bienes de dominio publico son inembargables; No podra despacharse mandamiento de ejecucion ni dictarse providencia de embargo sobre los mismos.

La Comunidad Autonoma de Andalucia podra recuperar en cualquier momento la posesion de los bienes demaniales que se hallen indebidamente en posesion de terceros.

La recuperacion material del bien se producira una vez adoptado el oportuno acuerdo que le sirva de fundamento.

El acuerdo final sera ejecutorio y recurrible en via contencioso-administrativapero la decision de fondo sobre la titularidad del bien o derecho solo corresponde a la jurisdiccion ordinaria, a la que el interesado o la Administracion pueden acudir si lo consideran oportuno.

No se admitiran interdictos contra la Administracion en esta materia.

La recuperacion de la plena disponibilidad de los bienes de dominio publico, como consecuencia de haber desaparecido las condiciones que amparaban su uso por terceros, compete a la Comunidad Autonoma de Andalucia en ejercicio de su potestad de autotutela. En tal caso, cuando no se produzca voluntariamente el desalojo o liberacion del bien, la Administracion llevara a cabo su recuperacion previo expediente.

El acto administrativo que se adopte sera recurrible en via contencioso-administrativa.

La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá ejercer la potestad investigadora sobre los bienes de dominio público a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad, cuando ésta no le conste anteriormente.

Si el procedimiento de investigación no fuera resuelto y no fuera notificada su resolución en el plazo de dos años a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, caducará, acordándose el archivo de las actuaciones.

La resolución administrativa será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotados los recursos previos necesarios.

Las cuestiones de propiedad que se susciten se resolverán por la jurisdicción ordinaria, a la que podrán acudir tanto la Administración como los administrados.

La Comunidad Autonoma de Andalucia podra acometer el deslinde y amojonamiento de los bienes de dominio publico de su titularidad.

El expediente de deslinde solo podra referirse a aquellos bienes cuya titularidad conste a la Administracion.

Mientras se tramite un deslinde administrativo, no podran sustanciarse procedimiento de deslinde judicial ni juicios posesorios sobre el mismo objeto. La competencia para resolver los deslindes administrativos corresponde al Jefe del Departamento o entidad publica a que haya quedado adscrito el bien, debiendo informar en todo caso la Consejeria de Hacienda.

Los expedientes a que se refieren los articulos anteriores podran incoarse de oficio o a instancia de los interesados y se resolveran con audiencia de estos. Reglamentariamente se desarrollara el procedimiento.

Durante la sustanciacion de los expedientes regulados en los articulos anteriores, la Administracion podra adoptar las medidas provisionales que considere oportunas para salvaguardar la efectividad del acto administrativo que en su dia se genere.

Cuando la Comunidad Autonoma de Andalucia ceda por cualquier concepto bienes demaniales para su gestion o aprovechamiento a particulares o entidades publicas no dependientes de ella, sera la propia Comunidad Autonoma quien ejercite las prerrogativas contempladas en este capitulo.

Cuando la adscripcion se haga a Entidades de Derecho publico dependientes de la Comunidad Autonoma, estas podran adoptar las medidas provisionales a que se refiere el articulo 28, que tendran una duracion maxima de tres meses, salvo que aquella las ratifique antes de terminar dicho plazo. A tal efecto, las entidades citadas deberan poner inmediatamente en conocimiento de la Comunidad Autonoma los acuerdos adoptados en el ejercicio de esta facultad.

La Comunidad Autonoma de Andalucia podra ejercitar las potestades de recuperacion, investigacion y deslinde sobre bienes que no sean de su titularidad cuando los mismos esten afectos a una concesion administrativa.

La subrogacion podra operarse cuando la Administracion considere evidente la existencia de un riesgo y se trate de asegurar el cumplimiento de la concesion. Este expediente debera tramitarse con audiencia del propietario y de los demas interesados.

El uso de los bienes de dominio publico podra ser comun o privativo. Aquel, a su vez, general o especial.

1. Uso comun es aquel que corresponde por igual a todas las personas, sin que la utilizacion por parte de unas impida la de otras.

2. Se considera que existe uso comun general cuando no concurren especiales circunstancias. No sera exigible en tales casos licencia de uso, sin perjuicio del obligado sometimiento a las especificas reglas de policia e instrucciones dictadas para posibilitar un ordenado uso comun.

3. Cuando concurran circunstancias especiales, sea por intensidad o multiplicidad de uso, escasez del bien, peligrosidad, o por otros motivos suficientes, cabe exigir una especial autorizacion para uso, imponer una tasa, limitar o incluso prohibir la utilizacion o si las circunstancias asi lo requieren, calificandose en tales casos el uso comun como especial. El Organo al que se haya adscrito el bien tendra competencia para regular este.

Uso privativo es el que origina una ocupacion de bien intensa y tendente a permanecer, de forma que se impida su libre uso a otras personas.

El uso sera privativo, tanto si el usuario se aprovecha de frutos como si utiliza el bien de dominio publico solo como soporte de alguna construccion, tanto si el bien es devuelto a la Administracion en similares condiciones a las que tenia antes de la ocupacion como si se han modificado sus caracteres esenciales.

Salvo lo dispuesto en el artículo 32 bis de esta Ley, todo uso privativo, sea en favor de personas públicas o privadas, exige previa concesión administrativa.

La adscripción para uso privativo de bienes de dominio público a una Agencia dependiente de la Comunidad Autónoma para su gestión, conservación, explotación o la prestación de un servicio público no requerirá concesión administrativa.

1. La Consejería o agencia que tuviera adscritos bienes demaniales, podrá autorizar su uso por persona física o jurídica, pública o privada, previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio, cuando la ocupación no se realice con obras o instalaciones fijas y por un plazo máximo de un año, siempre que dicho uso no resulte contradictorio con la afectación del bien.

2. Las autorizaciones, en todo caso, podrán revocarse libremente en cualquier momento sin que la persona interesada tenga derecho a indemnización alguna.

3. No será necesario informe favorable de la Dirección General de Patrimonio en los siguientes casos:

   1. Las autorizaciones de uso por plazo inferior a tres meses.

   2. Las autorizaciones para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos.

   3. Las autorizaciones solicitadas por una agencia dependiente de la Consejería que tenga adscrito el bien.

4. Las autorizaciones reguladas en este precepto pueden ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o con condiciones o estar sujetas a la tasa por utilización privativa de bienes de dominio público regulada en la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía o a las tasas previstas en sus normas especiales.

   Serán gratuitas las autorizaciones cuando la utilización privativa de los bienes no conllevase una utilidad económica para la persona autorizada o, aun existiendo esa utilidad, la utilización o aprovechamiento supusiese condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante la misma.

5. El órgano competente deberá fijar en el acto de autorización, tanto las condiciones de utilización del bien, estableciendo lo necesario para que la misma no interfiera su uso por los órganos administrativos que lo tuvieran adscrito, como la contraprestación a satisfacer por la persona solicitante.

1. Las concesiones administrativas, salvo casos especiales, podran ser de los siguientes tipos:

   1. concesion de dominio publico. Supone un titulo de utilizacion privativo, con obligacion por parte de los concesionarios de devolver el bien en su momento y en condiciones de uso similares a las que tenia con anterioridad a la concesion. Podra preverse la reversion a la entidad concedente de las obras e instalaciones afectas al bien de dominio publico.

   2. concesion de servicio publico. Tendra lugar cuando se encomiende al concesionario la prestacion de un servicio del que sea titular el concedente.

      Cuando para la prestacion de ese servicio publico sea necesario el uso comun especial de un bien de dominio publico perteneciente a la Comunidad Autonoma, la autorizacion para ese uso se entendera implicita en la concesion del servicio.

      Tambien se entendera implicitamente otorgada la concesion para uso privativo de aquellos bienes de dominio publico pertenecientes a la Comunidad Autonoma necesarios para la Prestacion del Servicio publico.

   3. concesion de obras y servicios publicos. En tal caso, el concesionario se obliga a ejecutar una obra necesaria para la posterior prestacion de un servicio publico que sea de la titularidad del concedente.

      Cuando la obra necesite ocupar bienes de dominio publico de la Comunidad Autonoma de Andalucia, la autorizacion o concesion, en su caso, se entendera implicita en la concesion de obras y servicios.

2. Podra preverse en la concesion demanial que el uso privativo que confiere permita al concesionario Adquirir la propiedad de aquellas partes o productos del bien concedido que sean susceptibles de separacion del mismo.

3. En todo caso, en la concesion se relacionaran los bienes de dominio publico afectos a la misma.

Cuando el Organo o entidad administrativa competente para la concesion del servicio no coincida con el que tenga la competencia para gestionar el bien de dominio publico necesario, la concesion definitiva debera otorgarse por Acuerdo de Consejo de Gobierno y llevara implicita la mutacion demanial.

1. Las concesiones previstas en los puntos b) y c) del articulo 33 de esta Ley se adjudicaran y quedaran sometidas a las leyes especiales aplicables y, en su defecto, a la presente.

   El procedimiento de adjudicacion se sometera a la legislacion especial y, subsidiariamente, a la legislacion de contratos.

2. Las concesiones de dominio publico previstas en el parrafo a) del mismo articulo 33 se regiran por las leyes especificas aplicables y, en su defecto, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo.

1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.

   Reglamentariamente se desarrollará el sistema de adjudicación, así como la posibilidad de convocar licitación entre proyectos.

2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.

3. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público reguladas en la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o a las tasas previstas en sus normas especiales.

   No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.

   En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión.

4. En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

   Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la concesión.

Las concesiones de dominio público se otorgarán siempre sin perjuicio de terceros, y su duración no podrá exceder, incluidas las prórrogas, de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.

La Administracion podra recuperar por si misma la plena disponibilidad del bien concedido mediante rescate de la concesion, siempre que por el Jefe del Departamento u Organismo competente se justifique la existencia de razones de utilidad publica o interes social para ello.

Son obligaciones de la Administracion concedente:

1. respetar las clausulas de la concesion.

2. poner a disposicion del concesionario los bienes concedidos, Utilizando para ello los privilegios de que dispone.

3. indemnizar, si procede, al concesionario en caso de rescate.

4. cualesquiera otras establecidas en leyes especiales y en sus disposiciones de desarrollo.

Son obligaciones del concesionario:

1. pagar el canon que, en su caso, se haya establecido.

2. conservar y no disponer del bien de dominio publico concedido.

3. devolver a la Administracion concedente los bienes en su estado primitivo, a salvo los deterioros producidos por el uso normal. Revertiran a la Administracion todos los Bienes y Derechos inherentes a la concesion, los que sean de imposible separacion sin deterioro apreciable del mismo y los que expresamente se califiquen como reversibles o sujetos a reversion en el titulo concesional.

4. cualesquiera otras establecidas en leyes especiales y en sus disposiciones de desarrollo.

Sin perjuicio de lo que se disponga en leyes especiales, la Administracion podra declarar la caducidad de la concesion por incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del concesionario.

La competencia en materia de uso y aprovechamiento de bienes de dominio publico correspondera a los Organos o entidades publicas especialmente encargados de gestion, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales y de las competencias de policia.

Del otorgamiento de concesiones, asi como de cuantos actos se refieran a ellas, se dara cuenta a La Direccion General de Patrimonio.

La Comunidad Autonoma podra reservarse el uso de ciertos bienes de dominio publico cuando existan razones de Interes General que asi lo justifiquen o cuando lo establezca la legislacion especial.

Corresponde adoptar dicho acuerdo al Consejo de Gobierno.

La reserva impedira el uso o usos incompatibles con ella por parte de otras personas.

Cuando un bien de dominio publico se convierta en patrimonial, su regimen de uso y aprovechamiento quedara sometido a las reglas aplicables a los bienes de tal naturaleza.

Las concesiones de dominio publico que existieran sobre esos bienes quedaran transformadas en relaciones juridico-privadas, debiendo respetarse los derechos que en el titulo concesional se reconocieron al concesionario, en especial el plazo de uso. No obstante, la Administracion podra rescatar la concesion si existieren razones de utilidad publica o interes social suficientes para ello.

La afectación es el acto por el cual un bien o derecho perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía o Entidad dependiente de ella es destinado a un uso o servicio público.

La afectacion podra referirse a bienes o derechos que ya pertenezcan a la Comunidad Autonoma, o podra llevar consigo al mismo tiempo una asuncion de titularidad que esta antes no tenia. Esta asuncion simultanea de titularidad tendra lugar en los casos en que asi se establezca.

La afectacion podra tener lugar mediante cualquiera de las siguientes formas:

1. por Ley.

2. por silencio.

3. mediante acto expreso o tacito.

La afectacion se producira por Ley cuando asi se disponga en una norma de dicho rango.

Dicha afectacion podra referirse a bienes que ya sean de dominio privado de la Comunidad o implicar la asuncion de titularidad de aquellos que antes no le pertenecieran. En este ultimo caso, cuando esa asuncion de titularidad afecte de forma concreta a derechos de terceros, la Ley declarara la utilidad publica o el interes social y los afectados a efectos de su Expropiacion Forzosa.

La afectacion por Ley puede referirse a uno o varios bienes o derechos en concreto, o de forma generica a todos los que tengan determinada naturaleza o condicion.

1. Se producira afectacion por silencio en los siguientes casos:

   1. cuando el bien o derecho que ya sea anteriormente de dominio privado de la Comunidad Autonoma o sus entidades publicas se destine durante al menos cinco años de forma continuada a un uso o servicio publico.

   2. cuando sin tratarse de un bien que tenga la consideracion de dominio privado de la Comunidad Autonoma, esta lo adquiera por usucapion de acuerdo con las reglas de Derecho Civil, siempre que ese bien viniera siendo destinado a un uso o servicio publico durante los ultimos cinco años.

   En los casos anteriores, el bien se entendera adscrito al Organo o entidad a que de hecho lo estuviera.

2. Cuando algun Organo o entidad tenga conocimiento de que se ha producido una afectacion por silencio, debera ponerlo en conocimiento de la Consejeria de Hacienda, para que esta ordene el levantamiento de acta y procede a incorporar formalmente el bien al dominio publico.

La afectacion puede ser expresa o tacita. Aquella tendra lugar cuando de forma clara y concreta se especifique el bien y el destino al que queda afectado. Esta, cuando no se diga de forma clara y concreta pero se deduzca de un acto de la Administracion Autonoma.

En caso de Expropiacion Forzosa, la afectacion se entiende implicita en la declaracion de utilidad publica o interes social. En tal caso, debera ponerse el hecho en conocimiento de la Consejeria de Hacienda.

Los bienes que se adquieran como patrimoniales necesitaran ser afectados a un uso o servicio publico para que tengan la condicion de bienes de dominio publico, afectacion que podra ser simultanea a la adquisicion.

En todo caso, dicha adquisicion se sometera a las reglas establecidas en el titulo III, capitulo II de la presente Ley.

Salvo que en esta o en otras leyes se disponga lo contrario, es competencia del Consejero de Hacienda adoptar, a peticion de la Consejeria u organismo interesado, los actos de afectacion, previo expediente en el que se justifiquen los motivos de esa decision.

El acuerdo debera expresar el fin o fines a que se destine el bien o derecho, la circunstancia de pasar a formar parte del dominio publico y el Departamento o entidad a que queden adscritos.

El acto de afectacion producira en los registros publicos los efectos previstos en la legislacion del estado, y se hara constar en el Inventario General de Bienes y Derechos.

En todo caso debera levantarse acta de afectacion, en la que Intervendran representantes de la Consejeria de Hacienda y del departemento u organismo al que los bienes vayan a quedar adscritos. A partir de dicho momento, el Departamento u Organismo de destino asumira las competencias que le correspondan sobre los bienes de dominio publico.

Los bienes de dominio privado de las agencias dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán quedar afectados a un uso o servicio público.

La afectación de tales bienes podrá tener lugar por ley, por silencio o por acto expreso o tácito.

La afectación o desafectación de los bienes o derechos de las agencias se acordará por su órgano de dirección, previo expediente en el que se justifiquen los motivos de esa decisión, salvo que se destinen a un uso o servicio público competencia de otra agencia o de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuyo caso se acordará por la persona titular de la Consejería con competencia en materia de Hacienda.

Podran cederse Bienes Muebles o inmuebles de forma gratuita u onerosa a entidades publicas para un uso o servicio publico de competencia de ellas. El bien patrimonial cedido quedara asi afecto a un uso o servicio publico ajeno al cedente, pasando a ser de dominio publico sin que suponga cambio de titularidad.

Tales bienes se someteran a las reglas generales establecidas en esta Ley para los de naturaleza demanial, al pacto de cesion y a lo que se deduzca de la norma que en su caso La Haya impuesto.

La competencia para acordar estas cesiones corresponde al Consejo de Gobierno de La Comunidad Autonoma.

Cuando el bien deje de ser utilizado para los fines previstos, se incorporara como patrimonial a la Comunidad Autonoma.

Este supuesto de mutación, que deberá acordar el Consejo de Gobierno, no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter demanial, y será aplicable a las citadas administraciones cuando estas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administración de la Junta de Andalucía y a sus entidades instrumentales públicas para su destino a un uso o servicio público de su competencia.

La mutacion demanial se produce por el cambio de afectacion de un bien que ya sea de dominio publico.

Podra tener lugar por Ley o por acto expreso o tacito.

La mutacion demanial expresa se llevara a cabo por un procedimiento similar al de afectacion, debiendo intervenir en el expediente los Organos afectados.

El acuerdo final implicara la desafectacion del bien respecto al fin o destino anterior y su afectacion a un fin o destino distinto. Llevara consigo tambien, si llega el caso, la modificacion de la adscripcion organica del bien objeto de la mutacion.

Producida la mutacion demanial tacita, los Organos a los que afecte podran recabar de la Consejeria de Hacienda la constatacion formal de la misma.

En todo caso debera levantarse acta en la forma prevista en el articulo 55.

La desafectacion tendra lugar cuando un bien de dominio publico deje de estar destinado a un uso o servicio publico, pasando a ser de dominio privado.

La Comunidad Autonoma de Andalucia podra desafectar bienes de dominio publico de que sea titular en las formas previstas para la afectacion. Para ello, la Consejeria de Hacienda podra Investigar el uso que se haga de los citados bienes.

Sin embargo, cuando la afectacion haya tenido lugar por Ley, no se entendera producida la desafectacion hasta que la Consejeria de Hacienda reciba formalmente el bien y lo incorpore como patrimonial.

En cualquier caso, la Comunidad Autonoma de Andalucia debera proceder a la desafectacion cuando los bienes o derechos dejen de estar destinados a usos o servicios publicos.

Todos los Organos o entes que tengan adscritos bienes de dominio publico deberan solicitar de la Consejeria de Hacienda el cambio de adscripcion o de afectacion si aquellos no fueran necesarios para el desempeño de las competencias que tengan atribuidas.

La reversion de los bienes expropiados quedara regulada por la legislacion sobre Expropiacion Forzosa.

Los bienes de dominio publico adscritos a Organismos Autonomos que antes de la afectacion fueran de propiedad de los mismos volveran a ser propiedad privada de ellos cuando pierdan la condicion de dominio publico. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 89.

Las discrepancias que se produzcan entre dos o mas departamentos en materia de afectacion, mutacion y desafectacion de bienes seran resueltas por El Consejo de Gobierno.

Los bienes de dominio privado o patrimoniales de la Comunidad Autonoma o de las Entidades de Derecho publico dependientes de la misma quedaran sometidos a las reglas generales de derecho privado, salvo los actos preparatorios de competencia o adjudicacion relacionados con los mismos que, por su condicion de separables, quedaran sometidos a las reglas de derecho publico, siendo competente para Conocer de los mismos la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.

Asimismo, sera de aplicacion para estos bienes lo dispuesto en el articulo.

Los bienes de dominio privado, mientras tengan este caracter, son alienables y prescriptibles.

Los bienes de dominio privado son inembargables. No podra despacharse mandamiento de ejecucion ni dictarse providencia de embargo sobre estos Bienes y Derechos ni sobre las rentas, frutos o productos de los mismos, debiendose estar a lo que dispone la Ley General de La Hacienda publica de la Comunidad Autonoma.

La inscripcion en los registros publicos de los bienes de dominio privado y de los actos que sobre los mismos se dicten se ajustara a las normas estatales sobre la materia.

La Direccion General de Patrimonio de la Consejeria de Hacienda promovera la inscripcion de los bienes patrimoniales a nombre de la Comunidad Autonoma de Andalucia en los registros publicos.

La Comunidad Autonoma y las Entidades de Derecho publico de ella dependientes podran recuperar por si la posesion indebidamente perdida de sus bienes de dominio privado durante el plazo maximo de un año, a contar desde la perturbacion o despojo.

Transcurrido el año, debera la Administracion acudir a la jurisdiccion ordinaria.

Las potestades de investigacion y deslinde de los bienes de dominio privado quedaran sometidas a las mismas reglas previstas para los de dominio publico.

Las cuestiones que surjan sobre la propiedad de los bienes de dominio privado se sustanciaran y resolveran por los tribunales de la jurisdiccion ordinaria.

Cuando exista oposicion, la Comunidad Autonoma y sus Entidades de Derecho publico no podran ejercer potestades de autotutela para recuperar la plena posesion de sus bienes de dominio privado, una vez haya terminado la relacion juridico privada por la que se autorizaba a un tercero para su utilizacion. En tal caso, debera la Administracion dirigirse a los tribunales ordinarios.

La Comunidad Autonoma podra Adquirir Bienes y Derechos de la siguiente forma:

1. mediante expropiacion, en las formas previstas en la legislacion especifica.

2. mediante negocio juridico, oneroso o gratuito, prescripcion, ocupacion y demas formas previstas en derecho.

3. mediante traspaso del estado, y otros entes, en la forma regulada al efecto.

Las entidades publicas de ella dependientes podran Adquirir bienes de acuerdo con los procedimientos previstos en el apartado b) anterior, pudiendo, asimismo, ser beneficiarias de los bienes adquiridos mediante expropiacion.

Se presumira que los bienes son de dominio privado.

Deberá darse cuenta al Departamento de Hacienda de toda adquisición de la que deba tomarse razón en el Inventario General de Bienes y Derechos.

1. Las adquisiciones de bienes inmuebles a título oneroso respetarán los principios de publicidad y concurrencia, salvo cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisición directa.

   Igualmente, se podrá acordar la adquisición directa en los siguientes supuestos:

   1. Cuando el vendedor sea otra Administración Pública o, en general, cualquier persona jurídica de Derecho Público o Privado perteneciente al sector público.

      A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de Derecho Privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de Derecho Público.

   2. Cuando fuese declarado desierto el procedimiento promovido con publicidad para la adquisición, y siempre que no se modificasen las condiciones originales del contrato, salvo el precio y la superficie, que podrán alterarse en un 10%.

   3. Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio.

   4. Cuando la adquisición se efectuase en virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente.

      La adquisición en estos supuestos excepcionales habrá de estar precedida de resolución motivada que se hará pública.

2. Para la efectividad de lo dispuesto en el apartado anterior, podran adquirirse compromisos de gastos de caracter plurianual en los terminos previstos en la Ley General de Hacienda publica de la Comunidad Autonoma para inversiones.

3. La Consejeria de Hacienda sera competente para perfeccionar este tipo de negocios, pudiendo proponer al Consejo de Gobierno que otorgue dichas facultades a otras Consejerias u organismos de la Comunidad Autonoma de Andalucia.

1. Las adquisiciones a titulo oneroso de Bienes Muebles y derechos se someteran a las mismas reglas que las de los inmuebles respecto a publicidad y concurrencia.

2. Seran competentes para perfeccionar este tipo de contratos las Consejerias que hayan de utilizar dichos bienes.

3. En todo caso, El Consejo de Gobierno podra acordar la adquisicion centralizada para determinados bienes.

1. La adquisicion de Bienes y Derechos por las entidades publicas dependientes de la Comunidad Autonoma se llevara a cabo, salvo que otra cosa disponga la legislacion especifica, por el Organo que ostente su representacion legal.

1. Las adquisiciones a título lucrativo de bienes inmuebles o derechos en favor de la Comunidad Autónoma, o de cualquiera de las Entidades públicas dependientes de ella, deberán ser previamente aceptadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

   En caso de adquisiciones a título lucrativo de bienes muebles, serán competentes para aceptarlas las Consejerías o Entidades Públicas a las que vayan a quedar adscritos los mismos cuando el donante hubiera señalado el fin a que deben destinarse. En caso de que dicho fin no hubiera sido señalado, la aceptación corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

   Las herencias se entenderán siempre aceptadas a beneficio de inventario.

2. Corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio la aceptación de las cesiones gratuitas y mutaciones demaniales que recaigan sobre bienes inmuebles, siendo competencia de la persona titular de la Consejería a la que van a quedar adscritos la aceptación de las cesiones y mutaciones demaniales de bienes muebles.

3. En ningún caso podrán aceptarse dichas adquisiciones si las cargas que graven el bien superan el valor intrínseco del mismo.

En las adjudicaciones de bienes o derechos a la Comunidad Autonoma o a cualquiera de las Entidades de Derecho publico de ella dependientes como consecuencia de procedimientos judiciales o administrativos, debera notificarse a la Consejeria de Hacienda el auto, providencia o acuerdo respectivo.

La adquisicion exigira previa identificacion y tasacion de los bienes por parte de la citada Consejeria, formalizandose a continuacion el ingreso en el patrimonio.

1. La creación de sociedades mercantiles del sector público andaluz requerirá autorización del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio, a propuesta de la Consejería a la que haya de quedar adscrita la sociedad o, en su defecto, de la competente por razón de la materia.

2. La adquisición por la Comunidad Autónoma de Andalucía de acciones o participaciones en sociedades mercantiles se acordará por la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

3. La adquisición por entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma será acordada por el órgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia y, en defecto de atribución expresa, por las personas titulares de sus presidencias, direcciones generales u órganos asimilados, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio.

4. Cuando con la adquisición la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a constituirse en partícipe mayoritario, directa o indirectamente, será necesaria la previa autorización del Consejo de Gobierno.

   En caso de adquisición por entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma la propuesta para la autorización se elevará por la Consejería a la que se encuentre adscrita la entidad pública que realice la adquisición o, en su defecto, de la competente por razón de la materia.

5. Las adquisiciones que realicen las sociedades mercantiles participadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía se someterán a las normas de Derecho privado. No obstante, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio, a propuesta de la Consejería a la que se encuentre adscrita o, en su defecto, de la competente por razón de la materia, cuando mediante la adquisición la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a constituirse, de forma indirecta, en partícipe mayoritario.

6. Cuando conforme a los apartados anteriores sea necesaria la autorización del Consejo de Gobierno, esta autorización llevará implícita la aprobación del gasto correspondiente cuando se requiera por la normativa en materia de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

1. El órgano competente conforme al artículo 82 de esta Ley podrá acordar la adquisición de acciones o participaciones mediante la aportación de bienes o derechos previa autorización del órgano competente para su enajenación. En estos casos el informe de expertos independientes previsto en la legislación mercantil se sustituirá por un informe de tasación en los mismos términos previstos en la Disposición Adicional Novena de la presente Ley.

2. El precio de la adquisición de las acciones o participaciones se determinará según los métodos de valoración comúnmente aceptados. Cuando las acciones o participaciones cuya adquisición se acuerde coticen en algún mercado secundario organizado, el precio de adquisición será el correspondiente de mercado en el momento y fecha de la operación.

   No obstante, en el supuesto que los servicios técnicos designados por la Dirección General de Patrimonio o por el órgano competente en el caso de entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma estimaran que el volumen de negociación habitual de los títulos no garantiza la adecuada formación de un precio de mercado podrán proponer, motivadamente, la adquisición y determinación del precio por otro método legalmente admisible de adquisición o valoración.

3. Cuando la adquisición de las acciones o participaciones tenga por finalidad obtener la plena propiedad de inmuebles o de parte de los mismos la valoración de éstas exigirá la realización de la tasación de los bienes inmuebles.

Las participaciones en entidades privadas tendran en todo caso la consideracion de bienes patrimoniales.

1. Los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles en favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las Entidades Públicas dependientes de la misma se acordarán por la persona titular de la Consejería o Entidad interesada.

   Cuando se trate de inmuebles, se requerirá previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio.

   Quedan excluidos del anterior informe los arrendamientos de plazo inferior a tres meses para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones, participaciones en ferias y congresos u otros eventos.

   Si el inmueble objeto del contrato va a ser utilizado por varias Consejerías o entidades públicas, la competencia para el arrendamiento corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

2. Los referidos contratos se adjudicarán con respecto a los principios de publicidad y concurrencia, salvo cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisición directa. El arrendamiento de bienes inmuebles en estos supuestos excepcionales habrá de estar precedido de resolución motivada que se hará pública.

   Asimismo, podrá acordarse la adjudicación directa en aquellos casos en los que el bien objeto de arrendamiento sea de titularidad de una entidad instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. El Organo competente para la adjudicacion de esto contratos lo sera para cuantas incidencias se produzcan en relacion con los mismos.

Toda enajenacion o gravamen de bienes propiedad de la Comunidad Autonoma o de cualesquiera de las entidades publicas de ella dependientes debera ir precedida de una depuracion de la situacion fisica o juridica de las mismas, si es que resulta necesario.

No podran enajenarse bienes que se hallaren en litigio, salvo que el adquirente asuma voluntariamente el riesgo del resultado del mismo.

Igualmente, si llega el caso, deberan suspenderse los procedimientos de adjudicacion que estuvieren en tramite.

La enajenacion de Bienes Inmuebles de dominio privado pertenecientes a la Comunidad Autonoma requerira previa declaracion de alineabilidad por la Consejeria de Hacienda en expediente en el que se acredite que el bien no tiene la condicion de dominio publico. En su caso, se requerira informe del Organo que tenga encomendada la Administracion de dicho bien.

Cuando el bien tenga la condición de dominio público deberá previamente desafectarse. No obstante, los expedientes de enajenación de bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán tramitarse aun cuando los bienes se mantengan afectados a un uso o servicio público siempre que se proceda a su desafectación antes de dictar la resolución o acto aprobatorio de la enajenación.

1. El órgano competente para enajenar los bienes inmuebles será la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio. La incoación y tramitación del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Patrimonio.

2. Cuando el valor del bien o derecho, según tasación, exceda de 20 millones de euros, la enajenación deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno. #Artículo 87 modificado por Disposición adicional 11 de la Ley 2/1990, de 2 febrero, de Presupuestos de Andalucía 1990, publicada en el BO Junta de Andalucía del 6 de Febrero de 1990.

1. La enajenación de los bienes inmuebles se hará mediante subasta. No obstante, podrá realizarse mediante enajenación directa en los siguientes supuestos:

   1. Cuando el adquirente sea otra Administración Pública o, en general, cualquier persona jurídica de Derecho Público o Privado perteneciente al sector público.

      A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de Derecho Privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho Público.

   2. Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde su celebración. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación.

   3. Cuando se tratase de terrenos que por su forma o pequeña extensión resulten de difícil edificación, fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectuase a un propietario colindante.

   4. Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal.

   5. Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.

   6. Cuando el valor del bien o derecho sea inferior a 120.000 euros.

   7. Cuando el Consejo de Gobierno así lo disponga si existen razones justificadas.

      Cuando concurriesen varios interesados con igual derecho, se resolverá a favor del mejor postor.

      En los supuestos de enajenación directa, se dará cuenta a la Comisión parlamentaria competente en materia de Hacienda.

2. Asimismo, podrá acordarse la enajenación de bienes inmuebles o derechos por concurso cuando los mismos, por su situación, naturaleza o características, sean adecuados para atender a las directrices derivadas de las políticas públicas y, en particular, de la política de vivienda.

Podrá acordarse la enajenación de bienes inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma con reserva del uso temporal de los mismos, total o parcial, cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés público y así lo autorice el Consejo de Gobierno. Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración de contratos de arrendamiento, de corta o larga duración, o cualesquiera otros que habiliten para el uso de los bienes enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas de competencia y procedimiento que éste.

Se exigirá autorización por norma con rango de ley cuando el importe del bien sea superior a veinte millones de euros.

Lo previsto en el párrafo anterior podrá también aplicarse a los bienes inmuebles pertenecientes a Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma.

Los bienes inmuebles pertenecientes a Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma que no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarán al Patrimonio de la citada Comunidad Autónoma.

A tal fin, la Entidad pública deberá poner el hecho en conocimiento de la Consejería competente en materia de patrimonio que tramitará el oportuno expediente y procederá a la incorporación formal del bien al Patrimonio de la Comunidad Autónoma.

No será aplicable lo expuesto en los párrafos anteriores cuando se trate de bienes adquiridos por dichas Entidades públicas con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico, de acuerdo con sus reglas de funcionamiento, así como para garantizar la rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de sus normas específicas o responder de los avales que puedan prestar de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

La enajenación de los bienes inmuebles exige previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio en todo caso. Cuando el valor del bien o derecho exceda de 20 millones de euros se requerirá, además, autorización del Consejo de Gobierno.

La enajenación de los bienes muebles se someterá a las mismas reglas de los inmuebles y será competente para acordarla la persona titular de la Consejería que los tuviera adscritos si su valor no excede de diez millones de euros. Si supera dicha cantidad será necesaria autorización del Consejo de Gobierno.

No obstante, cuando se trate de bienes muebles obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso, la enajenación podrá efectuarse de forma directa. El acuerdo de enajenación llevará implícita la desafectación de los bienes.

Se considerarán obsoletos o deteriorados por el uso, aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasación para venta sea inferior al 25 por ciento del de adquisición.

Si no fuese posible o no procediese su venta, podrá acordarse su destrucción, inutilización, abandono o donación a otras Administraciones Públicas o a organismos o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, exceptuándose en ese caso la prohibición establecida en el artículo 107 de esta ley.

En caso de permuta, deberá previamente llevarse a cabo una tasación pericial que acredite que la diferencia de valor entre los bienes a permutar no es superior al cincuenta por ciento del que lo tenga mayor, no obstante lo cual será necesario igualar las prestaciones mediante la oportuna compensación económica.

Corresponderá autorizar la permuta a quien por razón de la cuantía sería competente para autorizar la enajenación.

La enajenación de derechos sobre bienes incorporales deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno, salvo que su valor supere la cantidad de veinte millones de euros, en cuyo caso se requerirá autorización por Ley, salvo lo dispuesto en el artículo 95.2 de la presente Ley.

Todo Organo o entidad que no necesite hacer uso de los bienes patrimoniales de que disponga lo pondra en conocimiento de la Consejeria de Hacienda por si esta considerara adecuado modificar su adscripcion.

1. La enajenación por la Comunidad Autónoma de Andalucía de acciones o participaciones en sociedades mercantiles se acordará por la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

2. La enajenación por entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma será acordada por el órgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia y, en defecto de atribución expresa, por las personas titulares de sus presidencias, direcciones generales u órganos asimilados, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio.

3. Cuando mediante la enajenación la Comunidad Autónoma pierda la condición de partícipe mayoritario, directa o indirectamente, se enajenen la totalidad de las acciones de que se disponga en la sociedad o cuando el valor de las acciones o participaciones a enajenar supere la cantidad de diez millones de euros, será necesaria la autorización del Consejo de Gobierno.

   En caso de enajenación por entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, la propuesta para la autorización se elevará por la Consejería a la que se encuentre adscrita la entidad pública que realice la enajenación o, en su defecto, de la competente por razón de la materia.

4. Las enajenaciones que realicen las sociedades mercantiles participadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía se someterán a las normas de Derecho privado. No obstante, se requerirá la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Patrimonio, a propuesta de la Consejería a la que se encuentre adscrita o, en su defecto, de la competente por razón de la materia, cuando mediante la enajenación la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a perder, de forma indirecta, la condición de partícipe mayoritario.

1. La enajenación se podrá realizar en mercados secundarios organizados, o fuera de los mismos, de conformidad con la legislación vigente y por medio de cualesquiera actos o negocios jurídicos.

El importe de la enajenación se determinará según los métodos de valoración comúnmente aceptados.

Cuando los títulos o valores cuya enajenación se acuerde coticen en algún mercado secundario organizado, el precio de enajenación será el correspondiente al valor que establezca el mercado en el momento y fecha de la operación.

No obstante, en el supuesto que los servicios técnicos designados por la Dirección General de Patrimonio o por el órgano competente en el caso de entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma estimaran que el volumen de negociación habitual de los títulos no garantiza la adecuada formación de un precio de mercado podrán proponer, razonadamente, la enajenación y determinación del precio de los mismos por otro método legalmente admisible de adquisición o valoración.

Cuando los títulos y valores que se pretenda enajenar no coticen en mercados secundarios organizados, el órgano competente para la autorización de la enajenación determinará el procedimiento de venta que se realizará por concurso o por subasta. No obstante, el órgano competente podrá acordar la enajenación directa cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

1. Existencia de limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones, o existencia de derechos de adquisición preferente.

2. Cuando el adquirente sea cualquier persona jurídica de Derecho Público o Privado perteneciente al sector público.

3. Cuando fuera declarada desierta una subasta o ésta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario. En este caso la venta directa deberá efectuarse en el plazo de un año desde la celebración de la subasta, y sus condiciones no podrán diferir de las publicitadas para la subasta o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación.

4. Cuando la venta se realizase a favor de la propia sociedad en los casos y con las condiciones y requisitos establecidos en la legislación mercantil.

1. Será necesaria autorización por Ley para enajenaciones de bienes que hayan sido declarados formalmente de interés cultural.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando el bien enajenado tenga como destino otra Administración Pública. Esta excepción se extiende para las autorizaciones por ley que se contemplan en los artículos 89, 90, 91, 92 y 94 de la presente Ley.

Todo adquirente a titulo oneroso tendra derecho a ser compensado por los desperfectos que, no siendo consecuencia necesaria de un deterioro normal causado por el tiempo, sufran los bienes entre el momento en que se llevo a cabo la tasacion pericial y la entrega de los mismos.

La Consejeria de Hacienda podra Investigar el uso que se haga de los bienes a que se refiere esta Ley.

No podran gravarse los bienes o derechos de dominio privado de la Comunidad Autonoma o de las entidades publicas de ella dependientes, sino con los mismos requisitos exigidos para su enajenacion.

Se necesitara autorizacion del Consejo de Gobierno para transigir sobre bienes de dominio privado de la Comunidad Autonoma o de las entidades publicas de ella dependientes.

El uso por terceros de estos bienes se someterá al régimen general previsto en Derecho privado, con las especialidades establecidas en la presente Ley.

La atribución del uso de bienes o derechos patrimoniales por plazo inferior a tres meses, para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos o solicitados por una agencia dependiente de la Consejería que tenga adscrito el inmueble, no se sujetará a los requisitos del presente capítulo. El órgano competente fijará en el acto de autorización tanto las condiciones de la utilización como la contraprestación que habrá, en su caso, de satisfacer el solicitante.

1. La explotación de los bienes o derechos patrimoniales puede efectuarse directamente por la Administración titular de los mismos o a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico.

2. La explotación directa de los bienes o derechos patrimoniales puede encomendarse a una entidad pública instrumental o a una sociedad mercantil del sector público andaluz. El órgano competente para acordar la puesta en explotación de los bienes o derechos fijará sus condiciones y adoptará las medidas conducentes a la entrega del bien a la entidad o sociedad a que se encomendase su explotación, así como las de vigilancia del exacto cumplimiento de las condiciones impuestas.

3. La adjudicación de los contratos se hará respetando los principios de publicidad y concurrencia, excepto cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisición directa.

Estos supuestos excepcionales habrán de estar precedidos de resolución motivada que se hará pública.

La competencia para encomendar la explotación directa o para adjudicar contratos conforme a lo dispuesto en el artículo anterior corresponde a la persona titular de la Consejería que tenga adscritos los bienes y derechos.

En caso de bienes inmuebles, se requerirá previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio.

La explotación de bienes inmuebles pertenecientes a Entidades públicas que dependan de la Comunidad Autónoma requerirá previa autorización de la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

Será necesaria autorización de la persona titular de la Consejería a que esté adscrita la entidad pública cuando se trate de explotar bienes muebles.

Lo dispuesto en los articulos anteriores de este capitulo se entiende sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales.

La Administracion podra reservarse el uso y explotacion de sus bienes de dominio privado.

Los frutos, rentas o percepciones de cualquier tipo que produzcan dichos bienes, asi como el producto de sus enajenaciones, ingresaran en el patrimonio de la entidad propietaria de los mismos.

Los bienes de dominio privado cuya afectación o explotación no se considere necesaria podrán ser cedidos gratuitamente por el Consejo de Gobierno a Entidades Públicas de todo orden o privadas de carácter benéfico o social, para cumplimiento de sus fines. Dicha cesión especificará las condiciones y el tiempo de su duración. Será competente para acordar la cesión el Consejo de Gobierno, salvo que el valor del bien exceda de veinte millones de euros, en cuyo caso será precisa autorización por Ley.

También podrán cederse bienes a Entes internacionales en cumplimiento de los Tratados suscritos por España.

La Consejería de Hacienda podrá adoptar las medidas que considere necesarias para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del cesionario, pudiendo recuperar los bienes si se produce un incumplimiento grave.

En todo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 57.

Queda prohibida toda donacion de bienes, salvo lo previsto para compromisos o subvenciones de auxilios en la legislacion especial.

Cuando un bien de dominio privado pase a ser de dominio publico, las relaciones juridicas que sobre el mismo existan quedaran reguladas a partir de entonces por las normas aplicables a este tipo de bienes.

Ningun bien de dominio privado podra cederse por plazo superior a cincuenta años.

El Consejo de Gobierno podra adscribir bienes patrimoniales de la Comunidad Autonoma a entidades publicas que dependan de ella. Estas no adquiriran la propiedad de los mismos y tendran la obligacion de respetar las condiciones impuestas.

Quienes tengan a su cargo la gestion o hagan uso de los bienes o derechos de dominio publico o privado de la Comunidad Autonoma o de las entidades publicas de ella dependientes, estan obligados a su custodia, conservacion y utilizacion con la diligencia debida, debiendo indemnizar, en su caso, al titular del derecho por los daños y perjuicios que produzcan y que no sean consecuencia del uso normal de los bienes.

Todo usuario tiene obligacion de respetar los bienes afectos al servicio publico que utilice, aunque estos pertenezcan a entidades privadas encargadas de su explotacion.

En los casos previstos en los dos articulos anteriores, el Organo o entidad publica encargado de la gestion del bien o que haya concedido el servicio publico podra utilizar sus poderes de autotutela para obligar al causante del daño a reparar los perjuicios causados. Sus actos seran recurribles en via contencioso-administrativa.

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en los articulos 111 y 112, podra la Consejeria de Hacienda imponer multas del tanto al triplo del valor del daño causado.

La responsabilidad de las personas que tengan relacion de trabajo de cualquier tipo con la Administracion de la Comunidad Autonoma, sus organismos y entidades, sera exigible con arreglo a la legislacion especifica.

Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, la Administracion no suspendera la tramitacion de los procedimientos sancionadores dimanantes de los mismos, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de la jurisdiccion penal. No obstante no se producira resolucion administrativa definitiva hasta tanto exista pronunciamiento judicial.