Ley de Aguas de Canarias (Ley 12/1990, de 26 de Julio)

1. Se crea en cada isla un Consejo Insular de Aguas, como entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena autonomía funcional, que asume, en régimen de descentralización y participación, la dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas en los términos de la presente Ley.

2. Los Consejos Insulares de Aguas tienen naturaleza de organismos autónomos adscritos a efectos administrativos a los Cabildos Insulares. Esta adscripción orgánica en ningún caso afectará a las competencias y funciones que se establecen en la presente Ley.

3. Los Consejos Insulares tienen capacidad para adquirir, poseer, regir y administrar los bienes y derechos que constituyen su patrimonio, así como para contratar, obligarse y ejercer ante los Tribunales todo tipo de acciones, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

4. Contra los actos administrativos de los Consejos Insulares de Aguas podrán los interesados interponer el recurso ordinario y el extraordinario de revisión, así como el recurso contencioso-administrativo, en los mismos casos, plazos y formas que determinan la legislación de procedimiento administrativo y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El recurso ordinario se interpondrá siempre ante el Presidente del Consejo Insular y el extraordinario de revisión ante el órgano que dictó el acto.

Contra las disposiciones generales de los Consejos Insulares de Aguas y contra los actos de la Junta General del Consejo Insular sólo cabe el recurso contencioso-administrativo en los términos de su ley reguladora.

Son funciones de los consejos insulares de aguas:

1. la elaboración de su Presupuesto y la administración de su patrimonio.

2. la elaboración y aprobación de las ordenanzas que el desarrolló de su actividad pueda precisar.

3. la elaboración y aprobación inicial de los planes y actuaciones hidrológicas.

4. el control de la ejecución del planeamiento hidrológico y, en su casó, la revisión del mismo.

5. el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, certificaciones y demás Actos relativos a las aguas.

6. la custodia del Registro y catálogo de aguas insulares y la realización de las inscripciones, cancelaciones o rectificaciones oportunas.

7. la Gestion y control del dominio público hidráulico, asi cómo de los servicios públicos regulados en está ley.

8. la Policia de aguas y sus cauces.

9. la instrucción de todos los expedientes sancionadores y la resolución de los sustanciados por faltas leves y menos graves.

10. la ejecución de los Programas de calidad de las aguas, asi cómo su control.

11. la realización de las obras hidráulicas de responsabilidad de la Comunidad Autónoma en la Isla.

12. la fijación de los precios del água y su transporte, en Aplicación de lo que reglamentariamente establezca el Gobierno de Canarias.

13. la participación en la Preparacion de los planes de ordenación territorial, Economicos y demás que puedan estar relacionados con las aguas de la Isla.

14. la explotación, en su casó, de aprovechamientos de aguas.

15. la prestación de toda clase de servicios Tecnicos relacionados con el cumplimiento de sus fines y, cuándo proceda, el Asesoramiento a las Administraciones Públicas, asi cómo a los particulares.

16. en general, Todas las labores relativas a la administración de las aguas insulares no reservadas a otros organismos por la presente ley o por las normas generales atributivas de competencias.

1. El Gobierno de Canarias podrá, a Traves de sus Organos competentes, ejercitar las Atribuciones de los consejos insulares anteriormente descritas, siempre que asi se solicité por los mismos y se acuerde mediante Decreto.

2. El Gobierno de Canarias, previa audiencia del consorcio insular respectivo y con autorización del Parlamento, en circunstancias excepcionales y por incumplimiento de sus obligaciones podrá subrogarse temporalmente en Todas o parte de las Atribuciones de los consejos insulares.

1. El estatuto orgánico de los consejos insulares se aprobará para cada Isla, en función de sus características particulares, por Decreto del Gobierno, a propuesta del cabildo respectivo y previó informe de su consejo insular.

2. Son Organos rectores del consejo insular de aguas:

   1. la junta general.

   2. la Junta de Gobierno.

   3. El Presidente.

3. Cada consejo insular nombrará un Gerente.

4. Además podrán crearse Organos complementarios tales cómo juntas comarcales y comisiones sectoriales, en orden al mejor cumplimiento de sus fines.

5. Cada consejo insular de aguas creará la comisión sectorial de aguas costeras y zonas protegidas. En dicha comisión deberán participar representantes de la Administración General del Estado competentes en materia de costas, marina mercante y puertos y representantes del Gobierno Autónomo de Canarias competentes en materia de espacios naturales protegidos, vertidos al mar, estrategia marina y aguas minerales y termales. Su composición y funcionamiento se regulará reglamentariamente. En cualquier caso, las decisiones que se adopten y que puedan afectar a las competencias propias de la Administración General del Estado deberán ser ratificadas por el órgano competente de la misma.

1. La composición de la junta general de los consejos insulares se determinará estatutariamente; en todo casó deberán estar representadas en la misma las siguientes entidades:

   1. el Gobierno de Canarias.

   2. el cabildo insular respectivo.

   3. los ayuntamientos.

   4. los consorcios, empresas públicas y de Gestion de servicios públicos que operen en la Isla y cuya actividad esté directamente relacionada con el água.

   5. las entidades concesionarias y titulares de aprovechamientos que resulten de la Aplicación de la presente ley, asi cómo sus respectivas organizaciones.

   6. las organizaciones agrarias.

   7. las organizaciones Empresariales, sindicales y de consumidores y usuarios.

2. Las entidades descritas en los apartados a), b), c) y d) tendrán una representación del 50 por 100. El Gobierno de Canarias contará con un representante. La referida en el apartado d) no podrá exceder del 5 por 100.

3. Las entidades descritas en el apartado c) tendrán una representación del 24 por 100.

4. Las entidades descritas en los apartados f) y g) tendrán conjuntamente una representación del 26 por 100, atendiendo a las peculiaridades de cada Isla en cuanto a los usos del água.

La Junta de Gobierno estará integrada por una representación proporcional de Todas las entidades presentes en El Consejo insular. Su composición se determinará estatutariamente.

El Presidente del consejo insular será el del cabildo insular correspondiente.

1. Corresponde a la junta general del consejo insular:

   1. controlar la Gestion de los Organos directivos del consejo insular.

   2. elaborar el plan hidrológico insular, asi cómo las Directrices generales a seguir en la Gestion de los recursos hídricos de la Isla.

   3. aprobar el proyecto de Presupuestos para su remisión al cabildo insular correspondiente.

2. Corresponde a la Junta de Gobierno del consejo insular:

   1. elaborar los planes de actuación.

   2. elaborar el anteproyecto de Presupuestos del consejo.

   3. concertar, en su casó, las operaciones de créditos necesarias para las finalidades concretas relativas a su Gestion, conforme a los acuerdos de la junta general.

   4. las funciones ejecutivas que reglamentariamente se le asignen en el Marco de las Atribuciones de los consejos insulares descritas en los artículos anteriores.

   5. aquéllas otras que se le encomienden expresamente por junta general.

3. Corresponde al Presidente:

   1. ostentar la representación del consejo.

   2. presidir la junta general y la Junta de Gobierno.

   3. cuidar que los acuerdos de los Organos colegiados se ajusten a la legalidad vigente.

Los acuerdos de la junta general y de Gobierno se adoptarán por mayoría simple, siendo exigible para la adopción de acuerdo la Asistencia de la mayoría de sus miembros.

1. El Gerente del consejo insular dirigirá la administración del mismo y ejercerá las funciones que el estatuto le confiera. En todo casó se responsabilizará de la Preparacion de los acuerdos que corresponda adoptar a los Organos directivos del consejo y de la ejecución de estos. Será nombrado por El Presidente del consejo en los términos que determine el estatuto.

2. El Gerente asistirá a las sesiones de los Organos del consejo insular con voz y sin voto.

El personal al Servicio de cada consejo insular de aguas estará constituido por:

1. los funcionarios que le sean adscritos por la administración de la Comunidad Autónoma y por los cabildos insulares.

2. los contratados en régimen laboral a cargo de su Presupuesto propio.

1. Los consejos insulares de aguas se financiarán con los ingresos previstos en la legislación general para los organismos de Cuenca y, en especial, con las dotaciones económicas que al efecto les sean transferidas por la Comunidad Autónoma y el respectivo cabildo insular.

2. Corresponde a los consejos insulares la percepción, Gestion y Aplicación de todos los ingresos señalados en está ley y en la legislación general de estado por la utilización del dominio público hidráulico, obras de Regulacion y vertidos; incluso los derivados del régimen sancionador.

3. El control económico-Financiero de cada consejo insular corresponde a una intervención-Delegada de la del cabildo insular.

1. Los consejos insulares de aguas elaborarán el proyecto de su Presupuesto anual, que será elevado al respectivo cabildo para su aprobación definitiva dentro del Presupuesto de la Corporacion insular.

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, los consejos insulares de aguas someterán su régimen presupuestario, en Relacion con el cabildo insular, a lo que La Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias establece respecto de sus organismos autónomos.

1. Los perímetros de Proteccion tienen por finalidad defender el ciclo hidrológico natural y las captacones de água en zonas sensibles a la actividad humana. En ellos se exigirá autorización del consejo insular de aguas para la realización de obras de infraestructura extracción de Aridos, vertidos y cualquier otra actividad con capacidad de afectar sustancialmente a las aguas superficiales o subterráneas.

2. En los perímetros de Proteccion podrán imponerse limitaciones a la actividad industrial, Agricola o recreativa, en cuanto a las acciones que incorporen elementos físicos y Quimicos que puedan afectar a las aguas.

1. La declaración de zona sobreexplotada se producirá cuándo, constatada la sobreexplotación de los recursos hidráulicos en un perímetro determinado, El Consejo insular de aguas asi lo determine.

2. Está declaración implicará la denegación de nuevas concesiones o autorizaciones en la zona y la suspensión de todos los expedientes que a tal efecto estén tramitándose, sin perjuicio de lo que resulte del programa de Regulacion previsto en los apartados siguientes.

3. En el mismo acto de declaración El Consejo insular aprobará las bases de la regularización, en las que se hará constar el caudal Maximo de explotación, los caudales mínimos dedicados a Recarga, las restricciones específicas que hayan de establecerse y el plazo en que el programa de regularización debe ser elaborado.

4. Los titulares de derechos afectados, agrupados al efecto, podrán presentar al consejo insular, dentro de un plazo suficiente establecido al efecto, un programa de regularización, que será aceptado en cuanto respete las bases previstas en el apartado anterior.

5. Si al término del plazo el programa de regularización voluntaria no ha sido presentado, lo elaborará y aprobará directamente El Consejo insular haciendo uso de las técnicas previstas en el artículo siguiente.

En el programa de regularización forzosa que se elabore para las zonas sobreexplotadas podrán introducirse las siguientes determinaciones:

1. Integracion o Gestion conjunta de captaciones o alumbramientos, que implicará la Gestion unitaria de los derechos y deberes especificados en el programa, sin perjuicio de las relaciones recíprocas entre sus titulares.

2. reducción de extracciones y redistribución de caudales, con las compensaciones que procedan, en casó de existir titulares beneficiados, en favor de los perjudicados.

3. expropiación de las Infraestructuras o caudales necesarios para la ejecución del programa, que se declaran de utilidad pública a tales efectos.

No se consolida el Derecho a sobreexplotar. Cuándo se produzca una reducción o redistribución equitativa en la ejecución de un programa de regularización de zona sobreexplotada, la correspondiente reducción de extracción no otorga Derecho a indemnización, aunque afecte a derechos de carácter privado preexistentes a la presente ley.

La declaración del riesgo de sobreexplotación implicará una situación de vigilancia especial para la zona asi calificada, con controles periódicos de las extracciones y seguimiento inmediato de la Evolucion del equilibrio hidrológico de la zona.

1. La declaración de un Acuifero costero, o porción del mismo, en Proceso de salinizacion por intrusión Marina equivale a todos los efectos a la de zona sobreexplotada.

2. Si la intensa explotación de una zona no Costera produjera la mineralización de las aguas subterráneas con Sales dañinas para el hombre o la Agricultura podrá declararse la zona en Proceso de salinizacion, con los mismos efectos.

1. Los objetivos de la Proteccion de aguas, cauces y terrenos acuíferos de la legislación general del estado se extienden en las islas Canarias a:

   1. evitar el deterioro de los sistemas naturales de recepción, condensación o infiltración del água atmosférica y, en lo posible, incrementar su rendimiento.

   2. la reutilización de las aguas.

2. La administración extremara el cuidado en la Aplicación de las medidas de todo orden destinadas a la Conservacion de la cantidad y calidad de los recursos y reservas hidráulicos.

Todos los planes que se realicen en el ámbito de la Comunidad Autónoma, tanto territoriales cómo referidos a las actividades económicas o subsectores relacionados con el água, atenderán prioritariamente a la economía y Proteccion de los recursos hidráulicos. Los planes de ordenación del territorio y urbanísticos atenderán, además, a la Conservacion de los cauces y adecuada ordenación de su entorno, evitando actividades que puedan dañarlos.

1. En Canarias el dominio privado de los cauces por los que ocasionalmente discurren aguas pluviales no se interrumpe por el hecho de cruzar una via pública, pero no permite hacer obras que puedan variar el cursó natural de las aguas sin autorización Administrativa del consejo insular de aguas, que será previa a cualquiera otra que se precise.

2. En todo casó, se considerarán cauces de aguas discontinuas, que forman parte del dominio público, aquéllos barrancos que se prolonguen desde cualquier divisoria de Cuenca hasta el mar, sin Solucion de continuidad.

3. La realización de obras de cualquier tipo en los cauces integrados en el dominio público y en su zona de servidumbre requiere autorización o concesión Administrativa.

El Consejo insular de aguas exigirá autorización para las obras que se especifiquen reglamentariamente en la zona de Policia de los cauces públicos. Las edificaciónes, excepto en suelo urbano, la apertura de canteras, la extracción de Aridos y las obras que alteren sustancialmente el relieve en dicha zona, en todo casó, quedan sujetas a autorización.

1. El Consejo insular de aguas, de oficio o a instancia de parte, procederá a efectuar el deslinde de aquéllos cauces en que se prevean o aprecien acciones capaces de proyectarse sobre el cauce o su zona de servidumbre y, en su casó, ejercerá la potestad de recuperación de oficio para preservar la integridad del dominio público hidráulico superficial.

2. El plazo para resolver y notificar el procedimiento de deslinde de los cauces públicos será de un año.

Son objeto de la Proteccion del dominio público hidráulico:

1. conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas.

2. impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, asi cómo un exceso de Sales o cualquier otra contaminación que ponga en riesgo la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

1. Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o Degradacion del dominio público hidráulico y, en particular, el vertido de líquidos y de productos susceptibles de contaminar las aguas superficiales y subterráneas, requiere autorización Administrativa.

   No obstante, las explotaciones de energía geotérmica de muy baja entalpía estarán sujetas a comunicación previa

2. A los efectos de la presente ley, se considerará vertido la aportación de líquidos o sólidos solubles o miscibles en el água, que se realice directa o indirectamente en todo el territorio insular, independientemente de que se trate de cauces públicos o terrenos particulares, y cualquiera que sea el procedimiento utilizado.

1. Las autorizaciones de vertido concretarán todos los extremos que por via reglamentaria se exijan.

   En todo casó, quedarán reflejados en Ellas las Instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control de su Funcionamiento, asi cómo los límites que se impongan a la composición del efluente y el importe del canon de vertido.

2. En la autorización podrán estipularse plazos para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los límites que en élla se fijen.

Cuándo el vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas, sólo podrá autorizarse si el estudió hidrogeológico previó demostrase su inocuidad.

1. Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o trasladó de Instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la correspondiente autorización del vertido.

2. El Gobierno de Canarias, previa audiencia del consejo insular respectivo, podrá prohibir, en zonas concretas, aquéllas actividades y procesos cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de contaminación grave de las aguas.

El Consejo insular podrá suspender temporalmente las autorizaciones de vertido, o modificar sus condiciones, cuándo las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado, o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Corresponderá al Gobierno de Canarias la revocación de la autorización, a propuesta del consejo insular.

Las autorizaciones de vertido podrán ser revocadas por incumplimiento de sus condiciones.

En casos especialmente cualificados de incumplimiento de condiciones, de los que resultasen daños muy graves al dominio público hidráulico, la revocación llevará consigo la caducidad de la correspondiente concesión o autorización de aprovechamiento de aguas, sin Derecho a indemnización.

1. El Consejo insular de aguas ordenará la inmediata suspensión de las actividades que den origen a vertidos no autorizados. Asimismo, requerirá a sus causantes la adopción de las medidas precisas para su corrección, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y Administrativa en que hubieran podido incurrir.

2. Si, además, el vertido fuese contaminante y no susceptible de corrección, el Gobierno de Canarias decretara la clausura de las Instalaciones. A esté fin, y mediante Reglamento, se arbitrará un procedimiento especial sumario que incluirá las necesarias garantías formales y de audiencia al interesado.

3. Se prohíbe expresamente la introducción y vertido a las redes de alcantarillado de sustancias o productos que dificulten la depuración o la reutilización de las aguas. El Consejo insular supervisará el cumplimiento de está prohibición y podrá dictar normas técnicas al efecto, incluso sobre las características que deberán reunir las aguas de abastecimiento. De su incumplimiento se derivarán análogas actuaciones a las previstas en el número 1 para vertidos no autorizados.

1. El Consejo insular podrá hacerse cargo directa o indirectamente, por razones de interés general y con carácter temporal, de la explotación de las Instalaciones de depuración de aguas residuales cuándo no fuera procedente la paralización de las actividades que producen el vertido y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones autorizadas.

2. En el supuesto previsto en el número anterior El Consejo insular reclamara del titular de la autorización, incluso por via de apremio:

1. las cantidades necesarias para modificar o acondicionar las Instalaciones en los términos previstos en la autorización.

B ) los Gastos de explotación, mantenimiento y Conservacion de las Instalaciones.

1. Los entes y organismos públicos, titulares de Instalaciones de depuración de aguas residuales deberán garantizar su correcto Funcionamiento para conseguir los objetivos de Proteccion de calidad de las aguas, establecidos en está ley.

2. A ese fin, El Consejo insular de aguas velará por el cumplimiento de esa obligación, pudiendo, en su casó, subrogarse temporalmente en la Gestion de dichas Instalaciones.

1. Podrán constituirse empresas de vertidos para conducir, tratar y verter aguas residuales de terceros.

   Las autorizaciones de vertido que se otorguen a su favor, incluirán además de las condiciones exigidas con carácter general, las siguientes:

   1. las de admisibilidad de los vertidos que van a ser tratados por la Empresa.

   2. los precios máximos y el procedimiento de su actualización periódica.

   3. la obligación de constituir una fianza para responder de la continuidad y eficacia de los tratamientos.

2. La cuantía de la fianza y los efectos que se deriven de la revocación de la autorización, se determinarán reglamentariamente.

El Gobierno de Canarias establecerá las condiciones básicas que habrán de tener en cuenta los planes insulares para la reutilización directa de las aguas, en función de los Procedimientos de depuración, su calidad y los usos previstos. En el casó de que la reutilización se lleve a Cabo por personas distintas del primer usuario de las aguas, se considerarán cómo independientes ámbos aprovechamientos, y serán objeto de concesiones distintas.

Quiénes soliciten una concesión deberán indicar el Destino que pretenden dar al água o someterse a los usos indicados por El Consejo insular, ajustándose en ámbos casos a lo dispuesto en los planes hidrológicos.

El otorgamiento de concesiones para nuevas producciones y aprovechamientos de bienes de dominio público hidráulico se ajustará a las siguientes reglas:

1. El Consejo insular, atendiendo a las previsiones de los planes hidrológicos, determinará el plazo de Duracion de toda concesión, que no será superior a setenta y cinco años.

2. La concesión contendrá la Descripcion de las obras a realizar y se referirá a unos caudales a aprovechar, que se entenderán cómo máximos. En el Titulo concesional podrá exigirse que una vez realizadas las obras y en condiciones de explotación, el aprovechamiento sea obligatorio, siempre que técnicamente sea posible y económicamente viable.

3. Los usos de los caudales objeto de concesión se ajustarán a lo dispuesto en los planes insulares.

4. Tratándose de pozos y galerías, la concesión se extenderá a la utilización del subsuelo, y no siendo el titular el propietario del suelo dónde se encuentre la bocamina y anejos, también se extenderá a esa superficie y conllevará, en su casó, la declaración de utilidad pública a los efectos de su expropiación e indemnización correspondiente.

5. El contenido de la concesión comprenderá la explotación de los recursos hídricos y la realización de obras e Instalaciones, tanto subterráneos cómo superficiales, incluída la construcción de la conducción hasta el acceso a una red de transporte o punto de consumo y la ocupación de los terrenos necesarios, con las mismas garantías del punto anterior.

6. La concesión se otorgará sin perjuicio de tercero y no podrá perjudicar Explotaciones preexistentes amparadas por está ley, salvo que el peticionario sea el titular de las mismas, o proceda legalmente la explotación consorciada.

1. La ampliación de las concesiones para el aumentó del caudal precisa de un nuevo acto concesional complementario del anterior. Estás ampliaciones se extinguirán en el mismo momento que la concesión principal, teniendo carácter accesorio a está.

2. Las obras necesarias para alcanzar o mantener el caudal objeto de la concesión no exigirán nuevo acto concesional, aunque si la correspondiente autorización Administrativa.

3. En el casó de alumbramiento de caudales superiores al otorgado en la concesión, está podrá ser ampliada siempre y cuándo lo permita la racional explotación del Acuifero.

4. Cualquier caudal sobrante que pueda originarse ha de ser puesto a Disposición del consejo insular, para su mejor utilización.

Mientras El Consejo no disponga del caudal sobrante, el concesionario podrá aprovecharlo para si, dándole el mismo Destino que al resto del caudal.

1. La concesión está sujeta al cumplimiento de las obligaciones generales previstas por las leyes, reglamentos y planes y al de las condiciones especiales establecidas en el acto de su otorgamiento.

2. El Consejo insular podrá establecer los Requisitos Tecnicos de la explotación que sean conformes al plan, incluída la afectación total o parcial de los caudales obtenidos a un Destino determinado.

1. El otorgamiento de las concesiones será ofertado mediante Concurso Público, a iniciativa de la administración o de los particulares interesados, a Traves de unas bases, sujetas al plan hidrológico insular correspondiente, en las que se determinarán las condiciones técnicas, administrativas y económicas de la Gestion, a las que habrán de adaptarse los Proyectos que se presenten.

2. En las Convocatorias podrán imponerse justificadamente restricciones a la oferta de Proyectos, limitándola a comunidades de usuarios que al efecto se constituyan, o exigiendo la explotación consorciada de la nueva concesión con las ya existentes en la zona, según se determina en los apartados siguientes.

3. En cada convocatoria se individualizaran los criterios que serán tenidos en cuenta para la Seleccion del concesionario, de acuerdo con La Ley y con los principios previstos en los planes, estableciéndose un orden de concurrencia o de prelación entre los factores que puedan alegar los peticionarios, cómo son: Naturaleza Juridica, pública o privada del empresario: Propiedad del suelo; adecuación a la prioridad de usos prevista en está ley; titularidad de otras concesiones conexas; puesta de una parte del água a Disposición de entes públicos; Mejores condiciones de ofertas; compromiso de explotación consorciada; rentabilidad Social; clase de cultivó a que se va a destinar, en su casó, el água, y otros de finalidad análoga.

4. Podrá prescindirse del Concurso Público cuándo las bases de la concesión supongan unas condiciones que excluyan la concurrencia por su propia naturaleza, o cuándo se exija, al Amparo del apartado dos del presente artículo, que los peticionarios sean todos los titulares de la zona afectada o cuándo se imponga una explotación consorciada de los mismos.

1. Las concesiones podrán ser renovadas al término de su plazo, atendiéndose al procedimiento establecido en el artículo anterior, incluyéndose cómo factor de preferencia el hecho de haber sido anterior concesionario, siempre que no haya incurrido en caducidad por incumplimiento de sus condiciones esenciales.

2. Cuándo el Destino de las aguas fuese el abastecimento a la población o el uso Agricola, el titular de la concesión podrá obtener una nueva con el mismo uso y Destino, debiendo formular la solicitud en el trámite de audiencia previa en el expediente de declaración de extinción o durante los últimos cinco años de vigencia de aquélla.

En casó de producirse la solicitud, y siempre que no se opusiere a lo establecido en los planes hidrológicos, El Consejo insular tramitará el expediente excluyendo el trámite de Proyectos en competencia.

Por razones de interés general, El Consejo insular podrá modificar las condiciones de la concesión, en resolución motivada y mediante expediente contradictorio con audiencia a los interesados, en los siguientes casos:

1. En la zona de acuíferos declarados sobreexplotados podrá reducirse con carácter temporal el caudal producible con objeto de conservar equilibradamente los recursos hidráulicos. Cuándo está medida no afecte a Todas las Explotaciones de la zona y con élla se ocasione un benefició en favor de otros aprovechamientos, los titulares de estos deberán indemnizar al perjudicado. A falta de acuerdo entre ellos, se decidirá la cuantía que corresponda por el procedimiento de expropiación forzosa urgente. Estás medidas subsistirán hasta que se declare que la zona o Acuifero ha dejado de encontrarse en situación de sobreexplotación.

2. Con objeto de racionalizar la explotación de una zona, El Consejo insular de aguas, de oficio o a iniciativa de los particulares, podrá imponer la reordenación de las concesiones ya existentes, exigiendo una explotación coordinada, consorciada o común de varias de Ellas. Las que pertenezcan a quiénes no acepten las condiciones impuestas al efecto podrían ser expropiadas con la indemnización correspondiente, en benefició de los demás.

3. Cuándo se constaten afecciones recíprocas entre varias concesiones existentes o se prevea la posibilidad de que se produzcan, podrán imponerse las medidas establecidas en el número anterior y con las mismas garantías a favor de los concesionarios.

1. Las concesiones y derechos sobre el dominio público hidráulico se extinguen por:

1. Expropiación forzosa o rescate de la concesión, con la indemnización correspondiente en su casó.

2. Expiración del plazo de la concesión o renuncia de su titular.

3. Caducidad de la concesión por la interrupción continuada de la explotación durante dos años consecutivos, siempre que dicha interrumpcion sea imputable al titular.

4. Revocación de la concesión por el incumplimiento de las condiciones esenciales previstas cómo tales en el documento concesional.

5. Mútuo acuerdo entre la administración concedente y el concesionario.

2. La extinción de las concesiones habrá de ser declarada por El Consejo insular de forma expresa y en expediente contradictorio con audiencia de los interesados.

1. En cada Titulo concesional habrá de precisarse las obras e Instalaciones afectas al Servicio que estén sujetas a reversión, asi cómo los correspondientes plazos de amortización, que podrán ser revisados cada cinco años.

2. A falta de previsión expresa, se entenderá que forman parte de la concesión Todas las obras e Instalaciones permanentes que se encuentren en terrenos de dominio público. Para poder retirarlas, el propietario habrá de iniciar, antes de la extinción de la concesión, expediente de declaración de que no se encuentran afectas.

Con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento global de los recursos de una zona, El Consejo insular de aguas podrá condicionar el otorgamiento de nuevas concesiones a la constitución de los interesados en una Comunidad general que agrupe Todas las captaciones con valor efectivo, en los términos que se determinen.

1. La administración hidráulica fomentará la Fusion de captaciones en una Comunidad única en aquéllos puntos en los que sus dimensiones y volumen de interacciones lo hagan recomendable.

2. A tal fin, ofrecerá ayuda técnica para la redacción de los nuevos estatutos, además de los estímulos que puedan crearse en el seno de un programa de actuación tendente a impulsar estás fusiones en el que cooperarán el Gobierno de Canarias y los consejos insulares de aguas.

1. Los consejos insulares establecerán, dentro de cada plan hidrológico, el Servicio público de transporte del água en la Isla o en cualquiera de sus zonas en que sea necesario. No tendrá carácter de Servicio público el transporte de aguas proveniente de un aprovechamiento del que sea titular el dueño de las conducciones, siempre que el Destino del água fuera el consumo propio, salvo que por aquéllas se transporte simultáneamente água a terceros.

Los planes hidrológicos insulares establecerán las medidas de control pertinentes para garantizar lo previsto en el párrafo anterior.

Cuándo en una Isla o zona de la misma se establezca el transporte del água cómo Servicio público, conforme a los criterios definidos en los artículos 97, 98, 99 y 100, para las conducciones sobre las que se haya declarado, se regularán de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes.

Los consejos insulares de aguas velarán para que el Servicio público de transporte de água se preste con arreglo a criterios de eficacia, economía y racionalidad.

A tal fin se llevará a Cabo:

1. inventario de conducciones e Instalaciones de Regulacion de caudales de interés común que resulten afectadas.

2. establecimiento de redes insulares o zonales de transporte que se precisen.

3. normas técnicas reguladoras de las características de las conducciones y de su uso.

Todos los que dispongan de conducciones que sean utilizadas de forma permanente o temporal para transportar água a terceros, están obligados a declararlas en los plazos y condiciones que se establezcan en está ley y su Reglamento.

1. El Consejo insular diseñara el trazado de las redes de transporte, aprovechando en lo posible las conducciones e Instalaciones ya existentes, que deberán adaptarse a las condiciones técnicas fijadas en los planes.

2. Cada red constituirá un Sistema completó de conducciones referidas a una zona o zonas, de tal manera que permita el transporte de los caudales desde el lugar o lugares de su Produccion hasta dónde vayan a ser aprovechados por los usuarios o consumidores. A tal efecto, antes de su aprobación se abrirá un período de información pública para que los interesados puedan ofrecer sugerencias o Proyectos, proponiendo conexiones Fisicas y jurídicas que favorezcan la racionalidad de las redes y la transparencia del Mercado de transporte.

3. No se incluirá en las redes:

   1. las conducciones desde el lugar de captación o Produccion hasta el acceso a una red de transporte, que constituyen un anejo de la concesión de la explotación, conforme a lo previsto en está ley.

   2. las conducciones de Distribucion, entendiendo por tales aquéllas que trasladen el água desde la red de transporte o lugares de almacenamiento hasta los puntos de su utilización por un usuario o Grupo de ellos.

4. Las redes de transporte, que se integrarán automáticamente en el plan hidrológico insular, serán aprobadas por El Consejo insular de aguas.

1. La aprobación de una red en los términos previstos en los artículos anteriores da Derecho a los propietarios de las conducciones existentes, incluídas en la misma, a obtener la correspondiente concesión del Servicio público de transporte del água. Cada red será objeto de una concesión única, por lo que los propietarios habrán de acreditar que se ha constituido una entidad que disponga de Todas las conducciones afectadas, tanto de propiedad pública cómo privada. La negativa del propietario de algunos de los tramos a integrarse en la citada entidad, o la no constitución de la misma en el plazo que reglamentariamente se señale, o la no solicitud del otorgamiento de la concesión serán causas suficientes para la expropiación de las conducciones afectadas.

2. La concesión del Servicio público de transporte, a Traves de redes no adjudicadas conforme a lo dispuesto en el número 1 de esté artículo, se otorgará mediante Concurso Público.

3. Los consejos insulares establecerán las bases de los concursos en los que se especificarán las condiciones técnicas que deberá reunir cada red, las Estructuras de aforos y medidas, los valores mínimos de eficiencia de transporte, la Duracion de la concesión, los usos previstos en el plan hidrológico y la cuantía mínima del canon cuándo la conducción sea pública.

4. Las entidades concesionarias de redes distintas podrán concertar entre Ellas conexiones Fisicas y jurídicas que permitan el transporte Unico, previsto en está ley.

El otorgamiento de la concesión de la explotación de una red de transporte de água conlleva la declaración de utilidad pública en cuanto a la ocupación del subsuelo o superficie necesarios, con el Derecho a favor del propietario afectado a ser indemnizado de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de expropiación forzosa.

1. En la programación de inversiones públicas para la construcción de canales y conducciones se Dara preferencia a las que, apareciendo previstas en una red, no hayan sido ejecutadas, asi cómo aquéllas que modifiquen con ventaja los trazados existentes.

2. El Consejo insular podrá imponer servidumbres forzosas de acueducto en benefició de la construcción de los canales incluídos en las redes insulares.

La construcción de nuevos canales o conducciones para el transporte de água a terceros precisará la autorización del consejo insular de aguas, sin perjuicio de las demás licencias que, por razones urbanísticas o de utilización del dominiio público, sean procedentes.

1. Los concesionarios de una red de transporte de água estarán obligados a contratar el transporte de los caudales que se les solicité dentro de la capacidad de la red y de los usos previstos en los planes insulares. El contrató de transporte para un caudal determinado será Unico desde el lugar de Produccion hasta el punto de Destino, sin perjuicio de que los caudales puedan discurrir por conducciones de otra red en los supuestos previstos en está ley.

2. Salvo que expresa y voluntariamente se pacte lo contrario, el contrató no obliga a la entrega en el punto de Destino de los volúmenes de água físicamente individualizados que se descarguen en la red de un punto de Produccion específico, pudiendo entregarse otros iguales en cantidad y equivalentes en calidad por el Sistema habitual de permutas o compensaciones. En los contratos se pactará de forma expresa el momento y lugar de la descarga de la red y el de entrega.

3. Los concesionarios estarán obligados a comunicar al consejo insular los contratos que efectúen. Asimismo cobrarán los gravámenes que, cómo consumo excesivo fuera de los módulos previstos, puedan aplicarse, en el Marco de la Politica de precios, por los consejos insulares.

   Por esté Servicio tendrán Derecho a la percepción del porcentaje sobre la Recaudacion que reglamentariamente se establezca.

   Igualmente, los concesionarios descontarán del precio del transporte las reducciones que pudieran establecerse, abonándoseles por la administración la diferencia correspondiente.

4. Los Suministros esporádicos de carácter urgente podrán efectuarse sin contrató formal, aunque el concesionario vendrá obligado a comunicarlo al consejo insular en la forma que reglamentariamente se establezca.

1. Los contratos de transporte de água pueden ser celebrados por:

   1. los usuarios que adquieran los caudales en el lugar de su Produccion.

   2. quiénes produzcan el água para uso propio o vendan los caudales en el punto de Destino.

2. Los Transportes se realizarán con arreglo a precios oficialmente aprobados.

3. Los concesionarios del Servicio público de transporte de água no podrán adquirir los caudales transportados con objeto de revenderlos posteriormente a usuarios o intermediarios.

4. En el supuesto de que existiesen caudales de água que no hayan de ser aprovechados o almacenados, el concesionario del transporte estará obligado a transportar el água hasta los depósitos que El Consejo insular le señale, percibiendo por ello la contraprestación correspondiente.