Legitimación y postulación procesal

Legitimación y postulación procesal

1. Introducción

La evolución normativa de los procedimientos de eficacia ha supuesto, en algunos casos, zanjar la polémica doctrinal que, en su día, surgió como consecuencia de la deficiente técnica legislativa empleada en una regulación que nació con vocación de provisionalidad. Actualmente, se ha clarificado la postura del Ministerio Fiscal, en el sentido de que es la misma -su actuación en estos procedimientos de eficacia- que para el resto de los procedimientos matrimoniales, pero no siempre fue así. Recordemos que la normativa no era nítida, máxime cuando se solapa su actuación, como se desprendía de las Disposiciones Adicionales 2ªy 8ª de la Ley 30/81 de 7 de julio. Es decir, en los párrafos 1º y 2º de la primera disposición citada se le otorgó una actuación concreta, ser oído, junto al otro cónyuge (párrafo 1º), así como la posibilidad de hacer valer su pretensión en el procedimiento correspondiente -legitimación activa- (cuando previamente hay un Auto del juez denegando la eficacia pretendida) ; por su parte, la Disposición Adicional 8ª hacía preceptiva su intervención cuando hubiese hijos o cónyuges menores, incapaces o ausentes.

Respecto de los cónyuges -los que fueron parte en el procedimiento canónico- no ha existido discrepancia en cuanto a la legitimación de los mismos -activa o pasivamente- en los procesos de homologación, aunque se discutió, y hoy continua con cierta virulencia la polémica, a raíz de determinadas resoluciones del TC, si estas calidades y cualidades para intervenir en el proceso eran ampliables a otros interesados (tutores y guardadores).

Por último, también existió división de opiniones en la doctrina en torno a la intervención de abogados y procuradores en estos procedimientos, en el sentido de considerarla, según sea, potestativa o preceptiva. Esta falta de unidad fue producto de la posición adoptada en torno a la problemática de la naturaleza jurídica de estos procedimientos de eficacia. Si bien, hay que matizar que dicha discusión sobre la postulación procesal se dió sólo en el primero de los procedimientos contemplados en la D.A. 2ª, ya que en el segundo procedimiento -el denominado genéricamente como “procedimiento correspondiente”- dicha postulación era más clara, tanto si se optaba por el procedimiento de menor cuantía como si se elegía el trámite de la D.A. 5ª de la ley 30/81 (que a su vez se remite al proceso incidental con las modificaciones que la citada disposición contiene), artículos 9 y 10 de L.E.C. de 1881.

Hoy día, a tenor del art. 778 y de su carácter de procedimiento especial, no existen dudas de que la postulación procesal es necesaria.

2. Legitimación

2.1. Legitimación de los cónyuges

Sin entrar en controversia que la definición de legitimación ha originado, podemos decir que consiste ésta en reunir esas cualidades y calidades necesarias para intervenir en el proceso y ser parte en el mismo.

Del artículo 80 de nuestro Código Civil y de la derogada D. A. 2ª de la Ley 30/81, de 7 de julio, se desprende, de su tenor literal, que poseen exclusivamente esta cualidad-calidad el Ministerio Fiscal y ambos cónyuges. Éstos últimos podrán ser accionantes (también el ministerio público) de la petición o demandados, siendo independiente la postura procesal con la que intervinieron en el proceso canónico de nulidad. No obstante, existe, ante la ausencia de una formulación precisa de las normas que regulan la legitimación (y nos referimos tanto a las normas del cc como a las del Acuerdo de 1979), un determinado sector de la doctrina que considera que están legitimados -además de los expresamente reconocidos por la D.A. 2ª- otros sujetos interesados. Hacen así una interpretación extensiva de los preceptos enunciados y de otros que interrelacionan.

2.1.1. Normas reguladoras

Los Acuerdos de 3 de enero de 1.979, y en concreto el artículo VI, párrafo II, del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos establece textualmente: “Los contrayentes a tenor de lo dispuesto en el derecho canónico podrán acudir a los tribunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado”. Continúa el citado precepto, ”a solicitud de cualquiera de las partes, dichas resoluciones tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al derecho del Estado en resolución dictada por el tribunal civil competente”.

Nuestro vigente Código Civil regula en su artículo 80: “Las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si de declaran ajustadas al derecho del Estado en resolución...”.

Por último, las tantas veces repetida Disposición Adicional 2ª , párrafo II, de la Ley 30/81 de 7 de julio declara textualmente: “Presentada la demanda por cualquiera de las partes, el juez dará audiencia por plazo de nueve días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal”. La actual regulación, art. 778, reproduce el anterior párrafo (aunque amplia el plazo de la audiencia en 10 días).

2.1.2. Pensamiento doctrinal

ENTRENA KLETT parte de la idea de que aquellos que estuvieran legitimados en el proceso canónico para instar la nulidad o disolución del matrimonio serán quienes puedan pedir en España la ejecución de la sentencia o de la dispensa. Todo ello porque el hecho de ser parte legítima en el proceso principal determinará su capacidad para serlo en la incidencia de homologación. Basicamente no se aparta de lo expuesto anteriormente, pues afirma de forma rotunda que, en principio, sólo están legitimados activa y pasivamente los cónyuges.

Es decir, según ENTRENA KLETT, y citamos textualmente: “Los cónyuges son partes naturales de este procedimiento; ... pero, si hay un tercero interviniente en razón de lo dispuesto en el artículo 74 del Código Civil, el mismo será también parte en el proceso de homologación”1. Con esta afirmación se está dando entrada a aquel cónyuge que, tras un procedimiento de divorcio en el fuero civil, contrajo posteriores nupcias con alguno de ellos. Entendemos que esto no sería posible, y de la misma forma se pronunció el Ministerio Fiscal, por entender que no estaba legitimada activamente la accionante de un proceso de eficacia siendo cónyuge actual por divorcio civil, como recoge el pronunciamiento del Juzgado de Familia nº 7 de esta capital en auto dictado en fecha de 28 de diciembre de 1.993; el citado auto afirma en los fundamentos jurídicos : “PRIMERO: La cuestión que plantea el Ministerio Fiscal sobre la legitimación de la actora para efectuar...

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