Jurisprudencia sobre el impuesto de Derechos reales

AutorJosé M.a Rodríguez-Villamil
CargoAbogado del Estado y del I. C. de Madrid
Páginas195-203

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Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 21 de mayo de 1946

Las entregas de cantidades a título de indemnización de daños y perjuicios están fuera del ámbito del impuesto y son actos no sujetos, a partir del reglamento de 20 de abril de 1911.

Antecedentes

En el año 1909, el Ministerio de Marina concertó con la Sociedad E. de C. N. la ejecución de ciertas obras navales, y entre ellas la construcción del acorazado que se llamó "Jaime I", y en 1943 se concedió un crédito extraordinario de 1.293.003 pesetas, reconocido a favor de dicha Sociedad, en R, O. de 1929, por los daños y perjuicios que se le ocasionaron, debido al entretenimiento, conservación y seguro del acorazado durante el tiempo en que se retrasó su entrega a la Marina por causas no imputables a la Entidad constructora.

El crédito se hizo efectivo en 1944 y se exigió el impuesto de Derechos reales por el concepto de "contrato mixto", siendo recurrida la liquidación, con apoyo en que la contratación del buque estaba exenta, en virtud de lo establecido en la Ley de la materia de fecha 7 de enero de 1908 que rige esa clase de construcciones. El Tribunal Central dice que es cierto que la aludida Ley concede la exención a esa clase de contratos, pero que la calificación del acto no fue la acertada, ya que no se trataba de una entrega de mayor precio de un contrato de obra con suministro, sino de una indemnización de perjuicios, y que procede anular la liquidación, si bien no con fundamento en la aludida exención, sino por una consideración completamente distinta,Page 196 cual es la de que el acto ha de calificarse de "no sujeto". Y llega a esta conclusión diciendo que hay que tener en cuenta que a partir del Reglamento de 1911, el acto en cuestión hay que enjuiciarlo fiscalmente de

Efectivamente, sigue diciendo, el Reglamento de 10 de abril de 1900 calificaba como transmisión de bienes muebles los actos de reconocimiento, declaración o entrega de cantidades en concepto de indemnización de daños y perjuicios, pero el de 20 de abril de 1911, y con él todos los posteriores, suprimieron ese concepto fiscal, y de ahí hay que deducir que no quisieron someterlo a tributación, o, lo que es lo mismo, que lo estimaron como "no sujeto".

Comentarios

Las tesis de la Resolución que acabamos de extractar, no diremos nosotros que no se ajusta a una razonable interpretación jurídicofiscal, pero no nos atrevemos a decir, dejando a salvo la indiscutible autoridad del Tribunal Central, que esté fuera de toda controversia, también razonable, y que no se le puedan oponer algunos reparos.

El argumento que la Resolución pone como fundamento de su criterio tiene, a no dudarlo, mucha fuerza; si un acto que está sometido al impuesto es dejado fuera de la órbita del mismo por el nuevo texto de la nueva disposición reglamentaria, siquiera lo haga de una manera indirecta, o sea sin mencionarlo en su articulado, bien se puede concluir que no quiso gravarlo.

Eso es verdad y es un razonamiento de buena hermenéutica, pero también lo es que sobre esa norma interpretativa o, al menos, al par de ella, milita aquella otra fundamental que dice que la razón última del impuesto es el enriquecimiento y aumento patrimonial del adquirente, de tal manera que cuando éste se dé, allí surge necesariamente la exacción, con la sola salvedad de que el mismo Reglamento expresamente diga lo contrario.

Repetimos que por el camino dicho se llega sin contorsiones del texto legal a la conclusión de sacar del arca del impuesto ese concepto de indemnización de daños y perjuicios, pero nos atrevemos a sugerir que se podría llegar al mismo resultado de no gravarlo sin declararlo "no sujeto", encajándolo, probablemente con muchos menos baches en el camino, entre los actos exentos a que se refiere el número 6.° del artículo 6.° del Reglamento, considerándolo como simple pago de un crédito.Page 197

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 11 de marzo de 1947

La declaración o reconocimiento judicial en resolución firme sobre nulidad, rescisión o resolución de un acto o contrato capaz de producir la devolución de un impuesto pagado por dicho acto o contrato no ha de fundarse en el allanamiento del demandante a la demanda. En tal supuesto, el contribuyente no tiene derecho a devolución prevista en el artículo 58 del reglamento.

Antecedentes

Por acuerdos de las respectivas Juntas extraordinarias de dos Sociedades, se decidió la fusión de las mismas, y sus representantes autorizaron en 1932 la correspondiente escritura pública, estipulando...

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