Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo (Primer semestre 2017)
| Autor | Ana Pallares Serrano |
| Páginas | 1-16 |
REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VIII Núm. 1 (2017): 1 – 16
-Crònica-
[DOI: http://dx.doi.org/10.17345/rcda.1783]
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JURISPRUDENCIA GENERAL: DERECHO ADMINISTRATIVO
(PRIMER SEMESTRE 2017)
ANNA PALLA RÈ S SER RA NO
Profesora contratada doctora
Universitat Rovira i Virgili
Sumario: 1. Plan Especial del Montseny. 2. Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 3. Asignación derechos de emisión de
efecto invernadero.
Son diversas las sentencias del Tribunal Supremo sobre cuestiones medioambientales,
dictadas en el período comprendido entre el 14 de octubre de 2016 y el 14 de abril de 2017,
que consideramos que merecen nuestra atención.
1. PLAN ESPECIAL DEL MONTSENY
La STS 2650/2016, de 16 de diciembre, declara que no ha lugar a los recursos
de casación interpuestos por la Diputación de Barcelona y la Generalitat de
Catalunya contra la Sentencia dictada el 26 de junio de 2015 por la Sección 3.ª
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de resultas del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
entidad mercantil Polígono Industrial Can Sedó, S.L., contra la desestimación
por acto presunto del recurso de reposición formulado contra la Resolución del
Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, de 11 de diciembre de 2008,
por la que se aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección del Medio
Natural y del Paisaje del Parque de Montseny. La Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia que se recurre trae causa del cumplimiento de la STS de
30 de octubre de 2014, que establecía lo siguiente:
FALLAMOS: 1. Ha lugar al recurso de casación nº 3936/2012 interpuesto
por la GENERALITAT DE CATALUÑA y por la DIPUTACIÓN DE
BARCELONA contra la sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
de 26 de julio de 2012 (recurso contencioso-administrativo 269/2012 ), que
ahora queda anulada y sin efecto.
A. Pallarès Serrano RCDA Vol. VIII Núm. 1 (2017)
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2. Se ordena devolver las actuaciones a la Sala de instancia para que, con
retroacción de las mismas al m omento inmediatamente anterior al dictado
de la sentencia, someta a la consideración de las partes, al amparo de lo
previsto en los artículos 33.2 y 65.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, la cuestión relativa a la posible concurrencia
de motivo de nulidad del Plan Especial impugnado por no haber estado
sujeto a la evaluación ambiental estratégica que resultaría exigible
conforme a lo establecido en el artículo 3.2.b/ de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos determinantes de planes y
programas en el medio ambiente. Y una vez evacuado el referido trámite
de alegaciones, se dicte por la Sala de instancia nueva sentencia
resolviendo las cuestiones planteadas, tanto las suscitadas por las partes
como la introducida por la propia Sala1.
En cumplimiento de la STS de 30 de octubre de 2014, la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña dio traslado a las partes para que realizaran
las alegaciones correspondientes sobre la cuestión señalada ut supra,
resolviendo lo siguiente en la Sentencia de 26 de junio de 2015:
Primero. Rechazar la causa de inadmisibilidad opuesta por la parte
demandada y la codemandada.
Segundo Estimar el recurso interpuesto por “Polígon Industrial Can Sedó,
S.L.” contra la desestimación por acto presunto del recurso de reposición
formulado contra la resolución dictada el 11 de diciembre de 2008 por el
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que declaramos nulo de
pleno derecho.
Las representaciones procesales de las administraciones recurrentes plantean
varios motivos de casación. Consideramos que el motivo de casación más
transcendental que plantean dichas administraciones es que el Tribunal no
explica en la nueva sentencia, que anula el Plan Especial de Montseny, cómo
se infringe el artículo 3.2.b) de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
basando la nulidad de dicho Plan en la Ley autonómica 6/2009, de 28 de abril,
1 Antecedente de hecho primero de la sentencia objeto de estudio.
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