Jurisprudencia ambiental en Navarra
| Autor | José Francisco Alenza García |
| Cargo | Profesor titular de Derecho Administrativo. Universidad Pública de Navarra |
| Páginas | 1-8 |
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Las sentencias de contenido ambiental en los tribunales navarros durante el segundo semestre de 2011 no ofrecen apenas aspectos relevantes desde el punto de vista de la interpretación del Derecho ambiental. Me centraré principalmente en la anulación de una autorización ambiental integrada y en la condena a un Ayuntamiento por los ruidos excesivos procedentes de una pista polideportiva. En tercer lugar, agruparé las diversas sentencias que han recaído sobre sanciones ambientales para destacar los aspectos más interesantes.
Antes de entrar en el análisis pormenorizado de dichas sentencias, me referiré brevemente a otras resoluciones judiciales de menor interés. Por un lado, la Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1, de 31 de octubre de 2011, sobre caducidad de la licencia de actividad clasificada por inactividad en la ejecución de la misma. La sentencia revoca la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra que había estimado el recurso presentado contra la declaración de caducidad. La sentencia declara que aunque la caducidad no opera de manera automática y debe acogerse con cautela, lo cierto es que una interpretación excesivamente flexible de los requisitos de la caducidad vulnera el principio de seguridad jurídica. En el caso concreto el expediente de declaración de caducidad se inicia 4 años después de la concesión de la licencia. Y aunque es cierto que la finca había sido ocupada indebidamente por un tercero, impidiendo la puesta en práctica de la actividad ganadera, esa circunstancia no se puso en conocimiento del Ayuntamiento durante el procedimiento de declaración de caducidad, ni siquiera después de que por sentencia firme se le devolviera la finca. Por ello, se considera ajustada a Derecho la declaración de caducidad.
Por otro lado, y para finalizar esta introducción, me limitaré a señalar dos sentencias sobre responsabilidad de la Administración por los daños producidos por animales protegidos. En un caso, por el accidente producido por el atropello de un corzo (Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1, de 22 de septiembre de 2011); y, en otro, por los daños causados en el arbolado por ardillas, si bien en este caso se desestimó la reclamación por un error en la identificación de la parcela dañada (Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1, de 19 de agosto de 2011).
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La STSJ de Navarra de 22 de octubre de 2011 se ocupó del recurso presentado por un Ayuntamiento contra la autorización ambiental integrada de una granja con planta de biometanización de residuos orgánicos ubicada en el término municipal colindante.
La anulación de la autorización se basa fundamentalmente en dos motivos: la vulneración de la normativa urbanística y la deficiencia del Proyecto Básico presentado para el otorgamiento de la autorización.
Para el examen de la adecuación a la legalidad urbanística se utilizan dos criterios: el grado de vinculación de las dos actividades proyectadas (granja con planta de biometanización de residuos) y la eficacia del informe de compatibilidad urbanística.
La primera cuestión es clave dado que en suelo no urbanizable sólo se permite la implantación de actividades industriales que estén vinculadas a usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o de directa explotación de los recursos...
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