Los jueces pesquisidores en la Orden de Santiago Durante un bienio de la administración del Emperador Carlos (1547-1548)

AutorPedro Andrés Porras Arboledas
Páginas61-128
LOS JUECES PESQUISIDORES EN LA
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Durante el tiempo que el Emperador Carlos tuvo la administración de la Orden
de Santiago, coincidente con los años de su reinado, los territorios santiaguistas
contaban con una administración de justicia perfectamente estructurada; aunque
es difícil asegurarlo, es de creer que esa organización traía causa de las anteriores
administraciones regias, esto es, desde la desaparición del último maestre (1494)
y la cesión del maestrazgo a los Reyes Católicos.1 Una de las tareas más titánicas
afrontadas por Isabel y Fernando fue hacer del fortalecimiento de la justicia real
algo esencial para el éxito de su política reformista: obligar a todos sus súbditos
a dirimir sus diferencias ante los tribunales, huyendo de las soluciones de hecho,
controlar a los jueces para que respetasen el margen jurisdiccional del resto de las
justicias, hacer que los concejos no se comportasen como verdaderas «comunas»
independientes, más pendientes de la bilateralidad que de la correcta administra-
ción de la justicia, etc. Realmente, en el campo de la justicia los monarcas se en-
contraron con una gran cantidad de frentes abiertos: frente a los súbditos, no sólo
los grandes, contra los municipios y, lo más penoso, frente a los propios jueces.
Aunque hay autores que piensan que esa “justicia real” se asentó firmemente
durante el reinado de los monarcas católicos, lo cierto es que la revisión de la docu-
1 Los fueros de los tiempos anteriores a la recepción del Derecho común arrojan una organiza-
ción judicial mucho más simple: la jurisdicción básica se encomendaba a los alcaldes de cada lugar, con
el auxilio del juez, previéndose en algunos casos las alzadas ante el maestre; desde el momento en que la
Orden se dividió en provincias las apelaciones, en caso de ausencia del maestre de una provincia, iban al
comendador mayor de la provincia. En un momento indeterminado el maestre delegó esta actividad en
un juez mayor de su Casa. Una vez que se introdujo el Consejo de la Orden, durante el maestrazgo del
Infante-maestre don Enrique de Aragón, la última palabra en el ámbito judicial pasó a los señores del
mismo.
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mentación judicial del reinado del Emperador invita a pensar que sus antecesores
apenas iniciaron una andadura que debió prolongarse durante el nuevo período
histórico, coincidente casi con la primera mitad del siglo XVI. Desde luego, en
territorio de Órdenes se conservaron ciertas peculiaridades –particularmente en
cuanto al órgano supremo, que no era sino el Consejo de Órdenes, que agrupa-
ba los Consejos privativos de las tres Órdenes nacionales–, sin embargo, puede
afirmarse que por lo demás la administración de justicia en tierras de Órdenes no
difirió grandemente de la existente en la zona de realengo, al fin y al cabo la cabeza
rectora de unos lugares y otros no era sino el propio monarca. Además, y por ello,
debió de existir una comunicación muy cercana entre el Consejo real y el de Órde-
nes, así como con las Chancillerías.
Por lo que se refiere a la Orden de Santiago, su solar se extendía por dos grandes
provincias, la de León, con cabecera en Llerena, y la provincia de Castilla, con cen-
tro en Ocaña, quedando agrupado el resto de los territorios dispersos por Galicia,
Asturias, León y la Vieja Castilla en el partido de Castilla Vieja. Al frente de ese
partido se nombraba por el Consejo un alcalde mayor; en cambio, para comandar
las provincias se diputaba un gobernador, el cual disponía de uno o varios tenien-
tes. En la provincia leonesa el lugarteniente del gobernador fungía como alcalde
mayor de Llerena, si bien existía otro alcalde mayor en el distrito de Hornachos.
Para las dos únicas ciudades con que contó la Orden en todo su territorio, esto
es, Jerez de los Caballeros y Mérida, la mayor parte del tiempo existieron sendos
corregidores, cuya capacidad de actuación en el ámbito concejil era más cercana
que la del gobernador. Por su parte, la provincia de Castilla se dividiría en dos
gobernaciones: la de Mancha y Ribera de Tajo, cuya sede se localizaba en Ocaña, y
la del Campo de Montiel con las Sierras, hallándose su cabecera en Villanueva de
los Infantes. Hay que decir que el territorio serrano, al sur de la Meseta, tenía co-
municación difícil con ésta, por lo que se crearon varias alcaldías mayores, inicial-
mente, una en el Valle de Segura (en las provincias actuales de Jaén y Albacete), con
sede en la villa de Segura de la Sierra, y otra en Caravaca (en los actuales términos
murcianos). El panorama en esas tierras se fue haciendo más complejo conforme
avanzaba la Edad Moderna; en cambio, en los territorios de Ribera de Tajo, a partir
de 1537, desaparecería la alcaldía mayor de Uclés, una vez que sus dos aldeas más
importantes –Tarancón y la Fuente de Pedro Naharro– compraron sus privilegios
de villazgo. Dentro de cada provincia o partido se integraban diferentes encomien-
das y otros distritos parecidos, pero desde el punto de vista gubernativo o judicial
éstas no tenían gran relevancia, salvo en aquellos casos en que el comendador tenía
la preeminencia de nombrar un alcalde de alzadas, lo que ocurría sólo en algunas
encomiendas de las provincias de León y Castilla.
Así pues, el íter procesal comenzaba con la primera instancia, la cual, por regla
general estaba encomendada a los alcaldes ordinarios, tanto en las dos ciudades –en
ausencia del corregidor y de su alcalde mayor– como en las villas y lugares, si bien
en éstos últimos su capacidad de intervención se ceñía a causas civiles de muy pe-
queña entidad y, como mucho, a la posibilidad de instruir los procesos criminales.
Por tanto, el mayor peso, en lo que se refiere a la primera instancia, descansaba
sobre las espaldas de los alcaldes ordinarios de las villas, que en el ámbito penal te-
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nían competencia general, salvo en una serie de casos graves que conllevaban penas
del máximo rigor;2 también cedía su jurisdicción en el caso de que el gobernador
o su alcalde mayor girase una visita a la villa, recuperándola cuando la justicia del
partido abandonaba el enclave. En aquellas encomiendas en que existía alcalde de
alzadas, era éste quien entendía en primera apelación.
No obstante, en la mayoría de las ocasiones estas alzadas se presentaban di-
rectamente ante el gobernador o corregidor o ante sus respectivos tenientes. De
tales apelaciones se podía recurrir bien ante la Chancillería correspondiente –en
la mayoría de los casos ante la de Granada, por la ubicación de la mayor parte de
los territorios santiaguistas–, bien ante el Consejo de Órdenes, compuesto por el
presidente y los señores del mismo, sin que en la época del Emperador parezca que
existiera una sala especial de justicia dentro del mismo. El Consejo fallaba en vista
y revista, aunque cabía la suplicación ante las personas reales, en cuyo caso quien
entendía era un tribunal formado por dos señores del Consejo de Órdenes y dos
consejeros del Consejo real, que se reunía las tardes de los jueves, una vez termina-
das las sesiones de sus respectivos Consejos.
Salvo el presidente, los miembros del Consejo eran letrados; corregidores y
gobernadores durante estos años solían ser caballeros o comendadores de la Or-
den, cobrando relevancia, pues, la figura de sus tenientes o alcaldes mayores, que
eran sobre todo licenciados en derecho, si bien no faltaban ni los bachilleres ni
los doctores. Es posible que también los alcaldes de alzadas también fuesen elegi-
dos dentro del ámbito de los graduados universitarios. De todos ellos se podía es-
2 Durante el reinado del Emperador es una constante los abusos reiterados cometidos por los
alcaldes mayores, al menos en territorio de Órdenes, incluido el solar sanjuanista, al intentar usurpar la
jurisdicción en primera instancia de los alcaldes ordinarios de los pueblos, avocando las causas ante sus
audiencias; a pesar de que existía una legislación más o menos clara, una y otra vez los concejos debieron
de denunciar estas malas prácticas, en las que las justicias del partido actuaban con más que probable
mala fe, a fin de ampliar su jurisdicción y, por ende, sus derechos a percibir. La base de las disposiciones
del caso había sido puesta en 1513: 1513/06/26. Valladolid. Mandamiento de doña Juana, librado por
el Consejo real, al gobernador de Campo de Calatrava en el partido de Andalucía o a su teniente, a pe-
tición de los concejos de dicho partido, que se quejaban de que esa justicia se entrometía en los juicios
en primera instancia, sacaban a los acusados de sus lugares de origen y nombraban pesquisidores con
salario fuera de su jurisdicción; que ella había ordenado que no se entrometieran a avocar, ni de oficio
ni a instancia de parte, en causas civiles ni criminales, pero que pudiesen conocer en primera instancia
estando de visita en cada lugar, dejando las causas no fenecidas a la justicia ordinaria y no sacando de su
jurisdicción a los vecinos. Más tarde los del Consejo de Órdenes habían dado otra provisión en sentido
contrario, por lo que solicitaban que se respetase la primera provisión, revocando la de Órdenes.
Prohibe a las justicias de partido avocar las causas de primera instancia, salvo en causas criminales
penadas con muerte de cuchillo o soga o azotes o destierro superior a un año o con confiscación de
todos los bienes, estando dentro o fuera de un radio de 5 leguas, etc., también exceptúa las resistencias
hechas a la justicia.
El Rey. Lope Conchillos, secretario de la Reina. Lcdo. Zapata. Lcdo. Mexía. Dr. Carvajal. Lcdo.
Santiago. Lcdo. Aguirre. Dr. Cabrero. Registrada de chanciller.
La Emperatriz Isabel, en la sede del mismo Consejo real, daría sobrecarta de dicha provisión el 28 de
enero de 1538 tanto para los gobernadores de las Órdenes de Calatrava y Alcántara, como al gobernador
de Mérida (AHT, leg. 78.253). La documentación sobre este tema es abundantísima.

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