IV. Economía circular de la justicia: medios adecuados de solución de controversias
| Páginas | 49-73 |
| Autor | Sonia Calaza López |
IV. ECONOMÍA CIRCULAR DE LA JUSTICIA:
MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
La sombra de la Justicia –como la del ciprés– es alargada38. El nuevo modelo de
Justicia –equiparado a un servicio público de primera necesidad– no sólo incorpo-
ra en sus filas a la (clásica) Justicia jurisdiccional –tanto contradictoria como vo-
luntaria– sino también –desde el 3 de abril de 2025– a la Justicia colaborativa (ya
veremos si este ideal conlleva –como sería lo oportuno– una complementaria co-
bertura institucional, asistencial y económica), con la imposición –en la Justicia ci-
vil & mercantil dispositiva– de los denominados “medios adecuados de resolución
de controversias en vía no jurisdiccional” (en adelante, MASC) y la potenciación
de otras herramientas conciliadoras (todavía no definidas) en el resto de órdenes
jurisdiccionales (excepto, según parece, el contencioso-administrativo).
Pero an tes de c entr ar la a tenc ión en la m ísti ca de l os M ASC –y d ado que la refo r-
ma de la Justicia ha sido global– pongámonos en contexto. El Plan Justicia 2030 –eje
estratégico sobre el que pivotan todas las reformas procesales de ese decenio– había
diseñado –en su primera hoja de ruta– una triple reforma en clave de eficiencia: (i)
eficiencia organizativa; (ii) eficiencia procesal; y (iii) eficiencia digital. Esta idea origina-
ria –bien ideada, ordenada y organizada– pronto dio paso a una sucesión de reformas
tan atropelladas como desacompasadas, cuya salida al BOE devenía –¡de pronto!–
urgente por encontrarse comprometidos (con las normas que –precisamente– daban
soporte a cada una de esas 3 claves de eficiencia) los fondos europeos (asignados al
efecto) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y comenzó la cons-
trucción de un nuevo edificio –el de la Justicia (sostenible, austera, resiliente)– por el
tejado. La reforma comenzó por la cúspide de nuestro sistema judicial –precisamen-
te, la casación civil– y concluyó en la misma base –la organización del mapa judicial
con reconversión de los clásicos Juzgados de paz en las Oficinas de Justicia del muni-
cipio y redefinición de la Oficina judicial.
En efecto, la primera fase cronológica de esta construcción de una Justicia soste-
nible –gracias a las grandes dosis de eficiencia incorporadas– fue la regulación –en
38 Vid., CALAZA LÓPEZ, S., “La sombra de la Justicia es alargada: La mística de los MASC”,
Revista LA LEY Mediación y Arbitraje nº22, enero-marzo de 2025.
50 Sonia Calaza López
el Real Decreto Ley 5/2023– de un recurso de casación civil amparado en un único
motivo: el interés casacional: nos estrenamos, pues, en esta batalla de la eficiencia,
con una considerable dosis de eficiencia procesal, por cuánto la Sala primera del TS
selecciona, desde entonces (con mayor precisión y rigor que nunca) cuáles son los
asuntos realmente merecedores de acceder a este Alto Tribunal39. Como se sabe, el
TS es la cúspide de nuestro sistema judicial español, razón por la que –de haber
sido ordenados en la regulación– esta reforma de la casación –en todos los órde-
nes jurisdiccionales y no solo en el civil: pues –como se verá– incluso aquí hemos
asistido a un efecto diferido: entre aquel primer Real Decreto Ley 5/2023 reformó
la casación civil: en idéntico sentido, ya sería con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de
enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia cuando
estrenamos una casación social o laboral idéntica –en su filosofía, principios y con-
figuración estructural– a la de los restantes órdenes jurisdiccionales.
Pero esta secuencia casacional desordenada es meramente anecdótica (o aislada)
por relación a la entropía procesal de la reforma (en su conjunto): si lo originaria-
mente programado fue –como en cualquier construcción– (i) la preparación del te-
rreno (mapa judicial) mediante la adopción de medidas de eficiencia organizativa,
seguida de la cimentación o concreción estática (definición, contenido, filosofía,
principios, fundamentos) tanto de los inhibidores del proceso –los MASC– como
(cuando aquellos no resultaren exitosos) de los derechos de acción y defensa (con
sus respectivas proyecciones); la segunda fase –la estructura procesal– estaría –por
fuerza– sustentada sobre herramientas de eficiencia procesal (diseño procedimental)
afianzadas –ahora con el debido dinamismo– en aquella sólida base; y al término,
la última fase: (iii) el aislamiento e impermeabilización, previos al acabado y cierre
procesal (cosa juzgada) con la eficiencia digital, esto es, con la digitalización del
trayecto, sea en vía colaborativa o contenciosa, por cuánto la digitalización es un
medio (no un fin) para canalizar el ciclo vital (o recorrido) que cubre los tiempos
entre el surgimiento del conflicto y su solución.
Ninguna de estas fases ha sido ordenada conforme a esta lógica; antes, al contra-
rio, se comenzó la construcción por el acabado o cierre final de la obra: ¡la casación
civil! –con aquel Real Decreto Ley 5/2023– y llegó a término –sin embargo– con
la preparación y cimentación del mapa judicial: nueva organización de la Justicia
contenciosa –en esta LO 1/2025–40.
39 Vid., SIGÜENZA LÓPEZ, Julio, “Brevedad, la pasión de los jueces. A propósito del Acuerdo
alcanzado el 13 de enero de 2021 por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña y el Colegio de Abogados de Barcelona”,
Revista General de Derecho Procesal, número 55, 2021.
40 Vid., CALAZA LÓPEZ, S., “Decálogo procesal de urgencia: Claves de la reforma de la Ley
orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia”, Diario LA LEY, Nº
10637, Sección Tribuna, 3 de Enero de 2025, LA LEY.
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