Italia
| Autor | Teresa Bertotti |
| Páginas | 194-221 |
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La protección de la infancia siempre ha sido objeto de atención en la sociedad por diversas razones relacionadas con la evolución del concepto de infancia, el papel de la mujer, la familia, la política demográfica, economía y sociedad.
Sin ir más lejos, considerando la construcción más reciente y la evolución de los sistemas de bienestar se puede poner de relieve cómo la protección infantil está estrechamente vinculada al concepto de la infancia, en el que la idea de bienestar y los derechos de los niños se reconoce en una empresa y quiénes son los actores que asumen la responsabilidad; ya que es un tema que debe permanecer en la exclusiva y prioritaria a la familia y cómo oponerse en vez de un interés y una responsabilidad compartida más amplia.
El tema de la protección de la infancia contiene la cuestión de la relación entre público y privado y de lo que está autorizado por el estado sin entrar en la esfera más íntima de las relaciones familiares o las libertades personales, con un control o protección a las personas más débiles.
Creo que es precisamente este aspecto el que juega y siempre ha jugado el Trabajo Social, siendo un papel central en las actividades de protección de la infancia. Con referencia a la teoría de Lorenz (2006), de hecho, el Trabajo Social tiene como característica distintiva el ser colocado en el punto de la intersección entre los modos de vida y el sistema.
La intervención con los menores tiene un carácter intrínsecamente ‘sistémico’ entremetido en diferentes niveles, creando una densa red de interdependencias. La Protección de la Infancia, se define e identifica, como aquellas necesidades que son significativas y la intervención resulta un producto cultural, que varía en relación a los cambios en la sociedad y depende del equilibrio mutuo existente entre el sistema socio-económico y cultural, el sistema institucional y político, la transformación de la familia.
En relación con el objeto de este trabajo identifico tres sistemas importantes para definir e influir en las acciones de los menores: el sistema de la familia, los sistemas de bienestar y el sistema de justicia. El cambio en cada uno de estos sistemas afecta y es afectada por la otra. El Trabajo
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Social se coloca en el centro de la "encrucijada" en la que estos tres sistemas se encuentran e interactúan. En la práctica cotidiana micro, trabajadores sociales y otros profesionales involucrados en materia de menores interpretan la trama, a menudo contradictorias, entre las diferentes imágenes y representaciones de los menores de edad, la responsabilidad de los padres, la responsabilidad del Estado y de la comunidad local. Están influenciados por los enfoques culturales en todo caso.
En el análisis de la sección transversal de los diferentes modelos culturales Fargion (2012) identifica dos enfoques para la protección de los menores. Una de las características del contexto anglosajón y norteamericano hace hincapié en la protección de menores contra el abuso y el maltrato, y una característica del país nórdico, hace hincapié en la promoción del bienestar a través de apoyo a la familia. En el primer modelo nos ocupamos de un pequeño número de niños, centrándose en la evaluación de riesgos, y las funciones de control y supervisión. En la segunda hay una alta inversión de recursos destinados a una amplia gama de familias en perspectiva preventiva y los trabajadores sociales están llamados a poner en marcha medidas de apoyo a los padres, con el riesgo de reducción de la atención a las necesidades de protección. También de acuerdo Fargion, el sistema italiano ha tratado de combinar estos dos modelos
Conscientes de este marco, el presente capítulo se centra en las dos caras de las intervenciones con menores: la pendiente de la intervención de menores, en condiciones de riesgo o peligro y la pendiente de las intervenciones puestas en marcha que viven los menores cuando rompen la ley. Para ambos se les da una breve historia, considerado el aspecto judicial y la organización de los servicios y las diferentes intervenciones generalmente implementados.
La protección de la Infancia ha empezado a ser objeto de acciones legales en Italia a finales de los 80 y principios de los 90 cuando del pasado siglo XX, se promulgaron las primeras Leyes para proteger la condición juvenil para combatir el abandono de niños, protegiéndolos de condiciones de explotación laboral y las obligaciones de escolarización.
A comienzos de la década de los años 90, la asistencia de niños en Italia se ve caracterizada por la presencia masiva de organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica gestionados directamente por laicos y los religiosos.
Es durante el régimen fascista que la protección del niño se convierte en el objeto de una amplia intervención institucional, dentro de la reforma del Código Civil que va a intervenir masivamente en los servicios de Situación de la familia y de la construcción.
Al igual que con otros regímenes dictatoriales, también para el fascismo el interés en la infancia se ha utilizado con fines propagandísticos y para satisfacer las necesidades del régimen.
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Durante el régimen, en 1934, se estableció el Tribunal de Menores, con experiencia en la justicia de menores y medidas correccionales contra los "menores irregulares en la conducta y el carácter '. Con funciones de protección de los niños y apoyo a la maternidad se establece la ONMI, Opera Nacional de Maternidad e Infancia, una organización nacional con oficinas locales en las provincias con la tarea de asistencia sanitaria y social, en particular de las madres solteras. Durante el régimen ONMI los servicios, se utilizaron para introducir el control contra las familias de los disidentes.
Al final de la Segunda Guerra Mundial y con la caída del régimen fascista, el empuje para el cambio vino con la resistencia partisana el cual conduce al establecimiento de Italia como un país republicano. Estos son los años en los que, impulsado por el Ministerio de asistencia post-guerra y un grupo de ciudadanos que participan en la resistencia partisana, se celebra la Conferencia de Tremezzo, considerado el nacimiento de los Servicios Sociales de Italia, en el que una plena semana de trabajo se enfatiza en la protección de menores.
En los años siguientes ocurrieron cambios profundos en la organización social, económica y política y los servicios. Sin embargo, la asistencia de los años 50-60 siguientes a la fecha establecida por el régimen anterior: está dirigido por las grandes instituciones nacionales, desglosados por categorías de personas necesitadas que prestan ayuda material en perspectiva paternalista y proporcionan un refugio en las grandes instituciones. En 1968 hay más de 200.000 menores pacientes (de una población de unos 50 millones de habitantes).
El crecimiento del bienestar económico conduce a la final de los 60 a un marcado aumento en la sensibilidad colectiva y las protestas para lograr mejoras en las condiciones de vida y social. Los trabajadores y estudiantes luchan por incluir el área de bienestar social y dan vida al movimiento "de institucionalización", para los menores de edad y las personas con enfermedades mentales. El empeño y el valor de los trabajadores sociales, educadores y asistentes médicos le permite denunciar las condiciones inhumanas en las que se mantienen las personas hospitalizadas y que conducen al cierre de muchas instituciones y mediante el desarrollo de formas de atención más digna y eficaz.
Los años 70 ven una profunda transformación del sistema social en múltiples niveles. En el lado legislativo aprobará leyes fundamentales de la familia se introduce el divorcio (1970), se reformó el derecho de familia introducción de una situación de mayor igualdad entre hombres y mujeres y se suprime el concepto de "poder" de los padres, sustituido por el concepto de "responsabilidad", en 1978 viene aprobada la Ley de la interrupción voluntaria del embarazo.
En el nivel del sistema de salud se inicia la creación de un sistema de bienestar universal y se procede a la descentralización del gobierno central a los gobiernos regionales y locales. En 1977, la ley (Decreto Presidencial 616/1977) da a las autoridades locales las "intervenciones en favor de los menores sujetos a medidas de las autoridades judiciales en el ámbito de las acciones administrativas menores, civiles y penales" y "funciones derivadas de Cuerpos Local y Nacional ".
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Se decreta la disolución de las grandes obras de caridad, a menudo gestionados directamente por la Iglesia y la transferencia de sus bienes y de sus funciones a las autoridades locales. Se establece el Servicio Nacional de Salud y en el campo de las políticas familiares como una red de "orientación familiar", los servicios públicos con las habilidades sociales y de salud con la tarea de apoyar a las mujeres y parejas en la planificación familiar. Escuelas...
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