El personal investigador en formación: un contrato común con peculiaridades

Como señala Montoya Melgar, «un Derecho del Trabajo habrá alcanzado mayor perfección, cuanto más alto sea el nivel de protección que depare y más amplio el ámbito de las personas beneficiadas por esa protección»¹. En esta tendencia ampliadora del campo de aplicación del Derecho del Trabajo ha venido teniendo un lugar destacado la incorporación de los denominados «trabajadores intelectuales». Así, el legislador, con el propósito de zanjar la tradicional indefinición de muchos becarios, a medio camino entre esta condición y la del trabajador por cuenta ajena, ha procedido a regular el Estatuto Jurídico del Personal Investigador en formación, a través del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero.

En nuestro país la situación del investigador en formación ha carecido tradicionalmente de una regulación legal o reglamentaria específica debiendo remitirnos, en cada caso, bien a los estatutos y a la normativa de algunas Universidades o Centros de Investigación, bien a la normas de las correspondientes convocatorias². En efecto, el importante papel desarrollado por los investigadores en formación no se ha visto correspondido por el ordenamiento jurídico hasta fechas muy recientes. Esta ausencia de regulación jurídica específica ha comportado indudables dificultades de aplicación de un régimen jurídico común, consecuencia de la evidente dispersión normativa «que tiene su lógica si atendemos al diferente objeto de cada convocatoria de becas, pero que no la tiene tanto si nos centramos en la situación del becario»³.

A finales del año 2003 se aborda, por primera vez en nuestro Ordenamiento, la regulación del régimen jurídico de los becarios de investigación. El Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Esta-Page 324tuto del Becario de Investigación, pretende ser un primer paso hacia el establecimiento de un marco común para los investigadores becados. Esta norma dispone, con carácter general y de forma específica, el régimen jurídico de los becarios de investigación. Frente a la tradicional indefinición jurídica que caracterizaba la situación de los becarios de investigación, el RD 1326/2003 constituye un indudable avance en la delimitación conceptual del investigador y en el establecimiento de su marco normativo. Ahora bien, la valoración positiva que inicialmente mereció la aprobación del Estatuto del Becario de Investigación no ha impedido que desde el mismo momento de su entrada en vigor ya recibiera considerables críticas⁴. En consecuencia, estas significativas insuficiencias determinan la aprobación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se regula el Estatuto del Personal Investigador en Formación⁵. Este nuevo Estatuto deroga el anterior, ordena el ámbito subjetivo de aplicación, e incorpora la obligación de formalizar con el investigador un contrato laboral en la segunda fase de su formación⁶.

Para que la protección legal de los investigadores en formación surta efectos se exige a las entidades convocantes que sus programas de ayuda a la investigación cumplan determinados requisitos: de fondo (art. 2) y de forma (art. 3).

Son dos las situaciones jurídicas en las que se encuentra el personal investigador en formación: la «de beca» [arts. 4.1 a) y 5. 2 RD 63/ 2006] y la «de contrato» [arts. 4.1 b) y 8 RD 63/2006]. En la primera el investigador será becario, mientras que en la segunda fase, el investigador formalizará un contrato con el organismo, centro o institución al que esté adscrito, en consecuencia, será trabajador.

El Real Decreto 63/2006 prevé, con criterios de generalidad y homogeneidad, un cuadro de derechos y deberes básicos del personal investigador en formación. Asimismo, dispone obligaciones concretas al organismo de adscripción en el que se integre el investigador. La regulación tanto de los derechos y deberes del investigador como la previsión de las obligaciones del centro o institución al que éste se adscriba, no es una cuestión novedosa.

En definitiva, la ordenación jurídica del personal investigador en formación constituye un avance notable respecto a la tradicional indefinición de muchos becarios.

Sin embargo, cabe abogar por una flexibilización de la vía de contratación del investigador en formación. Pese a la aparente razonabilidad de los argumentos empleados por el legislador estatutario, reiteramos nuestra disconformidad con el «modelo 2+2» que configura el RD 63/2006. Si la esencia del contrato en prácticas consiste en la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, esta fase inicial debería haberse articulado a través del contrato en prácticas, y no a través de la situación «de beca». Adquiridos los conocimientos concretos y específicos en su campo de conocimiento, valorados a través de la superación del Diploma de Estudios Avanzados, el investigador podría celebrar un nuevo contrato de trabajo, de duración determinada, en función del tiempo que «requiera» para la realización de la tesis doctoral.

Incluso hubiera sido más deseable la configuración de una modalidad específica para la situación del personal investigador en formación. Al igual que sucedió con las figuras contractuales creadas a la luz de la Ley Orgánica de Universidades (profesor ayudante, ayudante doctor, contratado doctor), el legislador estatutario debería haber aprovechado la oportunidad, y haber elaborado una nueva figura contractual que atendiese a las necesidades de este colectivo. Una modalidad contractual, similar a la prevista para los profesores ayudantes, podía haber contribuido a solucionar la situación de precariedad que caracteriza al personal investigador en formación, y más aún, hubiera fomentado el desarrollo de una carrera académica equilibrada y coherente.

Lo cierto es que el legislador disponía, a tenor de las opciones propuestas, de diferentes vías para articular la relación jurídica entre el personal investigador en formación y los organismos en los que presta servicio. Finalmente, ha optado por crear una relación laboralPage 352específica para el personal investigador en formación, como es el contrato en prácticas un contrato común con peculiaridades. A pesar de las objeciones realizadas, sea bienvenida.

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[1] MONTOYA MELGAR, A.: «El ámbito personal del derecho del trabajo: tendencias actuales», Aranzadi Social, 2006, nº3, pág. 42.

[2] AGUILERA IZQUIERDO, R.: «El Estatuto del Becario de Investigación», Revista Española de Derecho del Trabajo, 2004, nº 121, pág. 28.

[3] AGUILERA IZQUIERDO, R.: «El Estatuto del Becario de Investigación», cit., pág. 28.

[4] Ente otras: la falta de extensión del Estatuto del Becario a la mayoría de las entidades privadas, la exclusión de los becarios que no tengan reconocida la suficiencia investigadora, la inclusión debilitada de este colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social, con exclusión de la protección por desempleo. Por ello, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras interpuso recurso contencioso-administrativo contra el RD 1326/2003, que fue desestimado por STS Contencioso Administrativo de 28 de junio de 2005 (RJ 2005/5106). En este recurso se plantearon varias demandas (entre otras, la razón más arriba señalada: la extensión de todos los becarios no sólo los que habían obtenido el reconocimiento de la suficiencia investigadora). Sin embargo, el Tribunal entendió que el Gobierno ostentaba un margen de apreciación en la regulación del Estatuto de los becarios de investigación que en este caso se había observado, por lo que confirmó la legalidad del RD 1326/2993, de 24 de octubre.

[5] Con anterioridad, el Gobierno presentó un primer borrador de Proyecto de Real Decreto por el que se aprobaba el Estatuto del Personal Investigador en Formación. Este primer borrador reproducía, en gran medida, las deficiencias que en su día se imputaron al Estatuto del becario de investigación, lo que suscitó la crítica y oposición de todos aquellos que, con anterioridad, se habían opuesto a esta norma, y principalmente, de las asociaciones de investigadores más representativas. El 16 de junio de 2005 se firma un compromiso entre el Secretario de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación, de un lado, y tres representantes de Jóvenes Investigadores-Precarios, de otro. Este acuerdo tuvo una importancia trascendental en la redacción del Estatuto del Personal Investigador en Formación, pues en palabras del Consejo de Estado constituye «la causa del compromiso» (Dictamen del Consejo de Estado sobre el Proyecto de Real Decreto que aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación (Ref. 2147/2005), en www.boe.es, pág.4).

[6] Como analizaremos más adelante, este modelo de regulación de la situación jurídica del personal investigador en formación (modelo 2+2) no constituye una novedad ni en nuestro país, ya que esta experiencia ya existe en algunas Comunidades Autónomas, ni tampoco en los países de nuestro entorno europeo. Así, en Francia celebran contratos de trabajo (allocation de recherche), en Austria también (befristete Arbeistverträge), en Holanda los contratos de los investigadores tienen una duración de 4 años, aunque existe también la figura del becario (bursor), situación que se repite en Suecia y en Dinamarca la duración del contrato del investigador es de 3 años, en www.precarios.org.

[7] La figura del «concepto jurídico indeterminado» ha sido importada del Derecho alemán por García de Enterría. Ésta implica que la Administración no es libre para optar voluntariamente por un candidato ya que no hay una pluralidad de soluciones válidas, sino que sólo es correcta una solución dentro de varias posibilidades. Este hecho es el que permite el control jurisdiccional de la decisión administrativa, en GARCÍA DE ENTERRÍA. E.: «La lucha contra las inmunidades del poder», Revista de Administración Pública, 1962, nº 38, págs. 171-176. Frente a la figura del «concepto jurídico indeterminado» estarían los actos discrecionales, que implican que la Administración es libre para optar entre varias posibilidades, y cualquier decisión que adopte será irreprochable. Sobre esta diferenciación: LORENZO DE MEMBIELA, J.B.: El acceso y la provisión de puestos de trabajo en la Administración Pública. Manual Práctico y Casuístico de la Función Pública ,Ed. Aranzadi, 2005, págs. 83-84.

[8] LORENZO DE MEMBIELA, J.B.: El acceso y la provisión de puestos de trabajo en la Administración Pública. cit., pág. 84.

[9] Este requisito que se exige al personal investigador en formación nos recuerda a alguna de las modalidades contractuales previstas en la Ley Orgánica de Universidades. Tal es el caso de los Profesores Ayudantes, cuyo contrato se formaliza con la finalidad principal de completar su formación investigadora, aunque también se les permite la posibilidad de colaborar en tareas docentes en los términos que establezcan los Estatutos de cada Universidad (art. 49 LOU). Sobre éstos, AGUILERA IZQUIERDO, R.: «El régimen jurídico del personal docente e investigador contratado por las Universidades Públicas de Madrid», Revista Española de Derecho del Trabajo, 2003, nº 118, pág. 567.

[10] Destaca AGUILERA IZQUIERDO, R., que la inscripción en este Registro, a pesar de su carácter voluntario, era fundamental para el becario, «pues sólo en ese caso el becario quedaba incluido en el Régimen General de la Seguridad Social», en «El Estatuto del Becario de Investigación», Revista Española de Derecho del Trabajo, cit., pág. 30. La Federación de Jóvenes Investigadores Precarios formuló tacha de nulidad del contenido del precepto, la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de noviembre de 2005 (RJ 2005/7761) entendió que «el motivo de impugnación de considerar que el Estatuto del becario de investigación y el reconocimiento de beneficiario de la Seguridad Social, debe imponerse con carácter imperativo y vinculante a las Entidades becantes, sin necesidad de condicionarla a la inscripción del Programa de becas en el Registro, debe ser rechazado al ser incompatible con la propia naturaleza jurídica de la actividad de fomento e investigación científica que se promueve y desarrolla a través de la convocatoria de becas».

[11] La creación del Registro, aunque con una denominación diferente, no es nueva. En efecto, el Real Decreto 1326/2003 creó un Registro de becas, en el que se disponía tanto el carácter voluntario de la inscripción de los programas de becas (art. 5.1), como las entidades becantes, a saber: «centros públicos de I+D, organismos públicos de investigación, universidades públicas, departamentos ministeriales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, Comunidades Autónomas, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro que podrán inscribir sus programas de becas financiados con cargo a fondos públicos».

[12] Aunque esta cuestión ha sido ya superada por la actual normativa, cabe, sin embargo, mencionar que algunas Comunidades Autónomas plantearon durante la fase de tramitación del Real Decreto 1326/2003 la posible ilegalidad del Registro, por cuanto su creación podría suponer la invasión de las competencias autonómicas. Recuérdese que el fundamento constitucional de la competencia estatal para la creación de este registro se encuentra en el art. 149.1.15, que atribuye al Estado la competencia para «el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica». En este sentido, una de las finalidades del Registro, al igual que en la actual normativa, era la de establecer un mecanismo de coordinación, función ésta que no excede de las atribuciones que tiene el Estado en virtud de dicho título competencial.

[13] Dictamen Consejo de Estado, cit., pág. 8.

[14] BOE 28 de julio 2006.

[15] Algunos programas de becas otorgados por entidades privadas no exigen a los solicitantes su necesaria vinculación a los estudios oficiales de postgrado. Por citar algún ejemplo, la Fundación la Caixa oferta becas – para – en genérico con un objetivo concreto, que es la realización de unos estudios específicos, pero sin que la concesión de la ayuda dependa de su adscripción a los estudios oficiales de doctorado.

[16] ALZAGA RUIZ, I.: «El nuevo régimen jurídico del personal investigador en formación», Actualidad Laboral, 2006, nº 18, MORENO GENÉ, J.: «El nuevo Estatuto del personal investigador en formación: la combinación de beca de investigación y contratación laboral», Estudios Financieros, Revista de Trabajo y Seguridad Social, 2006, nº 277, pág. 58.

[17] STSJ Madrid 8 de abril de 2005 (AS 2005/1180).

[18] Un estudio sobre la beca: frontera entre «lo extralaboral y lo laboral», en CRISTÓBAL RONCERO, R.: El Estatuto Jurídico del Personal Investigador en Formación, Civitas, Madrid, 2008, págs. 56-65.

[19] Exposición de Motivos, RD 63/2006.

[20] STS 11 de diciembre de 2001, RJ 2002/10568

[21] Dictamen del Consejo de Estado al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Personal Investigador en Formación de 12 de enero de 2006.

[22] El art. 8.2 RD 63/2006 prevé que «con carácter excepcional, y siempre que se hayan cumplido los dos años «de beca», la entidad de adscripción del personal investigador en formación podrá celebrar un contrato en prácticas sin que el sujeto afectado haya obtenido el DEA o documento equivalente, siempre que su actividad científica, tecnológica, humanística o artística sea evaluada positivamente por el órgano que determine en la convocatoria la entidad convocante. Aunque ya nos ocuparemos de este aspecto cuando analicemos la situación jurídica «de contrato», consideramos que la «excepcionalidad» significa «discrecionalidad» de la otorgante, pues será el órgano que ésta determine en la convocatoria el que tenga que evaluar positivamente tal transición a la situación de contrato.

[23] En ese sentido, cabe preguntarse si el RD 63/2006, por su carácter reglamentario, puede excluir a los investigadores en situación «de beca» de la aplicación del Estatuto de los Trabajadores. Para el Tribunal Constitucional «la relación Ley-reglamento puede adquirir una dimensión susceptible de ser controlada en sede constitucional cuando el exceso mismo en el ejercicio de aquella potestad genere un resultado contrario a los derechos fundamentales y libertades públicas (STC 153/1994, de 23 de mayo, RTC 1994/153). Con carácter constitutivo, iuris et de iure, no será posible que el RD 63/2006 excluyese a los becarios de investigación del Estatuto de los Trabajadores, ya que el art. 1.3 ET, en cumplimiento de la garantía de reserva de ley del 35.2 CE, enumera las relaciones de servicios que están excluidas y no realiza ningún tipo de remisión a la potestad reglamentaria. Sin embargo, la exclusión de las notas de laboralidad para el personal investigador «de beca» se realiza en el RD 63/2006 con carácter puramente declarativo. Entiende el Consejo de Estado que «es pacífico que, con carácter general, en la situación de los becarios de investigación no concurren las notas de laboralidad, pero si por excepción, aquéllos acreditasen los elementos que recoge el art.1.1 ET su relación de servicios quedaría sometida al régimen laboral». Con todo el Real Decreto 63/2006 sólo excluye a los becarios que no hayan obtenido el DEA. A partir de la obtención de este Diploma, el personal investigador en formación formaliza un contrato de trabajo. «La inclusión por vía reglamentaria de una determinada relación jurídica en el ámbito de aplicación del ET, en cuanto aporta mayores garantías para los sujetos afectados en sus relaciones de servicio con el centro al que están adscritos no plantean problemas desde la perspectiva del principio de reserva de ley, dado que este principio, en su formulación más clásica, exige una ley para las normas que inciden negativamente en las situaciones jurídicas de los ciudadanos. En el supuesto del personal investigador en formación «de contrato» sucede precisamente lo contrario», en Dictamen del Consejo de Estado al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Personal Investigador en Formación de 12 de enero de 2006.

[24] Art. 8.2 RD 63/2006.

[25] En el mismo sentido: MORENO GENÉ, J.: «El personal becario e investigador: evaluación, situación actual, problemas cruciales», en SEMPERE NAVARRO, A.V.: El personal docente e investigador (PDI) laboral de centros universitarios», cit., págs. 338-339.

[26] MORON PRIETO, R.: «El Estatuto del personal investigador en formación: otro tímido paso en la asimilación de la becas formativas al régimen laboral», cit., pág.30.

[27] Tal es el caso de la obligación del organismo de adscripción del personal investigador en formación de «designar un tutor, con título de doctor, en su caso, para la coordinación y orientación de su actividad» (art. 7b RD 63/2006).

[28] Como restricción cabe mencionar que el organismo al que esté vinculado el investigador no puede «exigirle la realización de cualquier otra actividad que no esté relacionada con el desarrollo de su investigación o de la formación específica requerida para ésta durante su transcurso» [art. 7 c) RD 63/2006]. La única excepción es la colaboración en tareas docente, aunque también se prevén limitaciones a este respecto (máximo de 60 horas anuales).

[29] Por ejemplo, la Orden 3060/2006, de 1 de junio del Consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid (BOCAM 9 de junio de 2004) introduce la fórmula del contrato desde el inicio del disfrute de la ayuda a la investigación. De hecho, el art. 2 habla de «beneficiarios de las ayudas y candidatos a los contratos». Por ello, nos referimos al modelo 0 + 4, es decir, no hay situación inicial de beca, sino directamente de contrato, lo que nos parece del todo acertado.

[30] En contra: ALZAGA RUIZ, I.: «El nuevo régimen jurídico del personal investigador en formación», cit., pág 11 para quien «defender la desaparición de la fase de beca iría en perjuicio del propio investigador, quien se vería obligado a desarrollar un mayor número de actividades de carácter meramente administrativo o de gestión, limitando el tiempo invertido en el estudio».

[31] DOCE L nº 75 de 22 de marzo de 2005.

[32] AGUILERA IZQUIERDO, R.: «El Estatuto del Becario de Investigación», cit., pág . 25; SEMPERE NAVARRO, A.V./QUINTANILLA NAVARRO, R.Y.: La Contratación Laboral en las Administraciones Públicas, Cuadernos de Aranzadi Social, 2003, nº 17, pág. 37.

[33] STS, Sala de lo Contencioso Administrativo, 28 de junio de 2005 (RJ 2005/5106), ratificada por STS, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 18 de noviembre de 2005 (RJ 2005/7761).

[34] STSJ Madrid 5 de junio 2003 (AS 2003/3525).

[35] MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, 29ª ed., Ed. Tecnos,Madrid, 2008, pág. 645.

[36] VIDA SORIA, J./MONERÉO PÉREZ, J.L./MOLINA NAVARRETE, C./ QUESADA SEGURA, R.: Manual de Seguridad Social, 2ª ed., cit., pág. 79.

[37] VIDA SORIA, J./MONERÉO PÉREZ, J.L./MOLINA NAVARRETE, C./ QUESADA SEGURA, R.: Manual de Seguridad Social, 2ª ed., cit., pág. 82.

[38] Exposición de Motivos RD 63/2006.

[39] MORÓN PRIETO, R.: «El Estatuto del Personal Investigador en Formación: otro tímido paso en la asimilación de las becas formativas al régimen laboral», Relaciones Laborales cit., pág. 46.

[40] Sin embargo, llama la atención que los mismos argumentos que sirvieron para avalar la exclusión del personal investigador en formación en situación «de beca», -finalidad formativa y ausencia de naturaleza de salario de la ayuda económica percibida por éste- sirvan ahora para incluir al investigador dentro del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo. Recuérdese que el TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, señaló, precisamente para excluir al becario de investigación del ámbito de la relación laboral que «echaba en falta la existencia de un trabajo por cuenta ajena y un salario» [STS 11 de diciembre de 2001 (RJ 2002/10568)]. Pese a la posible razonabilidad de lo argumentado, manifestamos nuestra disconformidad con la conclusión del alto Tribunal de que ahora la actividad del personal investigador, a partir de la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, «aprovecha, fundamentalmente, al centro, organismo o Universidad de adscripción». La finalidad formativa del investigador, ya sea en su fase inicial o de especialización, se vincula, directa o indirectamente, a la producción científica, es decir, beneficia a su centro o entidad de adscripción desde el comienzo más incipiente de su actividad. De ahí que aboguemos por el «modelo 0 + 4».

[41] BARRIOS BAUDOR, G.: «Contrataciones temporales en el ámbito de la investigación científica», en SEMPERE NAVARRO, A.V. (Coord.): Análisis de la Ley 12/2001, de 9 de julio (La Reforma Laboral de 2001), Aranzadi, 2001, pág.130.

[42] BAYÓN CHACÓN, G.: «Contratos especiales de trabajo: conceptos», en VVAA: Catorce lecciones sobre contratos especiales de trabajo, Seminario de Derecho del Trabajo, Universidad Complutense de Madrid, 1965, pág.12.

[43] MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, 29 ª ed., cit., pág. 503. «Más allá de esta ‚ordenación troncal', los distintos contratos comunes reciben regulaciones específicas derivadas de ‚normas sectoriales'. E incluso más allá de esta ordenación según ramas productivas y según empresas existen regulaciones debidas a los usos y costumbres locales y profesionales. Y más allá aún de las peculiaridades establecidas por vía normativa se encuentran las muy importantes derivadas de la contratación individual», en MONTOYA MELGAR, A.: «Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador», Revista española de Derecho del Trabajo, 2002, nº 19, pág. 6.

[44] MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, 29 ª ed., cit., pág. 503.

[45] MONTOYA MELGAR, A.: «Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador», Revista española de Derecho del Trabajo, cit., pág. 6.

[46] «Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador», Revista española de Derecho del Trabajo, cit., pág. 6.

[47] STC 49/1983, 1 de junio (RTC 1983/43), apuntada en SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir): Prontuario de Doctrina Social del constitucional (1981-2005), Aranzadi, 2005, pág. 110.

[48] QUESADA SEGURA, R.: El contrato de servicio doméstico, La Ley, 1991, pág. 50. Señala la autora que son rasgos accesorios, entre otros: el que el trabajo se realice en común por varios trabajadores, cuyo contrato sea de duración indefinida y a tiempo completo, normalmente para una empresa de la industria o de los servicios, y todos bajo una misma disciplina.

[49] MONTOYA MELGAR, A.: «El ámbito personal del Derecho del Trabajo: tendencias actuales», Aranzadi Social, 2006, nº 3, pág. 51.

[50] MORENO GENÉ, J.: «El nuevo Estatuto del personal investigador en formación: la combinación de beca de investigación y contratación laboral», Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 2006, nº 277, pág. 76. Podía haber sido así, advierte CARDENAL CARRO, porque «las relaciones laborales especiales son un instrumento de política legislativa fruto de la conveniencia», en «A los 15 años de existencia de las relaciones laborales especiales. Un balance y una propuesta (I)», Aranzadi Social, 2000, nº 5, pág. 153.

[51] STC 20/1994, 27 de enero (RTC 1994/20), apuntada en SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir): Prontuario de Doctrina Social del constitucional (1981-2005), cit., pág. 109.

[52] STC 56/1988, 24 de marzo (RTC 1988/56), apuntada en SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir): Prontuario de Doctrina Social del constitucional (1981-2005), cit., pág. 110.

[53] QUESADA SEGURA, R.: El contrato de servicio doméstico, cit., pág. 55.

[54] MONTOYA MELGAR, A.: «Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador», Revista española de Derecho del Trabajo, cit., pág. 10. Por su parte, CARDENAL CARRO, M. distingue los siguientes criterios: «naturaleza, ámbito de desarrollo, menor subordinación, diferente protección, vía para la ampliación del Derecho del Trabajo», en «A los 15 años de existencia de las relaciones laborales especiales. Un balance y una propuesta (I)», cit., págs.154-158; OJEDA AVILÉS, A.: «Las relaciones laborales especiales: una perspectiva unitaria», Relaciones Laborales, 1990, nºs 6 y 7, págs.227-233.

[55] Sobre la identificación de la «causa mixta» como criterio para determinar la existencia de una relación laboral de carácter especial: MONTOYA MELGAR, A.: «Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador», Revista española de Derecho del Trabajo, cit., pág. 10.

[56] Por ejemplo, la causa mixta no se aplica a la relación laboral de los trabajadores en situación de exclusión social en las empresas de inserción, pues en ese caso, tal relación «hubiera podido calificarse de relación laboral especial». Vid.: AGUILERA IZQUIERDO, R.: El régimen jurídico de las empresas de inserción, Civitas, Madrid, 2009, págs. 66-85.

[57] Además de los ya señalados, otros requisitos (título habilitante y antigüedad), así como la duración, la extinción y la retribución conforman las peculiaridades del contrato. Ver epígrafes.

[58] En tal sentido, VALDES DAL-RÉ, F.: indica que: «son dos las funciones predicables de este contrato. De un lado, la de ofrecer formación profesional a quienes previamente han obtenido unos conocimientos teóricos verificados mediante la obtención de un título. De otro, la de satisfacer la creciente demanda de las empresas de incorporar a las plantillas trabajadores con un nivel profesional contrastado», en «El contrato en prácticas», Relaciones Laborales, 1994, Tomo I, pág. 255. Por su parte, DURÁN LÓPEZ, F., señala junto a las funciones de capacitación profesional e inserción laboral, otras dos adicionales: fomento del empleo y selección de mano de obra por parte de la empresa, «El contrato de trabajo en prácticas», en L.E. DE LA VILLA GIL (Coord): Reforma de la Legislación Laboral. Estudios dedicados al Prof. Manuel Alonso Garcia. AEDTSS-Marcial Pons, 1995, págs.142- 144.

[59] Advierte MONTOYA MELGAR, A. que «la frontera entre las que el Estatuto de los Trabajadores considera relaciones laborales especiales y las que doctrinalmente consideramos relaciones comunes con peculiaridades no es desde luego clara en todos los casos. Prueba evidente de esta oscuridad, son los vaivenes legislativos al respecto: lo que bajo una ley es relación especial deja de serlo bajo otra». «Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador», en Revista española de Derecho del Trabajo, cit., pág. 11.

[60] MORENO GENÉ, J.; «El nuevo Estatuto del personal investigador en formación: la combinación de beca de investigación y contratación laboral», Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 2006, nº 277, págs. 76. MORÓN PRIETO, R. se refiere al contrato del personal investigador en formación como «contrato laboral en prácticas atípico», en «El Estatuto del Personal Investigador en Formación: otro tímido paso en la asimilación de las becas formativas al régimen laboral», Relaciones Laborales, cit., pág. 45.

[61] CAVAS MARTÍNEZ, F.: «Diversificación versus uniformidad en el Derecho español del Trabajo», Revista española de Derecho del Trabajo, 1994, nº 63, pág. 84.

[62] TSJ de Madrid 18 septiembre de 1995 (AS 1995/3325)

[63] RJ 2001/1889. En idéntico sentido: STSS 14 de mayo de 1992 (RJ 1992/3557) y 26 marzo de 1990 (RJ 1990/2343).

[64] Art. 10 RD 56/2005 establece que «el tercer ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad la formación del doctorando en técnicas de investigación. Tal formación podrá articularse mediante la organización de cursos, seminarios u otras actividades dirigidas a la formación investigadora e incluirá la elaboración de la tesis doctoral». A pesar de esta regulación la recién aprobada Ley Orgánica de Universidades remite a los Estatutos de las Universidades el desarrollo de los estudios de doctorado de acuerdo con los criterios que para la obtención del título de Doctor apruebe el Gobierno (–.) , criterios que en todo caso incluirán la superación de un período de formación y la elaboración, presentación y aprobación de un trabajo original de investigación» (art. 38). Parece, por tanto, que habrá que esperar a un futuro desarrollo reglamentario para saber cómo quedan estructurados, finalmente, los estudios de doctorado.

[65] STSJ de Cataluña 21 de enero de 2004 (AS 2004/1290). En igual sentido: STSJ de Cataluña 23 de junio de 2004 (AS 2004/2629); STSJ País Vasco 9 de julio de 2002 (AS 2002/2717).

[66] STS 12 marzo de 1993 (RJ 1993/1853).

[67] MORENO GENÉ, J.: «El nuevo Estatuto del personal investigador en formación: la combinación de beca de investigación y contratación laboral», Revista de Trabajo y Seguridad Social, cit., pág. 92.

[68] MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F., GARCÍA MURCIA, J.: Derecho del Trabajo, 17ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, 2006, pág. 531 sitúan el contrato en prácticas del investigador en formación dentro de los «contratos formativos con regulación especial», si bien reconocen que su finalidad «está más cercana a la formación que a la práctica».

[69] Corresponde a la CNEAI llevar a cabo la evaluación de la actividad de los profesores universitarios y de las escalas científicas del CSIC (RD 1086/89, de 28 de agosto). La solicitud de esta evaluación (por períodos de seis años) es voluntaria al tratarse de conseguir un complemento de productividad incentivador, cuya finalidad es fomentar el trabajo investigador de los profesores universitarios y su mejor difusión tanto nacional como internacional. La aprobación del RD 63/2006, encomienda a la CNEAI una nueva función: la evaluación positiva de los investigadores en formación que no hayan obtenido el DEA y deseen pasar a la situación de contrato. Ésta no es, por tanto, una solicitud voluntaria del investigador, sino obligatoria, cuya denegación podría suponer la finalización del período formativo.

[70] La Comisión Técnica del Fondo Nacional de Investigaciones Sanitarias ejerce la evaluación científica técnicas en orden a la obtención de Proyectos de Investigación en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004- 2007. Al igual que sucede con la CNEAI, el RD 63/2006 otorga a esta una competencia específica: la evaluación positiva de los investigadores en formación adscritos a algunas de las especialidades sanitarias, previstas en la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias.

[71] De hecho algunos de los «Programas de Becas» de la última convocatoria de la Administración General del Estado, por ejemplo, el programa de «Becas FPI» (BOE 22 de enero de 2007) prevé, en idénticos términos que el art. 8.2 RD 63/2006, la posibilidad de que con carácter excepcional, y siempre que se hayan cumplido los dos años de beca, el centro de adscripción del personal investigador en formación celebre un contrato en prácticas sin que el sujeto afectado haya obtenido el DEA y siempre que su actividad investigadora se evalue en positivo por el CNEAI (artículo cuarto); mientras que el programa de «Becas FPU» (BOE 16 de septiembre de 2006) exige como requisito para suscribir el contrato en prácticas «estar en posesión del DEA o Diploma que lo sustituye [art. I.3 a)].

[72] MOLINA NAVARRETE, C.: «Una «nueva e inaudita» relación laboral especial: el régimen de contratación del personal docente e investigador tras la LOU», Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 2004, núm.257-258, págs. 100 y ss; AGUILERA IZQUIERDO, R.: «El régimen jurídico del Personal docente e investigador contratado por las universidades públicas de Madrid», Revista Española de Derecho del Trabajo, 2003, nº 118, págs. 563 y ss.

[73] LUJÁN ALCARAZ, J.: «A propósito del estatuto del becario de investigación», Aranzadi Social, 2004, nº 1, pág. 1.

[74] Si no se obtiene el DEA, el investigador en formación se desvincula de la adscripción a los estudios oficiales de doctorado. ¿Se le excluiría entonces del ámbito de aplicación del RD 63/2006?

[75] MARTÍN VALVERDE, A./ RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F./ GARCÍA MURCIA, J: Derecho del Trabajo, 19ª ed., cit., pág.527.

[76] Sin embargo, llama la atención que en el clausulado del contrato en prácticas del personal investigador en formación de la Universidad Complutense de Madrid se disponga expresamente que el mencionado contrato no «se encuentra sujeto al vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid» («Modelo 5 R, cláusula 9ª).

[77] Cabe dudar sobre la legalidad del mantenimiento en la situación de beca del investigador en formación que reúne los requisitos para ser contratado laboralmente. Precisamente el cumplimiento de tales requisitos que sustentan las diferencias entre la situación jurídica «de beca» y «de contrato», ¿por qué obviar el principio pro operario?

[78] Transcribimos por su interés la redacción del precepto: «no obstante, las entidades convocantes podrán establecer requisitos distintos al DEA» para formalizar el contrato en prácticas del personal investigador en formación.

[79] VIDA SORIA, J./MONEREO PÉREZ, J.L./MOLINA NAVARRETE, C.: Manual de Derecho del Trabajo, 2ª ed., Ed. Comares, Granada, 2004, pág. 410.

[80] MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, 29 ª ed.,cit., pág. 451.

[81] CHARRO BAENA, P.: «Los contratos formativos», en SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir.): Los contratos de trabajo temporales, Aranzadi, 2004, pág. 301.

[82] Sobre la diferencia retributiva entre los trabajadores en prácticas y trabajadores ordinarios, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Así, en STC 136/1987, de 22 de junio (RTC 1987/136) ha mantenido que «la distinción operaría en este caso sobre dos modalidades contractuales cuya causa no es solamente la realización de un trabajo sino también la puesta en practicas de unos conocimientos (o el aprendizaje de una profesión u oficio); modalidades contractuales que, por esta razón, ofrecen apreciables diferencias en la prestación de los servicios respecto de la relación laboral común».

[83] I Convenio Colectivo para el personal docente e investigador contratado de la Universidad de Zaragoza (BOA 30 de junio de 2006).

[84] Algún autor, MORENO GENE, J., ha apuntado la figura del profesor ayudante como trabajador análogo al investigador en formación, dado que reúne unos mismos requisitos básicos y realiza esencialmente las mimas funciones; de ahí que deban recibir idéntica retribución, en «El nuevo Estatuto del personal investigador en formación: la combinación de beca de investigación y contratación laboral», Estudios Financieros, págs. 96-97.

[85] Tanto el I Convenio Colectivo para el personal docente e investigador de las Universidades Públicas de Andalucía, el I Convenio Colectivo para el personal docente e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, como el Acuerdo normativo para la contratación del personal científico e investigador de la Universidad de Extremadura no hacen referencia alguna al personal investigador en formación ex RD 63/2006. Únicamente prevén la contratación de personal científico e investigador a través del contrato de obra o servicio determinado.

[86] CHARRO BAENA, P.: «Los contratos formativos», en SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir.): Los contratos de trabajo temporales, pág. 285.

[87] DE LA VILLA GIL, L. E.: «El contrato de trabajo en prácticas», en La contratación temporal, ACARL, Madrid, 1981, pág. 44.

[88] VALDES DAL-RÉ, F.: «El contrato en prácticas», Relaciones Laborales, 1994, Tomo I, pág. 255.

[89] DURÁN LÓPEZ, F.: El contrato de trabajo en prácticas», en DE LA VILLA GIL, L.E. (Coord): Reforma de la Legislación Laboral. Estudios dedicados al Prof. Manuel Alonso Garcia. AEDTSS-Marcial Pons, 1995, págs.142-144.

[90] MORENO GENE, J.: «El nuevo Estatuto del personal investigador en formación: la combinación de beca de investigación y contratación laboral», Estudios Financieros, págs. 96-97.

[91] ALBIOL MONTESINOS, I.: Contratos formativos: prácticas y aprendizaje. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pág. 20.

[92] CHARRO BAENA, P.: «Los contratos formativos», en SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir.): Los contratos de trabajo temporales, pág. 293.

[93] En concreto, se propone que la duración del contrato responda al esquema de los actuales estudios de doctorado, es decir, un total de cuatro años, distribuidos en períodos de dos años prorrogables por otros dos siempre que no existiera informe motivado en contra del investigador.

[94] AGUILERA IZQUIERDO, R.: «El Estatuto del Becario de Investigación», cit., pág. 32.

[95] Recuérdese, señala AGUILERA IZQUIERDO, R., que la propiedad intelectual corresponde al autor de la obra (literaria, artística o científica) «por el solo hecho de su creación» (art. 1 Ley de Propiedad Intelectual). En consecuencia, la propiedad intelectual corresponde al personal investigador en formación «de acuerdo con su contribución a la obra». La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal, entre los que se incluyen los «derechos morales» sobre la obra que tratan de proteger su autoría, así como la concepción que su autor tiene sobre la misma (art. 14 Ley de Propiedad Intelectual), y por derechos de carácter patrimonial entre los que se encuadran los «derechos de explotación», que pueden incluir derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, actos todos ellos que no pueden ser realizados sin consentimiento del autor (art. 17 de la Ley de Propiedad intelectual). Como apunta la autora «estos derechos de explotación de la obra son transmisibles a la entidad convocante de la ayuda (como en su caso lo son al empresario, mientras que los derechos morales del personal investigador en formación autor de la mismas son irrenunciables e inalienables», en «El Estatuto del Becario de Investigación», cit., pág. 33. Por lo demás, los citados derechos de propiedad intelectual «serán independientes, compatibles y acumulables con otros derechos que pudieran derivarse de la investigación realizada, sin perjuicio de los condicionantes derivados de la obra colectiva cuando el personal investigador participe o esté vinculado a un proyecto colectivo de investigación» [art. 5.1 g) in fine].

[96] Los apartados 8º y 9º del art. 20 de la mencionada Ley contemplan la posibilidad de que el régimen jurídico de las invenciones realizadas por los profesores de Universidad pueda ser aplicado a las invenciones del personal investigador de los entes públicos de investigación, habilitando al gobierno para la regulación de las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de estos entes en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los derechos sobre las invenciones realizadas. Ahora bien, a los efectos de lo establecido en el RD 55/2002 tienen la consideración de personal investigador los funcionarios civiles o el personal militar vinculado a los órganos señalados por una relación de carácter estatutario, que desarrollen actividades de investigación, y el personal contratado en régimen de derecho laboral por los mismos organismos que, asimismo, desarrollen actividades de investigación. No se incluye, por tanto, al personal investigador en formación. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 f) del Estatuto del personal investigador en formación, «el régimen jurídico de las invenciones dentro del ámbito de los entes públicos de investigación enumerados se extiende también al personal investigador en formación de los citados entes», si bien como señala el propio precepto «los referidos derechos no tendrán en ningún caso naturaleza salarial» [art. 5.1 f) in fine]. De este modo, apunta AGUILERA IZQUIERDO, R.: «el derecho que tiene el autor o autores de la invención, de conformidad con el art. 4.1 del RD 55/2002, a recibir un tercio de los beneficiarios obtenidos por el organismo público, carece de carácter salarial cuando el beneficiario sea personal investigador en formación», en «El Estatuto del Becario de Investigación», cit., pág. 34.

[97] Sobre la inclusión del personal investigador en el ámbito de la Seguridad Social: CRISTÓBAL RONCERO, R.: El Régimen jurídico del personal investigador en formación, cit., págs. 111-125.

[98] Vid., Epígrafe VI. El personal investigador en formación y su inclusión en el ámbito de la Seguridad Social.

[99] MORENO GENÉ, J.: «El nuevo Estatuto del personal investigador en formación: la combinación de beca de investigación y la contratación laboral», cit., pág. 82.