Investigaciones en el país de origen y tutela judicial efectiva en el procedimiento de asilo (STJUE de 29 de enero de 2026, asunto C-431/24)
| Páginas | 1-4 |
| Fecha | 01 Enero 2026 |
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia del 29 de enero de 2026, asunto C-431/24, interpreta el alcance del derecho de acceso al expediente en los procedimientos de protección internacional, en particular respecto de la información relativa al modo en que las autoridades nacionales llevan a cabo investigaciones en el país de origen del solicitante. El fallo clarifica el contenido del derecho de defensa y del derecho a un recurso efectivo en el marco de la Directiva 2013/32/UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales, determinando si el solicitante y el órgano jurisdiccional deben poder acceder no solo al contenido de la prueba utilizada para desestimar la solicitud de asilo, sino también a los elementos esenciales sobre su obtención cuando ello resulte relevante para garantizar el respeto del principio de no devolución.
El litigio se origina en los Países Bajos y tiene como protagonista a un nacional pakistaní, cristiano, que en 2014 solicitó protección internacional alegando riesgo de persecución religiosa en su país de origen. Dicha solicitud fue desestimada como infundada y acompañada de una orden de retorno.
Posteriormente, en 2016, se emitió contra él una fetua que instaba a su asesinato y al de su hermana, mencionando datos personales concretos y vinculando la amenaza con supuestas actividades de evangelización cristiana.
En 2018, el solicitante formuló una segunda solicitud de protección internacional, insistiendo en el temor a persecución por motivos religiosos y aportando como elemento central la fetua legalizada judicialmente en Pakistán, junto con otros documentos probatorios de tales hechos.
En el marco de la instrucción de la segunda solicitud, el Secretario de Estado neerlandés solicitó al Ministro de Asuntos Exteriores la elaboración de un informe individual sobre la situación del solicitante en Pakistán. El informe, elaborado tras una investigación en el país de origen, fue sometido a un control interno (“Control REK”) y, junto con los documentos justificativos, fue puesto a disposición del Secretario de Estado, quien en 2022, finalmente, desestimó la solicitud por considerarla manifiestamente infundada, dictando una nueva decisión de retorno y prohibición de entrada.
El solicitante recurrió la resolución ante el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunal de Distrito de La Haya, sede Roermond), alegando, entre otros motivos, la vulneración de su derecho de defensa por no haber tenido acceso íntegro a los documentos justificativos de la investigación. El órgano jurisdiccional remitente, tras solicitar los documentos al Ministro de Asuntos Exteriores, recibió únicamente una versión no corregida, cuyo acceso fue restringido al tribunal en virtud del artículo 8:29 de la Algemene wet bestuursrecht (Ley General de Derecho Administrativo de los Países Bajos), al estimarse que concurrían motivos serios para limitar el acceso, como la protección de fuentes, métodos de investigación, vida privada de terceros y prevención de perjuicios desproporcionados.
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