STS, 26 de Enero de 2000

JurisdicciónEspaña
PonenteFUENTES LOPEZ, VICTOR
Fecha26 Enero 2000

Vistos los presentes autos pendientes, ante esta Sala, en virtud del recurso de Casación, para la Unificación de doctrina, interpuesto por el Letrado don G.C.M., en nombre y representación de D.M.C.A., contra la sentencia dictada por la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 5 de noviembre de 1.998, en suplicación, contra la del Juzgado de lo Social nº 6 de los de Sevilla de fecha 31 de marzo de 1.997, en actuaciones seguidas por la ahora recurrente contra el IASS, Consejería de Asuntos Sociales, sobre "invalidez".

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 31 de marzo de 1.997, el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Sevilla, dictó sentencia,, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: FALLO "Que estimando íntegramente la demanda formulada por MARIA C.A.C. EL instituto andaluz de servicios sociales, debo declarar y declaro el derecho de la actora a percibir la pensión de invalidez no contributiva en cuantía mensual de 35.580.-ptas desde el 1 de mayo de 1.996".

SEGUNDO.- En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos: 1º) María C.A. solicitó el 14 de febrero de 1.994 pensión de invalidez contributiva haciendo constar que convivía con su cónyuge B.F.N., dictándose resolución el 26 de mayo de 1.994 por el instituto Andaluz de Servicios Sociales reconociendole el derecho a la pensión solicitada en cuantía máxima. en la declaración individual del año 1.995 la actora hace constar como único miembro de la unidad de convivencia a su esposo. 2º) El Instituto demandado dicta resolución el 22 de mayo de 1.995 por la que se declara que la cuantía a reconocer para el año 1.994, es de 9.210.-ptas, ingresos de la unidad económica de convivencia 647.799.-ptas y en 1.995 de 13.250.-ptas (ingresos 625.380.-ptas). 3º) La demandante convive en el mismo domicilio con su nieto IsR.F.F. de 13 años, desde el 21 de julio de 1.995, además de con su cónyuge. 4º) El 7 de septiembre de 1.995 la actora formuló demanda ante el Juzgado de lo social nº 5 solicitando la nulidad de la resolución del Instituto demandado de 22 de mayo de 1.995, de la cual posteriormente se desistió. 5º) El 22 de marzo de 1.996 la demandante presenta la declaración del año 1.996 la demandante presenta miembros de la unidad económica de convivencia a su nieto y esposo y unos ingresos de la misma de 625.380.-ptas pesetas anuales. El organismo demandado le reconoce el derecho a percibir la referida pensión en cuantía mensual de 13.840.-ptas pesetas. interpuesta la reclamación previa fue expresamente desestimada.

TERCERO.- Posteriormente, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictó sentencia con fecha 5 de noviembre de 1.998, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: FALLO "Que debemos estimar y estimamos el recurso de Suplicación deducido por el INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES (Junta de Andalucía) contra la sentencia dictada el 31 de marzo de 1.997 por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Sevilla en auto sobre prestación por invalidez no contributiva tramitados a instancias de Doña María C.A., contra la entidad recurrente. En su consecuencia, revocamos y dejamos sin efecto la sentencia recurrida y su sustitución de la misma, absolvemos de la demanda a la demandada".

CUARTO.- Por la parte recurrente se interpuso recurso de Casación para la Unificación de doctrina, ante esta Sala, mediante escrito amparado en lo dispuesto en el art. 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, aportando como sentencia contradictoria la dictada por esta misma Sala de fecha 17 de marzo de 1.997.

QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación de la parte recurrida personada y emitido el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, en el sentido de considerar el recurso PROCEDENTE, se declararon conclusos los autos y se señaló día para Votación y Fallo el 19 de enero del 2.000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla en 5 de noviembre de 1.998, revocando la dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla y estimando el recurso de suplicación interpuesto por la Administración Pública, desestimó la demanda, que postulaba el derecho de la beneficiaria a percibir la pensión no contributiva de invalidez, que tenía reconocida desde 1.994, en la cuantía de 35.580.-ptas mensuales y no en la de 13.840.-ptas, que se viene percibiendo, al estar integrada la unidad económica familiar por tres miembros, ya que con el matrimonio convive un nieto ascendiendo el montante de ingresos a 652.890.-ptas, cuantía de la pensión de invalidez que percibe el esposo. Consta como probado que por resolución de 26 de mayo de 1.994, el Instituto Andaluz de Servicios Sociales reconoció a la actora la pensión no contributiva, que en la declaración individual de 1.995 la actora hizo constar como único miembro de la unidad familiar al esposo, dictándose resolución en 22 de mayo de 1.995 por la que se reconoció para 1.994, pensión de 9.210.-ptas (ingrespos titulares de la unidad económica de convivencia 647.799.-ptas) y en 1.995 de 13.250.-ptas (ingresos 625.380.-ptas); desde el 21 de julio de 1.995 convive con el matrimonio el nieto israel Fernández Fontanille de 13 años, el cual fue incluído como integrante de la unidad económica de convivencia en la declaración presentada en 1.996, además del esposo siendo el total de ingresos de 625.380.-ptas y la pensión reconocida de 13.840.-ptas.

La sentencia recurrida consideró que la sentencia de instancia, al estimar la demanda, infringió el artículo 144-4 L.G. Seguridad Social, pues remitiendo este precepto para determinar la cuantía de la prestación por invalidez no contributiva a la convivencia de personas unidas por matrimonio o parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado en una misma unidad económica, sin que baste para que exista dicha convivencia, con que la misma sea física, como en el caso de autos consta como probado, al requerir dependencia económica, extremo no acreditado, ni tampoco concurran en sus padres circunstancias que les impidan cumplir con la obligación impuesta en el art. 154-1 C. Civil, de prestar alimentos, la conclusión a la que se llegaba era la de que dicho n ieto no está integrado en la unidad económica de convivencia de la actora careciendo ésta del derecho reclamado.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de Casación para la unificación de Doctrina invocando como sentencia contraria la dictada por esta Sala en 17 de marzo de 1.997, en un supuesto en que una solicitante carecía de rentas o ingresos propios, conviviendo con su esposo perceptor de una pensión de jubilación y una nieta, a la que se consideró como integrante de la unidad económica de convivencia, reconociendole al allí recurrente el derecho al percibo de una prestación de jubilación no contributiva, en la cuantía solicitada.

Concurre, en consecuencia, la contradicción que hace viable el presente recurso, como exige el art. 217 L.P.L., (Texto Refundido Real Decreto Legislativo 271995 de 7-IV) pues en relación al cuestionable requisito de quienes integran la unidad económica de convivencia, ante hechos, fundamentos y pretensiones substancialmente iguales, una y otra sentencia llegan a fallos distintos, pues en un caso el nieto, que convive con los abuelos, se incluye en la indicada unidad económica y en otro no. No es relevante a los efectos debatidos, el que en la sentencia recurrida, se trate de un supuesto de invalidez, ni que no conste como probado, como sucede en la de contraste si los padres estaban o no separados de hecho o de derecho, pues a este último extremo, solo se refiere la sentencia de contraste como un argumento más que venía a reforzar lo ya dicho anteriormente al examinar los requisitos necesarios para que exista unidad económica de convivencia.

TERCERO.- Para la resolución del tema litigioso debe partirse de la doctrina unificada contenida en la sentencia de contraste reiterada más tarde en la sentencia de 17 de enero de 2000; en la misma, en relación con la posible infracción, por la sentencia recurrida, del art. 144-1.2 y 4, de la L.G.S.S/1994 y artículo 11 y 13 Real Decreto 357/91 de 15 de marzo, en cuanto a los requisitos para tener derecho a pensión de invalidez no contributiva, regulada en los arts. 154 bis, 155 bis y 156 bis de la L.G.S.S de 1.974, ahora art. 167 a 170 de la L.G.S.S. 1.994, adicionados por la Ley 26/1990 de 20 de diciembre por la que se establece en la Seguridad Social prestaciones no contributivas y arts. 8 a 9 y 11 a 13 del Real Decreto 357/91 de 15 de marzo que la desarrolla y derecho para obtener una de esas prestaciones por aquellas personas que nunca hubiesen cotizado a la Seguridad Social, o no lo hubieran efectuado en tiempo necesario para tener derecho a una prestación contributiva se señala:

"Como regla general debe partirse de que como integrantes de la unidad económica de convivencia, deben computarse todas aquellas personas que convivan efectivamente con el solicitante de la prestación no contributiva, cualquiera que sea la causa de tal convivencia, como es dable deducir de la expresión legal y reglamentaria de que "existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas", siempre que tales personas estén unidad con el beneficiario, "por matrimonio o por lazos de parentesco por consanguinidad o por adopción, hasta el segundo grado" (argumento ex arts. 137 bis 4 LGSS/1974, 144.2 LGSS/1994 y 13 Real Decreto 357/91).

Es cierto que del propio concepto de "unidad económica de convivencia" en relación con lo que implica el requisito de carencia de rentas o ingresos en el plano subsidiario de dicha unidad económica es dable deducir que entre los integrantes de aquella debe existir un cierto grado de dependencia económica, pero sin embargo, a diferencia de lo que se establece en otras prestaciones de la Seguridad Social en las que también se tiene en cuenta el requisito de la convivencia y el de la dependencia económica, como en las denominadas prestaciones en favor de familiares (art. 40.1 e. Decreto 3158/1996 de 23 de XII y art. 22.1 Orden 13.2.1967), no se establecen expresamente requisitos como el de que no quedan familiares con obligación y posibilidades de prestarles alimentos, según la legislación civil, para poder computar en su caso como integrante de la unidad económica de convivencia a alguno de las parientes contemplados en la norma." Por ello se concluía, que no existía razón para excluir como integrante de la unidad económica de convivencia al nieto de la beneficiaria que con ella convive realmente por la mera circunstancia de no acreditar que el menor se encuentra bajo la guardia y custodia de sus abuelos, con fundamento en el art. 154 del C., Civil y argumentando que corresponde a los padre tener a sus hijos no emancipados en su compañía, alimentandoles y educandoles. todo ello sin perjuicio de que como excepción para evitar posibles fraudes, a falta de normas específicas que lo presuman en determinados supuestos para las prestaciones no contributivas debe estarse a lo dispuesto en los arts. 6-4 y 7-2 del C. Civil

CUARTO.- En consecuencia, como en el caso de autos la tesis de la sentencia recurrida, excluye a la nieta de la unidad económica de convivencia porque no se acredita la razón de su convivencia, ni se prueba las circunstancias de los padres que le impiden cumplir la obligación impuesta en el art. 154-1 C. Civil, dicha doctrina es contraria a la unificada de esta Sala, pues pese a contar como probado que el nieto convivía con los abuelos desde el 21 de julio de 1.995, funda sus resoluciones en argumentos irrelevantes, a los efectos debatidos, sin que tampoco haya base para presumir fraude en la conducta del solicitante en los términos que posibilitan los arts. 6-4 y 7-2 en relación con el art.

1253 C. Civil, por responder tal convivencia a la finalidad esencial de aum entar el número de los integrantes sin ingresos económicos a efectos de obtener la pensión de invalidez no contributiva, ni aquel puede deducirse de la mera circunstancia de que no se haya probado que los abuelos tuvieran otorgada la guardia y custodia, ni si los padres estaban o no separados, ni del cumplimiento de la obligación de prestar alimentos.

QUINTO.- Todo lo dicho conduce a la estimación del recurso y a la casación y anulación de la sentencia recurrida y a que al resolver el debate de suplicación se desestime el recurso de la Administración Pública, confirmando la sentencia de instancia, dado que ni se ha cuestionado el grado de minusvalía, ni la cuantía de la pensión estimada en la sentencia de instancia, ni sus efectos. Sin costas.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, interpuesto por el Letrado don G.C.M., en nombre y representación de D.M.C.A., contra la sentencia dictada por la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 5 de noviembre de 1.998, en suplicación, contra la del Juzgado de lo Social nº 6 de los de Sevilla de fecha 31 de marzo de 1.997, en actuaciones seguidas por la ahora recurrente contra el IASS, Consejería de Asuntos Sociales, sobre "invalidez". Sin costas.

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