Introducción

AutorJuan Calvo Vérgez
Páginas13-13
I. INTRODUCCIÓN
Como es sabido a lo largo de estos últimos años se ha venido desatando un
intenso debate en torno a la capacidad de endeudarse por parte de los Entes
Regionales. Ciertamente constituye un hecho innegable que, por parte del
conjunto de las Comunidades Autónomas (CC.AA.), se ha estado incurrien-
do en una situación en la que se han frenado pagos, ayudas e inversión para
cuadrar las cuentas. Los Ejecutivos regionales se han estado viendo forzados
a retrasar el pago de algunos capítulos de sus partidas presupuestarias para
hacer frente a los salarios de los funcionarios y sus compromisos con la banca.
A pesar de que, a priori, pudiera estimarse que resultaba lógico que en
momentos de crisis las inversiones y las transferencias de capital se resintiesen
en su ejecución, al tratarse del único margen que existe para las Administra-
ciones autonómicas (siendo además el gasto corriente existente en capítulos
tales como sanidad, educación y servicios sociales inamovible), lo cierto es
que se trata de unos capítulos considerados por ley como “esenciales” y que
absorben más de dos tercios de los Presupuestos Autonómicos. Así, por ejem-
plo, las nóminas de los funcionarios requieren entre el 50% y el 55% de los
recursos territoriales. En ambos casos, un ajuste real del gasto sólo puede venir
motivado con cambios en la normativa básica del Estado. Y, en este sentido, el
debate ya se había suscitado en asuntos tales como el copago de la asistencia
primaria, la sanidad1 o la gestión de la factura farmacéutica.
1 En el caso especí co de la sanidad a pesar de que, como tendremos ocasión de analizar,
las inyecciones de liquidez procedentes de los distintos Fondos que han recibido las CC.AA.
a través del Estado les han permitido reducir en un 21,2% la deuda comercial y en el mismo
porcentaje la deuda sanitaria con laboratorios farmacéuticos y empresas de tecnología sanitaria,
cabe aludir a la existencia de profundas diferencias entre Comunidades, habiendo destinado la
mayoría de las Regiones parte de esos recursos para enjugar su abultada deuda sanitaria, si bien
otra parte importante no. Lógicamente esta reducción de la deuda comercial plantea, como con-
trapartida, un incremento de la deuda no  nanciera. El Estado se ha convertido en el principal
acreedor de las Comunidades Autónomas a través de los distintos mecanismos de  nanciación
(el 50% del pasivo regional). Con carácter general el gasto en Sanidad absorbe más del 30%
del Presupuesto autonómico. Pues bien, al amparo de la tendencia actual existente las CC.AA.
no están respetando el límite de gasto  jado al efecto. Ciertamente se ha de reconocer que a
ello contribuyen factores tales como la necesidad de recuperar el terreno perdido durante la
crisis de una forma más rápida que en los últimos ejercicios y de ajustarse al gasto sanitario real
así como la necesidad de hacer frente a las listas de espera, de acometer una mayor inversión
en infraestructuras, de recuperar el nivel salarial o de luchar contra la temporalidad mediante
la aprobación de nuevas ofertas públicas de empleo centran los objetivos del gasto.

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