Introducción

AutorJaume Magre/Lluís Medir/Esther Pano/Joan Josep Vallbé/José Luís Martínez-Alonso
Páginas13-16
13
LA IMPLEMENTACIÓN Y LOS EFECTOS DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA EN LOS GOBIERNOS LOCALES...
1.
INTRODUCCIÓN
LA TRANSPARENCIA COMO CAMBIO INSTITUCIONAL
En contraste con la abundante evidencia cientíca sobre los efectos de la transparencia en
las actitudes ciudadanas hacia las instituciones, no existe todavía un conocimiento robusto del
efecto interno que provoca la puesta en marcha de las normativas de transparencia desde un
punto de vista organizativo, especialmente en el ámbito municipal español. En otros países la
investigación apunta a que la aplicación de criterios de transparencia ha producido cambios
en la cultura y práctica organizativas de las Administraciones que, a su vez tienen un impacto
en las percepciones del personal de la Administración sobre la aplicación de la transparencia.
La relación teórica que une transparencia e instituciones se apoya sobre la asunción de
que esta las hace más ecaces (Meijer, 2013; Prat, 2006; Ruvalcaba, 2019), promueve el
crecimiento económico (Rojo, 2019) y fomenta la participación ciudadana en los asuntos
públicos (Bellantoni, 2016). Esta mayor participación, sigue el argumento teórico, es
estimulada por el efecto de la publicidad de los resultados de las políticas públicas a través
de indicadores y objetivos claros, que consigue aumentar —o recuperar, si el contexto es de
distanciamiento— la conanza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas (Hood, 2006;
Pollit y Bouckaert, 2004; Grimmerlikhuijsen y Meijer, 2012; De Fine Licht, 2011).
No en vano, en el preámbulo de la Ley 19/2013 se hace referencia al impacto institucional
al establecer un vínculo entre la transparencia y la evaluación de la calidad de funcionamiento
de las instituciones y Administraciones. Literalmente puede leerse: «Solo cuando la acción
de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer
cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo
qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el
que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que
demanda participación de los poderes públicos». En efecto, la Ley 19/2013 une transparencia,
acceso a la información y buen gobierno como tres aspectos absolutamente complementarios
para impulsar la mejora de la performance institucional. La ley prevé un elenco de obligaciones
y requerimientos para con el conjunto del sector público con el objetivo de mejorar su
rendimiento. En denitiva, como reconocen Villoria e Izquierdo (2015) «un buen gobierno

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