Introducción
| Autor | Luis Manuel Alonso González |
| Páginas | 9-10 |
INTRODUCCIÓN
Entre 2012 y 2013 el panorama tributario en España se vio sacudido por
dos fenómenos novedosos: la previsión de un supuesto excepcional de regulari-
zación voluntaria especial y la implantación y exigencia efectiva de una nueva
obligación de información relativa a los bienes y derechos en el extranjero de
los que las personas físicas y jurídicas residentes resultaran ser titulares. Ambas
medidas se hallaban directamente interrelacionadas. Desde la Administración
se promovió, primero, que se aprovechara la ocasión excepcional que se brinda-
ba al contribuyente incumplidor de poder regularizar a muy bajo coste porque,
de no hacerlo, las consecuencias podrían ser extraordinariamente negativas 1.
Con datos de 2015, fueron más de 134.000 el número de obligados tri-
butarios que habían presentado ya la Declaración Tributaria Especial (DTE)
aflorando capitales en el extranjero por un importe cercano a los 89.000
millones de euros 2, 3.
1 Advertimos de esta perspectiva en «La Declaración Tributaria Especial: luces y sombras de la
“amnistía fiscal” o el dulce sabor de la zanahoria», Revista Jurídica de Cataluña, ICAB, 2012. También
lo hacen Rosa PÉREZ FERNÁNDEZ y Ángel SÁEZ MARTÍNEZ, «La imprescriptibilidad», Revista de Econo-
mistas Asesores Fiscales, núm. 358, diciembre, 2012.
2 Además, «desde la revelación del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, el pasado
verano, se han presentado ya 2.899 declaraciones de bienes en el exterior, fuera de plazo, solo con cargo
al ejercicio 2012, por valor de 1.165 millones. Estos nuevos declarantes no se acogieron a la llamada
amnistía fiscal, que estuvo en vigor hasta el 30 de noviembre de 2012, siguiendo el Modelo 750 de la
llamada Declaración Tributaria Especial, como tampoco se dignaron declarar el dinero a través de la de-
claración con el Modelo 720, que concluyó su periodo efectivo, en el citado 30 de abril de 2013» (Xavier
GIL PECHARROMÁN, «Bienes en el extranjero: multas bajo sospecha», IURIS&LEX, elEconomista, 13 de
febrero de 2015, p. 15). Cuando se dio a conocer al público la DTE se aventuró una recaudación global
de unos 2.500 millones de euros en la medida en que se pensó que aflorarían capitales por diez veces más
esa cifra. Por otro lado, la mal llamada amnistía fiscal siempre ha estado envuelta de un debate turbulento,
por ejemplo, acerca de si debían darse a conocer o no los nombres de aquellos que se acogieron a la DTE.
3 El Modelo 720 ha recibido información de 156.122 millones de euros de más de cien mil españo-
les en el extranjero, según ABC en su edición de 17 de diciembre de 2018 (https://www.abc.es/economia/
abci-declaracion-bienes-exterior-vulnera-cinco-derechos-fundamentales-201812162354_noticia.html).
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