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Introducción

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Vincent
AutorFermín Otamendi Zozaya
Cargo del AutorMagistrado
Páginas15-16

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Han transcurrido casi cuarenta años desde la promulgación de nuestra actual Constitución y, sin embargo, la ley que permite aplicar la segunda norma más importante en un estado de derecho –el Código Penal (llamada, por ello, la Constitución negativa, tal como indica la exposición de motivos del vigente texto penal)– sigue ostentando el dudoso record de ser la norma procesal más antigua de España y, casi con seguridad, de nuestro entorno europeo. En efecto, todas las restantes leyes de procedimiento, desde la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pasando por la Ley de Procedimiento Laboral e, incluso, la Ley Orgánica Procesal Militar, que regula el procedimiento penal en el ámbito de la milicia, han sido promulgadas con posterioridad a la Constitución, como por otra parte es lógico, habida cuenta del profundo impacto que la promulgación de nuestra norma fundamental produjo en el ordenamiento jurídico español.

Sin embargo, y como se ha dicho, la ley a través de la cual se ejerce el “ius puniendi” del Estado; la norma a través de la cual se puede privar a una persona de su derecho más fundamental e importante, su libertad; la ley que regula los límites que el Estado tiene en la investigación y persecución del delito y, por ende, el texto legal que establece los derechos de los ciudadanos frente al poder coactivo más importante con el que cuenta el Estado moderno data, nada menos, que del siglo XIX, concretamente del año 1882, hace ciento treinta y cinco años.

Naturalmente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha modificado en numerosas ocasiones desde la promulgación de nuestro texto constitucional, fundamentalmente para adecuar el texto procesal a la norma fundamental. En concreto, desde 1998, la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha modificado en 29 ocasiones, cinco de las cuales se han producido en el año 2015. No obstante, desde dicho momento, el año en el que más modificaciones sufrió el texto procesal fue el 2003, en el que se promulgaron normas que modificaron la Ley de Enjuiciamiento Criminal en siete ocasiones.

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Ello ha producido una cierta “modernización” de nuestra norma procesal penal, pero también, como efecto necesariamente inherente a la introducción de modificaciones en un texto codificado, la pérdida de la coherencia interna de la Ley. En cualquier caso, esa modernización...

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