Introducción

AutorRafel Audivert i Arau
Cargo del AutorAbogado y Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona
Páginas15-19

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Nuestra sociedad empieza a tener verdadera conciencia de la degradación que ha sufrido y sufre el entorno durante las últimas décadas, en las cuales la actividad humana ha sido especialmente dañina. Esta preocupación se acusó más a finales de la década de los años 80 que en nuestros días, ya que otras preocupaciones han planeado últimamente sobre la conciencia social -desempleo, tributos, vivienda y educación-, y han trasladado a un segundo plano la protección del medio ambiente.1

Posiciones en favor de la protección de la calidad de vida y del medio ambiente han existido siempre,2 aunque han ido variando los instrumentos de protección a implantar según el período, los sectores y los agentes sociales que llevan a cabo políticas de protección. La materia objeto de este trabajo afecta a los consumidores y al sector industrial, y el instrumento central que pretendemos estudiar es el etiquetado ecológico3.

En general, podemos definir la etiqueta ecológica como aquel distintivo que se otorga a determinados productos y que acredita que en su proceso de fabricación, comercialización y vida posterior al uso son respetuosos con el medio ambiente (Environmentally friendly oPage 16 Umweltzeicheri)4 En el plano de las políticas públicas, la etiqueta ecológica es «instrumento4 de una política de medio ambiente».5

El objetivo final de un sistema de etiquetado ecológico es la existencia de un crecimiento «verde», o lo menos perjudicial posible para el entorno. Así se expresa el Quinto Programa de Acción de la Comisión de las Comunidades Europeas,6 en donde se hace un planteamiento para proteger el medio ambiente centrándose en los agentes y actividades que agotan los recursos naturales, y que tiene por objeto modificar las pautas sociales de comportamiento a través de la participación óptima de todos los sectores de la sociedad. Así, se persigue en el Programa compartir la responsabilidad en la protección medioambiental entre las administraciones públicas, las empresas, públicas o privadas, y la población en general -ciudadanos y consumidores-. Por otro lado, siempre se tendrá en cuenta para ello las diferentes situaciones de cada ámbito de la Comunidad.

Sin embargo, pese a lo ideal de lo que se acaba de afirmar es difícil proteger aquello que cuesta definir, ya que aparecen en el ámbito jurídico dificultades para delimitar el contenido del medio ambiente y del denominado derecho ambiental.7 Junto a un núcleo básico incuestionable, existen actuaciones y normas jurídicas medioambientales en campos tales como la salud pública, salud laboral, derechos de los consumidores, política de investigación y desarrollo, política agraria, transportes, regional...

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