Introducción
| Autor | Miguel Ángel Ruiz López |
| Páginas | 27-31 |
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Adentrarse en el estudio de cualquier institución jurídica siempre constituye un reto de primer orden. Cuando alguna materia ha sido tratada en abundancia y se pretende añadir algo, es preciso ante todo conocer el «estado de la cues-tión», rastreando con rigurosidad y precisión las fuentes bibliográficas y jurisprudenciales al uso. No con el propósito de «descubrir el Mediterráneo», sino de aportar algo relativamente nuevo, sobre lo que apenas se ha escrito, o de esclarecer algún aspecto puntual sobre el que subsiste controversia. El proceso es muy similar a la creación jurisprudencial (iurisdictio). La elaboración de un criterio propio es pausada y constante, no abrupta y deslavazada. El principio de seguridad jurídica exige que la sentencia recoja en sus razonamientos jurídicos un discurso coherente, ordenado y exhaustivo. No se debe por ello renunciar a plasmar en la sentencia todo cuanto se ha venido diciendo en los asuntos similares planteados hasta entonces, ya que la legitimidad y aun el prestigio del órgano juzgador dependen en gran medida de la exactitud en la conformación de una doctrina uniforme en la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico.
Por el contrario, cuando sobre alguna materia en particular no se ha escrito apenas nada y la jurisprudencia escasea, las dificultades son otras. Ya no se trata de penetrar en lo más recóndito de un asunto, ni tan siquiera de reducir la complejidad de la información existente, abrumadoramente abundante y super-flua las más de las veces. El reto es otro. Lo importante entonces es ahondar en sus antecedentes más remotos y más próximos; aislarlo en el plano dogmático y a la vez ubicarlo en un contexto determinado; pergeñar un concepto que ofrezca, pese a todo, consistencia científica y, en fin, extraer sus notas características con un afán sistematizador.
Este es el caso del presente trabajo de investigación, que desde sus orígenes, hace unos cinco años, se ha orientado a la elaboración de una tesis doctoral en Derecho Administrativo centrada en una potestad casi desconocida y escasamente tratada por la doctrina, pero de innegable repercusión sobre el sistema de derechos y garantías de los ciudadanos: el desahucio administrativo.
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Ciertamente, una materia poco estudiada constituye un fértil campo de cultivo para un trabajo de tesis doctoral. Que exista un asunto poco explorado –podría decirse que casi virgen– constituye una motivación que convierte el camino del aprendizaje en fascinante. Y es que no existen cuestiones agotadas, por más que pueda parecer lo contrario a la vista de los miles de artículos y de libros que se publican anualmente en España como si de una moda más se tratase; moda que, por cierto, algunos cultivan con fruición, a sabiendas o no de que nadie les leerá, con los más prosaicos propósitos.
El desahucio administrativo es el ejemplo de que es posible –además de deseable y necesario– acudir a las bibliotecas de Derecho, de atmósfera siempre solemne e incorruptible, y desempolvar los Códigos de Jurisprudencia del siglo XIX para rastrear, a la postre, en la propia génesis y evolución del Derecho Administrativo. Sin embargo, la sensación de enfrentarse con pocas evidencias...
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