Introducción

AutorSusana Mª Lorente Velasco
Páginas21-22

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Los delitos que son objeto del presente estudio se hayan ubicados dentro del Capítulo Segundo del Título Vigésimo Segundo del Libro Segundo del Código Penal, esto es, bajo la rúbrica de los llamados «Delitos contra el orden público». Varias son las cuestiones que podrían justificar el análisis de este tema y su elección, en su momento, como materia objeto de mi tesis doctoral.

En primer lugar, ha de destacarse que tales tipos penales no han suscitado nunca un especial interés para la doctrina1, pues hemos encontrado escasos estudios en torno al tema, de modo que no existía, hasta el momento, una monografía que abordase de forma conjunta los delitos de atentado, resistencia y desobediencia, y que en un mismo trabajo procurase hacerse con criterios de distinción entre tales conductas delictivas.

A la carencia de un pormenorizado estudio doctrinal se une el gran atractivo que tales figuras penales presentan para cualquier operador jurídico que valore un tema desde su aplicación práctica, pues son múltiples las resoluciones jurisprudenciales que diariamente se dictan en torno a tales delitos, de manera que basta un mero recorrido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como por las resoluciones de las distintas Audiencias Provinciales del país, para comprobar que estamos ante una cuestión con utilidad práctica, ante tipos penales a los que diariamente nos enfrentamos en la práctica forense, ante un claro exponente del Derecho más vivo y práctico.

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Analizar cuál es el bien jurídico tutelado por estos ilícitos constituye, en sí mismo, un tema con suficiente complejidad como para justificar por sí mismo el desarrollo de un estudio dedicado exclusivamente a alcanzar tal respuesta. El concepto de «orden público» se presenta como una rúbrica compleja, amplia, polémica, e incluso -a nuestro juicio- inadecuada, que nos obligará a analizar su evolución conceptual a lo largo de los últimos años, a intentar dotarle de un contenido más acorde con la Constitución española de 1978 e incluso a plantear su sustitución por conceptos más acordes con los tiempos actuales.

Uno de los apartados más polémicos de analizar y que forman parte de un debate doctrinal, jurisprudencial e incluso político, actualmente abierto, es la determinación de los posibles sujetos de la acción de estos delitos. Determinar si los miembros de la enseñanza pública o de la sanidad son sujetos portadores del bien jurídico, es un tema que diariamente se discute en...

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