Introducción

AutorRafael Naranjo de la Cruz
Páginas17-19

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En abril de 1999 fue aprobada por las Cortes Generales una serie de medidas legislativas con las que se pretendía culminar, en el ámbito de las competencias estatales, el conocido como «Pacto local». Con este título se designaba el acuerdo por el que las distintas fuerzas políticas del ámbito estatal y autonómico se situaban ante el objetivo básico de potenciar la actuación de los entes territoriales locales, realizando a tal fin las reformas organizativas y competenciales que fueran necesarias.

Entre estas medidas, se encontraba la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, TC). En ella se crea un nuevo proceso ante el TC, que recibe la denominación de «Conflicto en defensa de la autonomía local» y pasa, de este modo, a constituir el Capítulo IV del Título IV de la citada Ley («De los conflictos constitucionales»). Esta era la respuesta dada por el legislador estatal a la demanda formulada desde diversas sedes doctrinales e institucionales, que apreciaban en la falta de acceso directo de los entes locales al Tribunal Constitucional para la impugnación de las normas con rango de ley lesivas de la autonomía local un defecto que requería una rápida subsanación.

En este trabajo pretendemos estudiar este proceso constitucional. No creemos que la falta hasta el momento de jurisprudencia en torno al mismo sea un obstáculo insalvable a la hora de adentrarnos en la materia objeto de análisis. Ciertamente, hasta la fecha el Tribunal Constitucional no ha resuelto ninguno de estos conflictos1. No obstante, la propia configuración legal del proceso,

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observada básicamente desde la doble perspectiva de la doctrina de la autonomía local, de una parte, y la visión comparada con el resto de procesos constitucionales existentes, de otra, hace posible, al menos, poner de relieve las muchas cuestiones que en ella se plantean. A todas o algunas de éstas tendrá que dar respuesta el TC, pero la autoridad de su doctrina no puede servir para excusar la anticipación de una reflexión sobre las mismas.

En la primera parte estudiaremos los aspectos más relevantes del conflicto local. Dedicaremos una especial atención a la protección constitucional de la autonomía local, centrándonos en el análisis que viene obligado a hacer en torno a ella el TC. Tendremos también la oportunidad de estudiar la legitimación del proceso, la necesidad de dictamen del Consejo...

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