Introducción

AutorRafael Calvo Ortega
Páginas17-19

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Las actividades de colaboración de los privados con la Administración tributaria es uno de los aspectos jurídicos más importantes de la fiscalidad de nuestros días. Puede afirmarse, sin exageración alguna, que la formidable gestión tributaria que se lleva a cabo en los Estados modernos es posible gracias a estas actividades que aportan flujos recaudatorios y suministran información imprescindible, no sólo para una fiscalidad suficiente, sino también justa.

Sentado este reconocimiento hay que decir que su estudio ha sido escaso limitándose al análisis, sin duda meritorio, de técnicas concretas desde una metodología exegética. Es necesario un estudio conjunto de todas las figuras a que nos referimos que permita abstraer sus esencias comunes. Sólo a partir de aquél es posible la contraposición de las obligaciones de colaboración que aquí analizamos con las de contribución que han ocupado la gran mayoría de la doctrina hasta nuestros días.

Esta comparación hecha con las herramientas propias de la Ciencia Jurídica es la que va a permitir la denuncia de la indiferenciación actual y la reivindicación de una normación separada y propia.

Para llegar a este final el primer paso era la delimitación precisa de las actividades de colaboración que estudiamos y su incardinación en el fenómeno más amplio de la participación privada en las funciones públicas. Ello supone diferenciar nítidamente estas obligaciones formales cuyo contenido son prestaciones de hacer de los colaboradores, de las que llevan a cabo los contribuyentes dentro de su propio círculo y que no son más que el complemento inherente a su obligación de contribuir, es decir, de pagar un tributo.

Conocer la génesis de las actividades de colaboración de los privados, por qué surgen, a qué finalidades sirven y en qué momento se han incorporado al ordenamiento ayuda a comprender su razón de ser; pero también revela su carácter circunstancial y la falta de una reflexión abstracta, por encima de la exégesis, que juegue como cimiento de una normación más justa y, en muchos casos, más equitativa.

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La construcción de un nuevo ordenamiento de las actividades de colaboración de los privados tiene que partir de su ubicación constitucional. Una prestación de hacer tan importante, permanente en la mayoría de los casos y que genera una notable responsabilidad tiene que estar autorizada por la Ley Fundamental. No puede ser una creación del legislador ordinario desvinculada de la norma...

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