El derecho a la intimidad y la retención de los datos de las comunicaciones electrónicas.

AutorAntoni Roig
Páginas33-36

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Ver nota 15

Después de los atentados de Nueva York del 11 de septiembre y del 11 de marzo en Madrid, el equilibrio entre la protección de la libertad y las medidas de seguridad necesarias en toda democracia, se rompe a favor de éstas últimas. En Europa, la tendencia es la misma, aunque más matizada y con retraso. En este sentido, cuando se aprueba la Directiva Europea 2006/24/CE, de 15 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de los datos de comunicación, que afecta tanto a las comunicaciones electrónicas, como a las comunicaciones telefónicas, hay un tendencia general favorable a este tipo de medidas16. El considerando 9

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de esta norma nos ilustra sobre la finalidad de la medida: "(...) Dado que la conservación de datos se ha acreditado como una herramienta de investigación necesaria y eficaz para aplicar la ley en diferentes Estados miembros, en particular en asuntos de gravedad como la delincuencia organizada y el terrorismo, es necesario garantizar que los datos conservados se pongan a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad durante un determinado período de tiempo, con arreglo a las condiciones establecidas en la presente Directiva". Ya en su momento, el Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva de protección de datos personales tuvo ocasión de manifestar, sobre una versión anterior, que la finalidad debería precisarse. Así, ésta debía quedar restringida a la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, y no en cambio ampliarse a un concepto más difuso como es el de los delitos graves17. En efecto, el concepto de delitos graves es más amplio que la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. La Directiva 2006/24/CE, supone por primera vez en Europa, la conservación de millones de datos de comunicaciones, con expresa exclusión de los datos de contenido. Hasta esta fecha, los proveedores de servicios sólo retenían temporalmente algunos datos técnicos, con finali-

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dades contractuales, como por ejemplo para efectuar el envío posterior de facturas.

La retención general de datos plantea serias dudas de constitucionalidad, pues parece desproporcionada. Si tomamos, en efecto, el primer test, la adecuación o eficacia de la medida, puede objetarse la existencia de medidas técnicas que vuelven anónimo el correo, y que escaparían al objetivo buscado. Además, desde un punto de vista de la necesidad de la medida, existen otras opciones igualmente...

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