La intervención en violencia de género desde diferentes profesiones
| Autor | Yolanda Besteiro De La Fuente |
| Páginas | 111-121 |
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La violencia de género, tal y como se reconoce en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, constituyendo uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación.
Conscientes de esta realidad las diferentes administraciones públicas del Estado español, alentadas por décadas de reivindicación del movimiento feminista, han promovido múltiples medidas y estrategias con la finalidad de abordar de manera integral y multidisciplinar la lucha contra este tipo de violencia.
El mayor logro en materia de violencia de género en España ha sido la aprobación de la Ley Integral en 2004, sin duda, la reivindicación principal de la Federación de Mujeres Progresistas en esta materia durante la década de los 90. Reivindicación común en el movimiento feminista que exigía que la violencia machista fuera abordada como un problema de estado, solicitando de manera urgente una legislación específica que estableciera obligaciones y normas de obligado cumplimiento tanto para las administraciones como para la ciudadanía.
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Este duro trabajo culminó con la aprobación de manera unánime por el Congreso de los Diputados de la ley 1/2004 de 28 de diciembre, cuyo texto recogió las fundamentales reivindicaciones que habíamos venido reclamando durante tantos años.
En aquel momento el reto era aprobar una Ley que no sólo sirviera para combatir la violencia de género, sino que fuera un instrumento válido también para erradicarla, objetivo ambicioso, sin duda. Además, regular las medidas por Ley orgánica significaba que convertíamos el vivir sin violencia en un derecho de las mujeres de obligado cumplimiento para el Estado.
Entonces también se materializaba otra de nuestras reivindicaciones, la creación de una Delegación de Gobierno contra la violencia de género, con capacidad para coordinar acciones de gobierno que afectan a diversos ministerios y con recursos y poder político para poder tomar medidas para combatir esta violencia. Logro, que se ha comprobado a lo largo de estos diez años, vital para impulsar la implantación de la Ley 1/2004 y favorecer la coordinación interministerial.
Igualmente importante fue la creación del Observatorio Estatal contra la violencia de género, del que la Federación de Mujeres Progresistas tiene el privilegio de formar parte, ostentando su Vicepresidencia, como órgano de análisis de la situación, asesor y colaborador con la Delegación para la elaboración de propuestas y medidas para erradicar esta violencia.
Así como la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En 2005 se inició esta especialización con 17 juzgados y en estos momentos existen 106 Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos en toda España, además de 355 juzgados compatibles.
Once años después, esta Ley continúa siendo referente europeo y mundial en la lucha contra la violencia de género, como lo muestra la mención de honor del Premio de Políticas de Futuro (FuturePolicyAward 2014) que las instituciones ONU Mujeres, WorldFuture Council y la Unión Interparlamentaria
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conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.
Estas organizaciones internacionales consideran la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género una de las más importantes y eficaces normas a nivel mundial para combatir y erradicar la violencia sexista. Sin duda ha dado protección a miles de mujeres víctimas de la violencia por parte de su pareja o expareja y a los menores a su cargo. También ha supuesto el desarrollo de un amplio sistema de protección y atención que, aún con sus deficiencias, debemos considerar una herramienta valiosa. Es evidente que la Ley supone una importante herramienta para luchar contra la violencia de género, pero a pesar de todo lo avanzado, queda aún mucho por hacer.
La llegada de la crisis económica ha supuesto un momento amargo para la lucha contra la violencia de género, ya que, al azote del desempleo en mujeres, se le sumó un radical cambio en las prioridades de los gobiernos (que en muchas ocasiones ha sido la excusa para dejar de trabajar en un tema que es incómodo políticamente). No debemos olvidar los recortes presupuestarios que han supuesto la paralización del desarrollo del sistema de...
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