La intervención socioeducativa del tercer sector en la protección jurídico-social de las personas drogodependientes privadas de libertad

AutorRosario Medina-Salguero/José Antonio Ruiz-Rodríguez/Rocio Illanes-Segura/Manuel Jesús Hermosín-Mojeda
Cargo del AutorUniversidad de Huelva/Universidad de Huelva/Universidad de Huelva/Universidad de Huelva/COIDESO
Páginas240-257
Página 240
ISBN: 978-84-1122-405-5
Capítulo 13. La intervención socioeducativa del tercer
sector en la protección jurídico-social de las personas
drogodependientes privadas de libertad
Rosario Medina-Salguero
Universidad de Huelva
José Antonio Ruiz-Rodríguez
Universidad de Huelva
Rocio Illanes-Segura
Universidad de Huelva
Manuel Jesús Hermosín-Mojeda
Universidad de Huelva/COIDESO
I. Introducción
Desde hace mucho tiempo, las funciones de los centros penitenciarios
dejaron de estar relacionadas con la mera segregación de los presos del
resto de la población y se han ido enfocando, en gran medida, en la
rehabilitación y la reinserción. El cambio de régimen en España promovió
modificaciones sociales importantes y, entre ellas, la perspectiva sobre qué
son las instituciones penitenciarias y qué se pretende con ellas, pero,
recientemente, asistimos a una mayor complejidad social que también ha
introducido cambios importantes a los que hacer frente cuando se trata de
la rehabilitación y reeducación de la población reclusa.
El perfil actual del reo, muchas veces, tiene asociado, aparte de una
conducta disocial, problemas de estabilidad emocional y psíquica,
dependencias a sustancias estupefacientes y otras patologías que deben
ser tratadas apropiadamente, además de la propia rehabilitación por los
delitos cometidos. Así, es fácil que una persona delincuente también sea
dependiente con lo que se dificultan sobremanera los procesos.
En definitiva, la mera privación de libertad, si no incorporamos a ella una
acción educativa que posibilite cambios reales en la conducta del recluso,
no tiene sentido. Ahora bien, ¿ofrecen los centros penitenciarios españoles
la posibilidad de que así sea? A pesar de los avances producidos, aún
queda mucho camino por recorrer y es necesario, en muchas ocasiones,
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Avances y prospectiva en la protección jurídico-social de las personas en condición de
vulnerabilidad
Torres Fernández, C., Jerez Rivero, W., De la Serna Tuya, J.M. y García Vidal, M. (Eds.)
ISBN: 978-84-1122-405-5
externalizar la atención a las personas privadas de libertad para que
asociaciones y organizaciones no gubernamentales actúen en este
sentido, habida cuenta que, para ocupar el puesto de educador
penitenciario no se requiere formación previa en particular.
II. El Tercer Sector y su implicación en las instituciones penitenciarias
2.1. El Tercer Sector
Cuando nos referimos a la economía de un país, nos encontramos con el
sector público, que aglutina a todos los organismos públicos que cualquier
Estado mantiene para proporcionar servicios a su país; el sector privado,
que incorpora a las empresas orientadas a conseguir beneficios
económicos para sus propietarios o accionistas y otro, que no se encuadra
en los anteriores y que, sin ser público, no persigue afán de lucro.
Profundizando un poco más en este segmento de la sociedad, podemos
decir que se encuentra constituido por un conjunto de asociaciones
(fundaciones, cooperativas, agrupaciones, ONG, etc.), privadas y sin
ánimo de lucro, para la persecución de fines y objetivos de interés social.
En España, la Ley 43/2015, en su artículo 2, concreta que:
Las entidades del tercer sector de acción social son aquellas
organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o
social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de
solidaridad y de participación social, con fines de interés general y
ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio
de los derechos civiles, así como los derechos económicos, sociales o
culturales de las personas o grupos que sufren condiciones de
vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Por su parte, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, añade,
además, que está organizado en torno a la llamada Confederación
Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que es una
organización que integra a unas 25 empresas importantes que forman
parte de la economía social en España y que, a su vez, «representan los
intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades,
Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de
Pescadores y Asociaciones del Sector de la Discapacidad, con más de 200
estructuras de apoyo a nivel autonómico» (CEPES, s. f.).

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