Intervención con Menores con problemas y trastornos conductuales graves en el contexto escolar
| Autor | Ana Mª Giménez Ciruela |
| Páginas | 244-260 |
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La escuela es junto a la familia, el contexto de socialización más importante en la vida de los menores. Su carácter obligatorio desde los seis a los dieciséis años (aunque la mayoría de los niños y niñas son hoy escolarizados desde edades mucho más tempranas), hace que los menores pasen en ella una parte muy importante de su tiempo. Tendrá por tanto un papel clave en su desarrollo personal, aprendizaje, integración e inserción social. La escuela tiene encomendado el papel de preparar a los menores para la vida, y debe responder a los retos que la propia sociedad le plantea en este sentido.
La equidad en la educación, garantizada mediante el acceso y la permanencia en el sistema educativo de todos los niños y niñas, serán un factor clave en la prevención de la exclusión social. El absentismo o el fracaso escolar son factores graves que acentuarán y perpetuarán la pobreza y la exclusión.
En la escuela emergerán y se manifestarán las dificultades, a veces muy graves, en este proceso natural de desarrollo individual y social de los menores, y debe poner en marcha medidas y recursos educativos para darles respuesta.
Estamos en una situación social cambiante, dónde los referentes educativos, culturales y sociales parecen estar moviéndose de sitio a una velocidad vertiginosa, obligando a la sociedad a "repensarse- en muchos aspectos, incluidos los modelos educativos. Las nuevas estructuras y dinámicas familiares, el impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las redes sociales, la crisis económica, los fenómenos migratorios y una larga lista de fenómenos sociales, tienen su impacto directo en la infancia y la juventud.
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En este contexto, preocupa especialmente la emergencia de los problemas de conducta, especialmente en los que interviene la violencia, siendo habitual que algunos de ellos, trasciendan a los medios de comunicación, y generen una importante alarma social. Ante ellos, la sociedad parece oscilar, por un lado, entre posturas pasivas y permisivas ante los numerosos factores que podrían identificarse como lesivos para el bienestar y el desarrollo infantil, y por otro mediante posturas reactivas e inmediatas a acontecimientos sociales traumáticos o más llamativos.
Así mismo, la propia escuela no es sólo receptora pasiva de estos problemas en el desarrollo y la conducta de los menores, sino que ejerce un papel sistémico activo en su génesis y mantenimiento, y por tanto, también está obligada a mirarse a sí misma en la intervención, solución o mejora de los mismos. Esto se percibe de forma clara en algunos fenómenos vinculados directamente a la escuela como el acoso escolar o bullying, pero debe generalizarse al conjunto de situaciones problemáticas que se manifiestan en la escuela, aunque en su génesis coexistan sinérgicamente factores aparentemente ajenos a ellas (especialmente factores familiares y sociales).
En la práctica, es a menudo difícil establecer una línea divisoria entre problemas de conducta y trastornos de conducta. Incluso, algunos autores alertan del peligro de la patologización y medicalización de los problemas conductuales en la infancia y la adolescencia (Dueñas Gabriela, 2013) y consideran que es contraproducente el etiquetaje o su inclusión en una categoría diagnóstica determinada como trastorno, pues esto podría contribuir a una cierta victimización y desresponsabilización de los menores y sus contextos y por otra porque puede condicionar las expectativas de los adultos y las instituciones que se relacionan con ese menor. Creo que hay parte de verdad en esas dos afirmaciones, pero lo cierto es, que, en este abordaje de carácter práctico, no podemos obviar que, en el actual sistema educativo, la respuesta más específica, necesaria en los casos más graves, viene de la mano de una previa identificación y clasificación del trastorno de conducta. Si bien podemos considerar que hay un espectro o continuum que va de problemas de conducta a trastornos, y que existe también un continuum entre las medidas ordinarias, de carácter más preventivo y general, a las más específicas para aquellos identificados como alumnos con trastornos graves de conducta, a los que el sistema actual considera con necesidades educativas especiales.
La mayoría de los problemas de conducta que emergen en la escuela no obedecen a ningún trastorno del comportamiento, sino que son propios de la convivencia humana, de niños y jóvenes que están en pleno proceso de desarrollo, que conviven e interaccionan entre sí, que están desarrollándose como personas y que se enfrentan a una tarea, la del aprendizaje, en una estructura, que propone un marco determinado de convivencia, con una serie de normas y reglas (Giménez Ciruela, A., 2012).
Se considera que puede existir un trastorno de conducta, cuando emergen patrones de comportamiento caracterizados por respuestas conductuales o emocionales inapropiadas para la edad y el contexto del menor, que aparecen de forma persistentes en al menos dos ámbitos distintos de socialización. Estos
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patrones de comportamiento afectan gravemente al desarrollo evolutivo del menor, generan consecuencias negativas para sí mismo, para los demás y para su entorno, y requieren por su complejidad, intervenciones multidisciplinares y coordinación intersectorial (Instrucciones de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Participación e Innovación educativa, por la que se establece el Protocolo de actuación y coordinación para la detección e intervención educativa con el alumnado con problemas o trastornos de conducta y con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad).
Por tanto, a diferencia de los problemas de conducta habituales e inherentes a la propia convivencia, se trata de patrones inadecuados de comportamiento que no responden a las medidas educativas generales y habituales, que sí son eficaces en la mayoría de los sujetos del mismo contexto, y que provocan en el o la menor un deterioro personal, académico y social considerable.
También es importante aclarar, que pueden existir problemas de comportamiento muy graves, pero no constituir un trastorno, al tratarse de reacciones emocionales y conductuales transitorias, casi siempre secundarias a circunstancias contextuales también transitorias (duelos, separaciones, situaciones como el paro o la precariedad económica, etc.). En la mayoría de los casos, poniendo en marcha mecanismos de resiliencia personal, familiar y social, estos episodios desaparecen e incluso pueden suponer un factor de maduración personal y familiar.
Pero en algunas ocasiones, nos encontramos ante patrones anómalos de comportamiento que se hacen persistentes, que generan un importante sufrimiento tanto en el individuo como en su entorno, y que requieren unan intervención específica, implicando casi siempre a diferentes administraciones (educación, salud, infancia y familia, justicia), que deben o debieran coordinarse en dicha intervención.
En general, estos problemas o trastornos pueden ir asociadas a factores adversos muy diversos, individuales, familiares y sociales que a menudo actúan sinérgicamente en la etiología, patogenia y mantenimiento de los mismos, dificultando extraordinariamente la respuesta a las medidas educativas y terapéuticas existentes.
Cómo ya se recogía en el Informe especial del Defensor del menor de Andalucía sobre menores con trastorno de conducta publicado en noviembre del año 2007: "Los menores con trastornos de conducta se han convertido actualmente en un grave problema social, cuyas consecuencias trascienden a las propias familias para recaer también sobre el vecindario, la escuela, el sistema sanitario o, incluso, los Tribunales de Justicia. Pero se trata además de un problema que rompe las tradicionales barreras sociales para afectar a familias de todas las capas y estratos sociales. A este respecto, sorprende el creciente número de casos de menores integrados en familias perfectamente normalizadas, no encuadrables en supuestos de desprotección, y que, no obstante, se muestran impotentes para contener los problemas conductuales del menor a su cargo- (Defensor del pueblo de Andalucía, 2007).
En dicho informe se instaba a todas las administraciones a poner en marcha medidas y recursos que afrontaran esta problemática.
En este punto, he de decir ocho años después, que, si bien algo se ha avanzado, todavía estamos lejos de haber encontrado una respuesta óptima a esta grave problemática, y muchas de las situaciones que en
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dicho informe se describen, como por ejemplo el peregrinaje de las familias a distintas instituciones pidiendo ayuda o la carencia de suficientes recursos públicos especializados, especialmente para menores no tutelados por la Administración, siguen sucediendo en la actualidad.
A lo largo de este artículo describiré desde mi propia experiencia cual es la respuesta actual que se da en el contexto educativo a los trastornos graves de conducta. Para ello partiré de un caso práctico que ilustre los distintos pasos, estrategias y recursos que se ponen en marcha en el contexto escolar.
Se trata de un alumno que inicia su escolarización a los tres...
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