La interpretación de la prohibición de la privaciónde la libertad por motivos de discapacidad por otros mecanismosde los sistemas internacionales de protección de los derechoshumanos

AutorCuenca Gómez, Patricia
Páginas65-97
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El alcance de la prohibición de la privación de la libertad por motivos de
discapacidad establecida en el art. 14 CDPD y la admisibilidad de los interna-
mientos involuntarios son en la actualidad cuestiones esencialmente contro-
vertidas en torno a las cuales subsisten importantes discrepancias que se han
reflejado también en la posición de los órganos y mecanismos de los sistemas
internacionales de protección de los derechos humanos.
El presente Capítulo se centrará, en primer lugar, en analizar el plantea-
miento que en torno a esta temática han defendido, tras la adopción de la
CDPD, los órganos de tratados, los procedimientos especiales del Consejo de
Derechos Humanos y otros mecanismos del sistema de protección universal
de los derechos humanos de Naciones Unidas.
En segundo lugar, y, en el marco del sistema de protección de los dere-
chos humanos del Consejo de Europa, se analizará la posición asumida por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aplicación del art. 5.1.e) de la
Convención Europea de Derechos Humanos que regula la privación de la li-
bertad de las “personas enajenadas” y el debate generado entre algunos de los
principales actores de este sistema al hilo del proyecto de Protocolo Adicional
del Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina (conocido como Conve-
nio de Oviedo).
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2.1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
NACIONES UNIDAS
Según se señaló en la introducción, ninguno de los tratados de derechos
humanos del sistema universal de protección de los derechos humanos de Na-
ciones Unidas incluye de manera expresa modulaciones o restricciones en el
ejercicio y disfrute del derecho a la libertad basadas en la discapacidad, ni
autoriza específicamente el internamiento involuntario de personas con disca-
pacidad intelectual, con discapacidad psicosocial o con otras discapacidades
de carácter cognitivo en centros de salud mental o en instituciones asisten-
ciales. Ahora bien, estas limitaciones sí que se han recogido en instrumentos
de soft Law, básicamente por lo que interesa al objeto del presente trabajo,
en los Principios de protección de los enfermos mentales y el mejoramiento
de la atención de la salud mental, que sirvieron de marco a la mayoría de las
legislaciones en salud mental vigentes en el mundo173, y que permiten el in-
ternamiento forzoso, el tratamiento involuntario y el recurso a otras medidas
coercitivas estableciendo ciertas salvaguardas y garantías en su aplicación.
En particular el Principio 16 menciona los requisitos para la admisión in-
voluntaria en una institución psiquiátrica, exigiendo que se determine por un
médico calificado y autorizado por ley que la persona padece una enfermedad
mental y que se considere que “debido a esa enfermedad mental existe un riesgo
grave de daño inmediato o inminente para esa persona o para terceros” o que
“en el caso de una persona cuya enfermedad mental sea grave y cuya capacidad
de juicio esté afectada, el hecho de que no se la admita o retenga puede llevar
a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le proporcione un
tratamiento adecuado que sólo puede aplicarse si se admite al paciente en una
institución psiquiátrica de conformidad con el principio de la opción menos res-
trictiva”. Estos Principios (vid. además del Principio 16, los Principios 17 y 18)
establecen también ciertas salvaguardas en la aplicación de estas medidas, entre
ellas, garantías procesales y la necesidad de revisión inicial y periódica por un
órgano judicial u otro órgano independiente e imparcial.
El Principio 11 establece excepciones a la necesidad consentimiento in-
formado al tratamiento médico entre las que se encuentra su aplicación a los
173
FIGUEROA SAN MARTÍN, F., “Internamientos involuntarios y tratamientos forza-
dos en psiquiatría”, cit., p. 112.
Sobre la privación de la libertad por motivos de discapacidad 67
pacientes “involuntarios” (apartado 6a). El apartado 11 permite el uso de res-
tricciones físicas y la reclusión involuntaria cuando, conforme a procedimien-
tos oficialmente aprobados de la institución psiquiátrica, se determine que se
trata del único medio disponible para impedir un daño inmediato o inminente
al paciente o a terceros. No obstante, en el apartado 14 se prohíbe la aplicación
de tratamientos psico-quirúrgicos u otros tratamientos irreversibles o que mo-
difican la integridad de la persona a pacientes involuntarios, estableciéndose
que estos sólo podrán aplicarse a cualquier otro paciente “cuando éste haya
dado su consentimiento informado y cuando un órgano externo independiente
compruebe que existe realmente un consentimiento informado y que el
tratamiento es el más conveniente para las necesidades de salud del paciente”.
Según también se avanzó, antes de la entrada en escena de la CDPD, las
restricciones al derecho a la libertad basadas en la discapacidad se habían
venido considerando lícitas y necesarias por los principales organismos del
sistema de Naciones Unidas. Tras la adopción de la CDPD, mientras que al-
gunos órganos de tratados y algunos procedimientos especiales del Consejo
de Derechos Humanos se han alineado con la posición asumida por el Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicada en el anterior
Capítulo, rechazando cualquier privación de la libertad justificada en la dis-
capacidad y, por ende, los internamientos involuntarios, otros mecanismos no
han asumido esta postura e incluso se han opuesto abiertamente a los plantea-
mientos de dicho Comité174.
2.1.1. Planteamientos que apoyan la posición del Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
Entre los organismos que han apoyado de manera más o menos explícita
los nuevos estándares en relación con la privación de la libertad de las per-
174 Vid. un análisis de estos desacuerdos en los trabajos de DOYLE GUILLOUD, S.,
“Charting a path to the provision of non-coercive mental healthcare: the roots and branches
of universal legal capacity and the support paradigm” y “The right to liberty of persons with
psychosocial disabilities at the United Nations: A tale of two interpretations”, ambos ya citados.
Vid. también PORXAS ROIG, M.A., El dogma de las capacidades y la racionalidad, cit., pp.
369 y ss.; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
International standards on the right to liberty and security of persons with disabilities, Bac-
kground Note, cit., paras. 57 y 58 y Relatora Especial sobre los derechos de las personas con
discapacidad, A/HRC/40/54, cit., paras. 25-33.

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