La institucionalización de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) en el proceso de recuperación económica de la Unión Europea. Especial atención al desarrollo de la Agenda Social en el marco de la Estrategia UE 2020

Apesar de que en España la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) ha sido objeto de un desarrollo muy amplio en todos los campos de su actividad, el plano europeo de esta renovación ha sido bastante menor. Este trabajo pretende explorar los orígenes, los momentos y los principales contenidos de lo que se ha hecho y se está haciendo en Europa en materia de RSE. Previamente se explica la esencia y las complejas dimensiones del concepto de RSE, seguido de un acercamiento a los exitosos desarrollos de la idea y su aplicación en España. Después se entra de lleno en el nivel internacional: los avances en la Unión Europea, los nuevos marcos ofrecidos por las Naciones Unidas y la contribución del Parlamento Europeo. Todos ellos, abren sólidas expectativas para el futuro. Finalmente, el artículo aborda la reflexión sobre la situación de la RSE en el marco de la crisis financiera y económica, y la renovación de la estrategia de Lisboa post-2010, una ecuación tan compleja como imprescindible en estos momentos. A modo de conclusión, se plantean unas consideraciones políticas sobre el futuro de la RSE.

La evolución de la RSE en los últimos diez años, acredita que estamos ante una reflexión estructural sobre la función social de las empresas en la nueva sociedad. No se trataPage 140por tanto de un movimiento colateral, o mucho menos, de una técnica de gestión de la empresa. La RSE no es un movimiento coyuntural. Hay poderosas razones que la impulsan y que surgen de las profundas transformaciones que están teniendo lugar en las relaciones entre las empresas y la sociedad: ciudadanos ya como accionistas, ya como consumidores, titulares de derechos sobre las empresas que dan lugar a una nueva «ciudadanía corporativa»; organizaciones cívicas que expresan valores y aspiraciones sociales en términos de demandas ciudadanas a las empresas; Administraciones Públicas que establecen un nuevo marco de relaciones con las empresas; medios de comunicación que informan sobre las actividades internas y externas de las empresas, en un creciente desarrollo de la transparencia en la información económica; fondos de inversión que examinan las políticas de sostenibilidad y responsabilidad de las grandes compañías, y otros muchos factores de implicación de la empresa en la sociedad y viceversa.

Todo ello en un contexto de cambios sociológicos e ideológicos sobre la legitimación social del empresario y de revaluación del papel de la empresa en la sociedad, que están impulsando una nueva ética de la empresa y una nueva exigencia de transparencia, que fundamenta nuevos compromisos con la sociedad.

La idea de la función social de las empresas surge a raíz de ese nuevo marco de relaciones entre empresa y sociedad, sin cuestionar que sus objetivos siguen siendo la obtención de beneficios y rentabilidad en la producción de bienes y servicios que demanda el mercado. Pero siempre sin olvidar que el propósito de la actividad económica es también acrecentar el bienestar de las personas y que las empresas que sirven a ese fin son más dignas de estima y legitimación social. La empresa no es una isla, por lo que le costará alcanzar sus objetivos si se abstrae de su entorno humano, si olvida que sus decisiones afectan a la comunidad en la que opera, si desprecia sus impactos sociolaborales y medioambientales, si actúa en múltiples lugares del mundo sin un suelo mínimo de dignidad laboral y respeto a los derechos humanos. De todo ello se deriva que la empresa debe integrar en su estrategia el resultado de sus múltiples diálogos con sus grupos de interés y como consecuencia de ello asumirá una función social inherente a su ser y estar en el mundo. Sin esa visión, difícilmente conseguirá que su negocio sea próspero.

La RSE ha progresado porque nunca como en este momento se ha producido una convergencia tan explícita entre competitividad y sostenibilidad. Nunca como ahora, se había hecho tan necesario un instrumento de cultura organizativa, capaz de aunar -en ese motor de la economía que es la empresa- por un lado, la rentabilidad y los criterios financieros más clásicos y, por otro, una concepción de la empresa, orientada a buscar un mundo más justo, más cohesionado y ecológicamente más sostenible. Es en esta definición, precisamente en esta comunión de conceptos, donde reside la verdadera revolución que entraña la RSE.

No puede sorprender por todo ello, que el desarrollo de la RSE en nuestro país haya tenido tanta fuerza y que haya configurado un camino propio de notables contenidos. Sin duda, la razón del éxito español en la RSE se debe a la convergencia producida en ese camino entre los cuatro grandes espacios o protagonistas principales de su desarrollo. Puede añadirse a ello que también ha sido factor clave, el consenso que ha presidido las relaciones entre todos ellos.

La idea de la RSE, basada en la creencia de que las empresas deben contribuir activamente al logro de una sociedad mejor y a un medio ambiente más limpio, se remonta en Europa hasta los tiempos de Jacques Delors. En 1995, el entonces Presidente de la Comisión Europea, hacía un llamamiento expreso a las empresas europeas para que participaran en la lucha contra la exclusión social, dando lugar a una importante movilización que hoy representa CSR Europa.

Paralelamente, los escándalos de violaciones de Derechos Humanos, corrupción e irresponsabilidad de numerosas empresas transnacionales que llenaron las portadas de los periódicos en los años noventa, contribuyeron a generar una concienciación entre los europeos sobre el papel central de las empresas en el desarrollo de sociedades modernas, justas y sostenibles. Desde entonces la RSE se ha convertido en un verdadero movimiento global, liderado por la sociedad civil y acompañado, en los últimos años, por importantes Page 143iniciativas gubernamentales en los ámbitos nacional e internacional.

La aparición de la conciencia pública sobre la RSE en Europa es indiscernible del proceso que hoy conocemos como globalización y responde a una transformación de raíz de la ecuación empresa/sociedad en las últimas décadas. Por un lado, la importancia de la empresa, sus interconexiones, influencia y peso económico en la globalización han aumentado de manera exponencial. Hoy alrededor de la mitad de las cien primeras economías mundiales son empresas, entes multipolares que extienden tanto su propiedad como sus sistemas productivos a lo largo y ancho del planeta. Sus decisiones de inversión, localización o deslocalización pueden desestructurar países enteros, causar desastres naturales o violar flagrantemente los Derechos Humanos. Paralelamente, los viejos contrapoderes, el Estado y los sindicatos, se han ido debilitando, limitados, desde lo local, para gobernar a las empresas transnacionales en la arena global. Por otro lado, la internacionalización de las finanzas, la globalización de la economía y el desarrollo de la sociedad de la información, han provocado una creciente presencia de la sociedad en las empresas, penetrando en ellas con un nuevo abanico de protagonistas e influencias. Del viejo triángulo clásico, limitado a empresarios, accionistas y trabajadores, hemos pasado a un entorno interdependiente en el marco de la sociedad de la información en el que los medios de comunicación, asociaciones, ecologistas, sindicatos o líderes de opinión, pueden colocar a las empresas ante la opinión pública.

En este contexto, en marzo de 2000, el Consejo Europeo se reúne en Lisboa para decidir los objetivos estratégicos que definirán el futuro de la UE: para 2010 debe convertirse en «la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social». Es este el portal que desarrolla en el ámbito institucional, la idea de la RSE como desarrollo de la filosofía que había propuesto Jacques Delors años antes, como decíamos más arriba. En 2001 los líderes Europeos vuelven a reunirse, está vez en Goteburgo, para terminar de apuntalar la estrategia de desarrollo sostenible para Europa, a saber, que a largo plazo, el crecimiento económico, la cohesión social y la protección medioambiental avancen en paralelo.

La implantación de la RSE va en consonancia con ese proceso de consolidación a nivel europeo de la idea del crecimiento sostenible como respuesta a los nuevos desafíos planteados por la globalización. Con la llegada del nuevo milenio, las diversas redes de interlocutores europeos (trabajadores, inversores, accionistas, consumidores, autoridades públicas y ONGs) inician un proceso de diálogo que culmina con la publicación, por parte de la Comisión Europea, del llamado Libro Verde «Para fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas». El libro se convierte en la primera aproximación a las bases de la implantación de la RSE en Europa. Desde entonces el interés por la materia no ha cesado de crecer, si bien, la inclusión actual de políticas y criterios relacionados con la RSE, es todavía muy dispar en los miembros de la Unión Europea.

El Libro Verde tiene como objeto el «iniciar un amplio debate sobre cómo podría fomentar la Unión Europea la RSE a nivel europeo e internacional, en particular sobre cómo aprovechar al máximo las experiencias existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y la validación».

En efecto, el Libro Verde define los fundamentos y dibuja los cauces por los que hoy corren las principales líneas de debate en el policy-making de la UE: la visión de la empresa como un agente activo integrado en un entorno social y medioambiental; la importancia de una relación equilibrada de las empresas con sus stackeholders en esePage 144entorno; la creciente relevancia de las dimensiones no-financieras de la empresa, tanto para sus propios resultados como para la sociedad; la necesidad de encontrar formas para evaluar esa dimensión no financiera (el buen gobierno de la empresa, su labor ecológica, su excelencia en el ámbito laboral); los temas de inversión responsable o el énfasis en la idea de que un comportamiento responsable y una estrategia empresarial sostenible, generan éxitos comerciales duraderos (el link fundamental entre RSE y competitividad).

Asimismo, en el Libro Verde se establece la definición más generalizada del concepto de RSE: «la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores».

Al año siguiente, en julio de 2002, la Comisión Europea lanza una comunicación dirigida al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo a través de la cual se plasman los resultados de un largo proceso de consulta ciudadana sobre el Libro Verde. En esta comunicación titulada la «Responsabilidad Social Empresarial: la contribución empresarial al desarrollo sostenible», se establece un marco de acción europeo para la RSE que incluye definiciones más específicas de los distintos campos de la RSE, el examen del lugar que ocupa en el contexto del desarrollo sostenible y sus repercusiones en las empresas y la sociedad en el marco de la Estrategia de Lisboa. A su vez, la Comisión otorga un mandato expreso para la creación de un Foro Multilateral Europeo (Multi-stakeholder Forum) para la RSE para seguir trabajando sobre propuestas específicas a nivel europeo.

El Foro ofrece un espacio de diálogo para las redes de diferentes actores y grupos de interés sobre los desarrollos de políticas europeas relacionadas con la RSE. Financiado por la Comisión Europea, el Foro está liderado por un Comité de Coordinación en el que empresas, sindicatos, ONGs y otros grupos están representados y se reúne cada dos años (su último encuentro se celebró en febrero de 2009).

En 2004, el Foro publica su primer informe (de más de 100 páginas) en el que se ponen en común las diferentes posiciones con el objetivo de fomentar e integrar la RSE en las políticas europeas. El informe final recomienda a los gobiernos y a las Administraciones Públicas que asuman su papel en materia de RSE, haciendo especial referencia a la necesidad de implantar convenciones nacionales e internacionales, especialmente en temas sobre protección de los Derechos Humanos y Sociales, y en la protección del medio ambiente.

Paralelamente, el Director General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea publica el documento «Políticas Públicas Nacionales en la Unión Europea», en el que quedan de manifiesto las dificultades para la inclusión de criterios de RSE en las políticas públicas de los diferentes Estados miembros. No obstante, el debate recibe un impulso renovado con las recomendaciones del Foro. Como consecuencia, la Comisión Europea elabora una Comunicación dirigida al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo que lanza en marzo de 2006, a través de la cual desea dar una mayor visibilidad política a la RSE, reconocer lo que las empresas europeas ya hacen en este ámbito y animarlas a hacer más.

Pero la euforia inicial se disipa al no resultar todas las partes satisfechas con la Comunicación. ONGs, sindicatos y organizaciones de consumidores, acusan a la Comisión de ofrecer una visión sesgada de la RSE y de no haber incluido en su informe gran parte de las recomendaciones del Foro. Como reacción a las quejas planteadas, el Parlamento Europeo inicia un informe sobre RSE en el seno de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, cuyo ponente -el socialista europeo RichardPage 145Howitt- consigue aprobar en 2007 analizando la situación de la RSE en el seno de la Unión Europea.

El informe, que considera la RSE como un pilar del modelo social europeo y de la Estra-tegia de Lisboa para el desarrollo sostenible, manifiesta la necesidad de encontrar instrumentos normalizados de evaluación y verificación de la RSE para los criterios medioambientales, de gobernanza y sociales, como prerrequisito para el seguimiento de la aplicación y el cumplimiento de las políticas por parte de la UE. Defiende un enfoque esencialmente voluntarista proponiendo al mismo tiempo una mayor investigación sobre la base de objetivos sociales y medioambientales bien definida y consensuada, que permita avanzar hacia compromisos vinculantes. Se manifiesta en contra de un modelo único universal para el reporte de las empresas, que omitiría diferencias fundamentales en el desarrollo de los países y entre sectores empresariales. El informe, que recoge avances a nivel internacional y que trata de integrar las voces de los diferentes grupos de interés, es bien recibido en la Cámara por la mayoría de grupos políticos y también por ONGs y sindicatos.

Finalmente, el Parlamento Europeo publica una resolución en marzo de 2007 «Sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación» que recoge las principales ideas del informe. La resolución, que critica la falta de transparencia de la última comunicación de la Comisión, concluye que «la UE ha llegado a un punto en el que el énfasis debe pasar de los procesos a los resultados». Celebra, a su vez, la iniciativa de crear una Alianza Europea para la RSE y reconoce los avances específicos de los diferentes «laboratorios» de trabajo europeos en temas de medición del comportamiento empresarial, auditoria social y certificación, «en particular en lo que respecta al coste, la comparabilidad y la independencia», aunque se hace eco de las limitaciones todavía existentes en esos aspectos.

En los últimos años ha habido importantes desarrollos en la materia. A nivel internacional, los avances han sido sustanciales, especialmente a través de la publicación y el consecuente acuerdo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el informe «Protección, Respeto y Remedio: un marco para la Empresa y los Derechos Humanos», preparado por John Ruggie, el Representante Especial para Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El informe ofrece un marco integral para la promoción de la justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en las que estén involucradas empresas multinacionales, y se basa en tres pilares: (1) la obligación del Estado de proteger de los abusos de Derechos Humanos por terceros, incluidas las empresas, a través de políticas apropiadas, regulación y adjudicación; (2) la responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Humanos, que en esencia significa actuar con la diligencia debida para evitar interferir en los derechos de otros; y (3) un mayor acceso de las víctimas a remedios efectivos, judiciales o no judiciales. Ruggie concluye que «los tres pilares son complementarios en el sentido que cada uno de ellos se apoya en los otros».

Asimismo, otras iniciativas recientes han servido para ampliar y profundizar en las diferentes dimensiones del debate de la RSE: el Global Compact de Naciones Unidas, promovido a iniciativa personal del Secretario General de Naciones Unidas acordó diez principios para alinear las estrategias de sostenibilidad de las empresas; la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo realizó un llamamiento expreso a la coordinación de iniciativas gubernamentales internacionales para promover la responsabilidad (accountability) y,Page 146finalmente, la llamada Global Reporting Initiative, se consolidó a raíz de la iniciativa del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEP, en sus siglas en inglés), estableciendo un marco de referencia para el reporte de sostenibilidad de las empresas.

Las Pautas para Empresas Multinacionales de la OCDE continúan siendo un relevante marco internacional para la responsabilidad empresarial, con el apoyo de una Red de Puntos de Contacto Nacionales (en países firmantes) para promover los estándares de la RSE e investigar reclamos u observaciones. No obstante, las Pautas deben ser revisadas para integrar los avances recientes en la materia. De hecho, en el seno del G-8 ha habido tentativas para poner en común a la OCDE, las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, para definir un único set de estándares internacionales para la RSE, en lo que se conoce como el proceso de Heiligendamm.

Los avances más recientes a nivel europeo son muy esperanzadores. La Comisión Europea ha vuelto a tomar la iniciativa, está a vez a través de la convocatoria de un estudio y una serie de talleres (workshops) entre septiembre de 2009 y febrero de 2010 sobre temas específicos, con el objetivo genérico de explorar las posibilidades de avanzar en temas de reporte de información y verificación medioambiental, social y de gobernanza (ESG, en sus siglas en inglés) para las empresas.

La iniciativa de la Comisión Europea para unificar el reporting surge de la existencia de la disparidad legislativa en el seno de la Unión. La mayor parte de los países europeos no ha legislado sobre esta materia, excepto cuatro países de notable importancia. Dinamarca ha establecido la obligación de información sobre RSE en sus informes anuales para sus grandes empresas. La ley obliga a especificar cuáles son las guías o estándares utilizados para el reporting, así como a especificar con qué parámetros han puesto en práctica sus políticas de RSE y comunicar el impacto de sus programas sostenibles. Francia, Suecia y Reino Unido, han aprobado legislaciones similares desde 2007 y es todo ello lo que explica la apertura de esta convocatoria de grupos de trabajo encaminada a intentar la unificación del modo de reporting para las grandes compañías europeas.

No ha sido ajena tampoco a esta iniciativa, la petición de más de ochenta grupos de inversores financieros a la SEC (la Bolsa norteamericana), para clarificar y, en su caso, unificar los criterios sobre información sostenible. En concreto: estandarizar la publicación de información sobre sostenibilidad incluyendo componentes sectoriales específicos tomando como base la guía ofrecida por el Global Reporting Initiative (GRI 3) pero dejando cierta independencia a las empresas para informar sobre criterios no incluidos en la guía.

Resumiendo, las posiciones finales a debatir y decidir son dos: 1) Si existe una norma que obliga a las grandes empresas a presentar el reporting de RSE junto a su Memoria económico-financiera y 2), cuáles son los criterios técnicos en los que debe basarse esa Memoria. La solución que apuntan las empresas va en la dirección de que no exista obligación legal pero, que quien lo haga, se ajuste a criterios homologados y que quien no lo haga, explique porqué. Las demandas de ONGs, Parlamento Europeo y otros grupos de interés, son más exigentes y plantean la conveniencia de que la ley exija la Memoria de RSE a las grandes empresas y, por supuesto, que se unifiquen los criterios de información.

También el Parlamento Europeo recién salido de las urnas en junio de 2009 ha planteado la creación de un ínter-grupo parlamentario que dé continuidad al Informe Howitt, que lo actualice y desarrolle y, en definitiva que contribuya a consolidar en estrecha colaboración con la Comisión Europea, lo que es ya un verdadero movimiento global alimentado por el incansable trabajoPage 147que realizan las empresas, las redes empresariales de RSE, gobiernos y foros nacionales de RSE, ONGs, consultoras, universidades, sindicatos y asociaciones de la sociedad civil.

La Presidencia sueca de la Unión Europea en el segundo semestre de 2009 y la Presidencia española para el primer semestre de 2010, han previsto sendas aportaciones al debate de la RSE. En noviembre de 2009 en Estocolmo, ha tenido lugar una importantísima jornada sobre RSE bajo el título «Protección, Respeto y Remedios», en la que han participado los más importantes protagonistas de este debate, desde la Comunidad Europea a Naciones Unidas, pasando por la OCDE, etc.

Igualmente, la Presidencia española prevé la celebración de una jornada sobre RSE en marzo, en Palma de Mallorca, a la que probablemente añadirá impulso y discurso político a esta idea, en el marco del Consejo Europeo y de la Comisión Europea.

La revisión de Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, en el marco de la Presidencia española en 2010, debe considerarse como una cuestión fundamentalmente política y de una importancia mayor, pues va a definir la naturaleza y las orientaciones del desarrollo económico, social y medioambiental de la Unión Europea en las próximas décadas.

La Estrategia de Lisboa del 2000 pecó de demasiado ambiciosa, integrando todas sus distintas prioridades bajo un mismo objetivo, tan complejo como ambiguo, el de «convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social». Probablemente la falta de definición de objetivos concretos y mesurables, la falta de transparencia y claridad contribuyó a que esos objetivos no se cumplieran. De la misma manera, la falta de recursos financieros y el desigual compromiso político en Europa, no ayudaron a la consecución de la agenda. El nuevo modelo de desarrollo que emerja tras la crisis debe, por consiguiente, definirse sobre una serie de prioridades claras y diferenciadas, que faciliten su consecución y permitan evaluar su desarrollo. Asimismo, son imprescindibles más medios y una unidad política clara, establecida sobre la base de un amplio consenso.

La UE por otra parte muestra realidades socioeconómicas y socio laborales demasiado heterogéneas y políticas en esos mismos ámbitos muy poco coordinadas, por no decir que, en algunos aspectos, claramente antagónicas. La famosa Directiva sobre la jornada de trabajo es una buena muestra de ello. Por otra parte, la ampliación de la UE en 2004 a los países del Este, políticamente imprescindible, ha resultado sin embargo, enormemente compleja de gestionar en el campo sociolaboral, por las enormes diferencias regulatorias y, sobre todo, por las actitudes de claro corte neoliberal con las que algunos países ex comunistas se han incorporado a la política europea.

Pero lo que probablemente ha resultado fatal para la Estrategia de Lisboa y sus ambiciosos objetivos en materia de empleo, ha sido la crisis económico-financiera de 2007/2008. La caída brutal del empleo ha impedido alcanzar las altas tasas de actividad que los mandatarios europeos pronosticaron para finales de la década en 2010. El incremento del paro en toda Europa, con su particular influencia en Irlanda y España y, en general, en los países más golpeados por la crisis inmobiliaria, unido al impacto laboral de la crisis en los países del Este, ha vuelto a elevar las tasas de paro a cifras cercanas a las que se produjeron a comienzos de los años noventa.

Para precisar los objetivos concretos de la nueva Estrategia de Lisboa, es importantePage 148definir primero los retos específicos para la UE. Más allá de la crisis, la energía y el cambio climático existen otras nuevas realidades que requieren respuestas unitarias europeas y que deben considerarse en una nueva estrategia integral de desarrollo. La primera gran crisis de la globalización ha servido para consolidar la realidad de un mundo multipolar en el que las economías emergentes (los llamados BRICS) deben jugar un papel central y los desafíos abordarse desde el multilateralismo y la cooperación. En este escenario de grandes potencias y políticas globales, a Europa solo le queda un camino: consolidar su unidad, para ganar fuerza en los foros internacionales. Por lo tanto, mayor integración europea a todos los niveles, más Europa es necesaria. La nueva Estrategia de Lisboa debe tener en cuenta estos cambios.

Las Cumbres del G-20 en Washington, Londres y Pittsburg han puesto de manifiesto que Europa no juega unida en la mesa de la nueva arquitectura económico-financiera del mundo. El nivel de coordinación y de unidad propositiva de la UE está resultando insuficiente y constituye un handicap insuperable a la pretensión de que Europa defienda un modelo económico de empresa y un sistema de protección jurídico y social al trabajo, consecuente con su ideario y con su práctica de los últimos sesenta años. Europa es además un espacio demográfico y económico relativamente pequeño en el nuevo escenario del mundo y de la gobernanza planetaria. Somos el 6% de la población y el 20% del PIB mundial, pero, en poco tiempo, seremos el 4% de la población y el 15% del PIB. Si a nuestra «pequeñez» le añadimos nuestra división, estamos condenados a la insignificancia.

Hace sesenta años la Unión Europea nació por la ambición de construir un espacio de paz sobre el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Durante casi sesenta años, aquel bello sueño ha estado animado por la idea de construir un espacio político no sólo de paz, sino de progreso económico y cohesión y desarrollo social. La Estrategia de Lisboa responde también a ese espíritu, pero, desgraciadamente, el debate hoy en día a comienzos de un nuevo siglo, con una globalización económica y financiera imparable e irreversible y ante la expectativa de gobernanza mundial que ha creado la crisis y la irrupción geoestratégica de Obama, nuestro debate es hamletiano, «es ser o no ser». Y para ser Europa tenemos que fortalecer sus instituciones, unificar sus políticas y defender abiertamente en el mundo un modelo de mercado sostenible y justo que permita un desarrollo cohesionado de la sociedad y una protección digna al trabajo y a los trabajadores. Extender este modelo al resto del mundo, es condición necesaria para evitar el dumping social que devalúa el universo sociolaboral europeo.

Paralelamente, la Estrategia de Lisboa debe redoblar su atención a los retos demográficos, intuyendo el envejecimiento de la población, la inmigración y las tasas de empleo para asegurar la sostenibilidad de nuestros sistemas de protección. Para afrontar estos desafíos pueden definirse algunas prioridades estratégicas que deben estar en el corazón de la agenda de Lisboa 2010:

- un cambio hacia una economía con bajos índices de emisiones y mayor independencia energética: economía verde basada en trabajo verde;

- un impulso a la economía creativa y del conocimiento, construida sobre nuevas formas de trabajo y aprendizaje;

- un sector público más fuerte que se adapte a los desafíos de la globalización y garantice la cohesión social;

- profundización del mercado único y de la eurozona, mayor coordinación de políticas macroeconómicas y regulación de los mercados financieros para asegurar una salida sólida a la crisis;

- coordinación de la acción exterior de la UE para poder defender los interesesPage 149compartidos de convergencia y desarrollo sostenible;

- fuerte crecimiento de la inversión en I+D+i;

- mayor coordinación de las políticas activas de empleo.

En este marco, en el que se están definiendo latitudes que dibujan el camino hacia un mundo más justo, con sociedades maduras y sostenibles, no se puede concebir una Europa con empresas que no asumen sus responsabilidades para con la sociedad, sobre la base de una relación equilibrada con sus grupos de interés. «Quien tiene el poder, también tiene la responsabilidad», como declaró recientemente Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas.

Las consecuencias de la crisis están todavía por ver. Sin embargo, es seguro que la profundización de la regulación de la actividad económica contribuirá a fomentar la transparencia y buen gobierno a los Consejos de Administración y probablemente a potenciar un comportamiento empresarial menos cortoplacista y más responsable. Es inevitable, que en el medio plazo se terminará imponiendo un pacto implícito entre empresa y sociedad que inspirará una estrategia sostenible en la gestión económica, productiva, medioambiental y de recursos humanos.

Por ello, en el marco de la Estrategia de Lisboa post-2010, basada en el conocimiento y en la información, en las tecnologías verdes y la inversión responsable no hay lugar para una empresa competitiva que no sea social y ecológicamente responsable. Es todo esto lo que hace pensar que la RSE debe de estar en el corazón del nuevo modelo productivo que emerja después de la crisis. Europa, y en concreto el Parlamento Europeo, debe responder a las demandas que corresponden a una sociedad madura, dispuesta a liderar los retos del S.XXI asumiendo el liderazgo en ese proceso imparable.

Algunos creen que la Responsabilidad Social de la Empresa ha muerto con la crisis. Son los que nunca creyeron en ella. Son los que la confundían con la Acción Social de las empresas o con el marketing social. O los que creían que la RSE se practica sólo cuando hay abundantes beneficios y únicamente bajo criterios de rentabilidad financiera. O los que centraban su política de RSE en una estrategia de Reputación Corporativa sin comprender que ésta es inseparable de la responsabilidad de la empresa y, en buena medida, consecuencia de ella.

Bien analizada, la crisis que estamos sufriendo es precisamente una crisis de irresponsabilidad: la de las hipotecas subprime; la de las empresas de raiting; la de los defraudadores financieros; la de inversores especuladores; la de los altos e injustificados salarios y bonus; la de las ganancias financieras desproporcionadas y a corto plazo; la de quienes se han acomodado en sectores burbuja sin planificación futura; la de quienes no han hecho previsiones y esfuerzos en tiempos buenos para sortear los malos. La sociedad está pagando hoy las consecuencias de esas prácticas y actitudes y su creciente irritación le hará huir mañana de todos estos comportamientos. Crece así la línea de exigencia de los consumidores, de los inversores, de los trabajadores, de los ciudadanos al fin, para con las empresas. Esa exigencia social múltiple es un fenómeno objetivo e inevitablemente creciente a medida que aumenta la formación, la conciencia, la vertebración y, en definitiva, la madurez de la sociedad y de sus instituciones. Si las demandas de la sociedad hacia las empresas se hacen patentes, esa línea gruesa que impulsa la RSE, consolidará su evolución. De manera que, bien podríamos extraer una primera conclusión y es que la RSE como cultura prudente y sostenible del negocio, saldrá fortalecida de esta crisis.

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Por otra parte, los fallos clamorosos en la regulación nacional y en la coordinación de la supervisión internacional, en los controles internos y externos etc., van a transformarse, seguro, en un aumento de los sistemas de información sobre la vida de las empresas, sobre su actividad financiera y sobre sus decisiones estratégicas. Crecerán los instrumentos de análisis de múltiples organismos sobre los riesgos de las compañías. Se revisarán y fortalecerán los índices bursátiles que premian a las empresas sanas, estables, sostenibles, responsables en suma. Crecerá la exigencia de transparencia y buen gobierno de los Consejos de Administración hacia accionistas y otros stakeholders de las empresas y debería crecer la exigencia de los Gobiernos hacia algunas empresas (máxime cuando son muchos los fondos públicos que se les están facilitando en estos momentos). En definitiva y segunda conclusión, la empresa acentuará su transparencia informativa, estará mucho más vigilada por accionistas, inversores, consumidores, representantes de los trabajadores y comunidad en general, en un marco más regulado, más exigente sobre su responsabilidad y sostenibilidad y eso, fortalece la cultura de la responsabilidad social y sostenible de las empresas.

Es evidente también que la visión cortoplacista de la actividad empresarial y la búsqueda del máximo beneficio en el menor plazo han salido derrotados: son casi siempre causa de resultados trágicos. Como ejemplo directo recordemos las remuneraciones extraordinarias a los ejecutivos en la concesión de hipotecas, generadoras de las basuras hipotecarias, o los beneficios por resultados a los directivos que, al igual que las políticas inapropiadas de remuneración a los directivos, acaban primando la rentabilidad financiera a corto plazo de empresas, las cuales terminan siendo descapitalizadas o quedando en grave riesgo de competitividad por falta de inversiones y de apuestas estratégicas a largo plazo. Ha llegado la hora de una revisión profunda al sistema de remuneración de los directivos. ¿Para cuándo alguna concesión de malus tras tanto bonus? ¿Y por qué no unos incentivos ligados a objetivos alcanzados en materia de RSE? Esta crisis es una auténtica lección de prudencia y del sentido de la Responsabilidad-Sostenibilidad en el núcleo del negocio.

También saldrán fortalecidos los valores de «la nueva economía», la basada en el conocimiento y en la información, en la tecnología y en la inversión, en la formación continua y en la I+D+i. La apuesta por esos valores, por unas relaciones laborales de calidad que atraen a los mejores y los fidelizan a la empresa, sale fortalecida de una crisis que golpea y castiga lo contrario. Una empresa «limpia», ecológica, sostenible, con una vitola de responsabilidad social emerge de la crisis con un plus de competitividad frente a la empresa «tóxica» e irresponsable.

Por último, la crisis intensificará la vigilancia de las empresas hacia sus proveedores. La creciente vulnerabilidad de las grandes firmas en la globalización económica y en la sociedad de la información les obligará a extremar sus cuidados en la subcontratación y a establecer crecientes controles a la trazabilidad de sus productos agregados. Esta será, así una nueva oportunidad de fortalecer y extender la cultura responsable - sostenible a las PYMES, factor fundamental en un proyecto expansivo de la RSE al mundo productivo.

Sin embargo, la teoría y la práctica no son siempre consecuencia. En cuanto se han empezado a producir signos de superación de la crisis, los estímulos financieros de los ejecutivos y banqueros han vuelto a aparecer, presentándose como condición inexcusable de crecimiento económico. Las resistencias habidas en la City londinense y en Wall Street a la intervención regulatoria de sistemas retributivos a operadores financieros arrastraron al fracaso las pretensiones regulatorias de los países europeos en la Cumbre de Pittsburg. Lo que parecía evidente y justo, vuelve aPage 151resultar de aplicación imposible. Es algo parecido a lo que pasa con la exigencia de desaparición de los paraísos fiscales, o la pretendida regulación internacional de una tasa fiscal a los movimientos de capital trasnacionales. Son medidas por las que todo el mundo clama, que una conjura de dificultades técnicas, resistencias corporativas, diferencias nacionales o intereses inconfesables, logran impedir.

Todo ello pone en evidencia que una reflexión tan razonable como la que se ha hecho en nuestro país desde el Colectivo de Alternativa Responsable, en materia de consecuencias para la RSE de la crisis económica, no resulte tan segura. Por eso la RSE es un movimiento que necesita aliento y discurso.

La expansión de esta cultura de Responsabilidad Social dependerá de que sea impulsada políticamente. Eso implica gobiernos que lideren un discurso a la sociedad, que eduquen en colegios y universidades promoviendo esa cultura, que fortalezcan organismos internacionales y etiquetas homologables, que fomenten esta estrategia entre sus empresarios, que la incorporen a la negociación colectiva de acuerdo con los sindicatos, que la exijan a las empresas en sus balances sociales y a las que obtienen créditos para la cooperación al desarrollo o concursan en grandes obras públicas o en grandes servicios públicos.

La potencia de cambio general que la RSE entraña exige una nueva alianza entre empresas Responsables, directivos con esa cultura, sindicatos modernos, organizaciones cívicas reforzadas y una Izquierda política que impulse un discurso de valores cívicos en una sociedad activa y participada, democráticamente hablando. La extraordinaria oportunidad que surge de esta convergencia, quizás nada casual, que se ha producido entre un cierto capitalismo popular (ahorradores, fondos de pensiones, etc.) y unos mercados financieros que exigen a las empresas no sólo transparencia, sino además, buen gobierno y responsabilidad social, se agrandará si las fuerzas democratizadoras de esa ecuación avanzan en esa dirección y no en la de la opacidad y el predominio de los intereses oscuros y oligopólicos.

La nueva gobernanza del mundo, incipiente todavía, pero irreversible, tiene que incorporar la RSE a la cultura de la empresa en la nueva arquitectura económica que surge de la crisis de 2007/2008. Nadie sabe muy bien cómo será ese nuevo capitalismo que nos anunciaba Sarkozy, pero mucho más probablemente, las exigencias de cambio derivadas de las muchas irresponsabilidades que se han producido antes y durante la crisis financiera, redundarán en un marco regulatorio más exigente y en una cultura empresarial más responsable y sostenible con los crecientes impactos económicos, sociales y medioambientales de su actividad.

La política está despreciando -incomprensiblemente en mi opinión- este poderoso instrumento de acción en la conformación de una sociedad más cohesionada y comprometida con los grandes problemas humanos: desde el respeto a los Derechos Humanos, al combate a la pobreza, o al cambio climático. Las empresas tienen una creciente importancia en la configuración de la sociedad, en los avances de las grandes causas de la humanidad. El discurso político, la agenda pública, debiera liderar este cambio cultural de nuestras organizaciones empresariales en el que la responsabilidad, la gran lección de la crisis, fuera alfa y omega de su existencia y de sus fines.

Soy abiertamente partidario de que las políticas públicas fomenten y estimulen las buenas prácticas de RSE. De hecho, serían un impulso formidable para quienes están progresando en esta materia. Piénsese por ejemplo en el conjunto de las compras y de lasPage 152adjudicaciones públicas que representan un volumen cercano al 20% del PIB nacional. Que éstas valoren y primen a las empresas como «responsables socialmente», ayudaría considerablemente a avanzar en el camino de la RSE. Las políticas de fomento pueden extenderse a múltiples aspectos: difusión de buenas prácticas, formación de ejecutivos, financiación de consultoras para asesoría a PYMES y para extender los métodos de aplicación de la RSE, planes de desarrollo sectorial o local de la RSE. Guiadas por el consenso multi-stakeholders, estas políticas son útiles y favorecen tanto la integración social de las empresas, como sus mejoras de productividad y competitividad.

La RSE será lo que una sociedad democrática, educada, avanzada, consciente y moderna quiera que sea. Pero todo eso no se consigue bajo el fácil y engañoso «dejar hacer». Para que la RSE sea una herramienta de cambio, no la panacea ni la pócima milagrosa de la injusticia laboral o social, sino un buen instrumento a favor de un avance en la causa de la justicia y de la igualdad, necesita de la política.