La insoportable levedad del informe sobre el factor de sostenibilidad

AutorBruno Estrada López
CargoDirector de Estudios de la Fundación 1º de mayo
Páginas239-252

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1. Un enfoque incorrecto hace que una supuesta solución se convierta en un problema mayor

Para encontrar una solución acertada a un problema es imprescindible que el enfoque con el que se aborda sea el correcto. Si no se actúa así lo más probable es que las supuestas soluciones pasen a formar parte del problema que se quiere resolver. Esto es lo que ha sucedido con el "Informe de la Comisión de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones" (a partir de ahora el Informe). Pues lo que hace el Informe es enfocar el problema como si fuera una cuestión contable en un universo actuarial cerrado en el que los gastos dependen del volumen de cotizantes y de los salarios de los que han cotizado y los ingresos dependen tan solo de las cotizaciones sociales, sin considerar las interrelaciones bidireccionales entre la evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social y el resto de la actividad económica y el nivel de bienestar de la sociedad española, esto es, dejando completamente de lado las cuestiones redistributivas que están el corazón de los sistemas públicos de seguridad social.

Parafraseando a Julio Pérez Díaz, un reputado demógrafo y sociólogo al que luego me referiré más extensamente: "La mera contabilidad de ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social se muestra insuficiente para dar soluciones a un problema que es esencialmente político: ¿Qué nivel de bienestar queremos para las personas que han finalizado su vida laboral?"

Si el objetivo es mantener un sistema de reparto, como el actual de la Seguridad Social, que garantice una adecuada pensión en el futuro en la cual no haya un deterioro de la relación de la pensión media con un salario medio que previsiblemente será creciente a largo plazo, derivado de los incrementos de productividad, debe considerarse en primer lugar el desarrollo de nuevos ingresos, incluidos los impuestos, para financiar las necesidades crecientes del sistema de Seguridad

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Social. Ya que las cotizaciones sociales no se caracterizan precisamente por su progresividad. Como sucede en la financiación de la Seguridad Social danesa: "las prestaciones de la Seguridad Social en Dinamarca se financian con carácter general mediante los impuestos" . Cuestión, por cierto que no se menciona en el informe, aunque se hacen varias referencias a dicho país.

El incremento del peso de las pensiones en el Producto Interior Bruto (PIB) es algo ineludible, es un dato dado, ya que va a haber un mayor volumen de pensionistas en el futuro, al que hay que dar una solución en términos de ingresos. Nadie cuestionaría que, frente a un crecimiento de la natalidad, el Estado no prevea la construcción de más escuelas y la contratación de más profesores, lo que se estaría discutiendo es como se consiguen los ingresos públicos necesarios para cubrir esa demanda social. En todo caso estimaciones realizadas por la propia UNESPA calculan que dentro de más de veinte años, en 2035, el gasto en pensiones en España aún estaría en un 11,9% del PIB, muy por debajo de Italia, Francia, Bélgica, Austria y Finlandia y sería igual al de Alemania.

Peso estimado del gasto público en pensiones en 2035 en % del PIB

[VER PDF ADJUNTO]

Fuente: "Cuentas personales: hacia un sistema de pensiones transparente y sostenible". Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas de UNESPA. Julio 2011.

La principal incorrección de enfoque del Informe en relación con el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) es plantear la suficiencia del sistema de Seguridad Social fundamentalmente como un conflicto de distribución de la renta inter-trabajadores, entre jubilados y ocupados, entre jubilados de ahora y jubilados del futuro. Sí se plantea únicamente como una transferencia de renta entre la población ocupada y la jubilada perdemos todos, menos las entidades financieras gestoras de los fondos privados de pensiones. (En Argentina y México el 22% de la prima de aseguramiento de un plan de pensiones privado se destina a los gastos administrativos, el 15% en Chile y el 14% en Colombia). Lo correcto, para encontrar una solución satisfactoria para los intereses de la mayoría de la población, es hacerlo como parte del conflicto social entre trabajo y capital, lo que generaría una sociedad menos desigual, algo en lo que nuestro país debe avanzar mucho para llegar a los parámetros de la zona euro.

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En este sentido hay que recordar que, si bien la pérdida de peso de la remuneración de los trabajadores asalariados en el PIB (incluidas las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios) es una tendencia común en los países desarrollados desde 1975, la participación de la remuneración de los asalariados en nuestro país, en 2012 se situó por debajo del 50%, al menos diez puntos inferior a Francia, EEUU y Reino Unido, que están en el entorno del 60%, y más de cinco puntos inferior a Alemania, Japón, a la media de la UE-15 y de la Zona euro, que están entre el 55 y el 57%.

Lo que permitió que en 2010 el gasto público en pensiones ascendiera al 13,5% del PIB en Francia, frente al 8,9% de nuestro país, es que la remuneración de los asalariados supone el 60% del PIB francés, así como una clara voluntad de la mayoría de los franceses de defender su sistema público de pensiones.

Esa diferencia de 7-10 puntos del PIB en el peso de la remuneración de asalariados, la masa salarial, en nuestro país respecto a los países desarrollados es lo que constriñe nuestro sistema de Seguridad Social, poniendo en cuestión su sostenibilidad cuando se incrementa el desempleo, y también la del conjunto del Estado de Bienestar. Y es así porque dicha masa salarial incluye los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones sociales empresariales y es la base recaudatoria principal de la imposición directa, dados los altos niveles de fraude y elusión fiscal de las rentas del capital, así como sus bajos tipos fiscales en relación con las rentas del trabajo.

2. Faltan las cuentas, sobran los cuentos

Por ello, lo primero que sorprende del Informe es que no haya ninguna proyección sobre la evolución futura de las cuentas de la Seguridad Social, de sus supuestos equilibrios o desequilibrios futuros, en base a unas u otras hipótesis de evolución demográfica, productividad, etc., lo que impide una visión consistente de lo que podría pasar con la aplicación de los factores de sostenibilidad propuestos. Tan solo en el Anexo 2, página 37 del Informe, se ofrece una previsión sobre la evolución de la esperanza de vida, cuyos resultados serán refutados más adelante.

Esta consideración quedó refrendada por las declaraciones del propio Presidente de la Comisión en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de junio, en la que reconoció:

- Que no tiene respuesta a la pregunta de qué es una pensión suficiente, lo cual invalida de raíz la supuesta solvencia técnica del Informe, ya que entre sus objetivos se explicita: "Nuestro objetivo ha sido conseguir un sistema de pensiones que, siendo como es, tenga capacidad certificada (...) dentro de treinta o cuarenta años de afrontar su compromiso fundamental de dotar a los jubilados españoles de prestaciones adecuadas". Si no se tiene claro qué es una pensión suficiente menos aún se puede tener una idea aproximada de lo que es una prestación adecuada, y por tanto no se puede certificar nada.

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- Que sus previsiones no pueden ser consideradas como previsiones estrictas: "Luego la prudencia no es darle carácter de previsión estricta a esas previsiones, sino establecer escenarios de por si acaso" fueron sus palabras. Es decir, estamos ante escenarios de "por si acaso", pero sin que sean explícitos. Se pide mucha fe.

- Que tampoco hay datos sobre cómo la reforma de las pensiones de 2011 influirá en la evolución financiera del sistema. Dijo: "Es cierto que no hemos mirado con lupa el proceso de transición actual, es cierto". Es decir, se cuestiona una reforma aprobada hace dos años, con amplio consenso político y social, sin ninguna estimación, ni siquiera de "por si acaso", de sus efectos.

- Que las simulaciones no son suficientemente precisas, que tendrán que ser hechas por la Seguridad Social.

Asimismo la siguiente afirmación del Presidente resulta, como mínimo, inquietante: "No soy un experto que tenga una posición clara sobre hacía donde tenga que ir la reforma del sistema de pensiones; no la tengo". Parece bastante imprudente ser el Presidente de una Comisión que propone una reforma drástica...

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