Inmobiliario y Urbanismo
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Esta sección de Derecho Inmobiliario y Urbanístico ha sido coordinada por Felipe Iglesias, del Área de Mercantil de Uría Menéndez (Madrid), y en su elaboración han participado Almudena Benjumea, Aranzazu Arizcun, Blanca Vazquez de Castro, Rafael Jiménez, Juan Espinosa y Gabriel Cabello, del Área de Mercantil de Uría Menéndez (Madrid, Valencia), y Mercedes Bertolo, del Área de Procesal y Derecho Público de Uría Menéndez (Madrid).
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Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (BOE 7 de julio de 2011)
Se prevé la imposibilidad de concesión de facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística por medio de la técnica del silencio positivo, impidiendo que la mera pasividad o la falta de actuación efectiva de los Ayuntamientos permita a los interesados entender que le han sido concedidas licencias urbanísticas sin contar con un pronunciamiento expreso por parte de la Administración, estableciendo que el efecto del silencio será desestimatorio en un buen número de actuaciones sujetas a previa licencia.
Por otro lado, el Real Decreto-ley hace especial hincapié en las medidas de protección registral, entre las que se encuentra la incorporación al Registro de la Propiedad de cierta información que permitirá a los adquirentes de inmuebles conocer por anticipado la posible situación litigiosa en la que estos se encuentran, como los expedientes que puedan derivar en la imposición de multas o la futura demolición; la delimitación de los requisitos de acceso al Registro de la Propiedad de las obras nuevas terminadas (impidiendo que puedan ser objeto de inscripción registral aquellas que no posean la licencia de primera ocupación) e introduce la necesidad de autorización por parte de la Administración competente del lugar donde se ubique la finca para inscribir el régimen propiedad horizontal de los complejos inmobiliarios con el fin de evitar la
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entrada en el Registro de la Propiedad de los citados complejos cuando estos no se ajusten a la normativa urbanística o no cuenten con las licencias preceptivas.
Por otro lado, el umbral de inembargabilidad se eleva hasta el 150% del salario mínimo interprofesional («SMI») y un 30% adicional por cada familiar que no perciba ingresos superiores a dicho SMI, cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado.
Adicionalmente, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que, en caso de producirse una ejecución hipotecaria por impago, los deudores recibirán una contraprestación adecuada por el inmueble ejecutado, estableciendo un precio mínimo del 60% del valor de tasación, independientemente de la cuantía de la deuda total, a fin de que tales deudores puedan anular o reducir al máximo la deuda remanente.
Acuerdo de 3 de mayo 2011, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (BOJA el 19 de mayo de 2011)
Incorpora criterios y medidas de sostenibilidad en las políticas con mayor implicación en los procesos de desarrollo urbano. Para ello, establece una serie de objetivos y define propuestas marco y líneas de actuación con relación tanto a la configuración física de la ciudad (desarrollo urbano, movilidad, edificación, biodiversidad) como a su metabolismo (energía, agua y materiales) y a su relación con otros sistemas territoriales y sociales (ordenación del territorio y gestión urbana).
Decreto 30/2011, de 13 de abril, por el que se introduce la primera modificación del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre (BOPA de 3 de mayo de 2011)
Se restablece la doble mayoría para aprobar el proyecto de actuación (instrumento en el que se recogen las reglas básicas de funcionamiento de la entidad que asuma la gestión urbanística y, en su caso, los criterios para el desarrollo de la actuación). Además, se modifica una serie de preceptos a fin de determinar quiénes han de ser considerados urbanizadores, según el sistema de gestión de que se trate.
Decreto 29/2011, de 19 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM de 29 de abril de 2011)
Desarrolla los instrumentos de la actividad de ejecución urbanística. Cabe destacar su regulación las actuaciones edificatorias y rehabilitadoras con criterios análogos a la programación de las actuaciones urbanizadoras. Además, modifica la disposición transitoria primera del Decreto 242/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico en lo relativo a la regulación del suelo rústico en municipios sin planeamiento, y deroga un precepto del citado Decreto que regula el procedimiento para el concurso sobre localización y características de ciertos actos de iniciativa particular.
Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM de 29 de abril de 2011)
Regula en detalle los instrumentos de control de la legalidad de la actividad urbanística, así como de las medidas precisas para la restauración del orden urbanístico infringido y, en su caso, de la realidad...
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