vLex entrevista a Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Supremo de Andalucía y coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de la asociación Jueces para la Democracia, tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
La lucha contra la violencia de género es uno de los principales ejes de actuación del nuevo Gobierno central. Fruto de este compromiso, se ha presentado un proyecto de Ley sobre la materia basado en el informe estudiado por el primer Consejo de Ministros de la presente Legislatura. ¿Qué opinión le merece dicho documento desde su posición como coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de JpD?
El Proyecto de ley contra la Violencia de Género ha sido valorado positivamente por la Comisión de Violencia de Género de Jueces para la Democracia, precisamente por su carácter integral. También se estima necesario y oportuno.
Las medidas exclusivamente penales resultan insuficientes y poco eficaces, en cambio la mayoría de las modificaciones legales propuestas se dirigen contra las causas últimas de la violencia de género, que se encuentran en factores culturales, educacionales y en ausencia de recursos de las víctimas.
El Proyecto intenta mejorar la respuesta institucional y simultáneamente apuesta por una educación no sexista y por la integración en la sociedad de las mujeres víctimas de violencia de género. Esta es la diferencia sustancial respecto de las precedentes reformas legales en el período 1999-2003, que se presentaron de manera fraccionada y fundamentalmente dirigidas al campo penal y procesal.
¿Qué ha motivado la no aprobación hasta el momento de una Ley contra un fenómeno social que costó la vida durante el pasado año a más de 70 mujeres?
La aplicación de una ley como la proyectada supone una clara opción política por cumplir con la previsión del art. 9.2 de la Constitución, que recoge la obligación de los poderes públicos por hacer realidad los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la dignidad humana de numerosas mujeres que siguen sufriendo esta violencia.
Dentro de éste camino, se explica la previsión de introducir en el sistema educativo una formación específica en valores de igualdad y resolución pacífica de conflictos; además de articular un sistema de ayudas económicas, sociales y asistenciales, necesario para que las víctimas se sientan protegidas por las instituciones y puedan salir del círculo de la violencia.
La demora en la opción por una ley integral también se puede explicar por el alto coste económico. La aplicación de una ley de estas características necesita suficiente dotación presupuestaria para crear y reforzar servicios, atender a las víctimas y adecuar las estructuras organizativas.
El...
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